Enrique Hernández Ramírez
Expediente 160/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 160/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 31/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Enrique Hernández Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. Llegada de autos Acúsese recibo al Presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, del oficio número 2821/2019, mediante el cual la Secretaría de Acuerdos de ese Tribunal, remite testimonio de la ejecutoria pronunciada dentro de la inconformidad 5/2019, juntamente con el juicio de amparo en que se actúa. Sentido de la resolución Hágase del conocimiento de las partes que el Tribunal de Alzada, mediante ejecutoria correspondiente a la sesión de dieciséis de mayo de este año, resolvió: "ÚNICO. Es infundado el recurso de inconformidad." Se ordena hacer anotaciones En ese tenor, glósese el cuaderno de antecedentes relativo, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en su oportunidad, remítase el expediente al archivo, en términos de lo acordado en proveído de quince de enero de este año; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de marzo de dos mil diecinueve. Se informa que se admite la inconformidad Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 2702, de veintiséis de febrero de este año, por el que se le remitió el original del juicio de amparo número VIII-160/2017, para la substanciación del recurso de inconformidad interpuesto en autos; asimismo informa a este órgano jurisdiccional que se admitió dicho recurso, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de febrero de dos mil diecinueve. Se interpone recurso de inconformidad Visto el escrito de cuenta que suscribe el quejoso, atento a su contenido, con fundamento en los artículos 201, fracción I y 203, ambos de la Ley de Amparo en vigor, se tiene a Maribella Pérez Pérez, autorizada del quejoso ENRIQUE HERNÁNDEZ RAMÍREZ, interponiendo recurso de inconformidad en contra del auto dictado por este juzgado el quince de enero de este año, a través del cual se declaró cumplida la ejecutoria de amparo. En consecuencia, en términos del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la Determinación de los Asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito; en su oportunidad, remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, para los efectos de la inconformidad promovida en términos del precepto legal que se invoca. Notificación a la responsable Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables, adjuntándoles al efecto copia del escrito de inconformidad. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Por lista notifico a la parte quejosa el siguiente auto: Morelia, Michoacán, quince de enero de dos mil diecinueve. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, se desprende que a la fecha ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo haya hecho. En ese tenor, debe analizarse lo relativo al cumplimiento dado al fallo protector, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de la concesión de amparo En sentencia dictada el veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, por una parte se sobreseyó y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ENRIQUE HERNÁNDEZ RAMÍREZ. Inconforme con dicha determinación, la parte quejosa Enrique Hernández Ramírez, así como la Directora General del Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza, con sede en esta ciudad, interpusieron recurso de revisión, el cual correspondió conocer y resolver al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, con sede en esta ciudad, donde por ejecutoria dictada en sesión de ocho de febrero de este año, en la materia de la revisión, determinó modificar la sentencia recurrida, concediendo el amparo y protección al quejoso, para que los efectos de la sentencia protectora, deberían regirse por los siguientes puntos: ". 1. El Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, deje insubsistente todo lo actuado en el procedimiento administrativo P.A.I 323/20015-DGAI, desde su inicio. 2. Requiera a la Dirección General del Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza los resultados de los exámenes practicados al quejoso Enrique Hernández Ramírez; autoridad que sin dilación deberán enviar dicha información e indicar qué pruebas fueron las no aprobadas, sin limitarse a expresar únicamente el resultado; ello con la precisión de que el cumplimiento a lo anterior en forma alguna incluye los criterios de evaluación bajo los cuales fueron tasados los resultados de las pruebas; y sin perjuicio de que al remitirla, genere versión pública de la información, de conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 3. Hecho lo anterior, la autoridad Ministerial instructora responsable dictará auto de inicio en el procedimiento, el cual ordenará se haga de conocimiento del quejoso mediante notificación personal, haciendo de su conocimiento la anterior información, a efecto de que esté en condiciones de ejercer su derecho de defensa.". Trámites para cumplir con el fallo protector Así, por auto de veintiséis de febrero del año en curso, se tuvo por recibida la ejecutoria de amparo dictada por el citado Tribunal Colegiado y se ordenó requerir a las responsables para acatar el fallo protector. Luego, por oficio presentado el uno de marzo de dos mil dieciocho, el Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, allegó copias certificadas de las constancias con las cuales pretendía dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, consistentes en el acuerdo de veintisiete de febrero del mismo año, por el cual dejó insubsistente todo lo actuado a partir del acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil quince, así como el oficio DGAI/992/2018 de veintisiete de febrero del presente año dirigido a la Directora General del Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza, mediante el cual le solicitó copias certificadas de los resultados de los exámenes practicados al aquí quejoso, indicando cuáles pruebas fueron las no aprobadas, sin limitarse a expresar únicamente el resultado; de igual manera informó que, hasta en tanto tuviera las copias certificadas solicitadas, se notificaría el inicio del procedimiento administrativo a Enrique Hernández Ramírez (aquí quejoso), y se señalaría nueva fecha para la celebración de audiencia de pruebas y alegatos. En ese contexto, por diverso oficio presentado el dos de marzo de dos mil dieciocho, el Director de Amparos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, informó que giró instrucciones a la licenciada Diana Guadalupe Torres Montoya, Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Asuntos Internos de la Procuraduría, a fin de dar cumplimiento con la ejecutoria pronunciada, y al efecto anexó en original el oficio PGJE/DGJDH/D.A./0725/2018 de veintiocho de febrero de esa anualidad. Posteriormente, por oficio presentado el cinco de julio del año próximo pasado, la Agente responsable mencionada con anterioridad, señaló que la Directora General del Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza, le informó que se había interpuesto recurso de revisión dentro del expediente en que se actúa, y que para aquel momento no tenía conocimiento de la resolución recaída a la revisión, por lo cual se encontraba imposibilitada para remitir las copias certificadas solicitadas, hasta en tanto se le informara respecto la resolución dictada en dicho recurso. Motivo por el cual, en proveído de seis de julio de dos mil dieciocho, se ordenó remitirle a la Directora General del Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza, copia certificada de la resolución de amparo dictada por el Tribunal de Alzada y del proveído de veintiséis de febrero de ese año, donde se requiere el cumplimiento de la ejecutoria, a efecto de que la responsable procediera en consecuencia. Así, mediante comunicación de trece de julio de dos mil dieciocho, suscrito por la Directora General del Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza, con sede en esta ciudad, en cuanto autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria, informó que en esa misma fecha remitió al Encargado del Despacho de la Dirección de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en sobre cerrado la versión pública del expediente completo de la evaluación de control de confianza del quejoso, por lo cual, en auto de diecisiete siguiente se le requirió a esta última autoridad a efecto de que remitiera las constancias con las cuales diera cumplimiento al fallo protector, lo que aconteció como se advierte del oficio presentado el veintitrés de ese mes y año, en el cual adjuntó dichas constancias solicitadas. Situación con la que se ordenó dar vista a la parte promovente, para que manifestara lo que a su interés conviniera, por lo cual, por escrito presentado el veinticinco de julio de dos mil dieciocho, la parte quejosa realizó manifestaciones señalando el incumplimiento de la ejecutoria por parte de las responsables. Con base a lo anterior, mediante proveído de veintisiete de julio de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional al advertir que no obraba en autos constancia alguna que evidenciara que el Centro de Control de Confianza, hubiera informado cuales fueron las pruebas en particular no aprobadas por el quejoso, estimó necesario requerir a las responsables para que cumplieran a cabalidad con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo. Nuevamente, en auto de quince de agosto de dos mil dieciocho, al haberse analizado las constancias allegas por la responsable y al no tener certeza sobre cuál fue la información de pruebas no aprobadas por el quejoso, sobre la que se basó el agente instructor para dictar el auto de inicio de ocho de agosto de este año, se requirió a las responsables para que corrigieran las omisiones que les fueron apuntadas. Por oficio presentado el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, la Directora General del Centro Estatal de Certificación, Acreditación y al Control de Confianza, informó que el dieciséis de ese mismo mes y año, le exhibió al agente instructor la información sobre las pruebas no aprobadas por el quejoso, en versión pública exponiendo las razones que influyeron en la evaluación del quejoso, para obtener un resultado de no aprobado. Por oficio presentado el veintinueve de agosto de la anualidad pasada, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado y en cumplimiento al diverso oficio 12124 remitido por este juzgado, allegó copia certificada del acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, en el cual, por un lado dejó sin efectos el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo de ocho del mismo mes y año y la nueva fecha y hora señalada para la audiencia de pruebas y alegatos en el procedimiento de origen; asimismo, determinó que al realizar una revisión de las constancias remitidas por la Dirección General del Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza, por lo que ve a la versión pública del expediente de evaluación de control y confianza, advirtió que se habían remitido incompletas y a efecto de que el quejoso pueda ejercer su derecho de su defensa, no consideró procedente de momento instaurar el procedimiento administrativo. Situación con la que se ordenó dar vista a la parte promovente para que manifestara lo que a sus intereses conviniera. Por auto de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, se determinó que la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, cumplía con defectos la ejecutoria de amparo, toda vez que, conforme a lo manifestado en su oficio número DGAI/2674/2018 y lo contenido en el acuerdo de veintiocho de agosto de este año, donde señaló que las pruebas que le allegó la Dirección General del Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza, se las remitió incompletas y por ello, no consideró procedente no instaurar el procedimiento administrativo al aquí quejoso, pero al señalar que "de momento", generaba incertidumbre en torno a dicha actuación, por no tener la certeza de que respecto de las mismas pruebas que le fueron remitidas con posterioridad vaya a iniciar procedimiento o si al ser incompletas, no son aptas y suficientes para vincular a procedimiento al quejoso; motivo por el cual, se requirió nuevamente a la autoridad responsable. En desahogo de lo anterior, por oficio presentado el siete de noviembre de dos mil dieciocho, el Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada del acuerdo de treinta y uno de octubre de este año, dictado en el procedimiento administrativo número 323/2015-DGAI, y del oficio número DGAI/5051/2018, a través de los cuales, para cumplir con la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: I. Ordenó iniciar procedimiento administrativo interno en contra del aquí quejoso; II. A través del oficio número DGAI/5051/2018, le hace de su conocimiento que no aprobó la evaluación de control de confianza practicada en fechas nueve y diez de febrero de dos mil quince, realizada por el Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza del Estado, específicamente las evaluaciones en Psicología y Poligrafía; y, III. Señaló día y hora a fin de llevar a cabo la audiencia de pruebas y alegatos en dicho procedimiento. No obstante lo anterior, en proveído de doce de noviembre de dos mil dieciocho, se requirió al agente instructor para que remitiera a este órgano jurisdiccional, las pruebas o información que le hubiere allegado la Dirección General del Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza, con sede en esta ciudad y que le sirvió de base para iniciarle el procedimiento al quejoso, lo anterior, para que el quejoso se impusiera del contenido de las mismas por conducto de este juzgado federal. En acato de lo anterior, por oficio presentado el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, el agente responsable allegó la versión pública del examen de control de confianza que le fuera practicado al quejoso; motivo por el cual, en auto de veintiuno de ese mismo mes y año, se requirió al quejoso para que compareciera por sí o por conducto de su autorizada con plenitud de facultades (Maribella Pérez Pérez), a imponerse del contenido de la versión pública del examen que fuera remitido por la responsable. Con motivo de lo anterior, en fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, se levantó el acta de comparecencia sobre notificación de constancias, en la que se hizo constar la presencia en este órgano jurisdiccional de la citada autorizada del quejoso, donde se impuso de las constancias que allegó la responsable y en uso de la voz, manifestó que se imponía del contenido, pero que en relación a la prueba de poligrafía se encontraba incompleta y respecto a la prueba de psicología, se encontraba suprimida información importante en relación a la entrevista. En auto de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, se ordenó devolver a la responsable las constancias que allegó, a fin de que contara con los elementos necesarios para llevar a cabo la audiencia de pruebas y alegatos; y en ese propio auto, en respuesta a las manifestaciones vertidas por la autorizada del quejoso, en el acta de comparecencia, se le dijo que tenía expedito su derecho para que realizara los señalamientos de que las pruebas se encontraban incompletas, ante el agente instructor, para surtieran los efectos legales correspondientes en el procedimiento de origen. Con lo anterior, se ordenó dar vista a la parte promovente para que manifestara lo que a sus intereses conviniera. Se tiene por cumplida la ejecutoria De lo hasta aquí narrado, se desprende que la responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos, virtud a que se dejó insubsistente todo lo actuado en el procedimiento administrativo P.A.I. 323/20015-DGAI, desde su inicio; se requirió a la Dirección General del Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza los resultados de los exámenes practicados al quejoso; y, hecho lo anterior, la autoridad ministerial con fecha treinta y uno de octubre de este año, ordenó iniciar procedimiento administrativo interno en contra del aquí quejoso y a través del oficio número DGAI/5051/2018, le hizo de su conocimiento que no aprobó la evaluación de control de confianza practicada en fechas nueve y diez de febrero de dos mil quince, realizada por el Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza del Estado, específicamente las evaluaciones en Psicología y Poligrafía; señalando día y hora a fin de llevar a cabo la audiencia de pruebas y alegatos en dicho procedimiento; en el concepto de que, la parte promovente quedó impuesta del contenido del resultado de los exámenes de control de confianza que le fueron aplicados, a través de este propio órgano jurisdiccional, ello a fin de que estuviera en aptitud de conocer su contenido. En consecuencia, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que en lo esencial se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, con lo que se considera se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales. Se ordena notificar únicamente a las autoridades responsables vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria Luego, teniendo en consideración que en la sentencia de amparo pronunciada en el presente juicio de amparo, únicamente se encontraban vinculadas a su cumplimiento el Procurador General de Justicia, Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Asuntos Internos de la Procuraduría General, Coordinador General de Agencia de Investigación y Análisis, Director de Investigación y Análisis y Directora General del Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza, se estima innecesario girar oficio a las restantes autoridades donde se les notifique el presente proveído, pues no existe actuación pendiente por desahogar en relación con las mismas y por ende, sólo procede notificar a la citada autoridad que fue el encargado de cumplir con el fallo protector; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Se ordena el archivo del presente juicio En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo con la fracción IV del artículo vigésimo primero, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectivas, haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original del incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que por una parte, se negó y por otra, se concedió la medida cautelar solicitada (tanto la provisional como la definitiva), de conformidad con lo que señala el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del aludido acuerdo, el original de los cuadernos incidentales es susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran más de cinco años a partir de esta fecha, previa generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo en mención, debiéndose conservar todas las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida suspensiva. Duplicado del incidente de suspensión Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto vigésimo del acuerdo en consulta, los que comienzan a contar a partir de la fecha antes anotada en que se dictó resolución interlocutoria. Notifíquese personalmente.
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