Enrique Gutiérrez Herrera

Expediente 136/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
136/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
13/04/2023

Partes del expediente

  • Enrique Gutiérrez Herrera

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de abril de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo. En tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia, para todos los efectos legales procedentes. ARCHIVO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en alguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes. HÁGASE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S los presentes autos para resolver el juicio de amparo III-136/2023, promovido por Enrique Gutiérrez Herrera, por propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito depositado el ocho de febrero de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, recibido en este órgano jurisdiccional, por razón de turno, el mismo día, Enrique Gutiérrez Herrera, por propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto contra el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio los reconocidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. En auto de nueve de febrero de dos mil veintitrés se admitió la demanda de amparo respecto de los actos reclamados y por la autoridad señalada como responsable, registrándose con el número del expediente III-136/2023; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; la que tuvo lugar en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente por territorio, materia y grado para conocer y resolver el presente juicio de amparo, debido a que la parte quejosa reclama varias omisiones de una autoridad laboral con ejecución en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia mixta este Juzgado. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que solo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional consisten en: La omisión de actualizar los salarios caídos generados a partir del veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno a la fecha. La omisión de dictar auto de ejecución de laudo por la cantidad actualizada. La omisión de reconocer el carácter de apoderado jurídico al licenciado Rey Manuel Hernández Alberto. Ello dado que por escrito de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, solicitó a la autoridad responsable que dictara auto de ejecución de laudo por $491,864.40 (cuatrocientos noventa y un mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 40/00 M.N.) y, por diverso de cinco de agosto de dos mil veintidós, designó como apoderado a Rey Manuel Hernández Alberto; sin que a la fecha de presentación de demanda de amparo, la responsable hubiera atendido dichas peticiones. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó las omisiones que se le atribuyeron, al indicar que por acuerdo de tres de marzo de dos mil veintitrés, proveyó lo referente al reconocimiento de apoderado jurídico al licenciado Rey Manuel Hernández Alberto, así como la actualización de salarios caídos desde el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno a la fecha y, por ende, despachó ejecución en contra del demandado por la cantidad de $605,122.65 (seiscientos cinco mil ciento veintidós pesos 65/00 M.N.). No obstante, deben tenerse por ciertas las omisiones reclamadas porque si la demanda de amparo se presentó el ocho de febrero de este año, esto es, previo al acuerdo en el párrafo anterior, es claro que al momento de su promoción no había atendido lo solicitado por el aquí quejoso, ni había ordenado despachar la ejecución del laudo, de ahí que, se reitera, se acredite la existencia de las omisiones reclamadas. Lo que se corrobora con la copia certificada que anexó la autoridad responsable al rendir su informe justificado; prueba a la cual se le concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 188, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, al tratarse de actuaciones judiciales. Resulta aplicable la tesis que se reproduce enseguida: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". CUARTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de fondo del asunto, se impone analizar las causales de improcedencia y/o sobreseimiento, sea que las hagan valer las partes o que de oficio las advierta este órgano de control constitucional, por ser una cuestión oficiosa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, que establece que es improcedente el juicio de amparo cuando hubieran cesado los efectos del acto reclamado, lo que acontece en el asunto. El Máximo Tribunal del País ha sostenido que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la responsable lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a la existente antes de su nacimiento. También, cuando la autoridad sin revocarlo o dejarlo insubsistente constituye una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce del derecho violado. En esa óptica, la cesación del acto reclamado significa que la autoridad deja de afectar al quejoso, lo cual debe entenderse como su detención definitiva, la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia de aquél. Por tanto, la razón justificante de la improcedencia de mérito de ninguna manera es su simple paralización, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que no surtió sus consecuencias, ni las surtirá y en modo alguno dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esa forma, tal motivo de improcedencia está orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio, a saber, lograr la reparación constitucional referida en el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho vulnerado, para restablecer las cosas al estado existente antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, de ser negativo, obligar a la responsable a respetar la prerrogativa correspondiente. Así, dicho motivo de inviabilidad se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo que las cosas han vuelto al estado guardado antes de la violación impugnada, como si se hubiera otorgado el amparo y el acto no invadiera la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación ninguna huella dejara. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, lo hasta aquí expuesto, permite establecer que la actualización de la causa de improcedencia en mención requiere la coincidencia de dos presupuestos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, de las constancias que integran los presentes autos, en específico de la demanda de amparo se observa que la parte quejosa señaló como actos reclamados la: La omisión de actualizar los salarios caídos generados a partir del veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno a la fecha. La omisión de dictar auto de ejecución de laudo por la cantidad actualizada. La omisión de reconocer el carácter de apoderado jurídico al licenciado Rey Manuel Hernández Alberto. Así, de las constancias anexadas por la parte quejosa a su demanda de amparo, se advierte que le formuló a la autoridad responsable las siguientes solicitudes. Mediante escrito de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, le solicitó se ordenara el auto de ejecución de laudo hasta por la cantidad de $491,864.40, sin perjuicio de los salarios caídos que se siguieran generando. Por otra parte, en escrito presentado el cinco de agosto de dos mil veintidós, se tuviera como nuevo apoderado de su parte a Rey Manuel Hernández Alberto. Además que fueran actualizados los salarios caídos generados a partir de la emisión del laudo. En atención a lo anterior, como se observa de la constancia allegada por la autoridad responsable previamente valorada, se advierte que dicho Tribunal atendió las solicitudes que la parte actora -aquí quejosa-, le formuló; lo que hizo en los siguientes términos: 1. Tuvo como apoderado jurídico de la parte quejosa a Rey Manuel Hernández Alberto. 2. Actualizó los salarios caídos desde el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, fecha en que fue emitido el laudo hasta la data del citado acuerdo, precisando que entre ambas fechas había transcurrido un total de quinientos veinticinco días que multiplicados por el salario diario que percibía el trabajador actor, que correspondían a $215.73, arrojaba una cantidad de $113,258.25, la que sumada a la cantidad laudada daba un total de $605,122.65. 3. Finalmente, ordenó despachar auto de ejecución por la cantidad de $605,122.65, por lo cual, comisionó al actuario de su adscripción para que se constituyera en legal y debida forma en el domicilio de la parte demandada, y le requiriera del pronto y efectivo pago de la cantidad antes referida, facultándolo para que, en caso de negativa, hiciera uso de la fuerza pública y de los medios de apremio señalados en la supletoria Ley del Trabajo y, en su caso, embargara bienes suficientes de su propiedad para garantizar el monto total de la cantidad laudada. En ese contexto, se advierte que con la emisión del citado proveído cesaron los efectos de las omisiones reclamadas, pues se cumplió el propósito que perseguía el solicitante del amparo al acudir a esta instancia constitucional, esto es, que la autoridad actualizara los salarios caídos, dictara auto de ejecución de laudo por la cantidad actualizada y reconociera como apoderado de su parte a Rey Manuel Hernández Alberto, lo que así aconteció. De modo que al haber cesado los efectos de los actos reclamados que se analiza, se hace innecesario el análisis de su inconstitucionalidad, pues la posible afectación causada al solicitante de amparo ha desaparecido como si se le hubiera concedido el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, no siendo factible que esa actuación judicial reclamada pueda volver a incidir en su esfera jurídica. Ello es así, toda vez que los alcances por los que se podía otorgar la protección constitucional debían delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a que el tres de este mes y año, se subsanaron las omisiones reclamadas, es evidente que la afectación quedó sin efectos, y, por ende, también la lesión alegada a la esfera jurídica del solicitante de amparo. Apoya la anterior consideración, por identidad jurídica, la jurisprudencia número 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, la tesis CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". En ese sentido, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. En ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por tanto, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto las omisiones reclamadas a la autoridad responsable, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley citada. Se destaca que con motivo del sobreseimiento decretado, no procede el estudio de los conceptos de violación, sirve de apoyo la Jurisprudencia siguiente: "Registro digital: 239006 Instancia: Segunda Sala Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 24, Tercera Parte, página 49 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 73 a 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo. R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Enrique Gutiérrez Herrera, por propio derecho, contra los actos precisados en el considerando segundo y por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de febrero de dos mil veintitrés. ESTADO DE LOS AUTOS Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a la fecha no obra constancia de que la totalidad de autoridades responsables con residencia en la Ciudad de México, se encuentren debidamente notificadas de los oficios que contienen el proveído de veintiocho de diciembre pasado, mediante el cual se les requirió su informe respecto al incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia incidental a que refiere el artículo 208 de la Ley de Amparo señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las TRECE HORAS DEL DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. SOLICITA SE REQUIERA AUTORIDADES CUMPLAN PREVENCIÓN Finalmente, visto el escrito signado por el asesor jurídico federal ********************, en cuanto autorizado de la quejosa ********************, mediante el cual solicita se requiera a las autoridades de la Secretaría de Salud en el Estado de Michoacán, para que entreguen a la quejosa de manera inmediata el medicamento faltante y solicita se entreguen a la quejosa de forma inmediata el medicamento faltante y solicita se hagan efectivos los medio de apremio en contra de las responsables por el desacato a los requerimientos formulados por este juzgado, ya que no le han entregado los medicamentos. Respecto a las solicitudes que vierte el autorizado de la parte promovente, se le reitera que dicha omisión es la materia de la incidencia que actualmente se tramita. No obstante, es preciso indicar al promovente que las autoridades responsables se encuentran vinculadas a observar lo determinado en el auto donde se decretó la suspensión de plano; por ende, remítase de inmediato copia del escrito presentado por el autorizado de la quejosa, a efecto de que manifiesten lo que en derecho corresponda, en un plano no mayor de tres días. Bajo apercibimiento que en caso de no dar contestación, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 237 y 259 de la Ley de la materia en vigor. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza. Doy FeMachCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Mirna Rodríguez Calderón CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Mirna Rodríguez Calderón CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

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