Enrique León Sierra
Expediente 561/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 561/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 31/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Enrique León Sierra
Actuaciones
- Principal
Vista la razón de entrega de documentos que antecede, se advierte que el veintiocho de los actuales compareció ante este órgano jurisdiccional **************** en su carácter de autorizado del quejoso *************, a recoger los documentos que fueron ofrecidos por la referida parte como medios de prueba; en ese sentido, hágase lo anterior del conocimiento del Oficial Judicial "A" para que haga las anotaciones correspondientes.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de cuatro de julio de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de control de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera destruible de conformidad con el artículo 14 fracción III, una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis del artículo 20, fracción IV. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos. Finalmente, agréguese en autos el escrito signado por el quejoso Enrique León Sierra; en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvansele las documentales que refiere, previa identificación, certificación de desglose y razón de su entrega se deje en autos; se autoriza para recibirlas a la persona que menciona.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ***********, por propio derecho y en representación de la sucesión a bienes de ***************, calidad que acredita en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, con un legajo de copias certificadas expedidas por el Juzgado Único Civil de Partido de Cortázar, Guanajuato, donde consta la junta de herederos en la que se le otorgó tal nombramiento, contra actos del Juez Único Civil de Partido de Cortázar, Guanajuato, y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 561/2023-IV. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, algún juicio, o los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado principio de definitividad supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los juicios o recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los juicios o recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Bajo las consideraciones anteriores, se precisa que del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama: El auto de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, dictado por el Juez Único Civil de Partido con sede en Cortázar, Guanajuato, en el juicio ejecutivo mercantil M-403/1990, mediante el cual ordenó que se pusiera en posesión material al actor, de los bienes inmuebles rematados en autos. A este respecto, es menester traer a colación lo dispuesto por los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio vigente, que estatuyen: "Art. 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." "Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $816,439.97 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339." De lo numerales transcritos se desprende que: - Son revocables los decretos y los autos que no fueren apelables. - Es improcedente la apelación en los juicios mercantiles que se ventilen en juzgados menores, o que el monto de la suerte principal sea inferior a ochocientos dieciséis mil cuatrocientos treinta y nueve pesos con noventa y siete centavos. Respecto de dicho tópico, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que todos los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior al que señala el numeral trascrito en último término por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación, no así las sentencias donde sigue operando la regla general de la apelación. Entonces, si en el caso concreto la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional la determinación emitida por el juez responsable, en la que ordenó que se pusiera en posesión material al actor de los bienes inmuebles rematados en los autos del juicio de origen; y si como ya se vio, el referido numeral 1334 del Código de Comercio, establece un recurso [revocación] a través del cual puede ser modificado total o parcialmente el auto impugnado; es inconcuso que el peticionario del amparo, previo a acudir a esta instancia constitucional, debió interponer dicho medio de impugnación para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Además, que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que: a) No se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) El acto reclamado no consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) El quejoso no es persona extraña al procedimiento, ya que se trata de la parte demandada. d) No se reclama el auto de vinculación a proceso. Por lo que, evidente resulta que la solicitante del amparo debió promover el señalado medio de defensa -recurso de revocación-, para cumplir con el principio de definitividad, rector de la instancia constitucional. Sin que sea obstáculo, que el acto reclamado pueda considerarse como de imposible reparación, en virtud que la Primera Sala del Alto Tribunal consideró que la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Cabe señalar que aunado a la causal de improcedencia invocada, en la especie también se surte de manera manifiesta e indudable la diversa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" Atento a lo establecido en el segundo párrafo del último de los dispositivos transcritos, conviene puntualizar que por "última resolución" ha de entenderse la que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento. Esa será entonces, la resolución impugnable en amparo y no las que la precedan, tendientes a hacer efectiva la sentencia puesto que el cumplimiento de éstas no debe obstaculizarse por ser de interés público. Luego, ya que la determinación reclamada no es la que declara cumplida la ejecutoria dictada en el juicio natural, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento, el juicio de amparo es improcedente en su contra. Sin que en el caso sea aplicable el último párrafo del numeral en comento, que dispone que en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Ello, dado que es un hecho notorio para el suscrito, en términos de lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria y de la tesis XXII.J/12, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Enero de 1997, Página 295, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN", que en el juicio de amparo ************, del índice de este órgano jurisdiccional, el aquí quejoso reclamó la resolución de treinta de agosto de dos mil veintiuno emitida en el toca **********, del índice de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, que confirmó la diligencia de remate de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, celebrada en el juicio ejecutivo mercantil *************, en la que se adjudicaron a la parte actora los bienes materia de remate y se ordenó que se otorgara la escritura de propiedad respectiva. De donde se desprende que en el aludido juicio constitucional, ya se analizaron las violaciones procesales que a decir de la parte quejosa se cometieron durante el procedimiento, de lo que resultó que en sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós se negara el amparo y protección de la justicia federal solicitados; resolución que fue confirmada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en el Amparo en Revisión **************, en sesión de uno de junio de dos mil veintitrés. Consecuentemente, al quedar plenamente demostradas las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVIII y XXIII, esta última en relación con el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En otro contexto, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********, en virtud de que obran sus cédulas profesionales ***********, registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal y en términos de la última parte del segundo párrafo del presento legal en cita a las diversas personas que menciona, por no encontrarse en ese supuesto. En términos del artículo 21 -tercer párrafo- de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 -fracción I, incisos b y c- de la citada Ley de Amparo. Se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En términos del numeral 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se invita a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,1 dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE CUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por ***********, por propio derecho y en representación de la sucesión a bienes de ***************, calidad que acredita en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, con un legajo de copias certificadas expedidas por el Juzgado Único Civil de Partido de Cortázar, Guanajuato, donde consta la junta de herederos en la que se le otorgó tal nombramiento, contra actos del Juez Único Civil de Partido de Cortázar, Guanajuato, y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 561/2023-IV. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, algún juicio, o los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado principio de definitividad supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los juicios o recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los juicios o recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Bajo las consideraciones anteriores, se precisa que del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama: El auto de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, dictado por el Juez Único Civil de Partido con sede en Cortázar, Guanajuato, en el juicio ejecutivo mercantil M-403/1990, mediante el cual ordenó que se pusiera en posesión material al actor, de los bienes inmuebles rematados en autos. A este respecto, es menester traer a colación lo dispuesto por los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio vigente, que estatuyen: "Art. 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." "Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $816,439.97 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339." De lo numerales transcritos se desprende que: - Son revocables los decretos y los autos que no fueren apelables. - Es improcedente la apelación en los juicios mercantiles que se ventilen en juzgados menores, o que el monto de la suerte principal sea inferior a ochocientos dieciséis mil cuatrocientos treinta y nueve pesos con noventa y siete centavos. Respecto de dicho tópico, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que todos los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior al que señala el numeral trascrito en último término por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación, no así las sentencias donde sigue operando la regla general de la apelación. Entonces, si en el caso concreto la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional la determinación emitida por el juez responsable, en la que ordenó que se pusiera en posesión material al actor de los bienes inmuebles rematados en los autos del juicio de origen; y si como ya se vio, el referido numeral 1334 del Código de Comercio, establece un recurso [revocación] a través del cual puede ser modificado total o parcialmente el auto impugnado; es inconcuso que el peticionario del amparo, previo a acudir a esta instancia constitucional, debió interponer dicho medio de impugnación para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Además, que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que: a) No se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) El acto reclamado no consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) El quejoso no es persona extraña al procedimiento, ya que se trata de la parte demandada. d) No se reclama el auto de vinculación a proceso. Por lo que, evidente resulta que la solicitante del amparo debió promover el señalado medio de defensa -recurso de revocación-, para cumplir con el principio de definitividad, rector de la instancia constitucional. Sin que sea obstáculo, que el acto reclamado pueda considerarse como de imposible reparación, en virtud que la Primera Sala del Alto Tribunal consideró que la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Cabe señalar que aunado a la causal de improcedencia invocada, en la especie también se surte de manera manifiesta e indudable la diversa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" Atento a lo establecido en el segundo párrafo del último de los dispositivos transcritos, conviene puntualizar que por "última resolución" ha de entenderse la que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento. Esa será entonces, la resolución impugnable en amparo y no las que la precedan, tendientes a hacer efectiva la sentencia puesto que el cumplimiento de éstas no debe obstaculizarse por ser de interés público. Luego, ya que la determinación reclamada no es la que declara cumplida la ejecutoria dictada en el juicio natural, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento, el juicio de amparo es improcedente en su contra. Sin que en el caso sea aplicable el último párrafo del numeral en comento, que dispone que en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Ello, dado que es un hecho notorio para el suscrito, en términos de lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria y de la tesis XXII.J/12, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Enero de 1997, Página 295, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN", que en el juicio de amparo ************, del índice de este órgano jurisdiccional, el aquí quejoso reclamó la resolución de treinta de agosto de dos mil veintiuno emitida en el toca **********, del índice de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, que confirmó la diligencia de remate de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, celebrada en el juicio ejecutivo mercantil *************, en la que se adjudicaron a la parte actora los bienes materia de remate y se ordenó que se otorgara la escritura de propiedad respectiva. De donde se desprende que en el aludido juicio constitucional, ya se analizaron las violaciones procesales que a decir de la parte quejosa se cometieron durante el procedimiento, de lo que resultó que en sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós se negara el amparo y protección de la justicia federal solicitados; resolución que fue confirmada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en el Amparo en Revisión **************, en sesión de uno de junio de dos mil veintitrés. Consecuentemente, al quedar plenamente demostradas las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVIII y XXIII, esta última en relación con el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En otro contexto, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********, en virtud de que obran sus cédulas profesionales ***********, registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal y en términos de la última parte del segundo párrafo del presento legal en cita a las diversas personas que menciona, por no encontrarse en ese supuesto. En términos del artículo 21 -tercer párrafo- de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 -fracción I, incisos b y c- de la citada Ley de Amparo. Se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En términos del numeral 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se invita a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,1 dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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