Enrique Jacobo Vega
Expediente 1417/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1417/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Enrique Jacobo Vega
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de marzo de dos mil veintitrés. SE RECIBE EJECUTORIA Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, por el cual la autoridad que lo signa remite testimonio autorizado de la ejecutoria emitida en la queja 9/2023 de su índice, así como un legajo de copias certificadas del expediente en que se actúa. SENTIDO DE FALLO Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes, que el tribunal de alzada mediante resolución aprobada en sesión ordinaria virtual de dieciséis de febrero del año en curso, resolvió: ".ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por los quejosos Enrique Jacobo Vega, Luis Germán Castillo Maciel, María Liliana Díaz Ríos, Nicolás Abraham Zamudio Durán, Angélica Torres Mendoza, Juan Jesús Villalón López, María Adriana Lira Góngora, Elba Díaz Ríos, Luis Manuel Lara Díaz, Armando Jacobo Vega, Martha Rendón Mendoza, ambos por conducto de su apoderado, Patricia del Carmen Lomelí Serrano, María Yuliet Mendoza Madrigal, Henry Hernández Villagómez, Alicia Díaz Pérez, Mario Soria Marín, Ernesto Soria Marín, Guillermo Anguiano Enríquez, María Concepción Huerta Zamacona, Luis Alberto Conejo Martínez, Elsy Araceli Chávez Manríquez, Rosa Pérez Patiño, Manuel Eduardo Sánchez Solchaga, Selene Guzmán Chávez, José del Carmen Álvarez Gual, Gabriel Tejeda Cuevas, María Carmen Cortés Jaramillo, Ericka González Cancino, Diego Peña Torres, Nallely Rubí Alfaro, Karina Donato Cabrera, Miriam Salmerón Covarrubias, Giovanni Méndez Alfaro, Martha Elena Rodríguez Cazares, Carlos Enrique Ramírez Torres, Cuauhtémoc Espartaco del Río Palafox, Fernando Arturo González Díaz, Rosa Lizbeth Jiménez Aguilar, Patricio Roberto Mendoza Cantú, María Alegría Carballo, Francisco de Asis del Moral Zambrano, María Argelia Sámano Chávez, José Luis Rodríguez Munguía, Gricelda Vega Huerta, Erick Francisco Garcidueñas Martínez, José de Jesús Aldana Hernández, Elisa Estrada Correa, José Ramón Ojeda Ledezma, Jorge Tejeda Cuevas, Erandi Elizabeth Moreno Guzmán, Teresita de Jesús Ramírez Medel, Carlos Alberto Jiménez Valle, Elías Acuña Luviano, Alberto Arturo Murillo Calderón, Elda Castro Mercado y Ernesto García Pineda. ." ACUSE DE RECIBO Acúsese recibo del oficio 1421, al que se anexó el testimonio autorizado de la ejecutoria de mérito, lo anterior, para los efectos a que haya lugar. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno para los fines estadísticos correspondientes. SE ORDENA ARCHIVO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Erg.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de enero de dos mil veintitrés. ACUSE RECURSO Agréguese a los presentes autos el oficio suscrito por la actuaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 25400, por el que se remitió copia certificada del cuaderno de amparo en que se actúa, el original y copia del escrito de agravios, para la substanciación del recurso interpuesto en autos; asimismo informa que el tres de enero de este año lo admitió a trámite y lo registró bajo el número 9/2023, lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del segundo período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintitrés de diciembre de dos mil veintidós al seis de enero del año dos mil veintitrés, en términos del oficio CCJ/ST/5550/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de diciembre de dos mil veintidós. SE TIENE POR INTERPUESTA QUEJA Agréguese a los presentes autos copia de los escritos mediante los cuales ********************, autorizada en términos amplios de los quejosos, interpone recurso de queja en contra del proveído de veinte de diciembre de dos mil veintidós; en tal virtud, con fundamento en los artículo 80, 97, fracción I, inciso a), 99 y 100 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por interpuesto el recurso y por tanto, ríndase informe sobre la materia de la queja, comunicando al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito en turno, con sede en esta ciudad, que es cierto el acto recurrido, toda vez que en el proveído de referencia, se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente. SE ORDENA RENDIR INFORME Para justificar lo anterior, juntamente con el escrito de agravios y la copia respectiva, remítase copia certificada del presente cuadernillo, lo anterior a efecto de que esté en aptitud de determinar lo que conforme a derecho proceda. Sin que sea el caso de proceder en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo en vigor, esto es, notificar a las demás partes la interposición del recurso de mérito, para que en el plazo de tres días señalen constancias que deberán remitirse al que va a resolver, toda vez que en el presente juicio, el auto recurrido consiste en tener por no presentada la demanda, por lo que no existen partes en el mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del segundo periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintitrés de diciembre de dos mil veintidós al seis de enero del año dos mil veintitrés, en términos del oficio CCJ/ST/5550/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, lo que así realizó. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Antecedentes para el cumplimiento del amparo En sentencia dictada el treinta de diciembre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional concedió la protección constitucional a LORENA RODRÍGUEZ AGUILAR, contra los actos de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán y otras autoridades. Inconforme con dicha resolución las autoridades responsables Dirección de Pensiones Civiles del Estado y Congreso del Estado de Michoacán, interpusieron recurso de revisión. Consecuentemente, por ejecutoria de siete de octubre de dos mil veintiuno, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, desechó el recurso de revisión interpuesto y confirmó la sentencia recurrida amparando a la quejosa. En fecha veintisiete de octubre de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la ejecutoria de amparo dictada por el citado Tribunal Colegiado, y se requirió a las autoridades responsables vinculadas a efecto de que dieran cumplimiento al fallo protector. Mediando informes de las responsables sobre los trámites realizados y requerimientos formulados por este juzgado, por oficios presentados el tres de diciembre, diecisiete de diciembre, ambos de dos mil veintiuno y veinticuatro de enero de dos mil veintidós, el delegado de la responsable Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, remitió las constancias tendente a acreditar el cumplimiento dado al fallo protector. Situación con la que se ordenó dar vista a la parte promovente para que manifestara lo que a sus intereses conviniera, sin que haya hecho uso de ese derecho. Análisis del cumplimiento De los antecedentes expuestos, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado, los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a las responsables y los actos realizados por la misma, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable para su cumplimiento 1. Se desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa, la porción del artículo quinto transitorio que ha sido estimada inconstitucional, de los decretos 542 y 638 que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán. 2. Que la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado, deje insubsistente el acuerdo emitido el diez de junio de dos mil veinte, en la que se aprobó la solicitud de pensión por jubilación de la quejosa, así como sus consecuencias legales. 3. En su lugar, la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado, emita una nueva resolución en la que no se aplique a la quejosa los decretos de ley reclamados, en las porciones que han sido estimadas inconstitucionales, aplicando su texto válido y, por ende, resuelva en conjunto con la Ley anterior, entendiendo que la quejosa tenía un derecho adquirido sobre la forma de calcular su pensión por jubilación. 4. Que la Subdirectora de Jubilados y Pensiones de la Dirección de Pensiones Civiles del estado de Michoacán, deje insubsistente el oficio 473/2020, de diez de junio de dos mil veinte, en el que se comunicó a la quejosa la autorización de su pensión por jubilación y todas sus consecuencias y, una vez emitida la nueva resolución, la comunique como corresponda. La nueva resolución que se emita respecto de la solicitud de pensión de la quejosa en cumplimiento de la presente sentencia, deberá respetar la garantía constitucional de irretroactividad perjudicial de la ley, consagrada en el artículo 14 Constitucional; para lo cual deberá fundarse en la Ley de Pensiones Civiles del Estado vigente hasta antes de la entrada en vigor del Decreto 542 publicado el veinticinco de agosto de dos mil quince, tomando en consideración que al momento en que se realizó el supuesto normativo y produjo sus consecuencias, esto es, que el veinte de agosto de dos mil diecinueve, la quejosa ya había cumplido los años de servicios prestados al Poder Judicial del Estado, para adquirir una jubilación, esto es, durante treinta años, cuatro meses y quince días, en que cotizó a Pensiones Civiles del Estado. Por lo cual si desde antes de la entrada en vigor del decreto 542, así como el 638 del Congreso del Estado de Michoacán, la ahora amparista, ya se encontraba cotizando a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, cualquier ordenamiento publicado con posterioridad, no podrá aplicarse de manera retroactiva en perjuicio de la quejosa, en atención a su derecho humano a la irretroactividad en su perjuicio, contenido en el artículo 14, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos que establece: "Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". En el entendido que, las autoridades que sólo participaron en el proceso legislativo de la ley impugnada no les corresponde realizar ningún acto relativo al cumplimiento de esta sentencia, ya que la misma únicamente vincula a las autoridades responsables de dar respuesta a la solicitud de pensión por jubilación planteada por la aquí quejosa, así como sus consecuencias legales." 1) La Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado, en resolución relativa a la sesión celebrada el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, dejó insubsistente el acuerdo emitido en sesión ordinaria de diez de junio de dos mil veinte; así como el oficio número 473/2020, por el que se le comunicó la autorización de jubilación; y se determinó la cantidad actualizada y mensual, que la quejosa deberá percibir por concepto de jubilación, de conformidad con el artículo 54 de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, vigente hasta el veinticinco de agosto de dos mil quince; asimismo, estableció la cantidad por pago retroactivo que debía recibir la quejosa. 2) Con el oficio número 328/2021, de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dirigido a la quejosa y suscrito por el Subdirector de Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado, con sede en esta ciudad, se le informó que se desincorporó de su esfera jurídica la porción del artículo quinto transitorio que ha sido estimada inconstitucional, de los decretos 542 y 638 que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán; de igual forma, se le notificaron los acuerdos tomados en la sesión de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno; y se le comunicó que el beneficio que recibiría la quejosa, sería a partir de la primera quincena del mes de diciembre de dos mil veintiuno, por el cien por ciento de su sueldo íntegro que percibía al momento en que causó baja como servidora pública; lo que se notificó a la quejosa, según se advierte de la firma de recibido; 3) Con el oficio número ********************, firmado por el Director General de Pensiones Civiles del Estado, se comunicó al titular del Enlace Jurídico de Pensiones Civiles del Estado, la resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y la cantidad actualizada que deberá percibir la quejosa por concepto de jubilación mensual; y, 4) Con la impresión correspondiente al reporte de percepciones de jubilados y pensionados, correspondiente del quince de noviembre al treinta y uno de diciembre, ambos de dos mil veintiuno, se acreditó el incremento en el pago de pensión a favor de la quejosa; y, 5) Con fecha ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se pagó a la quejosa vía transferencia electrónica "SPEI", el monto retroactivo por el ajuste de su pensión jubilatoria. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo Con el anterior análisis comparativo que se hace de los efectos fijados en la sentencia de amparo y la actuación desplegada por la autoridad responsable, se puede concluir que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77 de la Ley de Amparo, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se atienden manifestaciones de la parte quejosa No pasan por alto las manifestaciones que vierte la parte quejosa, a través de su escrito donde se desahogó la vista que se ordenó darle en autos y donde medularmente indica que la responsable no cumple con la sentencia de amparo, ya que no le cubrió la diferencia que resulta de la gratificación de fin de año o aguinaldo que le fue otorgada en el año dos mil veinte, en términos de los artículos 123, apartado A, fracción XXVII, incido h), y 127, fracción I, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5°, fracción XIII y los diversos 84 y 87 de la Ley de Federal del Trabajo. Sin embargo, es necesario señalar que las autoridades responsables, en desahogo al requerimiento que le fue formulado por este órgano jurisdiccional, en torno al pago retroactivo del aguinaldo, establecieron que no resultaba procedente pagar la parte proporcional del aguinaldo correspondiente al dos mil veinte, ya que dicho concepto no se encuentra contemplado en la Ley de Pensiones Civiles para el Estado, así como en el Reglamento para el Otorgamiento de Prestaciones de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado; máxime que el monto económico que percibe la quejosa no puede ser equiparado a un salario, pues dicho monto corresponde al pago de una prestación establecida en el artículo 4, incido e), de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado. Bajo tales premisas, es necesario puntualizar a la quejosa lo siguiente: - La prestación de aguinaldo a que se refieren los artículos 123, apartado A, fracción XXVII, incido h), y 127, fracción I, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5°, fracción XIII y los diversos 84 y 87 de la Ley de Federal del Trabajo, se refiere a una prestación que se otorga a trabajadores en activo; - Luego, una vez que el trabajador pasa de la calidad de activo a la de pensionado o jubilado, deja de estar sujeto a cualquier otra disposición legal o reglamentaria, así como a los beneficios que pudieran regir a los trabajadores en activo de la dependencia para la que venía laborando, para quedar bajo la tutela exclusiva de la ley conforme a la cual obtiene su jubilación, en el caso concreto, bajo la Ley de Pensiones Civiles para el Estado, así como en el Reglamento para el Otorgamiento de Prestaciones de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado. - Por ende, si dichos ordenamientos no prevén un pago de aguinaldo en los términos que lo pretende la quejosa, no es factible que vía cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se le obligue a pagar a la responsables un monto que no se encuentra previsto en las leyes que establecen el régimen jubilatorio al que se encuentra sujeta la quejosa; máxime que, la falta de pago de aguinaldo, no fue considerado como un acto en la Litis constitucional planteada por la quejosa, ni la concesión otorgada estableció que se tuviera que pagar ese monto a la impetrante. Consecuentemente, de proceder en los términos que pretende la quejosa, se pudiera generar una ventaja procesal sobre los efectos para los cuales se otorgó el amparo, lo cual no es procedente, ya que en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, la ejecutoria debe ser cumplida, sin excesos ni defectos. Se ordena notificar únicamente a las autoridades responsables vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria Teniendo en consideración que en la sentencia de amparo pronunciada en el presente juicio de amparo, únicamente se encontraban vinculadas a su cumplimiento la Junta Directiva, Director de Prestaciones y Subdirectora de Jubilados y Pensionados, todos de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, se estima innecesario girar oficio a las restantes autoridades donde se les notifique el presente proveído, pues no existe actuación pendiente por desahogar en relación con las mismas y por ende, sólo procede notificar a las citadas autoridades que fueron las encargadas de cumplir con el fallo protector; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.
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