Emir Alberto Moreno Sanchez

Expediente 2336/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 18 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2336/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
03/05/2023

Partes del expediente

  • Emir Alberto Moreno Sanchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO---Mérida, Yucatán, tres de mayo de dos mil veintitrés. DETERMINACIÓN En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. ARCHIVO Previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. DEPURACIÓN Por otra parte, de conformidad con lo establecido por el inciso b) de la fracción l, del artículo 18 del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente expediente es DEPURABLE, en virtud de que versa de una sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el párrafo final del artículo 21 del citado Acuerdo General. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos incidentales. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es destruible, pues se negó la suspensión definitiva solicitada, acorde con lo dispuesto en el inciso c), del artículo 21 del Acuerdo General relativo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el penúltimo párrafo del citado precepto. En términos de lo dispuesto en el inciso a), de la fracción II, del artículo 20 del citado Acuerdo General conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el artículo 23 del referido acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. DATOS ADMINISTRATIVOS Fecha del acuerdo en que se da vista a las partes con el cumplimiento: veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Fecha de la última notificación realizada a las partes de la vista de cumplimiento: treinta de marzo del año en curso. Fecha en que la autoridad responsable comunicó el cumplimiento de la ejecutoria: veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Fecha en que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria: veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y terceros interesados y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el oficio de la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno matutino, que remite en relación al cumplimiento de la sentencia constitucional pronunciada en este asunto. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercero interesada, y al representante especial de los menores involucrados, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la legal notificación de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, respecto de lo informado por las autoridades responsables en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia constitucional. Apercibidas que de no hacerlo dentro del plazo que para tal fin se le confiere, este Juzgado Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese, haciéndolo personalmente a las partes quejosa y tercero interesada, y al representante especial de los menores involucrados y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintidós de febrero de dos mil veintitrés. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la autoridad responsable, Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria de mérito, en cuyo segundo resolutivo se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de cien unidades de Medida y Actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, con cero centavos, moneda nacional), a que se refiere el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y29 DE LA LEY DE AMPARO...VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 2336/2022-VII-A, promovido por EMIR ALBERTO MORENO SÁNCHEZ, en contra del acto que reclama de la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Turno Matutino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció por EMIR ALBERTO MORENO SÁNCHEZ, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclama de la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Turno Matutino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en lo siguiente: El auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, que desechó el recurso de revocación que interpuso, en autos del juicio Ordinario Familiar de Custodia radicado con el número 114/2021, en contra del acuerdo de veintidós de agosto citado, en el que se determinó fijar días y horas de convivencia y otorgar a favor de Adelina Eduviges Garma Canul la custodia provisional de sus menores hijos de iniciales A.M.G. y H.M.G. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Turno Matutino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, por lo que así debe tenerse para los efectos del presente juicio. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTA. Inexistencia de causales de improcedencia y conceptos de violación. Al no existir causa de improcedencia hecha valer por alguna de las partes, ni advertirse de oficio la existencia de alguna, lo procedente es analizar el fondo del asunto mediante el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, ya que no existe algún precepto que obligue a ello, y además, porque dicha omisión no deja en estado de indefensión al solicitante del amparo, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, correspondiente a la Novena Época, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTA. Análisis de la litis constitucional. Resultan fundados y suficientes los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, suplidos en su deficiencia al tenor del artículo 79 fracción II de la Ley de Amparo, para concederle el amparo y protección de la Justicia federal que solicita. Previo al análisis de la litis constitucional, cabe destacar que en el presente juicio de amparo el acto reclamado que se estudia deriva de una controversia familiar; por tanto, involucra intereses de dos menores, por lo que resulta evidente que se debe atender al interés superior de éstos. Ello es así, pues el artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reproducido a su vez, en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, ha sido interpretado en el sentido que es deber de los tribunales federales que conozcan del juicio constitucional, suplir la deficiencia de los conceptos de violación en las materias y respecto de las categorías de personas que ahí se especifican, uno de cuyos supuestos, contemplado en la fracción II del artículo 79, prevé la suplencia de la deficiencia de la queja en favor de los menores o incapaces, sin que para determinar lo contrario sea relevante el carácter de quienes promuevan la demanda de amparo, ni la naturaleza de los derechos que se estén cuestionando, puesto que la institución de que se trata fue estructurada por el legislador no sólo para proteger los derechos familiares, sino también el bienestar de los menores de edad y de los incapaces. Bajo esa tesitura, los órganos federales tienen el deber de suplir la deficiencia de los conceptos de violación siempre que esté de por medio, directa o indirectamente, el bienestar de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quienes promuevan el juicio de amparo, porque el interés jurídico en las cuestiones que puedan afectar a la familia y principalmente en las concernientes a los menores y a los incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, ya que su voluntad no es suficiente para determinar la situación de los hijos menores; por el contrario, es la sociedad, en su conjunto, la que tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior de los menores de edad o de los incapaces. En ese tenor, la suplencia de la queja que deben respetar los órganos de control constitucional no se limita a una sola instancia, pues el alcance comprende desde el escrito inicial de demanda, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo, además tiene la facultad de recabar oficiosamente pruebas, esto es, aquéllos deben suplir la queja deficiente en todos los actos que integren el desarrollo del juicio para con ello lograr el bienestar del menor de edad o incapaz. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 167, Tomo XXIII, mayo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." De ahí que los juzgadores de amparo se encuentren en la aptitud legal de analizar con toda amplitud la litis sometida a su consideración, con independencia de que ese estudio cause un perjuicio a los padres en lo individual, en virtud que los derechos fundamentales de los niños guardan independencia con los derechos que les pudieran asistir a sus padres; de tal manera que los primeros no pueden entenderse subordinados a los segundos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio I.3o.C.846 C, emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, página 3120, Tomo XXXII, Octubre de 2010, Novena Época, que expresa: "MENORES DE EDAD. LA TUTELA DE SU INTERÉS SUPERIOR NO PUEDE ESTAR SUBORDINADA A LOS INTERESES DE SUS PROGENITORES O TUTORES. El legislador federal ha reconocido la protección especial que le asiste a las personas menores de edad en los artículos 76 Bis, fracción V, y 91, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, al momento de establecer en el juicio de garantías la figura de la suplencia de la queja deficiente a favor de los menores de edad a efecto de que este grupo vulnerable de personas puedan tener un acceso efectivo a la tutela de sus derechos fundamentales. En efecto, el juicio de amparo se constituye como medida protectora de los gobernados a la vez que del orden constitucional, que involucra la restitución plena de derechos, en beneficio de quien los vio postergados. Así, si bien el principio de agravio a instancia de parte involucra que el ejercicio de la acción sólo compete al agraviado, de manera que no podría operar en su perjuicio, debe distinguirse el caso en que los padres o tutores invocan la protección en beneficio de los menores de edad, con la consecuencia que de existir intereses opuestos entre ellos, el acto deba analizarse bajo las diferentes ópticas de los afectados para concluir que la regla objetiva de aceptar consecuencias de los propios actos en lo que beneficie o perjudique a los involucrados, cuando se trate de actos que involucren a menores, debe atemperarse bajo la excepción de que el estudio se exprese en lo que beneficie a los niños, supuesto de petición, aunque perjudique a la parte que promueve en su nombre, bajo la óptica del interés superior de los menores. De ahí que los juzgadores de amparo se encuentren en la aptitud legal de analizar en toda su amplitud la litis que es sometida a su consideración con independencia de que de ese estudio cause un perjuicio a los padres o tutores recurrentes en lo individual si es que en el caso se privilegia el derecho fundamental de los menores de edad a un desarrollo integral y normal, en virtud de que, los derechos fundamentales de los niños guardan independencia con los derechos que les pudieran asistir a sus padres o tutores, de tal manera que los primeros no pueden entenderse subordinados a los segundos." Ahora bien, de las constancias exhibidas por la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Turno Matutino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles vigente, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierten los siguientes antecedentes: 1.- Mediante escrito de fecha veintiuno de enero de dos mil veintiuno, Emir Alberto Moreno Sánchez, quejoso, promovió juicio ordinario oral familiar de custodia en contra de Adelina Eduviges Garma Canul, conociendo del asunto la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Turno Matutino del Primer Departamento Judicial del Estado, quedando registrado bajo el número de expediente 114/2021. (fojas 1 a 15 del anexo). 2.- Por auto de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, previo cumplimiento de la prevención que se le hizo a la parte actora, se admitió a trámite en la vía y forma propuesta la demanda. (fojas 65 y 66 del anexo). 3.- Dentro de la tramitación del juicio, el nueve de febrero de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia preliminar, en la cual quedaron como puntos controvertidos la guarda y custodia de los menores de edad de iniciales A.M.G. y H.M.G., el régimen y convivencia de los menores con su progenitor no custodio, la pensión alimenticia de ellos y la forma de garantizar dicha pensión. (foja 199 del anexo) 4.- El veintiséis de mayo de dos mil veintidós, se celebró la audiencia principal en el juicio, en la que se fijó como convivencia entre la demandada Adelina Eduviges Garma Canul y sus hijos los días sábados de cada dos semanas de once horas a las veinte horas del día domingo inmediato, y se ordenó continuar esa audiencia el veinticinco de agosto de ese propio año. (foja 268). 5.- Escrito de seis de junio de dos mil veintidós, en la que el aquí quejoso Emir Alberto Moreno Sánchez, le solicitó a la Juez responsable requiera a la demandada Adelina Eduviges Garma Canul, la entrega a él de los menores de edad de iniciales A.M.G. y H.M.G., en virtud de haberse negado a entregarlos el día y hora señalados, de acuerdo con el régimen de convivencia establecido, según lo manifestó el quejoso en su aludido escrito. (fojas 315 y 316). 6.- Por acuerdo de veintidós de agosto de dos mil veintidós, la Juez responsable en virtud de la suspensión provisional concedida en el incidente de suspensión derivado del diverso juicio de amparo 1448/2022-II-B, procedió a acordar lo peticionado por el aquí quejoso en su escrito de seis de junio citado, en los siguientes términos: "se tiene por presentado a Emir Alberto Moreno Sánchez, con su referido escrito, haciendo las manifestaciones a que se contrae, y respecto a las manifestaciones vertidas en cuanto al desarrollo del régimen de convivencia decretado por esta autoridad, luego de una revisión de los autos y constancias que integran el expediente relativo, es de advertirse que a la presente fecha no se han decretado las medidas provisionales correspondientes, por lo que con apoyo en los artículos 78 fracción VIII y 487 fracción VI del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Yucatán, y de conformidad al artículo 322 del Código de Familia para el Estado, que dispone que en toda determinación judicial sobre custodia y convivencia debe tomarse en cuenta, como aspecto primordial el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, que implica garantizar y proteger el desarrollo y ejercicio pleno de sus derechos, en tal tesitura, y por cuanto los hijos menores de edad de las partes de este procedimiento, se encuentra bajo la guarda efectiva de su progenitora, y a fin de preservar la estabilidad emocional de los menores de edad Alondra y Héctor de apellidos Moreno Garma, y no cambiarles innecesariamente su lugar de residencia, se decreta que la custodia provisional de los menores de edad Alondra y Héctor de apellidos Moreno Garma, corresponderá a la señora Adelina Eduviges Garma Canul, conservando el demandado el ejercicio de la patria potestad, lo anterior como consecuencia jurídica y material de la determinación decretada en auto de fecha dos de diciembre de dos mil veintiuno, misma que quedó insubsistente mediante auto de fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en cumplimiento al requerimiento hecho a efecto de dar debido cumplimiento a la ejecutoria de la sentencia en el Juicio de Amparo 2411/2021-I-B, pronunciada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán con fecha once de febrero del año dos mil veintidós, en la cual se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a Emir Alberto Moreno Sánchéz, quedando entonces que para salvaguardar los derechos de la referida Adelina Eduviges Garma Canul y de sus hijos menores de edad, se ordenó la salida de forma voluntaria de Emir Alberto Moreno Sánchéz, en los términos del referido auto. Seguidamente, respecto a la convivencia paterno filial de Emir Alberto Moreno Sánchéz, para con sus hijos menores de edad Alondra y Héctor de apellidos Moreno Garma, tomando en cuenta que los menores involucrados tienen derecho a convivir y mantener relaciones directas con sus padres, para estrechar los lazos filiales y disminuir en la medida de lo posible los efectos negativos que la separación de sus padres tenga sobre ella, ya que así se establece tanto en el preámbulo de la Convención Sobre los Derechos del Niño como en los artículos 8.1, 9.1 y 9.3 de dicha Convención; por lo tanto, se fija como días y horas de convivencia que Emir Alberto Moreno Sánchéz, podrá tener con sus hijos menores de edad Alondra y Héctor de apellidos Moreno Garma, mediante la modalidad de entrega-recepción en el domicilio donde habita ésta, a efecto de que los menores de edad Alondra y Héctor de apellidos Moreno Garma, sean entregados por su progenitora custodio, la señora Adelina Eduviges Garma Canul, a su padre Emir Alberto Moreno Sánchéz, los días sábado de cada dos semanas, a las once horas, con la obligación de éste, de regresarlos el mismo día sábado, a las veinte horas; en la inteligencia de que tanto el padre como la madre deberán respetar puntualmente los horarios establecidos, haciendo saber a los citados Adelina Eduviges Garma Canul y Emir Alberto Moreno Sánchéz; que el actual régimen de convivencia, en los términos ordenados en este auto, entrará en vigor el día sábado inmediatamente siguiente al día en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, así como que esta convivencia tendrá lugar siempre y cuando la salud de los menores lo permita, así como que la entrega y recepción de los niños se realice en un ambiente de respeto mutuo entre las familias materna y paterna, y los padres no se encuentren en estado inconveniente o su estado de salud represente un riesgo para el infante y con la restricción a ambos progenitores de no llevar a sus hijos menores de edad fuera de la ciudad en donde tenga su domicilio, y mucho menos del país, ya que en caso de desobediencia a esta restricción, se hará del conocimiento de la Autoridad competente cualquier indicio que pudiese generar delito. Seguidamente, en lo que atañe a la medida provisional establecida en la fracción II del numeral 196 del Código de Familia para el Estado, con fundamento en el artículo 78 fracción IV del Código de Procedimientos Familiares del Estado, gírese atento oficio al representante legal de Tlapalería El Ahorro, también conocida como Maderería, Materiales de Construcción y Tlapalería El Ahorro, a fin de que, dentro del término de ocho días, contados a partir de que reciba el citado oficio, informe a este Juzgado de manera detallada, desglosada y sin uso de abreviaturas, el monto total de los sueldos o emolumentos y demás prestaciones que devenga mensualmente Emir Alberto Moreno Sánchéz, como empleado de su representada, así como las deducciones que se le aplican al mismo, también se le hace saber al referido representante que debe rendir la información solicitada, o manifestar lo correspondiente para el caso de que no labore el citado Emir Alberto Moreno Sánchéz, bajo su mando." 7.- Luego, mediante escrito de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, el aquí quejoso interpuso recurso de revocación en contra del auto de veintidós de agosto citado; y, 8.- La autoridad responsable, por auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, desechó dicho recurso por considerar: "y respecto al recurso de revocación que pretende interponer en contra del auto de fecha veintidós de agosto del año dos mil veintidós y por los motivos que indica, siendo que el proveído que intenta combatir, fue dictado en cumplimiento de la suspensión entonces provisional, ahora definitiva, decretada en los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1448/2022-I-B, promovido por Emir Alberto Moreno Sánchéz, por consiguiente, con fundamento en el artículo 78 fracción III del ordenamiento adjetivo invocado, declárese que no es de admitirse como desde luego no se admite el recurso de revocación que insta el compareciente y por los motivos indicados." El acuerdo en comento, constituye el acto aquí reclamado. Como ya se dijo en líneas precedentes, son fundados los motivos de inconformidad vertidos por el quejoso, suplidos en su deficiencia en términos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 79 de la Ley de Amparo, toda vez que este asunto está relacionado con la guarda y custodia de dos menores de edad, y en el caso la parte quejosa alega que el acto reclamado es violatorio, entre otros, de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Resulta aplicable al caso, la tesis de rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE A FAVOR DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. AL APLICARLA EN UN LITIGIO DE GUARDA Y CUSTODIA, NO TIENE COMO FIN FAVORECER A ALGUNO DE LOS PROGENITORES. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, de rubro: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE.", consideró que siempre que esté de por medio, directa o indirectamente el bienestar de un menor de edad, los juzgadores y juzgadoras tienen el deber de suplir la deficiencia de la queja en toda su amplitud. Ahora bien, no puede de alguna manera afirmarse que se esté favoreciendo a uno de los progenitores en detrimento de los derechos de los niños y niñas involucrados, cuando se supla la queja en los casos en que éstos se vean involucrados directa o indirectamente y se otorgue su guarda y custodia a uno de los progenitores. En efecto, en los casos en que sea objeto de litigio la guarda y custodia de niños, niñas y adolescentes, necesariamente a uno de los progenitores le será otorgada ésta y se verá de algún modo colmada su pretensión, pero el sustento y el móvil de tal determinación es y debe ser siempre el interés superior del menor, pues es a la luz de este principio constitucional que se suple la deficiencia de la queja, con la finalidad de hacerlo operativo y lograr la protección efectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los casos litigiosos que les afecten." (Registro digital: 2018830, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Común, Civil, Tesis: 1a. CCII/2018 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 412, Tipo: Aislada) En el caso, la Juez responsable desechó el recurso de revocación interpuesto por el quejoso en contra del acuerdo de veintidós de agosto de dos mil veintidós, por considerarlo improcedente. Al respecto, en el artículo 78 fracción III, del Código de Procedimientos Familiares del Estado, se evidencia la permisión legal al juzgador de desechar aquellos recursos que resulten notoriamente improcedentes, pues dispone lo siguiente: "Facultades del juez Artículo 78. El juez está facultado para: [...] III. No admitir incidentes, promociones o recursos notoriamente improcedentes;...". Por su parte, los numerales 420, 421, 423, 424 y 425 del Código de Procedimientos Familiares de la entidad, dicen: Artículo 420. Las resoluciones emitidas por los jueces son impugnables a través de los recursos, en las formas que establece este Código. Artículo 421. Este Código reconoce como recursos los siguientes: I. Revocación, y II. Apelación. Artículo 423. Los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juez que los haya dictado. Artículo 424. Durante la audiencia, el recurso de revocación sólo procede en contra del auto que: I. Resuelva excepciones II. No admita pruebas. III. Declare o niegue tener por confesa a alguna de las partes, y IV. Resuelva sobre la revisión de medidas provisionales- En estos casos, la revocación sólo puede plantearse en la audiencia y al momento de emitirse el auto o decreto. Interpuesta la revocación, el juez debe dar vista a la parte contraria, de estar presente, para que en el acto la desahogue y posteriormente dicte la resolución. Los demás decretos y autos dictados en audiencia son irrecurribles. Artículo 425. En caso contrario al señalado en el artículo anterior, la revocación se debe interponer con la expresión de agravios, al día siguiente de la notificación al recurrente." De las anteriores transcripciones se desprende que los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juez que los haya dictado. Disponen de igual manera, en lo que aquí interesa, que cuando el recurso se haga valer fuera de audiencia, éste se debe interponer con la expresión de agravios, al día siguiente de la notificación al recurrente; que una vez interpuesta la revocación, cuando así proceda, se debe dar vista a la parte contraria por tres días y transcurridos éstos, el juez debe resolver dentro del tercer día lo que proceda. Por tanto, debe entenderse que la facultad de los jueces para desechar recursos notoriamente improcedentes, implica la imperativa necesidad del cumplimiento cabal del deber de fundamentar y motivar su determinación, así como de manera exhaustiva y congruente a lo pedido. De la determinación recurrida, se observa que el actuar de la autoridad responsable se limitó a desechar el recurso interpuesto, con base en que el acuerdo recurrido fue dictado en cumplimiento de la suspensión provisional, ahora definitiva, decretada en los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1448/2022-I-B, del índice de este juzgado, promovido por el aquí quejoso. Sin embargo, las razones por las que consideró que era improcedente el recurso interpuesto no se comparten, ya que la sola referencia de que el auto recurrido fue dictado en cumplimiento de la suspensión provisional, ahora definitiva, decretada en los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1448/2022-I-B, del índice de este juzgado, no justifica en modo alguno dicha determinación apoyado en la fracción III del artículo 78 del Código de Procedimientos Familiares del Estado. Por tanto, aun cuando dicho precepto legal prevé que los Jueces están facultados para no admitir recursos notoriamente improcedentes, también lo es que esta disposición no significa, ni puede significar, que deban decidir arbitrariamente sobre los recursos interpuestos por las partes, tan sólo porque se trata de una facultad concedida a los Jueces, pues para llegar a determinar improcedente algún recurso, en principio debe establecerse el por qué se arriba a esa conclusión, es decir, es necesario que se expongan las razones por las que, en realidad, el juzgador hubiese desechado el recurso, por estimarlo improcedente. Máxime que la medida cautelar concedida en los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1448/2022-I-B, fue para el efecto de que la Juez responsable "de manera INMEDIATA se pronuncie en relación al escrito de seis de junio de dos mil veintidós, presentado en autos del juicio ordinario familiar de custodia 114/2021 de su índice y lo haga del conocimiento de la parte quejosa.", esto es, para que diera contestación a lo peticionado por el también hoy quejoso en su ocurso de seis de junio de dos mil veintidós; de manera que no se le dio algún lineamiento expreso a la Juez para que resolviera en cierto sentido, que la vinculara a resolver en determinada forma; por lo que no tenía mas opción que resolver en la forma en que lo hizo, para entonces poder sostener que ante esa situación el recurso era improcedente. Al respecto, se entiende cuando se expresa que un recurso es notoriamente "improcedente", el que no admita la ley, la práctica o la doctrina, es decir, que para su tramitación requiere estar expresamente establecida en el ordenamiento aplicable. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 3, febrero de 2014, tomo I, página 665, registro 2005535, de rubro y texto siguientes: "INCIDENTES, RECURSOS O PROMOCIONES NOTORIAMENTE MALICIOSOS O IMPROCEDENTES. SU CONNOTACIÓN. El artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles prevé que los tribunales no admitirán nunca incidentes, recursos o promociones notoriamente maliciosos o improcedentes, y que los desecharán de plano, sin necesidad de mandarlos hacer saber a las otras partes, ni dar traslado ni formar artículo. Al respecto, la malicia en las promociones se presenta cuando en ellas se identifica la mala fe del promovente, por ejemplo, cuando busca retardar la ejecución de alguna resolución o evitar que una decisión judicial se materialice; por su parte, la notoria improcedencia se configura cuando de la simple lectura de la promoción se advierte en forma patente y absolutamente clara la certeza y plena convicción de que la admisión o acogimiento de lo pedido no dará lugar a una decisión diferente de la que pueda tomarse desde luego; de manera que lo que el citado artículo trata de evitar es la tramitación de promociones que resulten ociosas o intrascendentes, ya sea porque tengan un evidente propósito dilatorio, o porque se formulen peticiones infundadas por no concurrir los presupuestos de hecho o de derecho que las justifiquen pues, en esas circunstancias, no es indispensable la previa audiencia del interesado ni que se admita su promoción, por ser inútil su tramitación al carecer del derecho subjetivo o procesal correspondiente, por la propia improcedencia de la petición formulada dentro del procedimiento respectivo, esto, en aras de observar los principios de prontitud y expeditez procesal contenidos en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En consecuencia, si no se expusieron los argumentos suficientes relativos a justificar la improcedencia del recurso, llevando a cabo un análisis pormenorizado en cuanto a la notable intención de evitar el entorpecimiento de la administración de la justicia en atender pretensiones que resulten ociosas o intrascendentes, o bien, porque se interpuso un recurso que no cumple con los requisitos presupuestales necesarios para que sea dable su análisis; a saber: la legitimidad de quien lo promueve, ya que sólo quien es parte puede promover el referido recurso; o la temporalidad, pues el plazo de interposición es al día siguiente del acuerdo recurrido; o bien, si se promovió en contra de una determinación que es impugnable a través de diverso tipo de recurso, ya que la revocación procede sólo respecto de autos que no sean apelables; o que en su caso estuviere en la hipótesis antes referida de una resolución dictada en cumplimiento de una ejecutoria de amparo en la que no se otorgó libertad de jurisdicción; es claro que se dejó al quejoso en estado de indefensión, impidiéndole que esté en condiciones de cuestionar y controvertir la decisión. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo III, segunda parte-2, enero-junio de 1989, página 652 y registro 229045, de rubro y texto siguientes: "RECURSOS Y PROMOCIONES FRIVOLOS O IMPROCEDENTES, DESECHAMIENTO DE LOS. DEBE MOTIVARSE. (LEGISLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON). La simple cita de una disposición legal, en el caso del artículo 41 del Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León, en el auto que desecha un recurso por considerarlo notoriamente frívolo o improcedente, no basta para concluir que dicho acto de autoridad esté motivado, en términos del artículo 16 de la Constitución Federal, si en él no se señalan ni precisan las circunstancias especiales y razones particulares que se hayan tenido en cuenta para la emisión del acto." Y el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, consultable en la foja 525, Volumen 217-228, Sexta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, con registro 247219, que señala: "RECURSOS. CALIFICACION DE SU FRIVOLIDAD O IMPROCEDENCIA. NO QUEDA AL ARBITRIO DE LOS JUECES SINO QUE DEBE APARECER MANIFIESTA DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE CADA CASO. Los recursos son, en lo general, medios de impugnación de los actos procesales. La necesidad de justicia constituye su origen. En el caso de la apelación, la revisión se efectúa por el superior. El acto provocatorio del apelante no supone que la resolución impugnada sea realmente justa; basta con que se le considere como tal, para que el recurso proceda y surja la segunda instancia. El artículo 72 del Código de Procedimientos Civiles dispone, en su primer párrafo, que los tribunales no admitirán nunca recursos notoriamente frívolos e improcedentes, los desecharan de plano, sin necesidad de mandarlos hacer saber a la otra parte, ni formar artículo. La calificación de frivolidad improcedencia de un recurso, pues, no queda el arbitrio de los Jueces; debe aparecer manifiesta de las circunstancias de cada caso. Si no existe causa notoria para el desechamiento, como cuando el recurso se interpone fuera de tiempo o la resolución impugnada por su naturaleza no es apelable, debe admitirse para que el superior resuelva después con conocimiento de causa." Consecuentemente, es dable sostener que el auto reclamado es violatorio en perjuicio del quejoso, de sus derechos fundamentales de seguridad y legalidad, congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 16 de la Constitución Federal. Resulta aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia sostenida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1531, del Tomo XXIII, Mayo de 2006, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 175082, que menciona: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción." Y por analogía, la tesis de jurisprudencia sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, visible en la página 959, Tomo XXI, marzo de dos mil cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 179074, que dice: "CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el de exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la disposición legal. Así, el principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis tal como haya quedado establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia interna, entendida como aquella característica de que el laudo no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, de congruencia externa, que en sí atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la defensa, sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Por tanto, cuando la autoridad laboral dicta un laudo sin resolver sobre algún punto litigioso, en realidad no resulta contrario al principio de congruencia, sino al de exhaustividad, pues lejos de distorsionar o alterar la litis, su proceder se reduce a omitir el examen y pronunciamiento de una cuestión controvertida que oportunamente se le planteó, lo que permite, entonces, hablar de un laudo propiamente incompleto, falto de exhaustividad, precisamente porque la congruencia -externa- significa que sólo debe ocuparse de las personas que contendieron como partes y de sus pretensiones; mientras que la exhaustividad implica que el laudo ha de ocuparse de todos los puntos discutibles. Consecuentemente, si el laudo no satisface esto último es inconcuso que resulta contrario al principio de exhaustividad que emerge del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, traduciéndose en un laudo incompleto, con la consiguiente violación a las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal." En consecuencia, lo que legalmente procede es conceder a Emir Alberto Moreno Sánchez, el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, para los efectos siguientes: a) Que la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno matutino, deje insubsistente el acuerdo de veintidós de agosto de dos mil veintidós, únicamente en lo relativo al desechamiento del recurso de revocación interpuesto aquí analizado; y, b) Emita una nueva determinación, en la que admita el recurso interpuesto y con libertad de jurisdicción lo resuelva fundada y motivadamente, pues sólo así se le restituirá en el goce y disfrute del derecho fundamental violado. Al respecto se cita la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 59, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 82, octubre de 1994, con registro 210154, que dice: "JUEZ DE DISTRITO, EN SU RESOLUCIÓN NO PUEDE SUPLIR LAS DEFICIENCIAS EN EL FUNDAMENTO Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El juez de Distrito y, en general, la autoridad de amparo, no puede subsanar las deficiencias de motivación y fundamento legales de que adolezca el acto emitido por una autoridad, porque el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que sea la autoridad competente quien funde y motive debidamente su resolución; por tanto, para considerar que es constitucional el acto reclamado, no basta que existan las circunstancias específicas y las razones particulares o causas inmediatas que se puedan tener en consideración para la emisión de dicho acto de autoridad y que estén vigentes las disposiciones legales aplicables a ellas ya que, para ese efecto, es necesario, además, que tales datos se mencionen con toda precisión en el documento mismo que contiene el acto de autoridad y no en otro diverso, mucho menos, en la resolución dictada en el juicio de amparo cuyo análisis debe referirse, específicamente, a la satisfacción de esos requisitos. Consecuentemente, no es correcto que al resolver el juicio de garantías, la autoridad de amparo, motu proprio, exprese las consideraciones de motivación y fundamento que no se contienen en el acto reclamado, para concluir, con base en ellas, que dicho acto de autoridad está apegado a las normas que lo rigen, pues, con ese proceder, aparte de agravar la situación jurídica del quejoso, suple la deficiencia legal de ese acto, el cual, lejos de ser corregido por la potestad de amparo, debe ser anulado por ésta mediante sentencia que conceda la protección constitucional." Así como la jurisprudencia 2ª./J.67/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 358, del Tomo VIII, Septiembre de 1998, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE AMPARA POR OMISIÓN DE ESAS FORMALIDADES, ES LA EMISIÓN DE UNA RESOLUCIÓN NUEVA QUE PURGUE TALES VICIOS, SI SE REFIERE A LA RECAÍDA A UNA SOLICITUD, INSTANCIA, RECURSO O JUICIO. Los efectos de una ejecutoria de amparo que otorga la protección constitucional por falta de fundamentación y motivación de la resolución reclamada son los de constreñir a la autoridad responsable a dejarla sin efectos y a emitir una nueva subsanando la irregularidad cometida, cuando la resolución reclamada se haya emitido en respuesta al ejercicio del derecho de petición o que resuelva una instancia, recurso o juicio, ya que en estas hipótesis es preciso que el acto sin fundamentación y motivación se sustituya por otro sin esas deficiencias pues, de lo contrario, se dejaría sin resolver lo pedido." SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVO. Expedición de copias Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77 y 124 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E : PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a MAURICIO DE LA TORRE JIMÉNEZ en contra del acto que reclama de la Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos y para los efectos expuestos en la parte final del considerando quinto de la presente sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente y cúmplase.

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