Enrique León Sierra
Expediente 723/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 723/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juez Único Civil de Partido de Cortazar, Guanajuato
- Enrique León Sierra
Actuaciones
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado electrónicamente por el actuario judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en la ciudad de Guanajuato, mediante el cual comunica que se admitió a trámite el recurso de queja hecho valer por ************, en contra del auto de treinta y uno de agosto del año en curso, el cual se radicó bajo el recurso de queja 184/2023 de su estadística.
- Principal
Agréguese en autos el escrito signado por el quejoso *************; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se acuerda: I. Se tiene por interpuesto el recurso de queja en contra del auto de treinta y uno de agosto del año en curso. II. En razón de lo anterior y dada la naturaleza de la resolución recurrida, esto es, que no existe parte alguna a la cual se haya emplazado a este juicio de amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil, en turno, del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, el escrito original del recurso, copia certificada de la resolución recurrida, el informe materia de la queja y las constancias que estimen pertinentes para su substanciación. III. Ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de ser cierto el acto reclamado, toda vez que efectivamente el treinta y uno de agosto pasado, se determinó desechar la demanda de amparo promovida por la parte quejosa.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por su propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de ********************y/o ********************, calidad que acredita, en términos del artículo 11 de la Ley de amparo, con el legajo de copias certificadas que exhibe, contra actos del Juez Único Civil de Partido de Cortázar, Guanajuato; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de control de este juzgado bajo el número de expediente 723/2023-V. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, dispositivos que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido." Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendiendo al resultado de la resolución." De la segunda parte del precepto legal trascrito, se advierte que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el juicio de amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que el acto reclamado en la presente instancia constitucional esencialmente se hace consistir en: La resolución de ********************, emitida por el Juez Único Civil de Partido de Cortázar, Guanajuato, dentro del juicio ******************** ********************, promovido por ********************, que confirmó el auto de ********************, en el que se ordenó poner en posesión material del actor los bienes inmuebles rematados y adjudicados a su favor. Bajo ese contexto, como el acto precisado no constituye la última actuación o resolución dentro del procedimiento de ejecución, puesto que no aprueba ni reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, ni es de los que declaran la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, es irrefutable que se actualiza la causal de improcedencia invocada. Lo anterior se afirma, habida cuenta que con dichos actos la autoridad responsable busca continuar con la ejecución del juicio y no debe perderse de vista que: I. La parte quejosa fue parte formal en el juicio ******************** ********************, de la estadística del Juzgado Único Civil de Partido de Cortázar, Guanajuato; II. El acto reclamado deriva de la existencia de un fallo con el rango de cosa juzgada (sentencia de ********************), el cual en términos del artículo 17 constitucional debe ser ejecutado por ser de orden público; y, III. Admitir la demanda de amparo en la forma en que está propuesta, implicaría anteponer el interés particular por encima del público, pues la sociedad está interesada que las sentencias con el rango de cosa juzgada sean ejecutadas. Cabe señalar que la causal de improcedencia invocada, como se estableció en auto de ********************, emitido dentro del juicio de amparo ********************del índice de este órgano jurisdiccional, que se tiene a la vista como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, también promovido por ********************, por su propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de ********************y/o ********************, se consideró se actualizaba en contra del auto de ********************, emitido por el Juez Único Civil de Partido de Cortázar, Guanajuato, dentro del juicio ******************** ******************** de su índice, en el que se ordenó poner en posesión material al actor de los bienes inmuebles rematados en autos. No es óbice a lo anterior la circunstancia de que los actos reclamados, en su caso, pueda considerarse de imposible reparación, puesto que los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, por regla general, no pueden aplicárseles las disposiciones de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías. Ciertamente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número P/.J108/2010, que aparece publicada en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, estableció como criterio obligatorio, que excepcionalmente el amparo indirecto procede contra actos dictados en ejecución de sentencia, cuando afecten de manera directa derechos sustantivos del quejoso; sin embargo, en el caso no se surte algún caso de excepción porque el acto reclamado en esta instancia constitucional no es ajeno a la cosa juzgada, ya que es consecuencia de la sentencia de ********************, emitida dentro del juicio ******************** ******************** de la estadística del Juzgado Único Civil de Partido de Cortázar, Guanajuato; por tanto, es claro que no puede aplicarse por analogía la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. En este orden de ideas, se debe concluir que el amparo promovido en contra del acto reclamado es improcedente porque no se surte la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que determina que el amparo indirecto procede sólo contra la última resolución dictada en ejecución de sentencia. Sin que en el caso sea aplicable el último párrafo del numeral en comento -artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo-, que dispone que en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Ello, porque como también se le indicó en el referido juicio de amparo ********************del índice de este órgano jurisdiccional, en el diverso juicio constitucional ******************** reclamó la resolución de ********************, emitida en el ******************** del índice de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, (dato que omite manifestar en la demanda de amparo que se provee), que confirmó la diligencia de remate de ********************, celebrada en el juicio ******************** ********************, en la que se adjudicaron a la parte actora los bienes materia de remate y se ordenó que se otorgara la escritura de propiedad respectiva, se analizaron las violaciones procesales que a decir de la parte quejosa se cometieron durante el procedimiento, de lo que resultó que en sentencia de ******************** se negara el amparo y protección de la justicia federal solicitados; resolución que fue confirmada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en el amparo en revisión ********************, en sesión de ********************. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, ******************** y ********************, en virtud de que obran sus cédulas profesionales ********************, ******************** y ********************, registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del presento legal en cita a la diversa persona que menciona, por no encontrarse en ese supuesto. Téngasele proponiendo el correo electrónico que indica para los efectos del artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales, no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. Por lo que hace a la devolución de las copias certificadas con las que acredita su personalidad, dígasele que por el momento no ha lugar a acordar de conformidad, en virtud de que no se actualiza ninguno de los supuestos previstos por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por su propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de ********************y/o ********************, calidad que acredita, en términos del artículo 11 de la Ley de amparo, con el legajo de copias certificadas que exhibe, contra actos del Juez Único Civil de Partido de Cortázar, Guanajuato; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de control de este juzgado bajo el número de expediente 723/2023-V. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, dispositivos que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido." Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendiendo al resultado de la resolución." De la segunda parte del precepto legal trascrito, se advierte que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el juicio de amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que el acto reclamado en la presente instancia constitucional esencialmente se hace consistir en: La resolución de ********************, emitida por el Juez Único Civil de Partido de Cortázar, Guanajuato, dentro del juicio ******************** ********************, promovido por ********************, que confirmó el auto de ********************, en el que se ordenó poner en posesión material del actor los bienes inmuebles rematados y adjudicados a su favor. Bajo ese contexto, como el acto precisado no constituye la última actuación o resolución dentro del procedimiento de ejecución, puesto que no aprueba ni reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, ni es de los que declaran la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, es irrefutable que se actualiza la causal de improcedencia invocada. Lo anterior se afirma, habida cuenta que con dichos actos la autoridad responsable busca continuar con la ejecución del juicio y no debe perderse de vista que: I. La parte quejosa fue parte formal en el juicio ******************** ********************, de la estadística del Juzgado Único Civil de Partido de Cortázar, Guanajuato; II. El acto reclamado deriva de la existencia de un fallo con el rango de cosa juzgada (sentencia de ********************), el cual en términos del artículo 17 constitucional debe ser ejecutado por ser de orden público; y, III. Admitir la demanda de amparo en la forma en que está propuesta, implicaría anteponer el interés particular por encima del público, pues la sociedad está interesada que las sentencias con el rango de cosa juzgada sean ejecutadas. Cabe señalar que la causal de improcedencia invocada, como se estableció en auto de ********************, emitido dentro del juicio de amparo ********************del índice de este órgano jurisdiccional, que se tiene a la vista como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, también promovido por ********************, por su propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de ********************y/o ********************, se consideró se actualizaba en contra del auto de ********************, emitido por el Juez Único Civil de Partido de Cortázar, Guanajuato, dentro del juicio ******************** ******************** de su índice, en el que se ordenó poner en posesión material al actor de los bienes inmuebles rematados en autos. No es óbice a lo anterior la circunstancia de que los actos reclamados, en su caso, pueda considerarse de imposible reparación, puesto que los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, por regla general, no pueden aplicárseles las disposiciones de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías. Ciertamente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número P/.J108/2010, que aparece publicada en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, estableció como criterio obligatorio, que excepcionalmente el amparo indirecto procede contra actos dictados en ejecución de sentencia, cuando afecten de manera directa derechos sustantivos del quejoso; sin embargo, en el caso no se surte algún caso de excepción porque el acto reclamado en esta instancia constitucional no es ajeno a la cosa juzgada, ya que es consecuencia de la sentencia de ********************, emitida dentro del juicio ******************** ******************** de la estadística del Juzgado Único Civil de Partido de Cortázar, Guanajuato; por tanto, es claro que no puede aplicarse por analogía la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. En este orden de ideas, se debe concluir que el amparo promovido en contra del acto reclamado es improcedente porque no se surte la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que determina que el amparo indirecto procede sólo contra la última resolución dictada en ejecución de sentencia. Sin que en el caso sea aplicable el último párrafo del numeral en comento -artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo-, que dispone que en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Ello, porque como también se le indicó en el referido juicio de amparo ********************del índice de este órgano jurisdiccional, en el diverso juicio constitucional ******************** reclamó la resolución de ********************, emitida en el ******************** del índice de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, (dato que omite manifestar en la demanda de amparo que se provee), que confirmó la diligencia de remate de ********************, celebrada en el juicio ******************** ********************, en la que se adjudicaron a la parte actora los bienes materia de remate y se ordenó que se otorgara la escritura de propiedad respectiva, se analizaron las violaciones procesales que a decir de la parte quejosa se cometieron durante el procedimiento, de lo que resultó que en sentencia de ******************** se negara el amparo y protección de la justicia federal solicitados; resolución que fue confirmada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en el amparo en revisión ********************, en sesión de ********************. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, ******************** y ********************, en virtud de que obran sus cédulas profesionales ********************, ******************** y ********************, registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del presento legal en cita a la diversa persona que menciona, por no encontrarse en ese supuesto. Téngasele proponiendo el correo electrónico que indica para los efectos del artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales, no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. Por lo que hace a la devolución de las copias certificadas con las que acredita su personalidad, dígasele que por el momento no ha lugar a acordar de conformidad, en virtud de que no se actualiza ninguno de los supuestos previstos por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.
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