Emir Alberto Moreno Sanchez

Expediente 2610/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2610/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
03/01/2023

Partes del expediente

  • Emir Alberto Moreno Sanchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio, firmada el quince de diciembre de dos mil veintidós, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, PUES SE NEGÓ LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Por otro lado, toda vez que no existe motivo legal alguno para que continúe en la Secretaría de este Juzgado el legajo de copias certificadas que la autoridad responsable remitió al rendir su correspondiente informe justificado; por tanto, devuélvase el mismo a la citada autoridad. Como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad, hasta el día treinta de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Visto, para resolver el juicio de amparo 2610/2022-II-B, que promovió EMIR ALBERTO MORENO SÁNCHEZ, por su propio y personal derecho y en representación de sus hijos menores de edad de identidad reservada A.M.G. y H.M.G., en contra del acto reclamado a la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno matutino, con sede en esta ciudad, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, turnado el mismo día a este Juzgado, compareció EMIR ALBERTO MORENO SÁNCHEZ, por su propio y personal derecho y en representación de sus hijos menores de edad de identidad reservada A.M.G. y H.M.G., a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno matutino, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de demanda. Por auto de ocho de noviembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo. Por tal motivo se solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable, se ordenó emplazar al tercero interesado, dar a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le competía; se designó un representante especial para los menores de edad quejosos y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley de Amparo, 49 y 60 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado; sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, en términos de lo dispuesto en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia a reclamar lo siguiente: La omisión de dictar la sentencia correspondiente en el juicio ordinario familiar de custodia 114/2021, que promovió en contra de Adelina Eduviges Garma Canul. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno matutino, con sede en esta ciudad, pues aun y cuando al rendir su informe manifestó que sí era cierto, inmediatamente hizo manifestaciones con las que desvirtúa la certeza informada. En efecto, resulta inexistente el acto reclamado, puesto que de las documentales consistentes en copia certificada del expediente número 114/2021 (anexo I); a las que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se advierte lo siguiente: 1. Previo cumplimiento al requerimiento de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, por auto de veintiocho de octubre siguiente, la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno matutino, con sede en esta ciudad, admitió a trámite el juicio ordinario de guarda y custodia promovido por Emir Alberto Moreno Sánchez en contra de Adelina Eduviges Garma Canul; asimismo ordenó que se llevara a cabo una audiencia de carácter privado con los menores, con la asistencia del Fiscal de su adscripción. 2. Por auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la demandada contestando la demanda instaurada en su contra, y por lo que hace a las medida provisionales, continuó con la reserva. 3. Mediante proveído de quince de diciembre de dos mil veintiuno, la Juez responsable dictó medidas de protección en favor de Adelina Eduviges Garma Canul. 4. En fecha dieciocho de enero de dos mil veintidós, Emir Alberto Moreno Sánchez presentó a los menores a la diligencia de escucha, la cual no se verificó ya que no era recomendable para los menores. 5. En fecha nueve de febrero de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia preliminar en la que se admitieron las pruebas ofrecidas por las partes, entre ellas la pericial en psicología sobre los menores, el actor y la demandada; por tal motivo se señaló el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós para la celebración de la audiencia principal. 6. Auto de veintidós de agosto de dos mil veintidós, en el que la Juez responsable se pronunció respecto a las medidas provisionales, y para ello decretó que la custodia de los menores correspondería a Adelina Eduviges Garma Canul, y fijó un régimen de convivencia entre los menores y su progenitor, el cual regularizó por proveído de veintitrés de agosto siguiente, en relación a la forma en la que se llevaría a cabo la misma; asimismo tuvo por recibidos los dictámenes periciales en materia de psicología realizados por el perito correspondiente. 7. Acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, en el que entre otras cuestiones, la Juez responsable allegándose de los elementos necesarios para resolver el asunto, solicitó a la Unidad de Evaluación Psicológica y de Trabajo Social del Poder Judicial del Estado, realizara una revisión y emitiera una observación del dictamen y documentación que presentó Víctor Manuel Canché May, en relación a la prueba pericial en materia psicológica desahogada en el procedimiento de origen. De las anteriores constancias se desprende que se encuentra pendiente la revisión y observación del dictamen y documentación que presentó Víctor Manuel Canché May, en relación a la prueba pericial en materia psicológica desahogada en el procedimiento de origen, que solicitó la Juez responsable a la Unidad de Evaluación Psicológica y de Trabajo Social del Poder Judicial del Estado. La cual a la fecha de la promoción del presente juicio de amparo, no se tiene noticia de que se hubiese llevado a cabo. De ahí que, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, esto es, el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, la Juez responsable aún no se encuentra en condiciones para dictar la sentencia en el juicio de origen, por lo que no puede establecerse que a esa fecha había la omisión imputada a la autoridad responsable. Bajo ese tenor, se tiene que a la fecha en que la parte quejosa promovió el juicio en el que se actúa, la autoridad se encontraba imposibilitada para fallar en definitiva el procedimiento ordinario familiar de guarda y custodio 114/2021, por encontrarse pendiente la referida información que solicitó. En este punto, debe precisarse, que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya que de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Cobra aplicación en el presente caso, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 79, Julio de 1994, página: 15, en materia común, bajo el rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Atendiendo a lo anterior, ante la inexistencia del acto reclamado, lo que procede en el caso es sobreseer en el juicio al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 926, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del motivo de sobreseimiento que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,465, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." CUARTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SEXTO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo.. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por EMIR ALBERTO MORENO SÁNCHEZ, por su propio y personal derecho y en representación de sus hijos menores de edad de identidad reservada A.M.G. y H.M.G., en contra del acto que reclamó de la Juez Segundo de Oralidad Familiar, turno matutino, del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad; por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de diciembre de dos mil veintidós. Visto: agréguese el alegato ministerial 825/2022, de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal; reservándose para ser tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Por otra parte, en relación a su solicitud de copias certificadas, hágase del conocimiento de la representante social, que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramita vía electrónica, esto es, los acuerdos dictados en el mismo únicamente obran en el expediente electrónico. En ese sentido, con fundamento en el artículo 3° de la ley de la materia, únicamente se autoriza la expedición de copias certificadas relativas a actuaciones previas a la entrada en vigor del acuerdo en cita. Pues respecto a las actuaciones posteriores, dígase a la citada representante social que se encuentra en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido de que las que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas. Lo anterior, con fundamento en el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan estos autos, de los que se advierte que hasta la presente fecha la autoridad responsable Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Registro Público Vehicular, con sede en la Ciudad de México, ni obra en autos la tarjeta de acuse de recibo correspondiente al oficio por el que se le solicitó. En consecuencia, lo procedente es diferir la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Lo anterior, con apoyo en el artículo 17 constitucional, tomando en consideración que el domicilio de dicha autoridad se ubica fuera de la residencia de este juzgado; y a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos de diferimiento innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Finalmente, a fin de evitar mayores dilaciones, solicítese vía telegráfica, de nueva cuenta a la referida autoridad responsable Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Registro Público Vehicular, con sede en la Ciudad de México, que cumpla con el requerimiento de uno de marzo de dos mil veintidós. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $8,688.00 (ocho mil, seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N), conforme a lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Para ello, a fin de tener la certeza de que dicha responsable se encuentre en aptitud de rendir su aludido informe, como lo establece el artículo 27, fracción II, de la invocada Ley de Amparo, en razón a que el domicilio de dicha autoridad se ubica fuera de la residencia de este Juzgado, con apoyo en los ordinales 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; en los numerales 107, 108 y 109 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, así como en los artículos 79, 80, 81 y 82, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, gírese exhorto por vía electrónica, al Juez de Distrito en Materia Administrativa, en turno, en la Ciudad de México, para que se sirva notificarle a la nombrada autoridad responsable el presente acuerdo, entregándole copia autorizada del mismo y del auto de admisión de uno de marzo de dos mil veintidós, así como copia simple de la demanda de amparo. Se faculta al Juez exhortado, para que con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, habilite días y horas inhábiles para llevar a cabo la diligencia en cuestión; de igual forma, se solicita que una vez cumplimentada la comunicación oficial, la devuelva a la brevedad posible a este Juzgado Federal. Así también, se otorga plenitud de jurisdicción al Juez exhortado, para el cumplimiento de lo solicitado y para que se practiquen cuantas diligencias sean necesarias para su total desahogo. En el entendido de que de haber alguna imposibilidad técnica para el envío adecuado del exhorto por la vía electrónica, desde este momento se autoriza al Secretario para que previa certificación de ello, y sin ulterior acuerdo, se remita el exhorto por la vía ordinaria en aras de no paralizar el procedimiento en contravención de lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional. Notifíquese y cúmplase.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano