Enrique León Sierra
Expediente 167/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 167/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Enrique León Sierra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Por recibido el oficio de cuenta que suscribe el Actuario Judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, mediante el cual devuelve tres legajos de copias certificadas relativas a los expedientes 167/2022, 709/2021 e incidente 709/2021, del índice de este Juzgado y remite testimonio de la resolución emitida en el recurso de queja 48/2022 de su índice, que en su punto resolutivo determinó: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y acúsese recibo a la superioridad. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Atendiendo al artículo 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, los legajos de copias certificadas formados con motivo del recurso de queja interpuesto, deberán ser destruidos, en el plazo a que alude dicho acuerdo. Por otra parte, tomando en consideración que el promovente ****************en su demanda solicitó la devolución de la copia certificada que a la misma adjuntó; en ese sentido, de conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvasele, previa certificación de desglose y copia que en su lugar se deje en autos; en el entendido de que antes de acudir a este Tribunal deberá agendar una cita para ello, en el sitio https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccioales/citas. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio que suscribe el Actuario Judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, mediante el cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por ************, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de ***********, en contra del proveído de catorce de febrero del año en curso, el cual registró con el número 48/2022.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito que suscribe ********************, quien se ostenta como albacea de la sucesión intestamentaria de ****************; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se acuerda: I. Se le tiene presentando recurso de queja en contra del proveído de catorce de febrero del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió. II. En razón de lo anterior, y dada la naturaleza de la resolución recurrida, esto es, que no existe parte alguna a la cual se haya emplazado a este juicio de amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno del Décimo Sexto Circuito residente en Guanajuato, capital, el original del escrito del recurso, copia certificada de la demanda y resolución recurrida, con sus respectivas notificaciones; de la demanda y auto admisorio del juicio de amparo 709/2021-IV, del índice de este Juzgado, el cual se trajo como hecho notorio en la resolución recurrida; del proveído de veintiuno de enero del año en curso a través del cual se suspendió el procedimiento por el plazo de sesenta días, y las relativas al incidente de suspensión deducido de dicho juicio, para la substanciación del recurso de mérito. III. Ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de ser cierto el acto reclamado, toda vez que efectivamente este juzgado dictó, el catorce de febrero del año en curso, acuerdo en el que determinó desechar la demanda de amparo que promovió ********************, quien se ostenta como albacea de la sucesión intestamentaria de ************, contra actos del Juez Único Civil de Partido con sede en Cortázar, Guanajuato y otra autoridad. Por último, en torno a la solicitud del gestionante de que se remita copia certificada del juicio de amparo 709/2021-IV, del índice de este Juzgado, dígasele que se esté a lo acordado en líneas precedentes.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por **************, quien se ostenta como albacea de la sucesión intestamentaria de *************, contra actos del Juez Único Civil de Partido con sede en Cortázar, Guanajuato y otra autoridad; con apoyo en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021 y 20/2021, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número de expediente 167/2022-VII. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo la consideración anterior, se precisa que lo que la parte quejosa le reclama al Juez Único Civil de Partido de Cortázar, Guanajuato, en el juicio Ejecutivo Mercantil 403/1990, de su índice, es: De la resolución de fecha dieciocho de enero de dos mil veintidós: El reconocimiento de la personalidad del mandatario judicial **************, en el juicio Ejecutivo Mercantil 403/1990, para continuar en su encargo ante el fallecimiento de su mandante; y La orden de poner en posesión a favor de *****************, los bienes inmuebles rematados en dicho juicio; y El auto de fecha veintiuno de enero de dos mil veintidós, por medio del cual se desechó el incidente de nulidad y falta de personalidad respecto del mandatario judicial **************, que promovió. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie, respecto al acto citado en el inciso a), párrafo segundo, consiste en la resolución de dieciocho de enero de dos mil veintidós, en la parte relativa a la orden de poner en posesión a favor de *************, los bienes inmuebles rematados en el juicio de origen, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo, tal precepto establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; [.]" Ahora bien, vista la certificación de cuenta, se advierte la existencia del diverso juicio de amparo 709/2021-IV de este índice, promovido por *************, quien se ostenta como albacea de la sucesión intestamentaria de ***************, contra actos del Juez Único de Partido Civil de Cortázar, Guanajuato y otra autoridad, en el cual se desprende que el quejoso antes nombrado, interpuso demanda de amparo indirecto reclamando: La resolución de fecha 30 de agosto de 2021, dictado dentro del toca número 360/2021, resolución que me fue notificada por medio de lista en estrados de la Segunda Sala Civil en fecha 31 de agosto de 2021, en la que establece que en su considerando Tercero, de manera específica al resolver el Segundo, Tercer y Cuarto Agravio en los que determina que los mismos son infundados y en base a su razonamiento que determina: "...Al tenor de los anteriores razonamientos, se CONFIRMA la diligencia de remate que se revisa. Asimismo, en el Resolutivo Primero de la resolución que me Quejo establece': "PRIMERO. - En los términos del considerando Tercero de esta ejecutoria, se CONFIRMA la diligencia de remate que se revisa. " De la responsable ejecutora, se reclama la continuación del procedimiento de Juicio ejecutivo Mercantil expediente M403/1990, de donde se formó el recurso de apelación con el que se integró el Toca 360/2021 y de donde emana el acto reclamado donde ordena la continuación del procedimiento de ejecución." Lo anterior, corroborándose mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el cual de conformidad con la jurisprudencia P./J.16/2018(10a) del rubro: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE).'', resulta un hecho notorio, ya que existen actuaciones vinculadas al citado juicio de amparo 709/2021-IV, promovido ************, quien se ostenta como albacea de la sucesión intestamentaria de *********** y el presente. Desde la perspectiva de quien ahora resuelve, el acto aquí reclamado que emitió el Juez Único de Partido Civil de Cortázar, Guanajuato, autoridad responsable, consiste en la resolución de dieciocho de enero de dos mil veintidós, emitida en el juicio ejecutivo mercantil M403/1990, de su estadística, en la parte relativa a la orden de poner en posesión a favor de ***************, los bienes inmuebles rematados en el juicio de origen, fue debido a que no se exhibió la garantía que exigió esta autoridad federal para que surtiera efectos la suspensión definitiva, en el diverso incidente de suspensión procedente del amparo indirecto 709/2021-IV, de este índice. En efecto, de la lectura de la demanda y sus antecedentes, se advierte que: 1. En dieciocho de junio de mil novecientos noventa, se demandó al señor ***************por el señor ********** en la Vía Ejecutiva Mercantil, radicándose dicho juicio bajo el número de expediente M403/1990 en el Juzgado Partido de lo Civil de Cortázar, Guanajuato. 2. De conformidad a derecho se emplazó al demandado **************, quien contestó la demanda en julio de mil novecientos noventa, y en fecha veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y uno se ordenó el archivo administrativo del expediente por falta de impulso procesal. 3. El día trece de junio de dos mil siete, se ordenó por el juzgado de primera instancia la reanudación del procedimiento y se ordenó notificar a la demandada de manera personal dicho auto, mismo que se notificó en fecha catorce de junio de dos mil siete como obra constancia de éste, en las actuaciones del expediente M403/1990, citado anteriormente. 4. Se siguió la secuela procesal de conformidad como lo solicitó el actor y se dictó sentencia en fecha trece de septiembre de dos mil siete, en la que se obtuvo sentencia de remate a favor de Ildefonso Guízar Mexicano, misma resolución que causó ejecutoria, y se continuó con el procedimiento, en virtud de que a partir del auto de fecha diez de octubre de dos mil once, se dejó de actuar, se ordenó el archivo de este expediente. 5. El C. Ildefonso Guízar Medina, solicitó reanudar el procedimiento, lo que se autoriza por auto de fecha dieciséis de agosto de dos mil diecinueve. 6. Por auto de fecha quince de noviembre de dos mil once, se ordenó se notificara de manera personal al Albacea de la Sucesión del demandado ***********. 7. Hecho lo anterior, se continuó con el procedimiento de ejecución a pesar de diversas ilegalidades, ordenando el juez de primera instancia por auto de fecha diecisiete de junio de dos mil veinte, la celebración de la diligencia de remate en primera almoneda, la que debería de celebrarse el día dieciséis de Julio de dos mil veinte, de manera ilegal y realizando el actor las diligencias tendientes a la realización del mismo y de una manera dolosa pasando por alto las ilegalidades cometidas en la preparación del procedimiento de remate con lo que se denota una mala fe y dolo en el actuar del actor por causar un daño mayor al aquí quejoso. 8. En fecha dieciséis de Julio de dos mil veinte, se celebró la diligencia de remate ordenada en autos del principal y el juzgador de primera instancia adjudicó los bienes rematados favor del señor ****************, por lo que se interpuso el Recurso de Apelación por los agravios a mis intereses, le correspondió conocer y resolver a la Magistrada que integra la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y al que se le otorgó el número de Toca 295/2020, quien declaró fundados los agravios y ordenó reponer el procedimiento de remate de primera almoneda ajustado a derecho. 9.- El ****************, por auto de fecha veintisiete de abril de dos mil veintiuno, inicia el procedimiento de preparación de remate en ejecución de sentencia, y para lo cual exhibe avalúos actualizados y en fecha dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se señala fecha de remate en primer almoneda. 10.- Por solicitud de ***************, en fecha veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, se aclara y se señala nueva fecha de remate y hora y se expiden edictos, señalando como fecha de remate el día veintiuno de junio de dos mil veintiuno, a las once horas, dicho auto se publica por medio de estrados el día 324 (sic) de mayo de dos mil veintiuno. 11.- Por auto de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, se tiene a **************, quien exhibe periódico oficial y locales con edictos publicados y presenta tres posturas para la diligencia de remate. 12.- Previo a la diligencia de remate en fecha veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se presentaron por el Tercero ****************, Tercería Excluyente de Dominio, sobre los inmuebles embargados y sujetos a remate. Así mismo, el Albacea de la sucesión de *************, presentó incidente de Nulidad de Actuaciones por falta de personalidad del ***************. 13.- En fecha veintiuno de junio de dos mil veintiuno, siendo las once horas se celebró la diligencia de remate ordenada en autos del principal y el juzgador de primera instancia al iniciar la diligencia de remate el C. Juez describe los bienes a rematar, posteriormente da por presente al *****************, así como pasa lista de postores y hace constar que le son exhibidas tres posturas presentadas por el actor ***************, por lo anterior, previa revisión de las posturas determina: ". Por lo anterior, se adjudica libre de todo gravamen judicial en favor del postor y parte actora ************* los bienes inmuebles.", y se requiere a la parte reo a que en el término de cinco días otorgue la escritura de propiedad. Asímismo, como parte final acuerda la Tercería Excluyente de dominio presentada por el ****************, desechándola, y en relación con el incidente de Nulidad de Actuaciones no hace manifestación alguna en ese momento. 14.- En virtud de lo anterior, se considera que la Diligencia de remate de fecha veintiuno de junio de dos mil veintiuno, causa agravios a mis intereses, por las violaciones cometidas durante el procedimiento de preparación de remate y la propia diligencia de remate, por lo que se interpone recurso de apelación en contra de dicha diligencia de remate, la que por orden de turno le correspondió conocer y resolver a la Magistrada que integra la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y al que se le otorgó el número de Toca 360/2021. 15.- Mismo Toca que fue resuelto en fecha treinta de agosto de dos mil veintiuno y me fue notificado por medio de estrados el día treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, mismo que resolvió que: ."Al tenor de los anteriores razonamientos, se CONFIRMA la diligencia de remate que se revisa."; y en virtud de que dicha resolución me causa agravios y violación de mis garantías constitucionales, se promovió juicio de garantías que correspondió conocer al Juzgado Sexto de Distrito en la ciudad de Celaya, Guanajuato, el que se tramita bajo el número 709/2021-IV, se me concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, la que surtió efectos a partir del día ocho de febrero de dos mil veintidós. El procedimiento de este juicio a la fecha se encuentra pendiente de resolver y suspendido a partir del veintiuno de enero de dos mil veintidós, por el fallecimiento del *****************. 16.- Se continuó con el procedimiento del Juicio Ejecutivo Mercantil, exp. 403/1990, ante el Juzgado de Partido Único Civil de Cortázar, Guanajuato, y en fecha dieciocho de enero de dos mil veintidós, se dicta el acto reclamado, mismo sobre el que se interpuso un recurso de nulidad y falta de personalidad, mismo que fue desechado por auto de fecha veintiuno de enero de dos mil veintidós, notificado el día veinticuatro de enero de dos mil veintidós, y en virtud de que ambas resoluciones violan mis garantías constitucionales, y no me permiten una adecuada defensa, como también violan las formalidades del procedimiento, por lo que encontrándome en tiempo y forma vengo a solicitar el Amparo y Protección de la Justicia Federal. Ahora, el quejoso respecto del acto reclamado consistente en el auto de dieciocho de enero de dos mil veintidós, en lo que aquí interesa transcribe lo siguiente: "En vista de constar en autos la falta de otorgamiento de la garantía fijada por la Autoridad Federal para que surtiera efectos la suspensión decretada en cuanto al Remate decretado en autos; se ordena poner en posesión de los bienes inmuebles rematados en el presente Juicio, mediante diligencia de fecha veintiuno de junio del año dos mil veintiuno, a favor de *************, consistentes en: el primer inmueble ubicado en calle *******************, autorizando el uso de la fuerza pública, uso de Cerrajero, rompimiento de chapas y cerraduras, quedando a su disposición la contraseña en la Secretaría de este Juzgado" Lo resaltado es propio Bajo esa perspectiva, si la autoridad responsable ordenó dejar en posesión de los bienes inmuebles a favor de *****************, que derivó de la diligencia de remate veintiuno de junio de dos mil veintiuno, y que tiene relación con el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 709/2021-IV, de este índice, es evidente que dicha determinación está directamente vinculada con la tramitación del amparo indirecto citado, en especial, en lo concerniente con la suspensión definitiva del acto reclamado, que es de lo que se duele el quejoso, la que por falta de otorgamiento de la garantía fijada por esta autoridad federal la responsable deja en posesión de los bienes inmuebles a favor de ******************(tercero interesado en el juicio antes citado). Es decir, el acto reclamado en esta instancia se emitió teniendo como sustento lo resuelto en el diverso incidente de suspensión derivado juicio constitucional 709/2021-IV de este índice, y el hecho de que haya sido emitido por la autoridad que en ese juicio fue señalada como responsable no puede desvincularlo de su origen que tiene con el juicio constitucional citado. De ahí que, no es dable que esa determinación pueda ser analizada como lo pretende el aquí quejoso, mediante la interposición de una diversa demanda de amparo indirecto, en atención de que ello legalmente no es factible, pues se daría lugar a la promoción irracional de juicios de amparo precisamente pretendiendo atacar determinaciones que ya fueron dictadas en otros, debido a que, la ley de la materia, establece en favor de los quejosos diversos recursos que les permiten impugnar las resoluciones que consideren les causan perjuicio durante la tramitación y resolución del juicio de amparo que promuevan. Así, debe precisarse que si una de las cuestiones que aduce el quejoso en esta nueva demanda de amparo consiste en que la determinación del Juez que ordenó la posesión material de los inmuebles que señala le causa afectación en sus derechos fundamentales, fue debido a la falta de otorgamiento de la garantía fijada por la autoridad federal, esas circunstancias debió hacerlas valer precisamente en el incidente de suspensión que derivó del multicitado juicio constitucional 709/2021-IV, pues fue ahí donde se pronunció esa resolución judicial. Ahora bien, respecto a los actos reclamados precisados en el inciso a), párrafo primero, así como en el inciso b), el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que textualmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.)" "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido." "Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendiendo al resultado de la resolución." De la segunda parte del precepto legal trascrito, se advierte que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el juicio de amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia invocada, conviene establecer que los actos reclamados por el quejoso en esta instancia constitucional que ahora se analizan consistentes en: La resolución de fecha dieciocho de enero de dos mil veintidós, en la que se reconoce la personalidad del mandatario judicial *****************, para continuar con su encargado, en el juicio Ejecutivo Mercantil 403/1990, ante el fallecimiento de su mandante. El auto de fecha veintiuno de enero de dos mil veintidós, por medio del cual se desecha el incidente de nulidad y falta de personalidad respecto del mandatario judicial *************, que promovió. En ese sentido, si los actos que en esta vía se reclaman, son las determinaciones emitidas por la responsable, consistentes en el reconocimiento de la personalidad del mandatario judicial ***************, para continuar con su encargado, en el juicio Ejecutivo Mercantil 403/1990, ante el fallecimiento de su mandante, así como el auto mediante el cual se desechó el incidente de nulidad y falta de personalidad que respecto de éste planteó, controvertido en el cual el aquí quejoso figura como albacea de la sucesión intestametaria de *****************(parte demandada) y en el cual ya existe sentencia definitiva, puesto que en los antecedentes del acto reclamado bajo protesta de decir verdad manifiesta que el directo demandado fue emplazado y condenado en dicho procedimiento judicial, es inconcuso que dichos actos fueron dictados en etapa de ejecución de sentencia, ya que guardan plena vinculación con la ejecución de la misma, en virtud de que no es autónomo a ésta; razón por la cual, no constituye la última resolución a que se ha hecho referencia, puesto que no aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, ni es de las que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior se afirma, habida cuenta que los actos que se reclaman en esta instancia fueron emitidos en etapa de ejecución de sentencia, y no debe perderse de vista que: I. El quejoso figura como albacea de la sucesión intestametaria de *************(parte demandada), en el juicio de donde emana el acto reclamado. II. Existencia un fallo con el rango de cosa juzgada, el cual en términos del artículo 17 constitucional debe ser ejecutado por ser de orden público; y, III. De proceder con el trámite del presente juicio, implicaría anteponer el interés particular por encima del público, pues la sociedad está interesada que las sentencias con el rango de cosa juzgada sean ejecutadas. Además, como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de Nación, si bien existente casos de excepción a la regla ya mencionada, en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, cuando éstos gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Sin embargo, también ha determinado que cuando se trata de aspectos atinentes a la falta de personalidad hechos valer en la etapa de ejecución de sentencia, éstos no se pueden considerar como los previstos dentro de los casos de excepción, pues si se ha determinado que no procede el amparo contra los actos que tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio de origen, sino hasta que se dicta la última resolución del procedimientos de ejecución, interpretado lo anterior en sentido contrario, tales aspectos de falta de personalidad son de la misma naturaleza de aquéllos, ya que la finalidad de debatir la falta de personalidad, es impedir la ejecución de la sentencia cuestionando la personería del ejecutante. Por ello, si en el caso concreto, la parte quejosa se duele de las terminaciones asumidas por el Juez Civil responsable, relativas al reconocimiento de personalidad del mandatario judicial ******************, en el juicio natural para continuar con el procedimiento de ejecución ante el fallecimiento de su mandante, así como el auto a través del cual se desechó el incidente de nulidad y falta de personalidad del antes nombrado, dichos actos son de la misma naturaleza jurídica de aquéllos, ya que su propósito es impedir la ejecución de la sentencia cuestionando la personería del ejecutante. Por ello, se concluye que tales actos deben reclamarse a través del amparo que se promueva contra la última resolución emitida en esa etapa. En este orden de ideas, se debe concluir que el amparo promovido en contra de los actos precisados en el inciso a), párrafo primero, e inciso b), es improcedente porque no se surte la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que determina que el amparo indirecto procede sólo contra la última resolución dictada en ejecución de sentencia. Consecuentemente, al quedar plenamente demostradas las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 fracciones IX y XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Tengase al promovente, señalando como domicilio para recibir notificaciones, el que precisa en su demanda, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***************, al contar respectivamente, con cédula profesional número ******************, inscritas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a las diversas personas que menciona, por no encontrarse en ese supuesto. Se tiene a la parte quejosa proponiendo como forma especial y expedita de contacto, el correo electrónico lunasoto@prodigy.net.mx, a través del cual se pueden entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En términos del artículo 21 -tercer párrafo- de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 -fracción I, incisos b y c- de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.
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