Emmanuel Vidal Manzano Ravell
Expediente 782/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 782/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 07/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Emmanuel Vidal Manzano Ravell
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Mérida, Yucatán; siete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese el oficio recibido vía electrónica en uso de la FIREL del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que comunica que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por el quejoso Emmanuel Vidal Manzano Ravell, contra la sentencia dictada en autos del juicio de amparo; el cual quedó registrado con el número de amparo en revisión 706/2023. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. Mérida, Yucatán; cinco de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a estos autos el escrito signado por el quejoso Emmanuel Vidal Manzano Ravell, con el que interpone RECURSO DE REVISIÓN y expresa los agravios que hace valer en contra de la sentencia de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con una copia simple de dicho escrito de expresión de agravios. Una vez hecho lo anterior, envíese vía interconexión el escrito de expresión de agravios del aludido recurso, al Tribunal Colegiado del Decimocuarto Circuito en Materia Penal y Administrativa, con residencia en esta ciudad, para que resuelva lo que estime procedente. Desde este momento, se otorga a dicha Superioridad el acceso electrónico para la consulta del presente expediente. Por tanto, se ordena a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga las gestiones correspondientes en dicho sistema. Por último, no ha lugar a formar el cuadernillo físico relativo a dicho recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese; personalmente a la parte tercero interesada; y cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.VISTOS para resolver el juicio de amparo número 782/2023-IV-A, promovido por E****ELL; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de mayo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y remitido el mismo día a este Juzgado Federal por razón de turno, compareció EMMANUEL VIDAL MANZANO RAVELL; solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Prevención y admisión de la demanda. En auto de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, se previno a la parte quejosa a efecto de que precisara el estado jurídico de la carpeta administrativa de donde emana el acto reclamado y el motivo de su reclusión, lo cual desahogó apropiadamente, por lo que en acuerdo de veintiséis de mayo del año en curso, se admitió a trámite la demanda, se solicitó el informe justificado de la autoridad responsable, el cual rindió oportunamente; así mismo, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se emplazó a la parte tercero interesada y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento se llevó a cabo en términos del acta que antecede.C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37, de la Ley de Amparo, 48, y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así las cosas, se tiene que en el presente sumario, el acto reclamado al Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad, consiste en: La resolución emitida el tres de mayo de dos mil veintitrés, que declaró infundado el recurso de revocación interpuesto contra el diverso pronunciamiento que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones, planteado en la carpeta administrativa 65/2023, del índice de la autoridad responsable. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado al Juez responsable, pues así lo reconoció al rendir su informe justificado [promoción 9672]. Lo que se corrobora con la copia certificada de las constancias relativas a la medida cautelar de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés y del auto de vinculación a proceso, de los índices cronológicos de desarrollo de las audiencias celebradas el dieciséis y veintiuno de marzo, así como del tres de mayo de dos mil veintitrés, y el disco óptico "DVD", que contiene la grabación de las citadas audiencias, que remitió en apoyo a su informe. Constancias que tienen valor probatorio pleno al ser documentos públicos, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Así como la diversa jurisprudencia 1ª./J.43/2013 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, con rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Inexistencia de causas de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, en vigor, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Son inoperantes los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. A fin de clarificar la premisa expuesta, es necesario precisar en relación con el acto reclamado, que fue dictado en la diligencia de tres de mayo de dos mil veintitrés, cuyo archivo digital de audio y video se encuentra en el disco óptico "DVD", que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado; disco que también contiene los archivos digitales de las audiencias de imputación y de la relativa al dictado del auto de vinculación emitido en contra del imputado; constancias a las que se les concede pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Así de las constancias remitidas por el juez responsable, se advierten como antecedentes del acto reclamado, los siguientes: 1.- El dieciséis de marzo de dos mil veintitrés se llevó a cabo la audiencia de formulación de la imputación, dentro de la carpeta administrativa 65/2023, que se instruye en contra de EMMANUEL VIDAL MANZANO RAVELL por hechos posiblemente constitutivos del delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA AGRAVADA (por hechos acontecidos en dos ocasiones), ilícito previsto y sancionado con pena privativa de libertad en el artículo 315, párrafos primero y segundo, en relación con el 316, fracción IV, todos del Código Penal del Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos, en relación con los diversos 30, párrafo segundo y 410, párrafo octavo, del Código Nacional de Procedimientós Penales, en su hipótesis de concurso real de delitos, denunciado por la persona de iniciales W.G.R.K., en agravio de la menor de edad M.D.S.M.R. 2.- En dicha audiencia la representación social formuló la imputación y el implicado se reservó su derecho a declarar y solicitó junto con su defensor público (José René Sánchez Gil) la duplicidad del plazo constitucional a ciento cuarenta y cuatro horas, a fin de resolver su situación jurídica. 3.- El Juez de Control fijó las nueve horas del veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, a efecto de resolver sobre la vinculación o no del implicado, y decretó la prisión preventiva oficiosa. 4.- Luego, el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, el Juez responsable previo desahogo de la audiencia, dictó auto de vinculación al aquí quejoso, por los delitos ya precisados que le imputó la representación social, y otorgó el plazo de dos meses como plazo para el cierre de la investigación complementaria. 5.- Posteriormente, en audiencia de tres de mayo de dos mil veintitrés, previo debate entre las partes, el juez natural resolvió como improcedente el incidente de nulidad planteado por el nuevo defensor particular del encausado, respecto a que se declarara la nulidad de cada uno de los actos procedimentales realizados a partir del doce de diciembre de dos mil veintidós. Asimismo, en la propia audiencia, la defensa interpuso recurso de revocación contra la resolución interlocutoria antes dictada, el cual fue calificado como notoriamente improcedente. Esta última determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio. Ahora bien, se precisa que la litis en el presente juicio constitucional está fijada entre la resolución que recayó al recurso de revocación interpuesto por el defensor particular del encausado y los conceptos de violación vertidos en la demanda de amparo. Sin embargo, a fin de dar contexto general a esta resolución, es menester hacer alusión también a la resolución recaída al incidente de nulidad interpuesto por el defensor del implicado, que es sobre la cual se planteó el recurso de revocación aludido. Precisado lo anterior, se observa del archivo digital correspondiente que en principio el Juez A quo calificó de inoperantes en parte e infundados en otra los argumentos de la defensa al plantear el incidente de nulidad, el cual declaró como improcedente. La inoperancia la hizo recaer en los agravios tendentes a combatir los actos de notificación de la citación que se realizaron los días doce y trece de diciembre de dos mil veintidós, al pretender llamar al inculpado a la carpeta de investigación. Al respecto, el juez responsable señaló que los errores que pudieron hacerse valer debieron evidenciarse al momento en que el juzgado tuvo conocimiento de la carpeta de investigación, lo cual fue en la audiencia de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, en la cual se puso a disposición al indiciado con motivo de la ejecución de la orden de aprehensión dictada en su contra y se le formuló la imputación. A fin de sustentar lo anterior, el juez de Control citó la jurisprudencia con número de registro 2022158 de la Primera Sala, señalando que para emitir el mandato de captura se realizó un control judicial previo. Además, refirió que la citación es un acto que hace respetar el derecho fundamental de audiencia, y al ponerse a disposición al implicado a efecto de la formulación de la imputación con motivo del cumplimiento de la orden de aprehensión se garantizó al implicado dicho derecho fundamental, por lo que cualquier anomalía en razón con la citación debió haberse planteado en aquella audiencia, sin que ello hubiere acontecido, con lo que se consintieron los actos dictados hasta la orden de aprehensión y su ejecución. Aunado a lo anterior, el juez señaló que conforme a los artículos 97, 98, 99 y 100 del Código Nacional de Procedimientos Penales, existe un plazo para plantear la nulidad de actuaciones, destacando que no depende de quién es el titular de la defensa del inculpado, sino que se trata de un derecho del procesado, a quien se le garantizó la asistencia de un defensor público, por lo que -reiteró- en aquél momento se debió haber interpuesto el incidente relativo. Asimismo, el A quo indicó que, en el caso actual, es decir, cuando un nuevo defensor asume la defensa del acusado, ese derecho no puede retrotraerse, ya que sería dar oportunidades ilimitadas para incoar la nulidad, pues dependería de las veces que el encausado cambiara de defensor para que surgiera un nuevo momento para accionar el incidente en comento, incluso en una etapa distinta del procedimiento; lo cual la ley no permite, pues se trata de una defensa técnica la que tuvo y tiene el implicado, y por tanto la responsabilidad de no haber iniciado el incidente de nulidad en aquel tiempo, corresponde al entonces defensor público y al inculpado. Por otra parte, el juez de origen no admitió las testimoniales ofrecidas por la defensa respecto de las personas que en la época de la citación habitaban el domicilio en el que se buscó al implicado, y tampoco admitió la prueba consistente en la fe de estado físico a realizarse en la persona del encausado a fin de evidenciar que tiene tatuajes en los brazos, lo que a decir de la defensa, no asentó el agente investigador que rindió el informe policial homologado. Al respecto, el resolutor de instancia calificó de infundado lo argüido por la defensa en relación con la circunstancia que se restara valor probatorio a dicho informe policial ya que el agente no asentó que su entrevistado -supuestamente el implicado- tenía tatuajes en los brazos, por lo que no se tiene la certeza de que se haya entendido con el interesado. Lo anterior, en razón de que el dato de prueba que consideró importante el juez responsable no fue ese informe policial, sino el dicho de la menor, víctima del delito de violación; por tanto, esto último fue lo que sustentó el auto de vinculación a proceso, no la circunstancia de que el acusado tuviese tatuajes o no, máxime que la infante lo reconoció e identificó plenamente como su pariente al ser pareja sentimental de una de sus tías. De igual manera, el A quo señaló que el auto de vinculación fue consentido al no haberse combatido por el medio ordinario de defensa ni a través del juicio de amparo. Motivos por los cuales el juez señaló que no existe vulneración al artículo 14 constitucional, pues tales aspectos que intenta hacer valer la defensa fueron superados al encontrarse el procedimiento en otra etapa; precisando que todos los actos de investigación conservan su valor legal tal y como fueron ponderados al dictar la vinculación a proceso. A mayor abundamiento, el juzgador natural refirió que la defensa no tuvo éxito en pretender combatir la notificación de la citación del inculpado en la fase inicial de investigación para que todo lo actuado por el fiscal perdiera su valor, aludiendo a la teoría del fruto envenenado, ya que no existe relación directa entre esa diligencia de citación con los demás datos de prueba, los cuales son los que soportaron la orden de aprehensión y posteriormente el auto de vinculación a proceso. Concluyendo el juez responsable que atento a las razones expuestas, el incidente de nulidad es improcedente. Ahora bien, en dicha audiencia de tres de mayo de dos mil veintitrés, una vez que el juez resolvió la incidencia en cuestión, el defensor particular interpuso recurso de revocación en contra de esta determinación, invocando como fundamento los artículos 465 y 466, fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales [11:50:07]. El defensor solicitó que por economía procesal se tuvieran por reiterados sus argumentos como agravios de este medio de impugnación, y además, se tuviera presente el contenido de las tesis aisladas con números de registro 2017887 y 2005401 que se refieren a los derechos de debido proceso y audiencia, al aludir precisamente al acto de notificación y hacer partícipe a la persona inculpada de los datos que obran en su contra derivados de la investigación ministerial. En relación con el primer criterio citado, el Juez de Control cuestionó al defensor público sobre cómo en el caso se violó el derecho de probar. A lo que respondió el defensor que al no ser notificado su representado, no pudo presentarse ante el fiscal a ofrecer y desahogar pruebas, ni pudo alegar en su defensa en aquél momento procesal, por lo que las resoluciones emitidas en aquélla etapa, no respetaron su derecho de audiencia. Precisado lo anterior, el juzgador señaló que el segundo criterio se refiere al derecho humano del debido proceso y los elementos que lo integran, lo cual confirmó el defensor particular. Luego, el A quo otorgó el uso de la palabra a la fiscalía [11:55.02] quien en lo sustancial señaló que no le asiste la razón a la defensa, ya que los actos de investigación fueron superados al emitirse la orden de aprehensión y al revisarse ésta por la autoridad judicial, ya que ello implica un análisis previo a su dictado. Además, manifestó que la fiscalía decide en qué momento hacerle de conocimiento al implicado y a la defensa técnica los datos de prueba que operan en su contra en la indagatoria, lo que se pretendió hacer a través de las citaciones que se realizaron sin que el implicado las atendiera; no advirtiendo que se haya violado algún derecho fundamental en contra del acusado, en particular el de audiencia. Posteriormente, el juez de origen otorgó la intervención a la asesora jurídica de la víctima [11:56:55], quien refirió que el recurso de revocación es improcedente, ya que el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales estatuye que el recurso sólo es viable en contra de resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación, hipótesis que no aplica a la resolución que se dictó respecto del incidente de nulidad, pues existió contradicción. Además, señaló que el defensor no expresó los agravios que le ocasionó la determinación recurrida, sino que sólo se limitó a reiterar sus argumentos vertidos al plantear el incidente de nulidad; refiriendo que el defensor particular está faltando a su deber de objetividad y lealtad con su representado al interponer recursos notoriamente improcedentes. Luego, habiendo escuchado a las partes el A quo cerró el debate y procedió a resolver el recurso planteado [11:58:50], señalando que el recurso es improcedente, pues lo que efectivamente es materia de revocación se aparta del primer párrafo del ordinal 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Posteriormente, el A quo se refirió al contenido de las tesis aisladas invocadas por el defensor particular, señalando que sí se refieren a derechos fundamentales, pero que en el caso resultan ser inaplicables. Ello, porque de ninguna manera se le coartó al indiciado el derecho de ofrecer pruebas, ya que al resolver su situación jurídica se le otorgó la duplicidad del plazo constitucional, contando con ciento cuarenta y cuatro horas para allegarse de datos de prueba y defenderse. Asimismo, el propio juzgador le destacó que en su momento, le señaló que incluso el tribunal le podía ayudar para el caso de que necesitara la citación de algún testigo para acreditar su inocencia; luego, llegado el momento de resolver, tanto el inculpado como su entonces defensor público manifestaron que no tenían dato de prueba qué ofrecer, por lo que es claro que no se le limitó su derecho de defensa de alguna manera. Asimismo, el A quo señaló que se le garantizó ese derecho, y que incluso en la etapa de investigación complementaria ni el encausado ni su defensa presentaron medios probatorios. Por tanto, las tesis que invoca la defensa el A quo las calificó como inoperantes para los fines pretendidos por su oferente; y culminó señalando que el recurso de revocación interpuesto por el defensor particular es notoriamente improcedente.Determinación que es objetivamente legal, en razón de que tal como lo señaló el juez A quo, el recurso de revocación interpuesto por la defensa del implicado es notoriamente improcedente, ya que, en principio, los agravios de dicho medio de impugnación la parte recurrente los hizo consistir en los mismos argumentos que sirvieron de base al plantear el incidente de nulidad. Lo anterior, sin que vertiera alguna consideración novedosa que combatiera las razones por las cuales el juez de Control declaró improcedente el incidente de nulidad; es por ello que el resolutor emitió su fallo en la forma que lo hizo, es decir, se sostuvo en que no se le restringió al indiciado el derecho de ofrecer pruebas en forma alguna detallando aspectos del proceso que evidencian tal premisa, y calificó de inoperantes las tesis que citó la defensa alusivas a los temas del derecho a probar del inculpado y al debido proceso. En sus conceptos de violación, la parte quejosa señala que la resolución impugnada está desapegada a derecho, ya que el juez no ponderó la falta de notificación y de entrevista que fue objeto por parte de la autoridad investigadora; ya que le otorgó validez total a la notificación realizada por el fiscal investigador en relación con el citatorio de fecha doce de diciembre de dos mil veintidós, supuestamente dejado en su domicilio, incumpliendo con lo ordenado por los artículos 91 y 92 del Código Nacional de Procedimientos Penales, violando sus derechos humanos de audiencia y debido proceso. El amparista señala que lo mismo acontece con la diversa cédula de notificación de trece de diciembre de dos mil veintidós, realizada por la Fiscal Investigador en Materia de Delitos Sexuales, la cual no cumple con los numerales 84 y 85 del Código Adjetivo de la Materia en relación con la nulidad descrita en el numeral 88 de la misma legislación. Situación que refiere tampoco fue tomada en cuenta por el juez responsable, ya que dicho acto de notificación resulta inverosímil en su totalidad, ya que en el predio sí existían personas que pudieron acudir al llamado de la autoridad investigadora, además de que la descripción que realiza del inmueble no establece su presencia en él en la fecha y hora que menciona, y mucho menos corresponde a las placas fotográficas que acompaña la fiscalía investigadora, al igual que tampoco indica el lugar específico del predio (puerta, ventana, pared, etcétera) en el que hubiera fijado la cedula de notificación mencionada en el caso de que realmente hubiera acudido. Por ello, el juzgador natural dejó de aplicar los artículos 97 y 98 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que no ponderó que estos actos fueron realizados en contra de sus derechos humanos de audiencia y debido proceso, y que debieron conducir a la determinación de decretar la nulidad del procedimiento de origen. En otro motivo de disenso, también señala el inconforme que le manifestó al Juez de Control que nunca se realizó el informe policial homologado por parte del policía estatal de investigación Noé Israel Salinas Vázquez, quien al describir al acusado omitió mencionar que tiene tatuajes visibles en los brazos, por lo que este dato de prueba carece de toda legalidad procesal, pues en el rubro "TATUAJES/LUNARES/MARCAS VISIBLES", el policía estatal asienta de puño y letra la palabra "NINGUNA". Asimismo, señala que es incorrecto lo resuelto por el Juez de ControI al señalar que feneció el tiempo para presentar la solicitud del incidente de nulidad, ya que en el artículo 98 del código adjetivo de la materia establece el término de dos días para poder solicitar la nulidad a partir del conocimiento de la violación a los derechos humanos, lo cual considera que su defensa acreditó, ya que en la solicitud de cuenta se mencionó el tiempo de detección de la omisión imputada a la autoridad investigadora, la cual está dentro del plazo indicado. Lo anteriores conceptos de violación son inoperantes, en la medida que están dirigidos a combatir las cuestiones relativas al incidente de nulidad, pues no atacan frontalmente lo considerado por el juez para declarar notoriamente improcedente el recurso de revocación. En efecto, la parte quejosa hace descansar sus alegaciones anteriores intentando impugnar, en esencia: a) Las notificaciones que le fueron realizadas los días doce y trece de diciembre de dos mil veintitrés; b) La entrevista que fue objeto por parte de la autoridad policial investigadora; c) Que en el predio sí existían personas que pudieron acudir al llamado de la autoridad investigadora el día que supuestamente se realizó su citación a la carpeta de investigación; y, d) Que el informe policial homologado es ilegal, ya que el agente Noé Israel Salinas Vázquez, al describir al acusado omitió mencionar que tiene tatuajes visibles en los brazos. Como se observa de los puntos sintetizados, la parte quejosa se avoca a controvertir aspectos que fueron materia del incidente de nulidad, no así de la litis del recurso de revocación, ya que prácticamente reitera los agravios expuestos en el incidente de nulidad, sin que controvierta en forma alguna lo señalado por el A quo respecto a los motivos por los cuales consideró que no se le restringió al indiciado el derecho de ofrecer pruebas, ni combatió la calificación de inoperancia que el juez de Control hizo recaer en las tesis que citó la defensa alusivas a los temas del derecho a probar del inculpado y al debido proceso. En otro concepto de violación, la parte quejosa aduce que fue incorrecto el aserto del resolutor de origen expuesto en el sentido de que el planteamiento del incidente de nulidad es extemporáneo, pues contrario a lo que refirió el A quo, su defensor lo interpuso dentro de los dos días siguientes a que él conoció de las inconsistencias en las actuaciones ministeriales que señaló. Y que por ello, también resulta violatorio el razonamiento establecido por el Juez de Control dentro al manifestar que el incidente de nulidad no depende del número de defensores nombrados en la carpeta administrativa, ya que hizo una interpretación incorrecta del numeral 98 del código adjetivo de la materia, numeral en el cual en ningún momento establece que existe esa salvedad procesal denotada por el Juez, por el contrario, es firme y tajante al establecer el momento procesal en el cual se puede hacer uso del incidente de nulidad en el sentido literal siguiente: "La solicitud de declaración de nulidad deberá estar fundada y motivada y podrá presentarse por escrito dentro de los dos días siguientes A AQUÉL EN QUE EL PERJUDICADO TENGA CONOCIMIENTO FEHACIENTE DEL ACTO CUYA INVALIDACIÓN SE PRETENDA [.]". Concepto de violación que también es inoperante, pues como se observa, tal punto no fue materia del incidente de revocación sino del incidente de nulidad, por tanto, los argumentos dirigidos a combatir la resolución interlocutoria de dicha incidencia no pueden analizarse en este juicio de amparo, porque este fallo fue superado al dictarse el relativo al recurso de revocación, y en este último no se hizo pronunciamiento en relación con lo que señala la parte quejosa en este motivo de disenso. Lo mismo acontece en relación con el diverso concepto de violación en el cual la parte amparista arguye que se viola su derecho humano al debido proceso y de audiencia porque el Juez de Control declara irrelevantes los testigos propuestos en audiencia, ya que menciona que no existe ningún sentido lógico para presentarlos; lo cual le causa perjuicio porque son las personas que se encontraban en el predio en el que supuestamente notificó la autoridad investigadora y en este sentido son totalmente relevantes para el conocimiento de la verdad legal en el presente caso, ya que a ellos les consta directamente la omisión procesal realizada por el fiscal ya señalada. En efecto, este motivo de disenso también es inoperante, en la medida que está dirigido a insistir en el desahogo de la prueba testimonial que según la resolución del incidente de nulidad no fue aceptada; por tanto, los argumentos del quejoso no están encaminados a destruir las consideraciones que el Juez de Control expuso al calificar como notoriamente improcedente el recurso de revocación, sino que se enfocan en aspectos de la resolución del incidente de nulidad. En consecuencia, ante lo inoperante de los conceptos de violación, y toda vez que el Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Acusatorio y Oral Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, dictó la resolución de tres de mayo de dos mil veintitrés, que resolvió el recurso de revocación planteado por la defensa del implicado, dentro de la carpeta administrativa 65/2023 de su índice, de manera apegada a derecho, sin que la parte amparista combatiera eficazmente lo ahí resuelto, lo que legalmente procede es NEGAR al quejoso EMMANUEL VIDAL MANZANO RAVELL, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. SEXTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que la parte no hizo manifestación respecto del derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 365 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75, 215 y 217 de la referida Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a EMMANUEL VIDAL MANZANO RAVELL, en contra del acto que reclama del Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente a las partes y cúmplase.
- Principal
VISTOS para resolver el juicio de amparo número 782/2023-IV-A, promovido por E****ELL; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de mayo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y remitido el mismo día a este Juzgado Federal por razón de turno, compareció EMMANUEL VIDAL MANZANO RAVELL; solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Prevención y admisión de la demanda. En auto de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, se previno a la parte quejosa a efecto de que precisara el estado jurídico de la carpeta administrativa de donde emana el acto reclamado y el motivo de su reclusión, lo cual desahogó apropiadamente, por lo que en acuerdo de veintiséis de mayo del año en curso, se admitió a trámite la demanda, se solicitó el informe justificado de la autoridad responsable, el cual rindió oportunamente; así mismo, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se emplazó a la parte tercero interesada y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37, de la Ley de Amparo, 48, y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así las cosas, se tiene que en el presente sumario, el acto reclamado al Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad, consiste en: La resolución emitida el tres de mayo de dos mil veintitrés, que declaró infundado el recurso de revocación interpuesto contra el diverso pronunciamiento que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones, planteado en la carpeta administrativa 65/2023, del índice de la autoridad responsable. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado al Juez responsable, pues así lo reconoció al rendir su informe justificado [promoción 9672]. Lo que se corrobora con la copia certificada de las constancias relativas a la medida cautelar de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés y del auto de vinculación a proceso, de los índices cronológicos de desarrollo de las audiencias celebradas el dieciséis y veintiuno de marzo, así como del tres de mayo de dos mil veintitrés, y el disco óptico "DVD", que contiene la grabación de las citadas audiencias, que remitió en apoyo a su informe. Constancias que tienen valor probatorio pleno al ser documentos públicos, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Así como la diversa jurisprudencia 1ª./J.43/2013 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, con rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Inexistencia de causas de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, en vigor, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Son inoperantes los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. A fin de clarificar la premisa expuesta, es necesario precisar en relación con el acto reclamado, que fue dictado en la diligencia de tres de mayo de dos mil veintitrés, cuyo archivo digital de audio y video se encuentra en el disco óptico "DVD", que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado; disco que también contiene los archivos digitales de las audiencias de imputación y de la relativa al dictado del auto de vinculación emitido en contra del imputado; constancias a las que se les concede pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Así de las constancias remitidas por el juez responsable, se advierten como antecedentes del acto reclamado, los siguientes: 1.- El dieciséis de marzo de dos mil veintitrés se llevó a cabo la audiencia de formulación de la imputación, dentro de la carpeta administrativa 65/2023, que se instruye en contra de EMMANUEL VIDAL MANZANO RAVELL por hechos posiblemente constitutivos del delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA AGRAVADA (por hechos acontecidos en dos ocasiones), ilícito previsto y sancionado con pena privativa de libertad en el artículo 315, párrafos primero y segundo, en relación con el 316, fracción IV, todos del Código Penal del Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos, en relación con los diversos 30, párrafo segundo y 410, párrafo octavo, del Código Nacional de Procedimientós Penales, en su hipótesis de concurso real de delitos, denunciado por la persona de iniciales W.G.R.K., en agravio de la menor de edad M.D.S.M.R. 2.- En dicha audiencia la representación social formuló la imputación y el implicado se reservó su derecho a declarar y solicitó junto con su defensor público (José René Sánchez Gil) la duplicidad del plazo constitucional a ciento cuarenta y cuatro horas, a fin de resolver su situación jurídica. 3.- El Juez de Control fijó las nueve horas del veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, a efecto de resolver sobre la vinculación o no del implicado, y decretó la prisión preventiva oficiosa. 4.- Luego, el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, el Juez responsable previo desahogo de la audiencia, dictó auto de vinculación al aquí quejoso, por los delitos ya precisados que le imputó la representación social, y otorgó el plazo de dos meses como plazo para el cierre de la investigación complementaria. 5.- Posteriormente, en audiencia de tres de mayo de dos mil veintitrés, previo debate entre las partes, el juez natural resolvió como improcedente el incidente de nulidad planteado por el nuevo defensor particular del encausado, respecto a que se declarara la nulidad de cada uno de los actos procedimentales realizados a partir del doce de diciembre de dos mil veintidós. Asimismo, en la propia audiencia, la defensa interpuso recurso de revocación contra la resolución interlocutoria antes dictada, el cual fue calificado como notoriamente improcedente. Esta última determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio. Ahora bien, se precisa que la litis en el presente juicio constitucional está fijada entre la resolución que recayó al recurso de revocación interpuesto por el defensor particular del encausado y los conceptos de violación vertidos en la demanda de amparo. Sin embargo, a fin de dar contexto general a esta resolución, es menester hacer alusión también a la resolución recaída al incidente de nulidad interpuesto por el defensor del implicado, que es sobre la cual se planteó el recurso de revocación aludido. Precisado lo anterior, se observa del archivo digital correspondiente que en principio el Juez A quo calificó de inoperantes en parte e infundados en otra los argumentos de la defensa al plantear el incidente de nulidad, el cual declaró como improcedente. La inoperancia la hizo recaer en los agravios tendentes a combatir los actos de notificación de la citación que se realizaron los días doce y trece de diciembre de dos mil veintidós, al pretender llamar al inculpado a la carpeta de investigación. Al respecto, el juez responsable señaló que los errores que pudieron hacerse valer debieron evidenciarse al momento en que el juzgado tuvo conocimiento de la carpeta de investigación, lo cual fue en la audiencia de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, en la cual se puso a disposición al indiciado con motivo de la ejecución de la orden de aprehensión dictada en su contra y se le formuló la imputación. A fin de sustentar lo anterior, el juez de Control citó la jurisprudencia con número de registro 2022158 de la Primera Sala, señalando que para emitir el mandato de captura se realizó un control judicial previo. Además, refirió que la citación es un acto que hace respetar el derecho fundamental de audiencia, y al ponerse a disposición al implicado a efecto de la formulación de la imputación con motivo del cumplimiento de la orden de aprehensión se garantizó al implicado dicho derecho fundamental, por lo que cualquier anomalía en razón con la citación debió haberse planteado en aquella audiencia, sin que ello hubiere acontecido, con lo que se consintieron los actos dictados hasta la orden de aprehensión y su ejecución. Aunado a lo anterior, el juez señaló que conforme a los artículos 97, 98, 99 y 100 del Código Nacional de Procedimientos Penales, existe un plazo para plantear la nulidad de actuaciones, destacando que no depende de quién es el titular de la defensa del inculpado, sino que se trata de un derecho del procesado, a quien se le garantizó la asistencia de un defensor público, por lo que -reiteró- en aquél momento se debió haber interpuesto el incidente relativo. Asimismo, el A quo indicó que, en el caso actual, es decir, cuando un nuevo defensor asume la defensa del acusado, ese derecho no puede retrotraerse, ya que sería dar oportunidades ilimitadas para incoar la nulidad, pues dependería de las veces que el encausado cambiara de defensor para que surgiera un nuevo momento para accionar el incidente en comento, incluso en una etapa distinta del procedimiento; lo cual la ley no permite, pues se trata de una defensa técnica la que tuvo y tiene el implicado, y por tanto la responsabilidad de no haber iniciado el incidente de nulidad en aquel tiempo, corresponde al entonces defensor público y al inculpado. Por otra parte, el juez de origen no admitió las testimoniales ofrecidas por la defensa respecto de las personas que en la época de la citación habitaban el domicilio en el que se buscó al implicado, y tampoco admitió la prueba consistente en la fe de estado físico a realizarse en la persona del encausado a fin de evidenciar que tiene tatuajes en los brazos, lo que a decir de la defensa, no asentó el agente investigador que rindió el informe policial homologado. Al respecto, el resolutor de instancia calificó de infundado lo argüido por la defensa en relación con la circunstancia que se restara valor probatorio a dicho informe policial ya que el agente no asentó que su entrevistado -supuestamente el implicado- tenía tatuajes en los brazos, por lo que no se tiene la certeza de que se haya entendido con el interesado. Lo anterior, en razón de que el dato de prueba que consideró importante el juez responsable no fue ese informe policial, sino el dicho de la menor, víctima del delito de violación; por tanto, esto último fue lo que sustentó el auto de vinculación a proceso, no la circunstancia de que el acusado tuviese tatuajes o no, máxime que la infante lo reconoció e identificó plenamente como su pariente al ser pareja sentimental de una de sus tías. De igual manera, el A quo señaló que el auto de vinculación fue consentido al no haberse combatido por el medio ordinario de defensa ni a través del juicio de amparo. Motivos por los cuales el juez señaló que no existe vulneración al artículo 14 constitucional, pues tales aspectos que intenta hacer valer la defensa fueron superados al encontrarse el procedimiento en otra etapa; precisando que todos los actos de investigación conservan su valor legal tal y como fueron ponderados al dictar la vinculación a proceso. A mayor abundamiento, el juzgador natural refirió que la defensa no tuvo éxito en pretender combatir la notificación de la citación del inculpado en la fase inicial de investigación para que todo lo actuado por el fiscal perdiera su valor, aludiendo a la teoría del fruto envenenado, ya que no existe relación directa entre esa diligencia de citación con los demás datos de prueba, los cuales son los que soportaron la orden de aprehensión y posteriormente el auto de vinculación a proceso. Concluyendo el juez responsable que atento a las razones expuestas, el incidente de nulidad es improcedente. Ahora bien, en dicha audiencia de tres de mayo de dos mil veintitrés, una vez que el juez resolvió la incidencia en cuestión, el defensor particular interpuso recurso de revocación en contra de esta determinación, invocando como fundamento los artículos 465 y 466, fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales [11:50:07]. El defensor solicitó que por economía procesal se tuvieran por reiterados sus argumentos como agravios de este medio de impugnación, y además, se tuviera presente el contenido de las tesis aisladas con números de registro 2017887 y 2005401 que se refieren a los derechos de debido proceso y audiencia, al aludir precisamente al acto de notificación y hacer partícipe a la persona inculpada de los datos que obran en su contra derivados de la investigación ministerial. En relación con el primer criterio citado, el Juez de Control cuestionó al defensor público sobre cómo en el caso se violó el derecho de probar. A lo que respondió el defensor que al no ser notificado su representado, no pudo presentarse ante el fiscal a ofrecer y desahogar pruebas, ni pudo alegar en su defensa en aquél momento procesal, por lo que las resoluciones emitidas en aquélla etapa, no respetaron su derecho de audiencia. Precisado lo anterior, el juzgador señaló que el segundo criterio se refiere al derecho humano del debido proceso y los elementos que lo integran, lo cual confirmó el defensor particular. Luego, el A quo otorgó el uso de la palabra a la fiscalía [11:55.02] quien en lo sustancial señaló que no le asiste la razón a la defensa, ya que los actos de investigación fueron superados al emitirse la orden de aprehensión y al revisarse ésta por la autoridad judicial, ya que ello implica un análisis previo a su dictado. Además, manifestó que la fiscalía decide en qué momento hacerle de conocimiento al implicado y a la defensa técnica los datos de prueba que operan en su contra en la indagatoria, lo que se pretendió hacer a través de las citaciones que se realizaron sin que el implicado las atendiera; no advirtiendo que se haya violado algún derecho fundamental en contra del acusado, en particular el de audiencia. Posteriormente, el juez de origen otorgó la intervención a la asesora jurídica de la víctima [11:56:55], quien refirió que el recurso de revocación es improcedente, ya que el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales estatuye que el recurso sólo es viable en contra de resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación, hipótesis que no aplica a la resolución que se dictó respecto del incidente de nulidad, pues existió contradicción. Además, señaló que el defensor no expresó los agravios que le ocasionó la determinación recurrida, sino que sólo se limitó a reiterar sus argumentos vertidos al plantear el incidente de nulidad; refiriendo que el defensor particular está faltando a su deber de objetividad y lealtad con su representado al interponer recursos notoriamente improcedentes. Luego, habiendo escuchado a las partes el A quo cerró el debate y procedió a resolver el recurso planteado [11:58:50], señalando que el recurso es improcedente, pues lo que efectivamente es materia de revocación se aparta del primer párrafo del ordinal 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Posteriormente, el A quo se refirió al contenido de las tesis aisladas invocadas por el defensor particular, señalando que sí se refieren a derechos fundamentales, pero que en el caso resultan ser inaplicables. Ello, porque de ninguna manera se le coartó al indiciado el derecho de ofrecer pruebas, ya que al resolver su situación jurídica se le otorgó la duplicidad del plazo constitucional, contando con ciento cuarenta y cuatro horas para allegarse de datos de prueba y defenderse. Asimismo, el propio juzgador le destacó que en su momento, le señaló que incluso el tribunal le podía ayudar para el caso de que necesitara la citación de algún testigo para acreditar su inocencia; luego, llegado el momento de resolver, tanto el inculpado como su entonces defensor público manifestaron que no tenían dato de prueba qué ofrecer, por lo que es claro que no se le limitó su derecho de defensa de alguna manera. Asimismo, el A quo señaló que se le garantizó ese derecho, y que incluso en la etapa de investigación complementaria ni el encausado ni su defensa presentaron medios probatorios. Por tanto, las tesis que invoca la defensa el A quo las calificó como inoperantes para los fines pretendidos por su oferente; y culminó señalando que el recurso de revocación interpuesto por el defensor particular es notoriamente improcedente. Determinación que es objetivamente legal, en razón de que tal como lo señaló el juez A quo, el recurso de revocación interpuesto por la defensa del implicado es notoriamente improcedente, ya que, en principio, los agravios de dicho medio de impugnación la parte recurrente los hizo consistir en los mismos argumentos que sirvieron de base al plantear el incidente de nulidad. Lo anterior, sin que vertiera alguna consideración novedosa que combatiera las razones por las cuales el juez de Control declaró improcedente el incidente de nulidad; es por ello que el resolutor emitió su fallo en la forma que lo hizo, es decir, se sostuvo en que no se le restringió al indiciado el derecho de ofrecer pruebas en forma alguna detallando aspectos del proceso que evidencian tal premisa, y calificó de inoperantes las tesis que citó la defensa alusivas a los temas del derecho a probar del inculpado y al debido proceso. En sus conceptos de violación, la parte quejosa señala que la resolución impugnada está desapegada a derecho, ya que el juez no ponderó la falta de notificación y de entrevista que fue objeto por parte de la autoridad investigadora; ya que le otorgó validez total a la notificación realizada por el fiscal investigador en relación con el citatorio de fecha doce de diciembre de dos mil veintidós, supuestamente dejado en su domicilio, incumpliendo con lo ordenado por los artículos 91 y 92 del Código Nacional de Procedimientos Penales, violando sus derechos humanos de audiencia y debido proceso. El amparista señala que lo mismo acontece con la diversa cédula de notificación de trece de diciembre de dos mil veintidós, realizada por la Fiscal Investigador en Materia de Delitos Sexuales, la cual no cumple con los numerales 84 y 85 del Código Adjetivo de la Materia en relación con la nulidad descrita en el numeral 88 de la misma legislación. Situación que refiere tampoco fue tomada en cuenta por el juez responsable, ya que dicho acto de notificación resulta inverosímil en su totalidad, ya que en el predio sí existían personas que pudieron acudir al llamado de la autoridad investigadora, además de que la descripción que realiza del inmueble no establece su presencia en él en la fecha y hora que menciona, y mucho menos corresponde a las placas fotográficas que acompaña la fiscalía investigadora, al igual que tampoco indica el lugar específico del predio (puerta, ventana, pared, etcétera) en el que hubiera fijado la cedula de notificación mencionada en el caso de que realmente hubiera acudido. Por ello, el juzgador natural dejó de aplicar los artículos 97 y 98 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que no ponderó que estos actos fueron realizados en contra de sus derechos humanos de audiencia y debido proceso, y que debieron conducir a la determinación de decretar la nulidad del procedimiento de origen. En otro motivo de disenso, también señala el inconforme que le manifestó al Juez de Control que nunca se realizó el informe policial homologado por parte del policía estatal de investigación Noé Israel Salinas Vázquez, quien al describir al acusado omitió mencionar que tiene tatuajes visibles en los brazos, por lo que este dato de prueba carece de toda legalidad procesal, pues en el rubro "TATUAJES/LUNARES/MARCAS VISIBLES", el policía estatal asienta de puño y letra la palabra "NINGUNA". Asimismo, señala que es incorrecto lo resuelto por el Juez de ControI al señalar que feneció el tiempo para presentar la solicitud del incidente de nulidad, ya que en el artículo 98 del código adjetivo de la materia establece el término de dos días para poder solicitar la nulidad a partir del conocimiento de la violación a los derechos humanos, lo cual considera que su defensa acreditó, ya que en la solicitud de cuenta se mencionó el tiempo de detección de la omisión imputada a la autoridad investigadora, la cual está dentro del plazo indicado. Lo anteriores conceptos de violación son inoperantes, en la medida que están dirigidos a combatir las cuestiones relativas al incidente de nulidad, pues no atacan frontalmente lo considerado por el juez para declarar notoriamente improcedente el recurso de revocación. En efecto, la parte quejosa hace descansar sus alegaciones anteriores intentando impugnar, en esencia: a) Las notificaciones que le fueron realizadas los días doce y trece de diciembre de dos mil veintitrés; b) La entrevista que fue objeto por parte de la autoridad policial investigadora; c) Que en el predio sí existían personas que pudieron acudir al llamado de la autoridad investigadora el día que supuestamente se realizó su citación a la carpeta de investigación; y, d) Que el informe policial homologado es ilegal, ya que el agente Noé Israel Salinas Vázquez, al describir al acusado omitió mencionar que tiene tatuajes visibles en los brazos. Como se observa de los puntos sintetizados, la parte quejosa se avoca a controvertir aspectos que fueron materia del incidente de nulidad, no así de la litis del recurso de revocación, ya que prácticamente reitera los agravios expuestos en el incidente de nulidad, sin que controvierta en forma alguna lo señalado por el A quo respecto a los motivos por los cuales consideró que no se le restringió al indiciado el derecho de ofrecer pruebas, ni combatió la calificación de inoperancia que el juez de Control hizo recaer en las tesis que citó la defensa alusivas a los temas del derecho a probar del inculpado y al debido proceso. En otro concepto de violación, la parte quejosa aduce que fue incorrecto el aserto del resolutor de origen expuesto en el sentido de que el planteamiento del incidente de nulidad es extemporáneo, pues contrario a lo que refirió el A quo, su defensor lo interpuso dentro de los dos días siguientes a que él conoció de las inconsistencias en las actuaciones ministeriales que señaló. Y que por ello, también resulta violatorio el razonamiento establecido por el Juez de Control dentro al manifestar que el incidente de nulidad no depende del número de defensores nombrados en la carpeta administrativa, ya que hizo una interpretación incorrecta del numeral 98 del código adjetivo de la materia, numeral en el cual en ningún momento establece que existe esa salvedad procesal denotada por el Juez, por el contrario, es firme y tajante al establecer el momento procesal en el cual se puede hacer uso del incidente de nulidad en el sentido literal siguiente: "La solicitud de declaración de nulidad deberá estar fundada y motivada y podrá presentarse por escrito dentro de los dos días siguientes A AQUÉL EN QUE EL PERJUDICADO TENGA CONOCIMIENTO FEHACIENTE DEL ACTO CUYA INVALIDACIÓN SE PRETENDA [.]". Concepto de violación que también es inoperante, pues como se observa, tal punto no fue materia del incidente de revocación sino del incidente de nulidad, por tanto, los argumentos dirigidos a combatir la resolución interlocutoria de dicha incidencia no pueden analizarse en este juicio de amparo, porque este fallo fue superado al dictarse el relativo al recurso de revocación, y en este último no se hizo pronunciamiento en relación con lo que señala la parte quejosa en este motivo de disenso. Lo mismo acontece en relación con el diverso concepto de violación en el cual la parte amparista arguye que se viola su derecho humano al debido proceso y de audiencia porque el Juez de Control declara irrelevantes los testigos propuestos en audiencia, ya que menciona que no existe ningún sentido lógico para presentarlos; lo cual le causa perjuicio porque son las personas que se encontraban en el predio en el que supuestamente notificó la autoridad investigadora y en este sentido son totalmente relevantes para el conocimiento de la verdad legal en el presente caso, ya que a ellos les consta directamente la omisión procesal realizada por el fiscal ya señalada. En efecto, este motivo de disenso también es inoperante, en la medida que está dirigido a insistir en el desahogo de la prueba testimonial que según la resolución del incidente de nulidad no fue aceptada; por tanto, los argumentos del quejoso no están encaminados a destruir las consideraciones que el Juez de Control expuso al calificar como notoriamente improcedente el recurso de revocación, sino que se enfocan en aspectos de la resolución del incidente de nulidad. En consecuencia, ante lo inoperante de los conceptos de violación, y toda vez que el Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Acusatorio y Oral Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, dictó la resolución de tres de mayo de dos mil veintitrés, que resolvió el recurso de revocación planteado por la defensa del implicado, dentro de la carpeta administrativa 65/2023 de su índice, de manera apegada a derecho, sin que la parte amparista combatiera eficazmente lo ahí resuelto, lo que legalmente procede es NEGAR al quejoso EMMANUEL VIDAL MANZANO RAVELL, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. SEXTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que la parte no hizo manifestación respecto del derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 365 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75, 215 y 217 de la referida Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a EMMANUEL VIDAL MANZANO RAVELL, en contra del acto que reclama del Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente a las partes y cúmplase.
Quedan 10 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes
- Emmanuel Jacinto Vazquez Ortega148/2019
- Emmanuel Jesús González Urtecho2166/2021
- Emmanuel Jesús Herrera Chi1094/2023
- Emmanuel Moisés Muñoz Araujo1051/2020
- Emmanuel Pablo Burchard Payeras680/2020
- Emmanuel Varona Ramírez1289/2022
- Emmy Guadalupe Ramírez Lara398/2019
- Emny María del Socorro Ruiz1422/2021
- Emny Maria del Socorro Ruiz1451/2021
- Emperatriz Nereida Martínez Jiménez1659/2021
- Encarnación Antonio Francisco911/2021
- Endrich Joan Baas Alpuche1533/2022