Emily Georgina Hermosillo Fuentes
Expediente 2769/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2769/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Emily Georgina Hermosillo Fuentes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este asunto, el oficio 547 signado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que ha causado estado el proveído de veinte de diciembre de dos mil veintidós, en el cual, desechó de plano el recurso de queja interpuesto contra el auto de uno de diciembre del referido año, dictado en estos autos. Circunstancia de la cual este juzgado federal queda enterado, para los efectos legales conducentes y como está ordenado en proveído de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, en su oportunidad, remítase este asunto al archivo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este asunto, el oficio 9059/2022 signado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica que desechó el recurso de queja interpuesto en contra del auto dictado el uno de los corrientes, mismo que registró con el número 533/2022 de su índice. Circunstancia de la cual este juzgado federal queda enterado, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Vistos estos autos, se agrega el oficio firmado por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, residente en esta ciudad, así como el anexo que adjuntó; que remite en relación con el cumplimiento de la sentencia dictada en autos. Del oficio de mérito, se aprecia que dictó un acuerdo el quince de diciembre de este año, por medio del cual le requirió de nueva cuenta al Cabildo del Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, para que realice los ajustes a su presupuesto de egresos del año dos mil veintitrés, instrumentando todos los mecanismos de transferencia o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, dando vista a la Auditoría Superior del Estado de dichas modificaciones, solicitando el auxilio del Congreso del Estado, a fin de que lo asesoren para la creación de una partida presupuestal en la que se establezca el pago liso y llano del actor aquí quejoso. Para lo cual, le concedió el término de diez días hábiles y lo apercibió con multa en caso de incumplir. Al efecto, se tiene por informado lo anterior y se requiere al Magistrado responsable para que una vez transcurrido el plazo que otorgó al Presidente del Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, para atender lo anterior, comunique el cumplimiento que se dé a dicho requerimiento. En el entendido que, de efectuarse con anterioridad al fenecimiento del plazo señalado, lo deberá informar a este Juzgado Federal para acordar lo conducente. Apercibido que, de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, equivalente a $9,622.00 (nueve mil, seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional); y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
VISTO para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 726/2022-IV-A, promovido por IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Solicitud de la Suspensión. En la correspondiente demanda de amparo, IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO, solicitó la suspensión definitiva en contra de los actos que reclama de las autoridades Director General de Acuerdos Conclusivos "A", de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y Cámara de Senadores), Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Gobernación, Secretario de Hacienda y Crédito Público y Director del Diario Oficial de la Federación, con sede en la Ciudad de México. SEGUNDO. Apertura de los cuadernos incidentales. Por acuerdo dictado el catorce de marzo de dos mil veintidós, emitido en el juicio principal, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, se abrieron los presentes autos mediante proveído de esa propia fecha, se ordenó notificar a las partes, previo diferimiento, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. CONSIDERACIONES PRIMERA. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado por la parte quejosa, el cual hizo consistir en: 1. Del Director General de Acuerdos Conclusivos "A", de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la emisión del acuerdo de improcedencia de fecha diecisiete de enero de dos mil veintidós en el que se determina que no procede la solicitud de adopción de acuerdo conclusivo presentado vía electrónica el catorce de enero de dos mil veintidós. 2. Del Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y Cámara de Senadores), la discusión, aprobación y expedición del decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, de la ley de Impuesto al Valor Agregado y el Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de diciembre de dos mil veinte, propiamente de la reforma realizada al artículo 69-C del Código Fiscal de la Federación. 3. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la orden de promulgación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, de la ley de Impuesto al Valor Agregado y el Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de diciembre de dos mil veinte, propiamente de la reforma realizada al artículo 69-C del Código Fiscal de la Federación. 4. Del Secretario de Gobernación, el refrendo de la orden de promulgación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, de la ley de Impuesto al Valor Agregado y el Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de diciembre de dos mil veinte, propiamente de la reforma realizada al artículo 69-C del Código Fiscal de la Federación. 5. Del Secretario de Hacienda y Crédito Público, el refrendo de la discusión, aprobación y expedición del decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, de la ley de Impuesto al Valor Agregado y el Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de diciembre de dos mil veinte, propiamente de la reforma realizada al artículo 69-C del Código Fiscal de la Federación; y 6. Del Director del Diario Oficial de la Federación, la publicación del decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, de la ley de Impuesto al Valor Agregado y el Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de diciembre de dos mil veinte, propiamente de la reforma realizada al artículo 69-C del Código Fiscal de la Federación. SEGUNDA. No es cierto el acto que se atribuye al Secretario de Hacienda y Crédito Público (número de promoción 27696), ya que al rendir su informe lo negó, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna que desvirtuara dicha negativa, por lo que SE NIEGA la suspensión definitiva en lo referente a dicha autoridad y acto. TERCERA.- Se tienen como ciertos, los actos reclamados a las autoridades responsables Director General de Acuerdos Conclusivos "A", de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (número de promociones 9580 y 12300), Secretario de Gobernación (10165), Cámara de Diputados (número de promoción 12431), Cámara de Senadores (número de promoción 9899), Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos (27695), y Director del Diario Oficial de la Federación (número de promoción 10182), con sede en la Ciudad de México, toda vez que así lo manifestaron al rendir sus informes previos. Cabe citar la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, visible en la página 2357 del Tomo CXXI del Semanario Judicial de la Federación, registro 317630, que indica: "INFORME PREVIO, FALTA DE. La falta de informe previo establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, tan sólo para los efectos de la suspensión, según lo previene el artículo 132 de la Ley de Amparo, pero no con respecto al fondo del negocio." CUARTA. Ahora bien, por lo que respecta a la suspensión definitiva solicitada de los referidos actos reclamados, se niega la misma, toda vez que dichos actos ya se llevaron a cabo, por lo que resulta evidente que se trata de actos consumados con efectos positivos, contra los cuales, por su naturaleza, resulta improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darles efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo, del que se deriva el presente incidente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 1135, visible en la página 781, tomo VI, materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años de 1917-1995, del siguiente tenor: "LEYES, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CONTRA EXPEDICIÓN Y PROMULGACIÓN DE LAS. No puede concederse la suspensión contra la promulgación y expedición de las leyes, si aquellas ya se llevaron a cabo." Así como la sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 378, tomo XI-Marzo, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SUSPENSIÓN CONTRA UNA LEY. Es improcedente conceder la suspensión contra la expedición de la leyes, porque la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes, y no estás en sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que puede perjudicar a los quejosos, es materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión." Y la tesis de jurisprudencia número 12, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 223,638, que dice: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSION IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie." Por otra parte, en cuanto a los efectos y consecuencias de los citados actos reclamados, debe decirse que para que se conceda la medida cautelar solicitada, deben satisfacerse los requisitos de procedencia que se prevén en el artículo 128 de la Ley de Amparo, esto es: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Al respecto, se colma el requisito señalado en la fracción I, toda vez que la parte quejosa en su escrito de demanda solicitó la suspensión provisional y a la postre la definitiva. Pero en cuanto a lo señalado en la fracción II, no se satisface, por los motivos que a continuación se exponen: Es preciso señalar que el objeto de la suspensión provisional, consiste en mantener las cosas en el estado en que guardan al solicitar la protección constitucional para evitar que el acto reclamado, su ejecución o consecuencias se consumen ocasionando que quede sin materia el amparo o se produzcan perjuicios de difícil reparación a la parte quejosa, siempre que reúna los requisitos de procedencia previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Así, es procedente otorgar la medida cautelar solicitada con respecto a los efectos y consecuencias de los actos reclamados, cuando la naturaleza del acto lo permita y no se afecte al interés general ni se contravengan disposiciones de orden público. El orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas en la medida en que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno; además que dichas figuras se ven afectadas cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. La suspensión de los actos reclamados tiene como presupuestos la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, como se precisa en la tesis de jurisprudencia P./J. 15/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Novena Época, abril de mil novecientos noventa y seis, página dieciséis, del siguiente contenido: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión." Conforme al artículo 138 de la Ley de Amparo, al resolver sobre la suspensión del acto reclamado el juzgador debe ponderar simultáneamente el interés del quejoso frente al perjuicio social o al orden público; pero, en cada caso, debe realizar un estudio respecto de la disposición o acto que se reclame para determinar si la suspensión es procedente conforme a la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, esto es, que no se siga perjuicio al interés social ni se afecte el orden público. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha resuelto que, se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. En este sentido, para determinar si se afecta el orden público e interés social, es preciso atender al texto del artículo respecto del que se solicitó la medida cautelar, a saber, artículo 69-C del Código Fiscal de la Federación, relativa a los acuerdos conclusivos. "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y el Código Fiscal de la Federación". "Artículo 69-C. Cuando los contribuyentes sean objeto del ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 42, fracciones II, III o IX de este Código y no estén de acuerdo con los hechos u omisiones asentados en la última acta parcial, en el acta final, en el oficio de observaciones o en la resolución provisional, que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, podrán optar por solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo. Dicho acuerdo podrá versar sobre uno o varios de los hechos u omisiones consignados y será definitivo en cuanto al hecho u omisión sobre el que verse. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, los contribuyentes podrán solicitar la adopción del acuerdo conclusivo en cualquier momento, a partir de que dé inicio el ejercicio de facultades de comprobación y hasta dentro de los veinte días siguientes a aquél en que se haya levantado el acta final, notificado el oficio de observaciones o la resolución provisional, según sea el caso, siempre que la autoridad revisora ya haya hecho una calificación de hechos u omisiones. No procederá la solicitud de adopción de un acuerdo conclusivo en los casos siguientes: I. Respecto a las facultades de comprobación que se ejercen para verificar la procedencia de la devolución de saldos a favor o pago de lo indebido, en términos de lo dispuesto en los artículos 22 y 22-D de este Código. II. Respecto del ejercicio de facultades de comprobación a través de compulsas a terceros en términos de las fracciones II, III o IX del artículo 42 de este Código. III. Respecto de actos derivados de la cumplimentación a resoluciones o sentencias. IV. Cuando haya transcurrido el plazo de veinte días siguientes a aquél en que se haya levantado el acta final, notificado el oficio de observaciones o la resolución provisional, según sea el caso. V. Tratándose de contribuyentes que se ubiquen en los supuestos a que se refieren el segundo y cuarto párrafos, este último en su parte final, del artículo 69-B de este Código. El procedimiento de acuerdo conclusivo a que se refiere este artículo, no deberá exceder de un plazo de doce meses contados a partir de que el contribuyente presente la solicitud respectiva ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente". En razón de la actual redacción del precepto legal reclamado, y de acuerdo con la pretensión de la parte quejosa, no es posible otorgar la suspensión, ya que ello implicaría modificar el mecanismo en cuanto al momento en que puede el contribuyente amparista solicitar la adopción del acuerdo conclusivo, punto sobre el cual la porción normativa en su redacción actual tiene una limitante, que es a partir de que dé inicio el ejercicio de facultades de comprobación y hasta dentro de los veinte días siguientes a aquél en que se haya levantado el acta final, notificado el oficio de observaciones o la resolución provisional, según sea el caso, siempre que la autoridad revisora ya haya hecho una calificación de hechos u omisiones. En este contexto, de otorgarse la medida cautelar, se produciría un daño a la colectividad, puesto que es de interés general que el Estado cuente con mecanismos más eficientes para verificar que se cumplan con las disposiciones fiscales. En efecto, se pretende delimitar el momento en que un contribuyente pueda plantear un acuerdo conclusivo para no retardar el proceso de fiscalización y acortarlo mediante la implementación del plazo de veinte días. Desde luego, la colectividad está interesada en que el Estado cuente con la capacidad de fiscalización que permita verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a las que los contribuyentes se encuentran constitucionalmente constreñidos; por lo que, el perjuicio que sufriría la sociedad sería mayor, por impactar en el tema recaudatorio, que el que pudiera resentir el particular con la limitación del plazo en el cual puede solicitar el acuerdo conclusivo. En relación con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la obligación de contribuir a los gastos públicos prevista en la fracción IV del artículo 31 constitucional y, por lo tanto, los ordenamientos que regulan la verificación de su cumplimiento por parte de los gobernados, es decir, los procedimientos de fiscalización, son de orden público, pues su contravención implica infracción a las leyes que establecen derechos a favor de la colectividad y existe un interés general en que las referidas autoridades verifiquen que los gobernados cumplen con las obligaciones que la Constitución les impone, y los plazos y tiempos estén delimitados, pues a través de su acatamiento se satisfacen necesidades colectivas y se logra un bienestar común. En tal virtud, si bien las disposiciones reclamadas no regulan en sí mismo el ejercicio de las facultades de comprobación, es viable advertir que trascienden al ejercicio de la verificación que sobre éstas deben ejercer las autoridades fiscales; por lo cual, de concederse la suspensión para que no se cumplan o se altere el mecanismo de la verificación de las obligaciones derivadas de aquéllas disposiciones y reglas, se causaría un mayor perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, en comparación con el perjuicio que se pudiera causar a la parte quejosa, pues la obligación impuesta persigue un mayor control y certeza por cuanto al tema de los acuerdos conclusivos. Entonces, si como se ha dicho la suspensión en el juicio de amparo, se supedita a que no se contravengan disposiciones de orden público o se afecte al interés de la sociedad, pues el interés colectivo está por encima del particular, entonces, NO ES PROCEDENTE CONCEDER la suspensión definitiva, porque de otorgarse se vulneraría el interés general y se contravendrían disposiciones de orden público. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO.- SE NIEGA la suspensión definitiva solicitada por ********************en contra del acto reclamado al Secretario de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México, por las razones apuntadas en la consideración segunda de este fallo. SEGUNDO.- SE NIEGA la suspensión definitiva solicitada por ********************en contra del acto reclamado a las autoridades responsables señaladas en la consideración tercera de esta resolución, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la misma. Notifíquese y cúmplase.
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