Emny Maria del Socorro Ruiz

Expediente 1451/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1451/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
03/12/2021

Partes del expediente

  • Emny Maria del Socorro Ruiz
  • EMNY MARIA DEL SOCORRO RUIZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guarda este incidente y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el escrito firmado por ********************, autorizado de los quejosos en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en lo que atañe a la petición que hace consistir en copias certificadas de las fojas que indica, dígasele que se acuerda procedente la misma. Sin embargo, dado el esquema de trabajo que actualmente se sigue en los órganos del Poder Judicial Federal, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado en cuanto a su vigencia por el diverso 25/2020, deberá ceñirse al siguiente procedimiento. Dependiendo de la cantidad de copias que requiera, la obtención de las mismas deberá hacerse en diversos momentos, es decir, podrá generar una primera cita en relación con este expediente, a partir de las once horas, -horario de apertura del módulo de fotocopiado que se encuentra en el edificio sede del Poder Judicial Federal en esta entidad- y hasta las catorce horas, tomando en consideración el horario de labores presenciales de este juzgado; precisando el motivo de la misma, obteniendo el código QR relativo, a través del sistema "Agenda OJ" del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Cita en la que acudirá al recinto judicial a iniciar el trámite relativo a la expedición de copias, dentro del cual, la logística establecida implica que una persona de este órgano -con resguardo del expediente- lo acompañará al módulo de fotocopiado que se encuentra dentro del edificio, -lugar únicamente autorizado para tal efecto-, a fin de que el promovente gestione lo relativo a la reproducción de las copias, como lo es el costo de la misma. En el entendido que, las citas tienen una duración de veinticinco minutos, y por tal circunstancia, probablemente no se obtengan en ese momento las copias pretendidas, por lo que tendrá que agendar una segunda cita, o las que sean necesarias, a fin de que se logre la totalidad de las mismas. Así, ya que se culmine con la fase de obtención íntegra de las copias, tendrá que procederse a su cotejo y certificación; por tanto, a fin de dar oportunidad a ello, previa promoción del interesado, en cuanto a que se ha obtenido la totalidad de las copias solicitadas, este juzgado procederá a agendar una última cita al promovente para que en el día y hora que le sean señalados, acuda a recoger las copias certificadas, acto del cual se deberá levantar constancia de entrega y recepción. Finalmente, a efecto de estar en coordinación para lo anterior, el ocursante deberá proporcionar un número de telefonía móvil o un correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales, en su caso. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el licenciado Raúl Ramos Berzunza, Secretario con quien actúa y da fe.Jhovanny

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que a la parte a quien pudo causarle perjuicio la sentencia de once de octubre de dos mil veintiuno, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar, se declara que CAUSA EJECUTORIA la referida sentencia que en su punto resolutivo primero, sobreseyó en el presente asunto. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del referido Acuerdo. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Visto, para resolver el juicio de amparo 1451/2021-I-B, promovido por Emny María del Socorro Ruiz, Berenice Barrera Ruiz, Manuel Jesús Barrera Ruiz, José Alejandro Barrera Ruiz y Jorge Carlos Barrera Ruiz. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el doce de agosto de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán y turnado al día siguiente a este órgano jurisdiccional, comparecieron Emny María del Socorro Ruiz, Berenice Barrera Ruiz, Manuel Jesús Barrera Ruiz, José Alejandro Barrera Ruiz y Jorge Carlos Barrera Ruiz a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra diversos actos de la Jueza Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán turno vespertino, con residencia en esta capital. SEGUNDO. Separación de juicios. Por acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 1422/2021-VII-A del índice de este Juzgado Federal, se ordenó una separación de juicios; motivo por el cual, respecto de uno de los actos reclamados, se remitió un legajo de copias certificadas del referido asunto a la Oficina de Correspondencia respectiva, para que fuera turnada como nueva demanda, por tratarse de un acto autónomo; la cual tocó conocer a este Juzgado y dio origen a este expediente. TERCERO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de veinte de agosto de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable y se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le competía. Así mismo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 60, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden y a fin de cumplir con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda y no sólo del capítulo que lo refiere; a fin de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, atendiendo a la jurisprudencia con número de registro P./J. 40/2000, que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido, tiene aplicación la tesis P. VI/2004 que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, como se precisó desde el auto de admisión, el acto que correspondió conocer a este Juzgado de Distrito con motivo de la referida separación de juicios es el siguiente: La omisión de expedir copias certificadas de la audiencia de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, celebrada en el juicio de sucesión testamentaria 322/2020. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto que se reclama de la Jueza responsable, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado y la parte quejosa no desvirtuó dicha negativa con prueba en contrario. Esto es así, pues por lo que hace a la parte quejosa, únicamente obra en autos la aseveración en su demanda relativa a que el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, al llevarse a cabo la audiencia preliminar en el Juicio de Sucesión Testamentaria 322/2020, solicitaron en ese acto copia certificada de dicha audiencia; lo cual, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, afirmaron no había sido acordado ni autorizado. Sin embargo, del contenido del informe justificado, las constancias adjuntas y el disco versátil digital (DVD) que contiene el audio y video de la audiencia preliminar de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, remitidos por la Jueza responsable. A los que se les confiere pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; no se advierte que la parte quejosa hubiere realizado la solicitud que refiere a efecto de que le fueran expedidas copias certificadas de la aludida audiencia preliminar. Pues como refiere en su informe la Jueza responsable y se corrobora de la reproducción del mencionado audio y video, los quejosos, por conducto de su abogado, previa certificación de cierre de audiencia por parte del Secretario de Acuerdos, únicamente solicitaron copia certificada de la sentencia definitiva que en su momento se dicte en el juicio sucesorio, a lo que la Juzgadora accedió y refirió que siempre se ordena su expedición en los resolutivos, así como copia del audio y video; más nunca hubo durante el transcurso de la audiencia preliminar solicitud alguna de copias de la celebrada en esa fecha veintiséis de marzo de dos mil veintiuno; ni de las constancias adjuntas al informe se advierte petición escrita posterior. Lo cual, correspondía demostrar a los quejosos, pues aunque el acto reclamado es de naturaleza omisiva, deriva de otro de carácter positivo (haber realizado la solicitud), cuya existencia debía acreditar la parte quejosa al negar la responsable el acto reclamado; y no lo hizo. Sobre el particular, resultan analógicamente aplicables al caso, las tesis sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del entonces único Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicadas respectivamente, en las páginas 366 y 1031, Tomos VI, diciembre de 1997 y III, Segunda Parte-2, correspondientes a la Novena y Octava Época, que indican: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS "NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última"; y "PETICION. REQUISITOS QUE SE DEBEN ACREDITAR CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES AL DERECHO DE. Cuando en un juicio de garantías se reclama la violación al artículo 8o. de nuestra Carta Magna, corresponde al quejoso demostrar la existencia de la petición y a la autoridad responsable, por una parte, el acuerdo que al respecto emitió, por la otra, que lo notificó al peticionario." En ese sentido, al no desvirtuar la parte quejosa lo anterior con prueba alguna, de autos se colige la inexistencia del acto reclamado, por lo que se actualiza el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, de conformidad con la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo. Ello conlleva a que este órgano de control no pueda realizar el análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto por ser inexistente, como ya se vio; de ahí que, con apoyo en el numeral y fracción antes invocados, lo procedente sea decretar el sobreseimiento en el juicio. Tienen aplicación en el caso particular, por analogía, la jurisprudencia número 10, consultable en la página 12, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917,544, así como el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que este Juzgador comparte, consultable en la página 254, Octava Época, Tomo XIII-Enero del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 213793, que en su orden indican: "AMPARO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja"; y "JUICIO DE AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del motivo de sobreseimiento que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,465, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." CUARTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Expedición de copias. Por último, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Emny María del Socorro Ruiz, Berenice Barrera Ruiz, Manuel Jesús Barrera Ruiz, José Alejandro Barrera Ruiz y Jorge Carlos Barrera Ruiz, contra el acto de la Jueza Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán turno vespertino, con residencia en esta capital; por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Al causar ejecutoria, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento con lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, uno de octubre de dos mil veintiuno. Vistos estos autos, se advierte que aún se encuentra transcurriendo el término de ocho días que refiere el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, respecto a la vista que se dio a la parte quejosa por proveído de trece de septiembre de dos mil veintiuno. Por tal motivo, con fundamento en el invocado numeral, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las once horas con un minuto del once de octubre de dos mil veintiuno, como nuevas fecha y hora para su celebración. Notifíquese y cúmplase.

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