Emilio Dzul Tec

Expediente 621/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 127 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
621/2015
Año
2015
Actuaciones
127
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Emilio Dzul Tec
  • Emilio Dzul Tec y Otros.
  • Comisión Nacional de Derechos Humanos
  • Luis Andrés Angulo Chuc

Actuaciones

Las 4 más recientes de 127.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se acuerda: agréguese a este expediente el oficio de cuenta signado por la Directora General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que se le hizo por auto de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés y reiterado el diez de noviembre actual, informa que está realizando las gestiones para allegarse de los elementos para atender lo solicitado. En efecto, sobre el particular refiere que se ha recabado información relativa a las constancias de participaciones correspondientes al municipio de Seyé, Yucatán, en las cuales se indicaron las cantidades que se entregan mensualmente a dicho municipio en concepto de partidas de participaciones federales; por lo que la información y documentación obtenida por la autoridad oficiante señala que la está procesando y analizando, a fin de concluir con el procedimiento administrativo interno de retención de participaciones. Circunstancias de las que este órgano jurisdiccional se da por enterado. No obstante ello, dado que la autoridad de mérito por los motivos que expone, solicita una prórroga en el término que se le concedió para retener las participaciones que en ingresos federales correspondan al citado Ayuntamiento. Se concede la prórroga por el término de diez días hábiles contados a partir de la notificación del presente acuerdo para que dé cumplimiento al requerimiento que se le hizo, subsistiendo el apercibimiento efectuado para el caso de no cumplir. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se acuerda: agréguese a este expediente el oficio de cuenta signado por la Directora General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que se le hizo por auto de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés informa que está realizando ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para allegarse de los elementos para atender lo solicitado. Asimismo, comunica sobre las participaciones federales que le corresponden al Ayuntamiento de Seyé, precisando las cantidades que le han sido entregadas mensualmente desde enero de dos mil veinte a septiembre de dos mil veintitrés, y remite las constancias que acreditan lo anterior. Circunstancias de las que este órgano jurisdiccional se da por enterado, sin que se compartan las mismas, y respecto de las cuales en el momento procesal oportuno se hará pronunciamiento. No obstante ello, dado que la autoridad de mérito por los motivos que expone, solicita una prórroga en el término que se le concedió para retener las participaciones que en ingresos federales correspondan al citado Ayuntamiento. Se concede la prórroga por el término de diez días hábiles contados a partir de la notificación del presente acuerdo para que dé cumplimiento al requerimiento que se le hizo, subsistiendo el apercibimiento efectuado para el caso de no cumplir. Por otra parte, agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, que remite en relación con el requerimiento que se hizo mediante proveído de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés; mismo que se tiene por cumplido para los efectos legales correspondientes. En cuanto a las actualizaciones de las cantidades condenadas en el laudo dictado en el juicio laboral de origen, este órgano jurisdiccional queda enterado, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que hasta esta data el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con sede en esta ciudad, no ha logrado el cumplimiento de pago del laudo y con ello el de la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio constitucional. Por tanto, tomando en consideración el tiempo transcurrido, como una medida tendente a continuar con el trámite de ejecución y lograr el eficaz cumplimiento del fallo protector, es menester que la referida autoridad responsable realice una actualización de la cantidad condenada en el laudo dictado en el juicio laboral de origen. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS siguientes al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, realice la actualización de la cantidad condenada en el laudo dictado en el juicio laboral de origen, para lo cual deberá adjuntar su oficio de cumplimiento, copia certificada de las constancias conducentes que así lo acrediten. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, dentro del plazo concedido, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, sin centavos, moneda nacional) conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la ley de la materia y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otro lado, agréguese a este expediente el oficio de cuenta de la Directora General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, mediante el cual, entre otras cosas, manifiesta que a su parecer, a fin de poder dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en estos autos, resulta indispensable la vinculación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para determinar la viabilidad y condiciones en que dicha dependencia atienda a lo solicitado por este juzgado sin incurrir en responsabilidad administrativa por realizar actos que pudieran contravenir las disposiciones federales. Al respecto, indíquese a la autoridad oficiante que no ha lugar a acordar de conformidad la vinculación a este asunto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, toda vez que atendiendo a los motivos que señala, no es indispensable incluir a dicha autoridad hacendaria en el cumplimiento de la ejecutoria, ya que, en el caso, su participación incide sólo en proporcionar las participaciones federales, punto sobre el cual no existe impedimento o conflicto alguno, de ahí que resulta innecesario su llamamiento al presente juicio. Máxime que, lo que se requiere que realice la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, son actos posteriores a la obtención de los recursos provenientes de la Federación, en los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no tiene participación alguna. En otro aspecto, plantea la autoridad en el oficio que se atiende, que existe de su parte impedimento jurídico para atender lo que este Juzgado Federal le solicitó, ya que el artículo 9° de la Ley de Coordinación Fiscal le impide afectar las participaciones que en derechos federales le corresponden al Municipio de Seyé, Yucatán. Lo anterior, derivado de la consulta que realizó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, sobre la viabilidad y condiciones que tiene que cumplir la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, respecto a lo que se le solicita. Al efecto, en la misiva de cuenta, se observa que dicha autoridad comunica lo siguiente: "[.] Ahora bien, ante la pregunta expresa por parte de mi representada respecto a si: "¿El Estado podría dar trámite a la solicitud del municipio y afectar sus participaciones para el pago de laudos a cargo del propio municipio, considerando lo establecido en el primer párrafo del artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal?", la Dirección General de Legislación y Consulta Fiscal, de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio No. 529-11-0GLCF-268/2023 de fecha 10 de julio de 2023 respondió de manera literal: "No es procedente afectar participaciones federales para "el pago de laudos", en términos de la Ley de Coordinación Fiscal,...". Asimismo, del análisis realizado al antecedente de los incidentes de inejecución por la Dirección General de Legislación y Consulta Fiscal, de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta de la Procuraduría Fiscal de la Federación, se observa que la autoridad precisa que en dichas resoluciones NO SE CONSIDERÓ lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, numeral que representa un impedimento jurídico expreso para mi representada. [.]". Al respecto, debe decirse de manera contundente que lo señalado por la autoridad oficiante, evidencia un acto tendente a evadir por completo el cumplimiento de lo ordenado por este Juzgado Federal, no obstante que se le ha requerido en varias ocasiones, ya que ahora, la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, señala que con motivo de la referida consulta realizada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le ha señalado que no es posible atender lo que se le solicita y con un argumento totalmente contrario, pretende restarle valor legal a lo ya decidido por el Máximo Tribunal del país, al sustentar que a ella no le es aplicable por las razones que señala, como si fuera una opción de su parte acatar o no lo decidido en una resolución judicial dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; ello bajo una postura sesgada y tendenciosa. Se afirma lo anterior, en atención a que: 1.- En principio, la forma en que fue planteada la consulta no es la adecuada, pues se advierte que fue dirigida de antemano, a obtener una respuesta negativa por parte de la autoridad consultada. Ello en atención a que la interrogante estribó en cuestionar si el Estado podría dar trámite a la solicitud del municipio y afectar sus participaciones para el pago de laudos a cargo del propio municipio, considerando lo establecido en el primer párrafo del artículo 9° de la Ley de Coordinación Fiscal. Como se observa, de entrada el planteamiento es incorrecto, dado que la autoridad oficiante insiste en realizar interpretaciones a las legislaciones que pudiesen tener relación con el uso de las participaciones federales, inobservando que este Juzgado Federal le ha señalado en múltiples ocasiones que se trata de un mandato judicial, derivado de lo ordenado también por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; siendo que, en este momento no es posible que dicha autoridad realice tales interpretaciones, incluso sobre el supuesto de que pudiera existir alguna responsabilidad administrativa, tal aspecto queda superado en atención a que se trata de una orden judicial que debe cumplir la autoridad. De tal forma que el hecho que la oficiante haya incluido en su pregunta medular el artículo 9° de la Ley de Coordinación Fiscal está fuera de contexto. Puesto que la interrogante debió haber sido planteada de manera objetiva, en el sentido de que si es posible retener o afectar las participaciones federales correspondientes al Municipio de Seyé, derivado de la petición que ya le realizó el Cabildo en ese sentido, todo ello derivado de un mandato judicial en un juicio de amparo en fase de cumplimiento de sentencia. Lo cual, evidentemente no realizó en esos términos, provocando que la autoridad hacendaria se pronunciara en forma negativa, pero haciendo salvedades que más adelante en este proveído se destacan. 2.- Las conclusiones a las que arriba la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, no son acordes a lo que se le contesta en la consulta; de tal forma que trata de excusarse ante esta autoridad federal partiendo sólo de datos parciales que se señalan en la consulta, estableciendo como tendenciosa conclusión aspectos que no se obtienen del análisis integral del documento, adoptando la oficiante una postura que evidencia una actitud renuente a materializar los efectos de la sentencia amparadora. En efecto, del estudio de la consulta que se realizó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se obtienen los aspectos que a continuación se destacan: a) De entrada, ante el planteamiento inicial de la interrogante principal, la autoridad hacendaria precisa que el artículo 9° de la Ley de Coordinación Fiscal regula dos mecanismos de resarcimiento: (I) afectación y (II) compensación de participaciones federales; los cuales resultan aplicables sólo entre la Federación y las Entidades Federativas, por lo que para el caso de la afectación de las participaciones correspondientes a los Municipios del Estado de Yucatán, se sugiere sujetarse a lo previsto en la disposición local correspondiente. Como se observa, tal consideración evidencia que el citado dispositivo legal invocado por la Secretaría de Administración y Finanzas no es aplicable al caso concreto en la forma que lo planteó dicha autoridad; siendo dicho numeral la base de la consulta y de la postura que adopta la oficiante ante este Juzgado Federal en el sentido de que "existe un impedimento jurídico" para atender lo que se le requiere en materia de cumplimiento de sentencia. b) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, indicó que existen casos de excepción en los cuales pueden ser afectadas las participaciones federales, en lo que interesa, (i) como garantía de fuente de pago de obligaciones contraídas por los Municipios, y (ii) a fines específicos, condicionando a fondos específicos de participaciones y recursos que contempla la Ley de Coordinación Fiscal, así como que se cuente con autorización de las legislaturas locales, por mencionar algunos requisitos. c) Asimismo, la autoridad hacendaria refirió que exclusivamente a la autoridad municipal le asiste la atribución para realizar las adecuaciones presupuestales que estime necesarias para cumplir las obligaciones de pago que le hayan sido fincadas. d) Que los Ayuntamientos a través del Tesorero, previa autorización de sus órganos competentes (Cabildo y Presidente Municipal), podrán realizar adecuaciones a los presupuestos de sus unidades de administración, para lo cual el Cabildo deberá emitir normas aplicables. e) Que tal y como lo establece el artículo 23 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán (LPCGEY), los ejecutores del gasto, con cargo a sus respectivos presupuestos, deberán cubrir las obligaciones de cualquier índole que deriven de resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente que hayan causado estado. f) Que no debe soslayarse que de conformidad con el ordinal 14, fracción I, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición, deberán ser destinados, entre otros conceptos, al pago de sentencias definitivas emitidas por la autoridad competente. Aspectos que no fueron mencionados por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, en el oficio de cuenta. Por el contrario, manifiesta que existe un impedimento jurídico para atender lo que este Juzgado Federal le requiere, cuando incluso de la propia consulta que realizó, la autoridad hacendaria le aclara que sí es posible que el Municipio acceda a esos recursos para el cumplimiento de sus obligaciones y señala los mecanismos y vías legales que tiene para hacerlo. Por tanto, no es válido que la autoridad oficiante trate de justificarse con una interpretación "a modo" del resultado de la consulta que ella misma realizó, bajo planteamientos tendenciosos encaminados a obtener una respuesta negativa que le permitiera escudarse para no atender lo que se le ha solicitado. Máxime que la propia autoridad consultada expone en la parte final del documento: "[.] La presente opinión es de carácter consultiva, por lo que se emite en el ámbito de competencia de esta Unidad Jurídica, sin que implique la validación de la actuación por parte de las autoridades competentes en el ejercicio de sus facultades [...]". En esa guisa, la postura adoptada por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, en el oficio de cuenta, no es de cooperación para el cumplimiento, sino que trata de buscar los mecanismos que le permitan no acatar un mandato judicial en materia de amparo que se le ha realizado, sin tampoco aportar una solución distinta viable que permita mediante un diverso mecanismo atender lo solicitado, sino sólo obstaculiza abiertamente el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. 3.- La autoridad oficiante parte de una premisa equivocada para atender el cumplimiento y para realizar la consulta en los términos que lo hizo; ya que no es a ella a quien le corresponde la decisión de clasificar y dirigir el rubro de la afectación de las participaciones federales, sino que tal facultad legal recae en el Municipio. En efecto, de manera equívoca, la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, interpreta que ella debe canalizar los recursos federales para el pago del laudo, pero como se ha señalado en acuerdos previos, es al Ayuntamiento a través del Cabildo quien legalmente decide en qué emplear las participaciones federales y así es como éste en acuerdo general de Cabildo, en sesión, ya se lo solicitó. Punto el cual, se insiste, ya está concretado en autos, puesto que en el acta de Cabildo de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, dicho órgano colegiado municipal determinó afectar esas participaciones federales para el pago del laudo derivado del presente juicio de amparo; por lo que realizó la petición a dicha Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, para que únicamente ejecute tal determinación. De ahí que la renuencia mostrada por la autoridad oficiante no tiene asidero jurídico alguno, lo que deja ver una intención constante de no cumplir lo que se le ha requerido, siempre buscando y externando excusas para desatender el mandato judicial que se le ha instruido. Por tanto, persiste el requerimiento de cumplimiento efectuado para la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, siendo que, se le reitera, que ya se cuenta con el acta de Cabildo de diecisiete de marzo del año en curso, en la que se sesionó y autorizó la aprobación de la propuesta para solicitar al Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaria de Administración y Finanzas, que a cuenta del Municipio realice el pago del laudo mediante la afectación a las participaciones que en ingresos federales correspondan al Municipio de Seyé, Yucatán. En consecuencia, mediante oficio que al efecto se gire, requiérase al Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, por conducto de la Secretaria de Administración y Finanzas, para que a cuenta del Municipio de Seyé, Yucatán, realice las gestiones necesarias a fin de que afecte las participaciones que en ingresos federales correspondan al citado Ayuntamiento, para que con éstas se lleve a cabo el pago del laudo emitido en el juicio laboral de origen. Esto es, se hace notar a dicha Secretaría de Administración y Finanzas, que dicha retención servirá para el pago del laudo relativo en lo que corresponde a la parte aquí quejosa, precisándole que una vez afectados los recursos, deberá comunicar dicha circunstancia a este Juzgado Federal, y posterior a ello, se le indicará ante quién deberán ponerse a disposición para el pago del laudo, a fin de dar total y adecuado cumplimiento a la sentencia de amparo. Por tal motivo, requiérase al Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, por conducto de la Secretaria de Administración y Finanzas, para que en el plazo de TRES DÍAS, retenga las participaciones que en ingresos federales correspondan al citado Ayuntamiento y, una vez hecho ello, lo informe a este Juzgado para estar en aptitud de determinar lo procedente en relación con el pago del laudo; debiendo remitir copia certificada de las constancias conducentes que acrediten su dicho. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente al valor de cien Unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, con cero centavos, moneda nacional); y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. Por último, y de manera paralela al requerimiento anterior, solicítesele para que dentro del término de TRES DÍAS, informe la cantidad que de las partidas federales le corresponde al Ayuntamiento de Seyé, siendo que, de no tener de manera precisa tal dato, informe las cantidades que en este año se le han asignado por tal concepto, así como las del año inmediato anterior. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, dentro del plazo concedido, se les impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, sin centavos, moneda nacional) conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la ley de la materia y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan estos autos, se acuerda: agréguense para los efectos legales correspondientes, los oficios signados por la Presidenta Municipal de Seyé, Yucatán, con sede en ese municipio, con los que, en relación con el requerimiento que se le hizo mediante proveído de veintinueve de septiembre del año actual, remite a este juzgado copias certificadas de la sesión de Cabildo de diecisiete de marzo del presente año e informa que solicitó a las autoridades vinculadas al cumplimiento que se lleve a cabo una reunión interinstitucional para contar con su asesoría en temas de índole presupuestal. Circunstancia de la cual este órgano jurisdiccional queda enterado, para los efectos legales conducentes, como una medida más a las antes ya acordadas, tendiente al cumplimiento del laudo. Ahora bien, tomando en consideración las manifestaciones consistentes en que remitió a la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, copia certificada de la sesión de Cabildo de diecisiete de marzo del presente año, requiérase a la Presidenta Municipal de Seyé, Yucatán, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes a aquel en que quede notificada de este proveído, remita a este juzgado copias certificadas completas y legibles del acuse de recibo relativo a la entrega de la mencionada constancia. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, con cero centavos, moneda nacional), equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

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