Encarnación Antonio Francisco

Expediente 911/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
911/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
09/09/2021

Partes del expediente

  • Encarnación Antonio Francisco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia firmada el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia en cuyo primer resolutivo negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo agregar a los cuadernos del incidente de suspensión, copia autorizada del presente proveído. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, al ser un juicio de amparo negado y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión definitiva solicitada, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 911/2021-VI-A, promovido por ENCARNACIÓN ANTONIO FRANCISCO, en contra del acto que reclama del Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el veintiocho siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció ENCARNACIÓN ANTONIO FRANCISCO, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que atribuye al Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Mediante proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se registró la demanda de que se trata con el número 911/2021-VI-A, y se admitió a trámite la misma; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada ; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se celebró al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos General 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa, fundamentalmente, en: La resolución de catorce de mayo de dos mil veintiuno, dictada en la audiencia preliminar celebrada en autos del juicio especial de divorcio sin causales 513/2020, en la que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto y confirmó la diversa determinación en la que fijó una medida provisional de alimentos a favor de Margarita Chan Puc. TERCERO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Tercero de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado; por lo que así debe tenerse para los efectos del presente juicio. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, Sección Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. Previo al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causales de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de la materia en vigor. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de Nuestro Máximo Tribunal , del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, el Juez Tercero de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, señala que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, pues refiere que la determinación en la que se fijó la pensión alimenticia provisional a cargo del aquí quejoso, fue sustituida procesalmente por la diversa con la que se resolvió el recurso de revocación interpuesto en su contra por el propio impetrante del amparo, en la audiencia preliminar de catorce de mayo del año en curso. Resulta infundada la causal de improcedencia en comento, pues del análisis integral de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio constitucional, se advierte que el quejoso se duele precisamente de la determinación en la que se declaró improcedente el medio de impugnación que interpuso en contra de la pensión alimenticia provisional fijada. Esto es, el acto que por esta vía reclama no lo es el acuerdo en el que se fijó la pensión alimenticia provisional, si no la resolución que recayó al recurso de revocación que interpuso en contra de la fijación de dicha pensión. De ahí que, se reitera, deviene infundada la causal de improcedencia hecha valer por la citada autoridad responsable. QUINTO. Inexistencia de diversa causa de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción, además de que ello no le causa perjuicio a la peticionaria de amparo, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Resultan infundados los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa, razón por la cual habrá de negarse el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Previamente, es importante destacar que de las constancias remitidas por la autoridad responsable al rendir su informe justificado, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2º; se desprende, en lo que interesa, lo siguiente: 1.- Acuerdo de quince de diciembre de dos mil veinte, dictado por el Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, admitió a trámite el procedimiento especial de divorcio sin causales instaurado por Encarnación Antonio Francisco, en contra de Margarita Chan Puc, el cual se registró bajo el número 513/2020; asimismo, se ordenó emplazar a la misma. 2.- Proveído de tres de marzo de dos mil veintiuno, en el que, entre otras cosas, se tuvo por presentada a Margarita Chan Puc, contestando la propuesta de convenio de su contraparte y se ordenó dar vista a la actora. 3.- Audiencia preliminar de catorce de mayo de dos mil veintiuno, en la que se declaró disuelto el vínculo matrimonial entre Encarnación Antonio Francisco y Margarita Chan Puc; asimismo, en la propia audiencia a solicitud de la demandada, se fijó como medida provisional de alimentos el diez por ciento de las percepciones que como pensionado del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas percibe el aquí impetrante del amparo. Inconforme con la anterior determinación, en la propia audiencia, el actor, aquí quejoso, interpuso recurso de revocación en contra de la pensión fijada, medio de impugnación que se admitió a trámite y se declaró improcedente. Resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional. Con la finalidad de controvertir la determinación reclamada, aduce la parte quejosa que la misma carece de fundamentación y motivación, toda vez que la autoridad responsable en modo alguno razonó la fijación de alimentos provisionales en su contra, pues únicamente señaló que al haber manifestado la ahora tercero interesada que durante el matrimonio se dedicó al hogar, se tenía por acreditado que existe necesidad de recibir los alimentos de su parte. Continúa señalando que el Juez responsable no tomó en consideración lo estipulado en el artículo 35 del Código de Familia, en el que se establece que los alimentos deben ser proporcionados de acuerdo a la posibilidad económica del que debe otorgarlos, y a la necesidad económica de quien debe recibirlos; sin embargo, refiere, en forma alguna se acreditó el segundo de los supuestos citados, pues la ahora tercero interesada confesó que desde el ocho de enero de dos mil doce, no habita con el aquí quejoso, lo que evidencia que no tiene necesidad de recibir alimentos. Finalmente, señala que la carga probatoria a fin de acreditar la necesidad de recibir alimentos es de la tercero interesada y no del quejoso, quien únicamente está obligado a probar su acción; por lo que el Juez responsable nunca debió dictar medidas provisionales de alimentos, al no satisfacerse los requisitos necesarios para su procedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, del análisis del audio y video de la audiencia preliminar de catorce de mayo de dos mil veintiuno, se advierte en lo que interesa lo siguiente: Una vez terminada la etapa de preparación de pruebas de las partes, el Juez responsable declaró disuelto el vínculo matrimonial entre el aquí quejoso y la tercero interesada (12:03 del registro de la audiencia). Seguidamente, la defensa solicitó alimentos provisionales a favor de la demandada (12:49). En atención a lo anterior, el Juez responsable consideró que toda vez que no se habían fijado alimentos, y en atención a que la parte aquí tercero interesada manifestó ser ama de casa, sin que la parte actora, aquí quejosa, hubiere aportado prueba alguna en contrario, siendo que la carga probatoria le correspondía, aunado a que la demandada goza de la presunción de necesitarlos; en ese sentido, impuso como pensión alimenticia provisional la cantidad equivalente al 10% de las percepciones que el aquí quejoso tiene como pensionado del Instituto de seguridad Social de las Fuerzas Armadas (16:36). El demandado, en contra de lo anterior, interpuso recurso de revocación, alegando esencialmente que no quedó acreditada la necesidad de recibir de alimentos de la demandada (18:17) El juez responsable admitió el recurso y señaló que de conformidad con la fracción II del artículo 196 del Código de Familia, se encuentra facultado para dictar medidas provisionales; asimismo, que el numeral 27 del referido cuerpo de leyes, establece la obligación de los cónyuges de proporcionarse alimentos, lo cual no se limita al momento del dictado de la sentencia. Asimismo, declaró infundado el motivo de inconformidad hecho valer por el abogado de la parte actora, aquí quejosa, en el sentido de que la demandada, aquí tercero interesada, no reclamó alimentos en el momento de la separación, esto es, en el año dos mil doce, por lo que se presume que no tiene necesidad de recibirlos; ello, pues señaló el Juez responsable, que la solicitud de alimentos es imprescriptible. Reiteró que al haber señalado la parte demandada, bajo protesta de decir verdad, que se dedicó preponderantemente a las labores del hogar, la carga probatoria a fin de acreditar que ello no es así, le correspondía a la parte actora, aquí quejosa, lo que no hizo, así como tampoco acreditó que durante el tiempo que estuvieron separados, ésta contaba con un trabajo que le proporcionara ingresos. Establecido lo anterior, conviene tener presente que el matrimonio como institución jurídica genera igualdad de derechos, deberes y obligaciones, entre ellos, el de alimentos entre los cónyuges, obligación que subsiste mientras persista la unión e incluso con posterioridad cuando así lo establezca la ley. Por otro lado, tampoco puede soslayarse que en México ha sido costumbre que la mayoría de las mujeres casadas se dediquen preponderantemente a los quehaceres propios del hogar, así como a cuidar y educar a los hijos, razón por la cual no han estado en posibilidad de desarrollarse profesional y laboralmente, o que en su caso, ese desarrollo se encuentra limitado en comparación con el marido. Esto ha obedecido a la forma en que tradicionalmente se han distribuido las cargas del matrimonio de contribuir al sostenimiento del hogar, a la educación y cuidado de los hijos, actividad esta última que generalmente ha estado a cargo del vínculo materno, lo que marca una notable diferencia del uso del tiempo dedicado al trabajo doméstico y cuidado de personas en el hogar entre mujeres y hombres, como resultado en parte, de la división genérica del trabajo y de la permanencia de roles de género, que han asignado a las mujeres la responsabilidad del cuidado del hogar y de los hijos, lo cual, por otro lado, ha limitado sus oportunidades de acceso al trabajo remunerado y a la obtención de ingresos. Al respecto, del análisis de la determinación combatida se advierte que la autoridad responsable expresamente señaló que para emitirla se basó en lo expuesto en la demanda y en la contestación de la misma; además, precisó que por tratarse de una medida provisional, el actor tenía la facultad de demostrar durante el periodo probatorio que su ex cónyuge, no se dedicó exclusivamente a las labores del hogar, o que en su caso, laboraba. Lo que así se advierte, si se toma en consideración que al contestar la demanda, la aquí tercero interesada refirió entre otras cosas, que durante el matrimonio se dedicó a las tareas propias del hogar y cuidado de sus hijos y familia, que no cuenta con medios suficientes para subsistir por sí misma, pues han sido sus hijos quienes se han encargado de apoyarla económicamente, y por ello, solicitó se le fijara una pensión alimenticia. Aunado a lo anterior, cabe señalar el contenido de los numerales 172, 195 y 196, todos del Código de Familia del Estado de Yucatán, que establecen lo siguiente: MEDIDAS PROVISIONALES EN CASO DE DIVORCIO. "Artículo 172. El juez, al recibir una solicitud de divorcio, tiene la facultad de decretar las medidas provisionales necesarias a fin de proteger a la familia y el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, así como para proteger a las personas incapaces". MEDIDAS PROVISIONALES EN LOS DIVORCIOS SIN CAUSALES. "Artículo 195. Desde que se presenta la solicitud de divorcio y solo mientras dure el procedimiento, se deben dictar las medidas provisionales pertinentes. Asimismo en los casos en que el divorcio no se concluya mediante convenio presentado, las medidas provisionales dictadas subsistirán hasta en tanto se dicte sentencia interlocutoria del incidente que resuelva la situación jurídica de los hijos o hijas o bienes según corresponda". REGLAS PARA DECRETAR MEDIDAS PROVISIONALES. "Artículo 196. El juez siempre que reciba la solicitud de divorcio sin causales, acompañado del proyecto de convenio respectivo debe, de oficio, establecer las medidas provisionales siguientes: [...] II. Señalar y asegurar las cantidades que a título de alimentos debe dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos o hijas que corresponda [...]." Los preceptos legales transcritos, permiten inferir la obligación del Juez natural de emitir las medidas provisionales a efecto de proteger durante la tramitación de los juicios de divorcio, el interés superior de los menores, en el caso de que los hubiere, o bien, de las personas vulnerables. Dicha medida tiene una naturaleza cautelar, pues surge de la necesidad y urgencia de garantizar, durante la tramitación del juicio, la subsistencia del que lo requiera, dotándolo de los satisfactores impostergables que, día con día, requiere para cubrir sus necesidades, resultando dicha medida inaplazable. En ese sentido, para fijar alimentos provisionales acorde a la realidad del acreedor y del deudor alimentario se deben considerar los elementos objetivos que se desprendan de los medios probatorios que el juzgador tenga a su alcance y que creen convicción en cuanto al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades del deudor para cumplirla, debiendo observarse los principios de proporcionalidad, equidad y justicia. En el caso, al contestar la demanda, Margarita Chan Puc, solicitó el pago de alimentos bajo el argumento de que se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar y al cuidado y educación de sus hijos; lo que, se reitera, atendiendo a los razonamientos vertidos en el cuerpo de la presente sentencia, se presume cierto. Sin embargo, de considerarse que dicha circunstancia no se dio en el caso particular, correspondería al hoy quejoso demostrar que la cónyuge no desempeñó durante el matrimonio tales actividades domésticas y de cuidado, así como que está en condiciones de satisfacer sus necesidades alimentarias para la procedencia de su pretensión relativa a la cancelación o pérdida del derecho a percibir alimentos de su consorte. Luego, es por todo lo anteriormente expuesto, que la determinación del Juez familiar de declarar infundados los agravios hechos valer en contra del acuerdo que fijó una pensión alimenticia a favor de la demandada y a cargo del actor, resultó apegada a derecho, al haberse pronunciado considerando los hechos que se desprendían del expediente, las particularidades del caso y valorando los elementos de prueba existentes hasta ese momento en el procedimiento, de los que advirtió el estado de necesidad alegado por la demandada y que, por ello, le correspondía la carga de la prueba al deudor alimentario. Por tanto, resulta válido considerar que existe presunción humana de que en nuestro país la mayoría de las mujeres se dedica preponderantemente al trabajo del hogar o al cuidado y educación de los hijos y esa es la razón por la que la propia ley dispone que el cónyuge que se haya dedicado a esa actividad goza de la presunción de necesitar alimentos y faculta al juzgador, en los casos de divorcio, a dictar las medidas provisionales pertinentes, entre ellas, de señalar y asegurar las cantidades que a título de alimentos debe dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor. Sin que pase inadvertido, como correctamente expuso la autoridad judicial, que la medida provisional impuesta subsistirá hasta en tanto se emita la definitiva, en la cual se tomarán en cuenta los nuevos elementos de prueba que aporten las partes. Encuentra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página seiscientos diecinueve, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, número de registro 2003217, de rubro y texto: "ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES. LA MUJER QUE DEMANDA SU PAGO CON EL ARGUMENTO DE QUE SE DEDICÓ PREPONDERANTEMENTE AL TRABAJO DEL HOGAR O AL CUIDADO Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS, TIENE A SU FAVOR LA PRESUNCIÓN DE NECESITARLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El simple hecho de que en un juicio de alimentos, la actora acredite tener el carácter de cónyuge del demandado, es insuficiente para presumir que tiene necesidad de ellos. Lo anterior es así, porque el Código Civil para el Estado de Veracruz no establece presunción legal alguna en ese sentido, y aun cuando su artículo 233 disponga que los cónyuges deban darse alimentos, este deber constituye una obligación de carácter general que no hace distinción por razón de género, en tanto no prevé que uno de ellos en particular esté obligado a proporcionarlos; por el contrario, dicha obligación, en términos del numeral 232 de ese código, es recíproca. Además, como el referido artículo 233 no establece cómo o en qué medida los cónyuges deben proporcionarse alimentos, se entiende que están obligados a otorgarlos conforme a la regla general de proporcionalidad prevista en el artículo 242 del propio ordenamiento, es decir, en atención a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos, situación que se corrobora con el artículo 100 del referido código, acorde con el cual los cónyuges deben contribuir a su alimentación según sus posibilidades y distribuir la carga de esa contribución en la forma y proporción que acuerden. Ahora bien, aun cuando dicha necesidad no pueda presumirse por el simple hecho de que la actora demuestre que es cónyuge del demandado, cuando ésta demanda el pago de alimentos con el argumento de que tiene necesidad de ellos porque se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar o al cuidado y educación de los hijos, ya que en su matrimonio así se distribuyó la contribución de referencia, se presume que tal argumentación es cierta, pues es un hecho innegable que en México, por la permanencia de los roles de género, la mayoría de las mujeres casadas se dedican preponderantemente a los quehaceres propios del hogar, así como al cuidado y educación de los hijos, lo cual les limita sus oportunidades de desarrollarse profesional o laboralmente, con lo que reducen notablemente la obtención de ingresos en comparación con los del marido; de ahí que si se toma en cuenta que esa necesidad tiene como antecedente la presunción de referencia y que se sustenta en hechos negativos atento a la distribución de las cargas probatorias, debe concluirse que es al demandado a quien le corresponde demostrar lo contrario, es decir, que la actora está en condiciones de satisfacer sus necesidades alimentarias". Así como la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, localizable en la página dos mil seiscientos noventa y siete, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2016939, que señala: "PENSIÓN COMPENSATORIA. LA MUJER QUE DEMANDA SU PAGO CON EL ARGUMENTO DE QUE SE DEDICÓ PREPONDERANTEMENTE AL TRABAJO DEL HOGAR O AL CUIDADO Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, REVIERTE LA CARGA DE LA PRUEBA AL DEUDOR ALIMENTARIO. El reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación, y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género. En ese sentido, la mujer que se dedicó a las labores domésticas y a la crianza de los hijos durante la relación matrimonial, debe ser objeto de una protección reforzada por parte del Estado, pues la ruptura de la convivencia conyugal impide su acceso a un nivel de vida adecuado, cuando no pudo hacerse de una independencia económica por asumir el cuidado del hogar. Ahora bien, cuando la mujer demandó el pago de alimentos bajo el argumento de que se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar y al cuidado y educación de sus hijos, se presume que esa argumentación es cierta, ya que en México por la permanencia de roles de género, la mayoría de las mujeres se dedican principalmente a los quehaceres propios del hogar, así como al cuidado y educación de los hijos. De manera que si el cónyuge reconvino el divorcio y, en consecuencia, la pérdida o cancelación del derecho a recibir alimentos, corresponde a éste demostrar que su cónyuge no desempeñó durante el matrimonio dichas actividades domésticas y de cuidado, así como que está en condiciones de satisfacer sus necesidades alimentarias, para la procedencia de su pretensión relativa a la cancelación o pérdida del derecho a percibir alimentos de su consorte. Lo anterior es así, pues aplicar la herramienta de perspectiva de género implica revertir la carga de la prueba al deudor, a fin de que desvirtúe lo aseverado por la actora, cuando su necesidad alimentaria se sustente en hechos negativos; de ahí que esta determinación coloca a las partes en la misma posición para acreditar la procedencia de una pensión compensatoria, ya que corresponde al demandado acreditar que ésta no prospera, dada la desigualdad estructural que sufre la mujer ama de casa al momento del divorcio" Lo anterior, aunado a que, una vez decretado el divorcio, como aconteció en la especie, el Juzgador debía decidir el pago de alimentos a favor del cónyuge que durante el matrimonio se haya dedicado exclusivamente a las labores del hogar o el cuidado de los hijos, según establece el numeral 200 del Código de Familia del Estado de Yucatán . Bajo esa tesitura, al haber resultado infundados los conceptos de violación hechos valer por el inconforme; lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. SÉPTIMO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. NOVENO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ENCARNACIÓN ANTONIO FRANCISCO, en contra del acto reclamado al Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de julio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a estos autos el escrito de cuenta, signado por la tercera interesada ****, y en atención a su contenido, SE ACUERDA: Téngase como domicilio de la tercera interesada para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal fin en su escrito de cuenta, y como sus autorizados, a las personas que menciona en el mismo, en los términos que precisa. Asimismo, como lo solicita la referida tercera y de acuerdo con lo previsto por la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. De igual forma, en términos de lo dispuesto en el artículo 5, fracción I1 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por los similares 25/2020 y 37/2020, en relación al periodo de vigencia, se tiene por señalado como su correo electrónico el que menciona en su ocurso de cuenta, con la finalidad de establecer comunicaciones no procesales, de resultar necesario por esa vía. 1 Artículo 5. Herramientas para la atención a personas justiciables. Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, los órganos jurisdiccionales procurarán encauzar los procedimientos a su cargo de modo tal que: I. Tratándose de comunicaciones no procesales, se pueda brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos. En ese sentido, no ha lugar a acceder a la petición relativa a que se le practiquen las notificaciones relativas al presente juicio constitucional a la dirección de correo electrónico que señala; ello, pues como ya se dijo, la finalidad de tener por señalada dicha cuenta es únicamente para establecer comunicaciones no procesales, de resultar necesario por esa vía. Sin que sea el caso realizar mayor pronunciamiento en cuanto a las manifestaciones que realiza a manera de alegatos, toda vez que el nueve de julio actual, a las diez horas con treinta y seis minutos, se celebró la audiencia constitucional en el presente asunto. Finalmente, en el momento procesal oportuno, agréguese este cuaderno de antecedentes al expediente principal, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, agréguese el alegato ministerial 454/2021, de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal; reservándose para ser tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Como solicita la representante social, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, expídasele copia certificada de la sentencia que habrá de dictarse en el presente asunto, previo recibo que se otorgue en autos. Por otra parte, glósese a los mismos, para los efectos legales correspondientes, el informe justificado rendido por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, en funciones de Juez por ausencia accidental del Titular, así como los anexos que acompaña, el primero de ellos consistente en la copia certificada de las constancias relativas al expediente 513/2020 de su índice. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las demás partes, y relaciónense en la audiencia constitucional. Ahora bien, por lo que respecta al segundo anexo remitido por la responsable, consistente en una copia autorizada en audio y video (DVD) de la audiencia celebrada en dicho procedimiento, déjese al cuidado y buen resguardo de la Secretaría de este Juzgado, pero formando parte a la vez de estos autos, a fin de que las partes puedan imponerse de su contenido en caso de que así lo desee. Notifíquese y cúmplase.

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