Elvia Rojas Moreno

Expediente 635/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
635/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
13/08/2021

Partes del expediente

  • Elvia Rojas Moreno
  • Elvia Rojas Moreno y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    ESTADO DE AUTOS Vista la certificación de cuenta y en atención a que la parte quejosa no realizó manifestación en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, en el plazo en el que se le otorgó, procede calificar el mismo. Por sentencia de veintidós de enero de dos mil veinte, se concedió el amparo para que la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, realizara lo siguiente: "Restituya al quejoso en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión evidenciada en la presente sentencia; es decir, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil ***** y llame a juicio al ahora quejoso **** con el propósito de que éste se encuentre en aptitud de alegar lo que en su derecho convenga, por ser la manera más efectiva para tutelar sus derechos, en atención al principio pro persona o pro homine, previsto en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO Mediante proveído de treinta de marzo de dos mil veintiuno causó ejecutoria la sentencia y se requirió a la autoridad el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; así, mediante oficio 271/2021 de nueve de abril de dos mil veintiuno, la autoridad informó que dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil ****** y ordenó llamar a juicio a la parte quejosa. Asimismo, por oficio 359/2021, informó que requirió al Director de Castrato del Estado, al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio restituyeran las cosas al estado al que se encontraban, lo cual se demostró con el certificado que se anexó al diverso oficio RPP/DCA/2381/2021, de veintitrés de junio de dos mil veintiuno suscrito por la autoridad registral. En consecuencia, dado que la autoridad responsable cumplió con las obligaciones que le fueron impuestos en la ejecutoria de amparo, y restituyó a la parte quejosa en el derecho humano que se consideró vulnerado, procede decretar cumplida la ejecutoria de amparo. Por lo anterior comuníquese esta resolución a las partes y hágansele saber que cuentan con el plazo de quince días para promover el recurso de inconformidad en caso de que los estimen pertinente.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN Intégrese el escrito signado por la quejosa Teresa Rojas Moreno, con el que cumple con la prevención formulada mediante proveído de seis de los cursantes. DESECHAMIENTO Ahora, del análisis de la demanda promovida por Teresa Rojas Moreno, por sí y en representación de Elvia Rojas Moreno, asi como del ocurso que se atiende, se obtiene que la parte quejosa reclama del Director de Control y Seguimiento de Denuncias Ciudadanas de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán: El auto de ocho de junio de dos mil veintiuno, dictado dentro del procedimiento de investigación con número de expediente I-030/2021, en el que se reservó continuar con el trámite de la investigación, que permita determinar y/o deslindar responsabilidades administrativas. Atento a lo anterior, del estudio integral de la demanda y los anexos que adjuntó a esta, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, como se expondrá a continuación. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. [.] ." De lo anterior, se observa que la regla a fin de que se actualicen los supuestos de la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, es que en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses existe el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos judiciales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio constitucional. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio constitucional, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo.". Así también, apoya a lo anterior la jurisprudencia 573, visible en la página 515, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." En ese orden, para que se actualice la causa de improcedencia en análisis, es menester que se satisfagan los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que dicho acto pueda ser revisado de oficio o proceda en su contra algún recurso o medio de defensa legal. c) Que por virtud de esa revisión oficiosa, recurso o medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. d) Que puedan suspenderse sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo. En ese sentido, respecto al acto reclamado consistente en el auto de ocho de junio de dos mil veintiuno, dictado dentro del procedimiento de investigación con número de expediente I-030/2021, en el que se reservó continuar con el trámite de la investigación, que permita determinar y/o deslindar responsabilidades administrativas, como ya se dijo la parte quejosa estaba obligada a agotar el recurso ordinario que la ley establece previo a acudir a esta vía constitucional, lo que en el caso concreto no aconteció. Se arriba a tal aserto, pues en contra del acto reclamado en estudio procede el recurso de inconformidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán. Para corroborar lo anterior, se reproduce el contenido del artículo 102 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán: "Artículo 102. La calificación de los hechos como Faltas Administrativas no graves que realicen las Autoridades investigadoras, será notificada al Denunciante, cuando éste fuere identificable. Además de establecer la calificación que se le haya dado a la presunta falta, la notificación también contendrá de manera expresa la forma en que el notificado podrá acceder al Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa. La calificación y la abstención podrán ser impugnadas, en su caso, por el denunciante, mediante el recurso de inconformidad conforme al presente Capítulo. La presentación del recurso tendrá como efecto que no se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa hasta en tanto éste sea resuelto. Por consiguiente, es evidente que contra el acto reclamado procede el aludido medio de defensa, toda vez que fue emitido por una autoridad diversa a los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo; asimismo, con dicho medio ordinario está en condiciones de obtener la modificación, revocación o nulificación del acto que combate. Además, dicho medio de impugnación se encuentra contenido en una ley formal y material, ya que la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán fue emitido por la Legislatura del Estado de Michoacán. Por lo antes expuesto, resulta exigible que la quejosa, previo a acudir al amparo indirecto, agote el medio de defensa a través del recurso de inconformidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, por lo que, si no agotó dicho medio de defensa, la presente demanda de amparo carece de definitividad para efectos del juicio de amparo. En consecuencia, atento a lo dispuesto por los artículos 61 fracción XX, 62, en relación con los artículos 112, 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Teresa Rojas Moreno, por sí y en representación de Elvia Rojas Moreno, en virtud de ser notoriamente improcedente.

  3. Principal

    OFICIO DE CUENTA Intégrese el oficio telegráfico de la autoridad que lo remite, mediante el cual solicita se le remita testimonio de la ejecutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimoprimer Circuito, con sede en esta ciudad, en el incidente en revisión 98/2020, de su índice. ENVÍO DE RESOLUCIÓN Por tanto, a efecto de que la oficiante se imponga del contenido de dicha resolución, mediante oficio que derive del presente acuerdo, remítase vía mensajería acelerada copia de su testimonio. CORREO DE LA OFICIANTE Téngase a la autoridad oficiante por señalando como medio de comunicación con este juzgado el correo electrónico que proporciona, mismo que se autoriza para tal efecto, ya que también señala un número telefónico para confirmar la recepción de las comunicaciones a dicho medio electrónico; lo anterior, para los efectos legales pertinentes.

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