Enrique Gutiérrez Herrera

Expediente 483/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
483/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
14/06/2023

Partes del expediente

  • Enrique Gutiérrez Herrera

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de junio de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, de la que se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido del fallo, hubiese interpuesto recurso de revisión contra dicha resolución de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, en la que se SOBRESEYÓ el juicio de amparo promovido por Enrique Gutiérrez Herrera. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. SE ORDENA ARCHIVO. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede de la que se advierte que en este juicio no existe actuación pendiente por desahogar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL. En otro aspecto, acorde a lo dispuesto en los artículos 12 y 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevén los artículos 15, 17 y 18 del mismo Acuerdo, al tratarse de un juicio de amparo en que se decretó su sobreseimiento. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20, del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el presente expediente. INCIDENTE No se hace pronunciamiento en relación al incidente de suspensión en razón de que no se solicitó la medida cautelar. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    ACTA RELATIVA A LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ORDENADA EN PROVEÍDO DE VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIRÉS, DICTADO EN EL EXPEDIENTE X-483/2023, Y CELEBRADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN, A LAS NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, CON LA PARTICIPACIÓN DE QUIENES EN LA PROPIA ACTA SE DESCRIBEN. CONSTE. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA, JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe declara abierta la audiencia: Secretario, dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo X-483/2023, promovido por Enrique Gutiérrez Herrera, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Por otro lado, en este acto se da cuenta con la promoción registrada con el número 7677, para su acuerdo. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. Agréguese a los presentes autos la primera promoción de cuenta concerniente al oficio con el que la autoridad que lo suscribe rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza la documental que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de la presente audiencia constitucional. Ahora, no pasa inadvertido que no ha transcurrido el plazo de ocho días que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, con la vista del informe justificado rendido por la autoridad responsable, pues en el caso no existe fin práctico diferir la audiencia constitucional, ya que no se advierte que la presente resolución, una vez transcurrido el mismo varíe el sentido, ya que en esta fecha o en aquélla el contenido del informe justificado permite establecer que el sentido sería el mismo. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: a) Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad1 . EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la autoridad señalada como responsable adjuntó a su informe justificado copia autorizada del auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, emitido en el juicio laboral 891/2015 de su índice2 , prueba que se tuvo por admitida y desahogada en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. 1 Fojas 16-17. 2 Foja 17. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas y al no existir pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. Secretario, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que ninguna de las partes los formuló. EL JUEZ: Se tiene por perdido el derecho de las partes de formular alegatos; y, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número X-483/2023, promovido por Enrique Gutiérrez Herrera, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinte de abril de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y remitido el mismo día por razón de turno, a este juzgado federal, Enrique Gutiérrez Herrera, promovió demanda de amparo indirecto contra el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. El quejoso precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Mediante proveído veintiuno de abril de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo registrándose con el número de expediente X-483/2023; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En el mismo proveído se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que fue celebrada en términos de la presente actuación; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Ley de Amparo aplicable. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En el presente caso, la parte quejosa reclama un acto de una autoridad laboral con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado, además de que el acto reclamado es de naturaleza omisiva cuyos efectos son de imposible reparación. TERCERO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se obtiene que el acto reclamado consiste en: ? La omisión de proveer a la eficaz e inmediata ejecución del laudo de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, esto es, la omisión de requerir mediante oficio al Ayuntamiento de los Reyes, Michoacán, el pago de la cantidad $605,122.65 (seiscientos cinco mil ciento veintidós pesos 65/100 moneda nacional), solicitado en el acta de requerimiento de pago y embargo llevada el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral 891/2015. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe con justificación, negó la existencia del acto que se le reclama; sin embargo, dicha negativa debe desvirtuarse en razón de que de las constancias remitidas se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, existía el acto reclamado, toda vez que fue hasta el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, que la autoridad responsable ordenó requerir al Ayuntamiento de los Reyes, Michoacán, para que dentro del término de tres días hábiles contado a partir de que quede debidamente notificado, realice el pago de la cantidad $605,122.65 (seiscientos cinco mil ciento veintidós pesos 65/100 moneda nacional) a favor del aquí quejoso dentro del juicio laboral 891/2015. En esos términos lo procedente es considerar ciertos los datos asentados por la parte quejosa en su escrito de demanda, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que la omisión existió. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Registro digital: 249047 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Sexta Parte, página 15 Tipo: Aislada "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL, AUNQUE LAS RESPONSABLES LO NIEGUEN, SI DE LA LECTURA DEL INFORME CON JUSTIFICACION SE DESPRENDE SU CERTEZA. Si las responsables niegan en sus informes con justificación la existencia de los actos reclamados, pero de la lectura de dichos informes se desprenden datos que desvirtúan tal negativa, aun cuando no existan pruebas a ese respecto, necesariamente deben tenerse como ciertos los actos reclamados, ya que procesalmente el reconocimiento que hacen las partes dentro de un juicio, surte efectos de confesión; en consecuencia, al equiparse las autoridades responsables a la parte demandada en el juicio constitucional, resulta lógico y jurídico concluir que el reconocimiento que hagan sobre algún punto de la litis que en sí los perjudique, surte efectos de una confesión, y por ende, dicho punto no está a debate y sí plenamente reconocido". Además, dicha existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que la autoridad responsable remitió concernientes a la copia autorizada del auto de veinticuatro de mayo del año en curso, emitido dentro de los autos del juicio laboral 891/2015, en el que la autoridad responsable ordenó requerir al Ayuntamiento de los Reyes, Michoacán, para que dentro del término de tres días hábiles contado a partir de que quede debidamente notificado, realice el pago de la cantidad $605,122.65 (seiscientos cinco mil ciento veintidós pesos 65/100 moneda nacional) a favor del aquí quejoso dentro del juicio laboral 891/2015. Documental a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia de la omisión reclamada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto fijado en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte TCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso concreto y por lo que respecta a la omisión de proveer a la eficaz e inmediata ejecución del laudo de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, esto es, la omisión de requerir mediante oficio al Ayuntamiento de los Reyes, Michoacán, el pago de la cantidad $605,122.65 (seiscientos cinco mil ciento veintidós pesos 65/100 moneda nacional), se advierte que ha cesado la omisión reclamada. En consecuencia, se omitirá el análisis de la constitucionalidad de la omisión reclamada en el considerando segundo de la presente resolución; ello, en virtud de que se advierte actualizada una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente al fondo del negocio, por ser cuestión de orden público en el juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. La fracción XXI, del citado numeral 61, de la Ley de Amparo vigente, establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al agraviado en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del inconforme, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al impetrante en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho humano exija. Ante las precisiones anotadas, cabe señalar que en el caso concreto, respecto del acto reclamado que se hace consistir, en la omisión de proveer a la eficaz e inmediata ejecución del laudo de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, esto es, la omisión de requerir mediante oficio al Ayuntamiento de los Reyes, Michoacán, el pago de la cantidad $605,122.65 (seiscientos cinco mil ciento veintidós pesos 65/100 moneda nacional), solicitado en el acta de requerimiento de pago y embargo llevada el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral 891/2015. Ahora, de las constancias que la responsable acompañó a su informe justificado, se advierte que en auto de veinticuatro de mayo de la presente anualidad, la responsable ordenó requerir al Ayuntamiento de los Reyes, Michoacán, para que dentro del término de tres días hábiles contado a partir de que quede debidamente notificado, realice el pago de la cantidad $605,122.65 (seiscientos cinco mil ciento veintidós pesos 65/100 moneda nacional) a favor del aquí quejoso; de manera, que la autoridad responsable proveyó lo relativo al requerimiento del pago a favor del peticionario de amparo. De ahí que, se corrobora que los efectos de la omisión reclamada, han desaparecido totalmente, ya que se radicó la demanda laboral y se citó para la audiencia de conciliación, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, pues en el caso, se ha generado una situación jurídica que definitivamente destruye a la que dio motivo al amparo y se restituyó al quejoso en el goce del derecho fundamental que estimó menoscabado. Lo expuesto se retoma de la jurisprudencia 59/99, que establece: Época: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Asimismo, es ilustrativa al respecto la diversa jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, identificada con el número 9/98, que dispone: Época: Novena Época Registro: 196820 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Página: 210 "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En tal virtud, es inconcuso que respecto a la omisión que se hace consistir en la omisión de proveer sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por la parte actora y demandada en el juicio de origen, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, razón por la cual debe sobreseerse en el mismo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mencionado ordenamiento legal. Por lo expuesto, fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Enrique Gutiérrez Herrera, en contra de la autoridad y por los actos precisados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. AUTO DE RADICACIÓN Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Admítase la demanda de amparo promovida por Enrique Gutiérrez Herrera, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, en términos de lo previsto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo. FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Pídase informe justificado a la autoridad responsable, la que deberá: Rendirlo con la oportunidad necesaria para que sea tomado en cuenta en la audiencia de ley, lo que deberá hacer por correo electrónico a la cuenta 3jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, confirmando su recepción al teléfono 443 3226960 extensión 1395, así como habrá de precisar que dicho informe y las constancias que anexa a aquel, de ser el caso, bajo protesta de decir verdad coinciden con sus originales; salvo que por el volumen o la propia naturaleza de las constancias que haya de remitir se haga necesario que las presente directamente ante el juzgado, verbigracia cuando envíe tomos de prueba, discos compactos (como en el sistema penal acusatorio) y otros documentos análogos. Apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de doscientas Unidades de Medida Actualización, equivalente a $19,244.00 (diecinueve mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo. Requiérase a la autoridad responsable para que informe si la parte quejosa ha tramitado diverso juicio de amparo en contra del acto reclamado dentro del expediente de origen, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa en los términos de los párrafos precedentes, en relación a los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete, de conformidad con el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. SE AUTORIZA LA CONSULTA VÍA ELECTRÓNICA Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la consulta del expediente en que se actúa vía electrónica, bajo el usuario respectivo; por tanto, se comisiona al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que realice las gestiones necesarias; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No ha lugar a formar incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. EMPLAZAMIENTO DE TERCERO INTERESADO Sin que haya lugar a tener como tercero interesado a persona alguna, toda vez que no encuadra en alguno de los supuestos que refiere el artículo 5°, fracción III de la Ley de la Materia, virtud a que de la lectura íntegra de la demanda no se advierte que se tenga un interés contrario al de la parte quejosa; aunado a que su llamamiento a juicio solo retardaría el procedimiento dentro del mismo, sin pasar por alto que el acto reclamado en la presente instancia constitucional es de carácter omisivo. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene a las personas indicadas en la demanda como autorizada sin las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, en razón de que no les fueron conferidas expresamente. REQUERIMIENTO A LAS PARTES Se requiere a las partes que de tener conocimiento de la actualización de alguna causa de improcedencia, lo informen a este juzgado a la brevedad posible. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. NOTIFICACIONES A LAS RESPONSABLES Se ordena notificar a las autoridades responsables únicamente la presente determinación, así como aquéllas que resulten trascendentes dentro del procedimiento, conforme el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.

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