Emilio Santos Puc Gonzalez
Expediente 1043/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1043/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 09/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Emilio Santos Puc Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que la notificación de la sentencia dictada en este juicio el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, se realizó a la parte que pudo haber causado perjuicio el día veinticuatro siguiente y por tanto, a la fecha ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia en cuyo primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Por lo que hace al cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, también son susceptibles de destrucción, pues se negó la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el inciso c), de la fracción I, del artículo 21 del Acuerdo General relativo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el cuaderno original y su duplicado, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el penúltimo párrafo del citado precepto. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los autos el escrito presentado vía electrónica por Reyna Celene Canché Gamboa autorizada en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de dieciocho de mayo del año en curso, manifiesta bajo protesta de decir verdad que no cuenta con información respecto a un diverso domicilio del tercero interesado ***. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintidós y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo de la Ley de Amparo, en relación con el 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la indicada ley de la materia, y toda vez que ya se han agotado los medios de investigación en relación con el domicilio del tercero interesado, se ordena emplazar al juicio de amparo en que se actúa al mencionado tercero interesado ***, por medio de edictos, a costa de la parte quejosa. Los que contendrán una relación sucinta de la demanda de amparo y se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación, y en cualquier periódico de circulación nacional, como pudieran ser, de manera enunciativa más no limitativa: "REFORMA", "EL UNIVERSAL", "EXCÉLSIOR", "LA JORNADA", o "EL SOL DE MÉXICO", por ser algunos de los de mayor circulación en la República Mexicana, de acuerdo con el Catálogo Nacional de Medios Impresos e Internet, publicado por el Instituto Nacional Electoral. Haciéndole saber al nombrado tercero interesado, que debe presentarse ante este Juzgado Segundo de Distrito, ubicado en calle 47, número 575-H, por calles 84 y 84-A, colonia Santa Petronila, Mérida, Yucatán, dentro del término de treinta días, contados a partir del siguiente al de la última publicación, por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarle a defender sus derechos y señalar domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo en el término señalado, se seguirá el juicio haciéndole las ulteriores notificaciones por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, con fundamento en los numerales 305 y 306 del indicado código adjetivo. Asimismo, queda a su disposición en la Secretaría de este Juzgado Federal, copia de la demanda de amparo, así como del acuerdo admisorio de treinta y uno de enero de dos mil veintidós y del presente proveído, para los efectos legales procedentes. Fíjese en los estrados de este Tribunal, copia íntegra del auto de inicio, así como del presente proveído, por todo el tiempo del emplazamiento, y hágase saber a la parte quejosa que queda a su disposición los edictos en la Secretaría de este Juzgado, para su publicación, o bien, manifieste lo que a su derecho legal convenga. Por lo que se le apercibe que en caso de no acreditar ante este órgano jurisdiccional haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes a la notificación del presente proveído, por medio del cual se pone a su disposición dichos edictos, se sobreseerá en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 211, del Tomo XVI, julio de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 186587, cuyo texto y rubro es el siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.
- Principal
RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de enero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado el dieciocho siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció Yamile Andrea Araiza Díaz, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; Director General de Registro y Control Documental; y, Director en Jefe, ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de diecinueve de enero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Tribunal; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia a reclamar: La omisión de resolver, en el ámbito de sus atribuciones, la solicitud de trámite 31210000419, relativa a la adopción del dominio pleno de la parcela 955 Z-3 P-3, ubicada en el ejido Umán, municipio del mismo nombre, en el Estado de Yucatán y expedir el título correspondiente. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las responsables, Director en Jefe y Director General de Registro y Control Documental, con sede en la Ciudad de México, y al Delegado Estatal en Yucatán, del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, según se advierte de sus respectivos informes, en los que realizan manifestaciones que evidencian la certeza de los actos que se les atribuyen, lo que se corrobora con las constancias que obran en autos de las que se constata que al día de hoy, la solicitud 31210000419 relativa al trámite iniciado por el quejoso, aún no se encuentra concluido. Razones por las que se tienen por existentes los actos reclamados por el quejoso en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTA. Inexistencia de causales de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, ni las partes lo hicieron valer, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por el quejoso, cuya transcripción se estima innecesaria, y además, porque no existe algún precepto que obligue a ello. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Resultan fundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, motivo por el cual deberá concedérsele la protección de la justicia federal que solicita. Para llegar a tal conclusión es menester establecer que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia pronta y expedita, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Igualmente debe considerarse que la reserva de la ley en virtud de la cual el citado precepto constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar el derecho a la justicia de manera discrecional sino que, con esta reglamentación, debe perseguir la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se establecen trabas o etapas previas no previstas en el texto constitucional. Ahora bien, de los artículos 51, 52 y 81 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, se desprende que el procedimiento registral inicia con la solicitud de trámite que se presente en las Delegaciones o Centros de Atención y que, con el número de entrada progresivo, fecha y hora, tendrá efectos probatorios para establecer el orden de prelación. Asimismo, se establece que los registradores con base en la función de calificación, examinarán bajo su responsabilidad, cada uno de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, para determinar si los mismos reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa que los rija, a fin de garantizar el principio de legalidad, debiendo cerciorarse de que no se ha presentado con anterioridad documento alguno que contenga actos susceptibles de inscripción, que se opongan al que se solicita. De igual manera, señalan que la calificación puede ser positiva o negativa y deberá producirse en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate; siendo positiva cuando resuelva autorizar la inscripción solicitada, y negativa cuando resuelva denegar el servicio registral. Por otra parte, disponen que el Registro expedirá, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley, certificados parcelarios y de derechos sobre tierras de uso común, así como los títulos de propiedad de origen parcelario, de solar urbano, y el de colonias agrícolas o ganaderas que, conforme a las disposiciones aplicables, hayan adoptado el dominio pleno. En este orden de ideas, si de las constancias que obran en autos, se advierte que de la fecha de presentación ante la Oficialía de Partes de la Delegación en la entidad del Registro Agrario Nacional, de la correspondiente solicitud (dieciséis de febrero de dos mil veintiuno), a la fecha en que se promovió la demanda (diecisiete de enero de dos mil veintidós), ya había transcurrido más de un año, ello significa que se ha excedido el término a que alude el numeral 52 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, sin que se pronuncie en relación a la solicitud 31210000419, relativa a la adopción del dominio pleno de la parcela 955 Z-3 P-3, ubicada en el ejido Umán, municipio del mismo nombre, en el Estado de Yucatán. Por lo que es incuestionable que las citadas autoridades responsables, conculcan con tal proceder en perjuicio de la parte quejosa, su derecho consagrado en el artículo 17 Constitucional, pues incumplieron con la función registral que les está encomendada, dentro del plazo de sesenta días naturales que prevé el aludido precepto legal. Por consiguiente, se concede la protección constitucional instada, para el efecto de que las responsables, dentro del ámbito de sus facultades, realicen las gestiones necesarias a fin de que de inmediato se concluya el procedimiento relativo a la señalada solicitud, y en breve término, sea puesto a disposición el documento respectivo al promovente, de no existir inconveniente legal alguno debidamente justificado, caso en el cual, de actualizarse este último supuesto, bastará con que se determine por parte de la responsable dicho impedimento para tener por cumplida la sentencia de amparo, ya que la denegación de justicia, materia de la litis se habrá dejado sin efectos y resarcido a la parte quejosa en el goce del derecho violado, al resolverse en forma definitiva el procedimiento administrativo de referencia, el cual en ningún momento dentro de los argumentos vertidos en esta ejecutoria se ha sostenido que se pronuncien en determinado sentido. SEXTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Yamile Andrea Araiza Díaz, en contra de los actos que reclamó al Director en Jefe, Director General de Registro y Control Documental, ambos con sede en la Ciudad de México, así como al Delegado Estatal en Yucatán, del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad; por los motivos y para los efectos señalados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.
- Incidental
Mérida, Yucatán, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se aprecia que mediante proveído de diecinueve de abril del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La notificación del referido acuerdo, se realizó a la parte impetrante del amparo el veinte de abril del presente año; sin que a la fecha desahogara la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el plazo otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En este orden de ideas, es importante precisar que por sentencia dictada el ocho de marzo de dos mil veintidós, este Juzgado Federal concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable: ".Emita por escrito la contestación correspondiente a la petición que recibió el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, y lo haga del conocimiento de la parte quejosa." Posteriormente, por auto de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por ejecutoriada la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, por oficio recibido en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el dieciocho de abril del año en curso (registro 8759), el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada de la diversa misiva SSP/DJ/14022/2022 de siete de los corrientes, mediante el cual, dio contestación a la solicitud realizada por la parte quejosa el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, lo que se le notificó el ocho siguiente. Entonces, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se advierte que la citada autoridad responsable se ajustó a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias remitidas, ya que atendió cabalmente a los efectos amparadores que le fueron señalados como directrices bajo las que debía ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendió en forma correcta. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Por otra parte, de conformidad con lo establecido por el inciso b) de la fracción l, del artículo 18 del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente expediente es DEPURABLE, en virtud de que versa de una sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el párrafo final del artículo 21 del citado Acuerdo General. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la indicación de que este expediente físico impreso coincide en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL. Por último, hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente y cúmplase.
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