Emmy Guadalupe Ramírez Lara

Expediente 398/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
398/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
17/05/2019

Partes del expediente

  • Emmy Guadalupe Ramírez Lara
  • Emmy Guadalupe Ramírez Lara y Otros.
  • Marcos Braulio Chi Ucán

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo de veintitrés de abril de dos mil diecinueve, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que el referido proveído, en el cual se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESAA POR MEDIO DE LISTA DE CONFORMIDAD CON LOS ARITUCLOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO Mérida, Yucatán, veintitrés de abril de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su Auxiliar en funciones de Presidente, del que se advierte que el diecinueve de mayo de dos mil catorce, se dictó el laudo en el juicio laboral + +, mismo que se elevó a la categoría de laudo el seis de junio siguiente, el cual fue notificado a la parte actora, aquí quejosa el nueve de abril de dos mil diecinueve, para lo cual remite las constancias conducentes documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad responsable que hoy se agregan a los autos, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, la parte quejosa reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, la omisión de dictar el laudo en autos del juicio laboral 7 + + + de su índice. Sin embargo, de las constancias que anexó la Auxiliar en funciones de Presidente de la Junta responsable a su informe justificado se advierte que con fecha diecinueve de mayo de dos mil catorce, se dictó el laudo en el aludido juicio laboral, mismo que se elevó a la categoría de laudo el seis de junio siguiente y se hizo del conocimiento de la parte actora, aquí quejosa, el nueve de abril del presente año, según la constancia de notificación respectiva. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que el laudo cuya omisión aquí se reclama, se haya dictado antes de la presentación de la demanda de amparo, ya que fue notificado a la parte actora, aquí quejosa, hasta el nueve de abril último, siendo que la autoridad responsable también acompañó a su informe la constancia de notificación practicada a la aquí quejosa. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues si éste se hizo consistir, precisamente, en que la autoridad del conocimiento había omitido dictar el laudo correspondiente en el expediente laboral antes señalado; ello actualiza la causal de improcedencia en comento. Se sostiene lo expuesto, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido al impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto, que era para que la autoridad señalada como responsable dictara el laudo correspondiente en el juicio laboral de origen, lo cual ya aconteció y se le notificó a la parte quejosa el nueve de abril en curso, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma al peticionario en el pleno goce de los derechos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa algún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia del juicio de amparo se ha actualizado, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta minutos del veintinueve de abril de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, a cinco de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos el escrito de cuenta del tercero interesado José del Carmen Carrillo Jiménez, y en atención a su contenido, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal efecto, y como sus autorizados a *********y ********. Lo anterior con las limitaciones a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, en su segundo párrafo, parte final, mientras no acrediten ante este Juzgado encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de abogado, debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se les otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan estos autos, de los que se advierte que, después de haberse denunciado la inejecución de la sentencia ejecutoria el diez de agosto de dos mil dieciocho, con la finalidad de cumplir con dicho fallo protector, obran en autos las siguientes providencias: 1. El diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, se recibió el oficio del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que comunicó que se admitió a trámite el incidente de inejecución de sentencia decretado en el presente asunto por auto de diez de agosto del mismo año. 2. El veintidós de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el oficio 400-70-00-01-01-2018-6696, signado por la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Yucatán "1", en el que, en lo que interesa, informó con relación a la multa impuesta al Cabildo del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, por acuerdo de dos de agosto del propio año, comunicando que requirió le fueran proporcionados diversos datos para hacer efectiva dicha multa; por tal motivo, se le requirió al Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Yucatán "1", con sede en esta ciudad, para que proporcionara los datos requerdidos de las personas que conforman el Cabildo del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo que para tal fin se le confiere, se le impondría la multa que ahí se precisó. Asimismo, en acuerdo de la misma fecha, se tuvo por recibido el oficio TTSEM/MP/SRIA.-1002/2018, del Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad, en el que en relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoriada, informó que otorgó cinco días al Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, para que informaran la respuesta dada por parte del Congreso del Estado de Yucatán, de lo que se advertía que la sentencia aún se encontraba en vías de ejecución. 2. El veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, se ordenó girar atento oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Yucatán "1", con sede en esta ciudad, a fin de que se sirviera hacer efectiva la multa impuesta a cada uno de los miembros que conforman el Cabildo del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, por acuerdo de dos de agosto último, remitiéndole las constancias conducentes. 3. El trece de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió un oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, residente en esta ciudad, en el que realizó diversas manifestaciones con relación al acatamiento de la sentencia ejecutoria emitida en este juicio y del que se advirtió que la misma se encontraba en vías de cumplimiento. 4. El veinte de septiembre de dos mil dieciocho, toda vez que era del conocimiento público que con fecha uno de septiembre del propio año, aconteció el cambio de Administración de los Ayuntamientos Municipales del Estado de Yucatán, se requirió a los actuales funcionarios Presidente Municipal, Síndico de Hacienda y Tesorero, todos del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, electos para el periodo dos mil dieciocho a dos mil veintiuno, como autoridades ya vinculadas al cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en este asunto. De igual forma, se les solicitó realizar los ajustes, modificaciones, ampliaciones, reestructuraciones adecuaciones necesarias con cargo al presupuesto de egresos de los ejercicios fiscales correspondientes, instrumentar todos los mecanismos de transferencia o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, para realizar el pago requerido por el tribunal responsable laboral, requiriéndoles para que dentro del término de diez días hábiles siguientes al de su notificación de este acuerdo, cumplieran sin demora con la sentencia ejecutoria pronunciada, o bien, informaran las gestiones que hubieren realizado con dicha finalidad, y en su caso, remitieran las constancias certificadas que así lo acreditaran. 5. El veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, se tuvieron por recibidos los oficios remitidos por la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Yucatán "1", con sede en esta ciudad, dirigidos a sus homólogos residentes en Saltillo, Coahuila; Aguascalientes, Aguascalientes; y, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, con los que hizo de su conocimiento que los domicilios de las personas sancionadas en el presente juicio constitucional Rafael Germán Quintal Medina, Alma de la Cruz Chuc May y Ramón Antonio Cisneros López, se ubican dentro su circunscripción territorial, respectivamente, por lo que remitió a cada uno de ellos, el oficio relativo, a fin de que hiciera efectivo el monto de la multa impuesta. 6. El dos de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el oficio que remitieron el Presidente Municipal, Síndico Municipal y Tesorero Municipal, todos del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, en cumplimiento al requerimiento que se les hizo en auto de veinte de septiembre de ese mismo año, al que acompañó con copia certificada del acta de cabildo celebrada el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, en la cual se aprobó y autorizó: el proyecto de modificación de iniciativa de ley de ingresos, y el proyecto de modificación de presupuestos de egresos de ese mismo año, creando y anexando la partida presupuestal denominada pago de laudos por la cantidad contenida en los expedientes 635/2015-III-B y 680/2012-II-A del índice de este órgano jurisdiccional; y remitir al Congreso del Estado los citados proyectos conforme lo establece la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán para su aprobación. Por lo cual, como medida tendiente a coadyuvar al Tribunal responsable en la continuidad y celeridad del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se requirió al Congreso del Estado, para que informara y acreditara a este órgano jurisdiccional, con las constancias relativas, lo acordado respecto a los proyectos remitidos por las autoridades municipales citadas, y se le apercibió. 7. El cuatro de octubre de dos mil dieciocho, se recibió el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, residente en esta ciudad, en el que informó que mediante proveído de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en autos del juicio laboral de origen, requirió al Cabildo del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, para que en el término de diez días legalmente computados, acreditara la respuesta otorgada por el Congreso del Estado respecto a la solicitud de aprobación del proyecto de modificación del presupuesto de egresos dos mil dieciocho, o en su caso, las medidas que había implementado a fin de conseguir la misma, lo que se le notificó el veintisiete de septiembre siguiente. De igual forma, se requirió al Tribunal responsable para que una vez que feneciera el plazo concedido al Cabildo del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán (diez días hábiles), comunicara a este Juzgado con las constancias respectivas, lo que al caso hubiere acordado, y se le apercibió 8. El nueve de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el oficio remitido por el Director Jurídico del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de dos de octubre del mismo año, informó este órgano jurisdiccional que no había recibido misiva alguna relacionada con el proyecto de modificación del presupuesto de egresos de dos mil dieciocho, del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán. Por lo que se le requirió al Congreso del Estado para que una vez que recibiera el proyecto de mérito, comunicara de inmediato a este Juzgado con las constancias respectivas, lo que al caso hubiere acordado. 9. El dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, se recibió el oficio signado por el Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad, que remitió en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de cuatro de octubre del propio año, en el que informó que la sentencia ejecutoriada se encontraba en vías de cumplimiento. 10. El doce de noviembre de dos mil dieciocho, se tuvieron por recibidos los oficios y el anexo remitidos por el Director Jurídico del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, mediante los cuales, en cumplimiento al requerimiento efectuado, informó que el diez de octubre último, el Congreso del Estado recibió la copia certificada de la sesión de cabildo de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, por la que el Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, solicitó a ese órgano legislativo la aprobación de los proyectos de modificación a la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho. Asimismo, informó que mediante oficio LXII-CEY-032/2018, ese Congreso, notificó al Ayuntamiento referido la respuesta a la solicitud de mérito, en la cual se indicó que no se encontraba dentro de las facultades de ese órgano, aprobar los proyectos de modificación de su Ley de Ingresos y de su Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente. Razón por la que se requirió a los actuales funcionarios Presidente Municipal, Síndico de Hacienda y Tesorero, todos del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, electos para el periodo dos mil dieciocho a dos mil veintiuno, como autoridades ya vinculadas al cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en este asunto, para que dentro del término de diez días hábiles, cumplieran sin demora con la sentencia ejecutoria pronunciada, o bien, informaran las gestiones que hubieran realizado con dicha finalidad, y en su caso, remitieran las constancias certificadas que así lo acreditaran, y se les apercibió. 11. El cinco de diciembre de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el oficio 400-09-00-01-01-2018-8035 signado por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Aguascalientes "1", mediante el cual en cumplimiento a lo proveído en veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, respecto de la multa impuesta a Alma de la Cruz Chuc May, informó que el cobro de dicho crédito había quedado registrado en el sistema institucional de control de dicha dependencia. 12. El ocho de febrero de dos mil diecinueve, toda vez que de constancias se advertía que las autoridades vinculadas al cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio, no cumplieron el requerimiento que se les hizo en el auto de doce de noviembre de dos mil dieciocho, a pesar de haber sido debidamente notificados; se hizo efectivo el apercibimiento decretado y se les impuso al Presidente Municipal, Síndico de Hacienda y Tesorero, todos del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, una multa equivalente al valor de cien Unidades de Medida y Actualización. Asimismo, se requirió al Vocal del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral y Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Yucatán "1", ambos con sede en esta ciudad, para que proporcionara el domicilio actual y correcto, fecha de nacimiento y Registro Federal de Contribuyentes con homoclave de JOSE ALBERTO PADRÓN ROMERO, NANCY ARACELLY BALAM MONSREAL y MARTIN ROGER ALFONSO OSALDE FRANCO, quienes fungen respectivamente como Presidente Municipal, Síndico y Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán; y se les apercibió. Independientemente de lo anterior, se requirió nuevamente al Presidente Municipal, Síndico y Tesorero del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, para que dentro del término de diez días hábiles, cumplieran sin demora con la sentencia ejecutoria pronunciada, debiendo realizar los ajustes, modificaciones, ampliaciones, reestructuraciones adecuaciones necesarias con cargo al presupuesto de egresos de los ejercicios fiscales correspondientes, instrumentar todos los mecanismos de transferencia o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, para realizar el pago requerido por el tribunal laboral responsable, en una sola exhibición, salvo convenio con la parte actora; informando las gestiones que hubieren realizado con dicha finalidad, y en su caso, remitieran las constancias certificadas que así lo acrediten. Apercibidos que de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, se remitiría el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que podía culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, se requirió de igual forma al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, su Magistrado Presidente y actuario adscrito, para que dentro del término de tres días hábiles cumplieran sin demora con la ejecutoria, para lo cual debieron adjuntar las constancias que así lo acrediten, o bien, informar a este juzgado las gestiones que hubieren realizado para dar debido cumplimiento a la misma, y se les apercibió. 13. El catorce de febrero de dos mil diecinueve, se agregaron los oficios, signados por el Vocal del Registro Federal de Electores, del Instituto Nacional Electoral y del Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Yucatán "1", ambos con sede en esta ciudad, que remitieron en cumplimiento al requerimiento que se les hizo mediante proveído de ocho de febrero del año en curso; por lo cual, se giró atento oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Yucatán "1", con sede en esta ciudad, a fin de que se sirviera hacer efectivas las multas impuestas al Presidente Municipal, Síndico y Tesorero Municipal, todos del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán. 14. El quince de febrero de dos mil diecinueve, se tuvieron por recibidos los oficios signados por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios y actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad, que remitieron con relación al requerimiento efectuado en auto de ocho del presente mes, de los que se advirtió que se encontraba en vías de ejecución la sentencia ejecutoriada dictada en autos. 15. El ocho de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el oficio remitido por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Coahuila de Zaragoza "1", con sede en Coahuila de Zaragoza, con el que anexó la diversa misiva 400-16-00-01-01-2019, e informó que en cumplimiento a lo solicitado en auto de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, en relación con el cobro de la multa equivalente a $8,060.00 impuesta al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, Ramón Antonio Cisneros López; quedó registrada dicha sanción en los controles de la mencionada autoridad. Como puede advertirse de la relatoría que antecede, hasta este momento las autoridades vinculadas al cumplimiento Presidente Municipal, Síndico de Hacienda, y Tesorero del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, permanecen en su actitud contumaz y evasiva de cumplir con la sentencia ejecutoria dictada en este asunto, pues nada han informado al respecto a este juzgado que permita apreciar si hay un principio de ejecución. Por tanto, comuníquese lo anterior al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS DE TRABAJO Y ADMINISTRATIVA DEL DECIMOCUARTO CIRCUITO, para los efectos legales respectivos en la inejecución de sentencia 21/2018 de su índice. Ahora bien, toda vez que es un hecho conocido por el suscrito que en los autos del toca 14/2018, relativo al juicio de amparo indirecto número 742/2016-V-B, del índice de este Juzgado Segundo de Distrito, promovido por ROSA MARÍA UICAB MAAS, por conducto de su apoderado DIEGO ADÁN CHAN VIANA, se dictó una sentencia ejecutoria cuyo tema fundamental es similar al presente asunto, en la que, en lo que interesa, se determinó la siguiente: "...De lo narrado con anterioridad, se advierte de manera clara y patente que el tribunal responsable en la etapa de ejecución del laudo no ha dictado de manera eficaz y de manera pronta las providencias necesarias para vencer la contumacia del ayuntamiento condenando así como de las autoridad relacionadas con el cumplimiento, ya que no por la existencia una serie de actuaciones realizadas para cumplimentar el laudo en el juicio de origen, implica por consecuencia lógica, jurídica y necesaria que ha sido eficaz la ejecución del laudo. Ahora bien, para estimar que se han dictado las medidas convenientes con la finalidad de cumplir con el pago del laudo, implica evaluar los medios elegidos para dar cumplimiento y su idoneidad para ello, y no necesariamente que se intente en diversas ocasiones dar cumplimiento. Cabe señalar que de la resolución del cumplimiento sustituto 7/2015, resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que constituye un hecho notorio, se advierte que estableció que, para sostener que se han agotado los medios a su alcance, deben atenderse a los siguientes elementos normativos: LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS DE YUCATÁN: "Artículo 157. El Tribunal sancionará la alteración del orden, y las faltas de respeto hacia el mismo en forma verbal o por escrito, sancionándolas, según la gravedad de la falta, con amonestación, expulsión del local del Tribunal o económicamente, a criterio del mismo, con una cantidad mínima de cien pesos, cuando se trate de trabajadores y de mil pesos cuando se trate de funcionarios. (.) Artículo 160. Las autoridades están obligadas a prestar auxilio al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, para hacer respetar y cumplir sus resoluciones, cuando fueren requeridas para tal fin. Artículo 160 bis. El Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, para hacer cumplir sus determinaciones, podrán imponer las mismas sanciones a que hace referencia el artículo 157 de esta Ley. Artículo 160 ter. Las multas se harán efectivas por la Secretaría de Hacienda; para lo cual el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios girará el oficio correspondiente. La Secretaría aludida informará al Tribunal de haber hecho efectiva la multa, señalando los datos relativos que acrediten su cobro. Artículo 161. El Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio procedan. Artículo 162. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola que, de no hacerlo, se emplearán los medios de apremio establecidos es esta propia Ley". REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE YUCATÁN: "Artículo 12. Además de las facultades establecidas en la Ley, y sin perjuicio de las mismas, el Presidente tendrá las siguientes: I. Representar legalmente al Tribunal; (.) IV. Tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de los acuerdos del Pleno; (.) VI. Ejecutar los laudos dictados por el Pleno; VII. Revisar los actos de los actuarios en la ejecución de los laudos que les corresponda ejecutar, a solicitud de cualquiera de las partes; (.) XVI. Gestionar ante la autoridad correspondiente los requerimientos del Tribunal (.)". LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN: "Artículo 14. Los magistrados y jueces contarán con las condiciones normativas y materiales para lograr el cumplimiento efectivo de sus resoluciones. Las sentencias ejecutoriadas de los tribunales del Estado deberán acatarse en sus propios términos y contarán con fuerza ejecutiva para lograr su cumplimiento. Artículo 15. El ejercicio de la función jurisdiccional del Poder Judicial del Estado se deposita en el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, los tribunales y juzgados de primera instancia y los juzgados de paz. Adicionalmente, para el cumplimiento de sus funciones no jurisdiccionales, el Poder Judicial contará con el Consejo de la Judicatura, el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia y el Centro Estatal de Solución de Controversias". Sin embargo, como tales disposiciones no hacen referencia a mecanismos específicos para lograr el cumplimiento de los laudos, también se indicó que debe analizarse la normativa aplicable de actos que se pueden solicitar, instar e incluso exigir. Entre las cuales se encuentran las siguientes: LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE YUCATÁN: "Artículo 1. Esta Ley es de observancia general para los Titulares y Trabajadores de las Dependencias de Administración Pública Centralizada, de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los municipios del Estado de Yucatán. (.) Artículo 45. Son obligaciones de los Titulares a que se refiere el artículo 1 de esta Ley: (.) IV. De acuerdo con la partida que en el presupuesto de egresos se haya fijado para tal efecto, cubrir la indemnización por separación injustificada cuando los trabajadores hayan optado por ella y pagar en una sola exhibición los salarios o sueldos caídos, prima vacacional, prima dominical, aguinaldos y quinquenios, en los términos del laudo definitivo (.)". CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN: "Artículo 30. Son facultades y atribuciones del Congreso del Estado: (.) VI. Aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado y las leyes de ingresos de los municipios, a más tardar, el día 15 de diciembre de cada año. Asimismo, deberá incluir en el Presupuesto de Egresos mencionado, las erogaciones plurianuales, aprobadas conforme a la Ley de la materia. Cuando inicie una administración gubernamental estatal en la fecha prevista en el artículo 48 de esta Constitución, el Congreso del Estado aprobará la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado a más tardar el 30 de diciembre del año en que se verifique dicho suceso. En caso de no aprobarse el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal correspondiente, continuará en vigor el autorizado para el año inmediato anterior, el cual se ejercerá mensualmente en una doceava parte del total, o de la disponibilidad de los recursos fiscales, con las actualizaciones que sean pertinentes, hasta en tanto se aprueba el del año fiscal respectivo. Determinar las bases, montos y plazos con que serán distribuidas las participaciones a los municipios, con arreglo a las Leyes respectivas. Atendiendo entre otros criterios, el esfuerzo recaudatorio; población y marginación; VII. Revisar y en su caso aprobar las cuentas públicas de los Poderes del Estado, municipios, entidades u organismos de la administración pública paraestatal, paramunicipal, organismos autónomos y, en general de los recursos públicos que se destinen o ejerzan por cualquier persona física o moral, pública o privada y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica. La revisión tendrá por objeto evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ajusta a los criterios señalados por el Presupuesto de Egresos y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los respectivos programas de conformidad a lo establecido en las leyes aplicables; VIII Bis. Autorizar al Poder Ejecutivo y a los ayuntamientos a contratar deuda pública y afectar como garantía, fuente de pago o de cualquier otra forma, los ingresos que les correspondan, en los términos establecidos en las leyes correspondientes; (.) Artículo 55. Son facultades y obligaciones del Gobernador del Estado: (.) IX. facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones; (.) Artículo 82. La ley que reglamenta el funcionamiento y organización de los ayuntamientos, contendrá los lineamientos siguientes: (.) III. Los presupuestos de egresos serán aprobados por cada Ayuntamiento con base en sus ingresos disponibles y de acuerdo a la programación de sus actividades gubernamentales y administrativas, de conformidad con las disposiciones aplicables. El Ayuntamiento deberá aprobar en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal que corresponda, las partidas necesarias para solventar las obligaciones adquiridas en ejercicios fiscales anteriores y pagaderas en dicho ejercicio, siempre que: a) Constituyan deuda pública del Municipio, o de las entidades paramunicipales garantizadas por el Ayuntamiento o el Poder Ejecutivo del Estado, conforme a lo autorizado por las leyes y los decretos correspondientes, o b) Deriven de contratos relativos a proyectos para la prestación de servicios aprobados por el Ayuntamiento conforme a la ley de la materia". LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN: "Artículo 38. Los Ayuntamientos tendrán las facultades y obligaciones siguientes: (.) III. De Hacienda: (.) b). Aprobar su presupuesto de egresos con base en los ingresos disponibles y de conformidad en su caso con el Programa Operativo Anual y el Plan Municipal de Desarrollo proyecto que para tal efecto deberá someter a su consideración el Presidente Municipal en la segunda quincena del mes de diciembre anterior al año en que deba regir dicho presupuesto con excepción del año en que tome posesión el Ayuntamiento, que será formulado y presentado en la primera quincena de enero; (.) Artículo 72. Son facultades y obligaciones del Tesorero Municipal : (.) b) Efectuar los pagos de acuerdo con el Plan de Egresos aprobado por el Ayuntamiento con excepción de los correspondientes a sueldos, no podrá hacer ningún pago sin la orden respectiva del Presidente del Ayuntamiento, girada en la forma establecida; (.)". Lo subrayado es para resaltar. Debido a lo anterior, si se considera que todas las autoridades están obligadas a prestar auxilio al Tribunal responsable, a efecto de que se cumplan sus resoluciones, mismo que dictará todas las medidas necesarias para la ejecución eficaz e inmediata de las mismas; y que los titulares de los ayuntamientos, deberán cubrir la indemnización por separación injustificada cuando los trabajadores hayan optado por ella, y pagarán en una sola exhibición los salarios o sueldos caídos, prima vacacional, prima dominical, aguinaldos y quinquenios, en los términos del laudo definitivo; entonces no puede concluirse que se ha dado cumplimiento al laudo, al poder instar a diversas autoridades para el cumplimiento puntual del mismo. En efecto, el Tribunal responsable debe dictar a las autoridades relacionadas con el cumplimiento del laudo los ajustes, modificaciones, ampliaciones, reestructuraciones y adecuaciones necesarias con cargo al presupuesto de egresos de los ejercicios fiscales correspondientes, instrumentar todos los mecanismos de transferencia o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, y en caso de no existir partida presupuestal para realizar el pago requerido, debe incluirse ese pago en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal siguiente. Así, aun ante la falta de recursos presupuestales en la partida destinada al cumplimiento de sentencias o pagos similares, las autoridades relacionadas con el cumplimiento del ludo están obligadas a adoptar todas las medidas que resulten necesarias para dotar de recursos a esa partida, como podría ser mediante las transferencias o adecuaciones presupuestales que resulten necesarias para ello, o su inclusión para el próximo ejercicio fiscal. Por tanto, debe requerirse a las autoridades que estén obligadas a realizar tales actos relacionados con la inclusión del pago en el presupuesto de egresos o que la deban incluir, en su caso, bajo el concepto correspondiente; con independencia de que incluso las autoridades correspondientes formen parte del mismo ayuntamiento condenado, pues si bien éste tiene el carácter de parte demandada en el juicio laboral, no debe soslayarse la obligación individual de sus titulares o funcionarios, como el presidente municipal, el síndico y los integrantes del cabildo, el tesorero o sus equivalentes, incluso diversos funcionarios dentro del mismo ayuntamiento. Lo anterior, en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo que dispone lo siguiente: "Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este Capítulo". Del numeral transcrito se desprende que todas las autoridades vinculadas con el cumplimiento de la sentencia de amparo, están obligadas a realizar todo tipo de actos necesario para el logro de ese objetivo. A este respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que se puede vincular a las autoridades responsables y si estas o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a este para que ordene a aquella cumplir con dicha ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, e incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Asimismo, aun cuando los titulares de la autoridad demandada ya no estén en funciones (presidente y cabildo), pueden ser llamados como autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo. En ese orden, es de precisarse que se genera responsabilidad de los funcionarios municipales acorde lo dispuesto en los artículos 97, 98 y 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Yucatán, 3 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán y 2, fracción XXI, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán, en tanto que el procedimiento de responsabilidad administrativa de los servidores públicos de los Municipios de denunciará ante la contraloría de dicha municipalidad. En tal virtud, el Cabildo del Ayuntamiento de Motul, Yucatán, junto con el Congreso del Estado de Yucatán, Secretario de Hacienda del Estado de Yucatán, Secretario de Planeación y Presupuesto actualmente denominado Secretario de Administración y Finanzas de la citada entidad federativa, son autoridades que se encuentran vinculadas al cumplimiento de la sentencia de amparo, en virtud que el primero elabora su presupuesto y las demás lo analizan y en su caso aprueban. Sirve de apoyo, por analogía, la tesis 2ª. LVII/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 227, Tomo XXVII, Mayo de 2008, Materia Administrativa, Novena Época, registro 169707, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO IMPLIQUE LA EROGACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE UNA DELEGACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, EL JEFE DE GOBIERNO, AUN CUANDO NO SEA AUTORIDAD RESPONSABLE, DEBE REALIZAR LOS ACTOS QUE LE CORRESPONDEN CONSTITUCIONAL Y LEGALMENTE EN ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA. Conforme al artículo 112 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, las Delegaciones de la entidad cuentan con autonomía de gestión financiera e, inclusive, el Jefe Delegacional puede decidir la transferencia de recursos; sin embargo, ello no debe interpretarse al extremo de considerar que corresponde a éstos determinar libremente el destino de los recursos asignados, sino en el sentido de que en su aplicación gozan de autonomía para administrarlos, pero deben observar las disposiciones legales y reglamentarias, así como los acuerdos administrativos de carácter general de la administración pública central, además de que el ejercicio de esa facultad está condicionado a que no afecte los programas prioritarios, lo cual corresponde determinar a los órganos técnicos encargados de la administración financiera de los recursos de la entidad, que conocen el monto al que ascienden las partidas y demás elementos que permitan establecer el efecto de un ajuste presupuestario. En ese contexto, al reservar el artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso b), constitucional, al Jefe de Gobierno la facultad para presentar la iniciativa de presupuesto de egresos y, en términos del artículo 112 del Estatuto de Gobierno relativo, al ejercer dicha atribución, proponer a la Asamblea Legislativa las asignaciones presupuestales para que las Delegaciones cumplan con el ejercicio de las actividades a su cargo, cuando el acatamiento de una sentencia de amparo implique la erogación de recursos que corresponden a éstas, al indicado Jefe de Gobierno le asiste el carácter de autoridad vinculada a su cumplimiento, pues le corresponde proponer la programación de una partida para hacer frente a dichos fallos, así como realizar modificaciones presupuestarias para adecuarla a las necesidades sobrevenidas, lo cual ocurre necesaria e ineludiblemente al tratarse del cumplimiento de un mandato de amparo cuya ejecución es impostergable. Además, esa circunstancia no le resta al Jefe de Gobierno el carácter de autoridad vinculada al cumplimiento de las ejecutorias ni implica postergarlo un ejercicio, dado que es él quien, durante el ejercicio, puede modificar los programas relativos y realizar los ajustes presupuestarios, como se establece en el artículo 34 del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2008, sin que la eficacia de las ejecutorias de amparo permita inobservar las demás disposiciones aplicables. Lo anterior sin perjuicio de que aun en ausencia de presupuesto aprobado, finalmente las ejecutorias de amparo han de cumplimentarse afectando partidas presupuestales diversas". Conclusión. Por lo expuesto, al ser el acto reclamado, violatorio de los principios de prontitud y expeditez en la administración de justicia establecidos en el artículo 17 de nuestra Carta Magna, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo se impone conceder a la quejosa la protección constitucional, para el efecto de que el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, vincule al Congreso del Estado de Yucatán, al Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Yucatán y al Secretario de Planeación y Presupuesto actualmente denominado Secretario de Administración y Finanzas de la citada entidad federativa para que estas autoridades realicen las gestiones necesarias para la aprobación e inclusión de la cantidad objeto de la condena decretada en contra del Ayuntamiento de Motul, Yucatán en el juicio laboral 297/2007, a cuenta del presupuesto a destinar al citado Ayuntamiento en el próximo ejercicio fiscal, esto es dos mil diecinueve; y sean ellas mismas quienes instrumenten los mecanismos de transferencia a efecto de que se pague directamente a la quejosa Rosa María Uicab Maas. Concesión que se hace extensiva a la autoridad ejecutora, Presidente adscrito al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán..." En mérito de lo anterior, a fin de establecer otra medida más, a fin de que el Tribunal responsable, esté en posibilidad de hacer cumplir el laudo, requiérase al Magistrado Presidente Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, y actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, cumplan sin demora con la ejecutoria de mérito, para lo cual deberán adjuntar el documento o los documentos que así lo acrediten, o bien, informen a este juzgado las gestiones que hayan realizado para dar cumplimiento a la misma, o en su caso, el impedimento que tienen para hacerlo. Para ello, el Magistrado Presidente, siguiendo los lineamientos precisados en la ejecutoria antes reseñada, vincule al Congreso del Estado de Yucatán, al Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Yucatán y al Secretario de Planeación y Presupuesto actualmente denominado Secretario de Administración y Finanzas de esta propia entidad, para que auxilien tanto al Tribunal como al Ayuntamiento del Municipio de Hunucmá, Yucatán, a fin de que éste último ente, obtenga mediante los mecanismos eficaces que estimen pertinentes, los recurso necesarios para cubrir las prestaciones establecidas en el laudo pronunciado en el juicio natural. Sin que lo anterior soslaye la circunstancia que tales instituciones gubernamentales pudieran alegar estar material y jurídicamente imposibilitadas para ello conforme a las normas que regulan los principios de la autonomía municipal y de que las partidas presupuestales son inembargables, así como que el presupuesto de egresos e ingresos se encuentran ya aprobados. Pues lo cierto es que lo que se pretende es que, sin dejar de observar las leyes que regulan los referidos principios, cumplan con lo que ordena la Constitución Política del Estado de Yucatán, en sus artículos 30 fracción VIII bis y 55 fracción IX, es decir, proporcionen el auxilio necesario al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán para el ejercicio expedito de sus funciones. Notifíquese y cúmplase.

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