Elva Torres Miranda y Otros.

Expediente 603/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
603/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
22/07/2022

Partes del expediente

  • Elva Torres Miranda
  • Elva Torres Miranda y Otros.
  • Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de julio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS CoV-2, se provee lo siguiente: 1. CAUSA EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, no fue impugnada la sentencia en la que se decretó el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. De conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Incidente de suspensión. En los autos del cuaderno incidental la suspensión provisional se concedió y la suspensión definitiva se concedió y negó en relación a los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental ES DEPURABLE. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20, del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. Notifíquese; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo proveyó Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/2911/2022, con autorización para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, incluyendo las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la citada Ley Orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, de registro digital 164525, de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; quien firma electrónicamente, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Propio Consejo, dando fe, bajo la misma forma de suscripción el Secretario Juan Francisco Orozco Córdova.

  2. Incidental

    Morelia, Michoacán, treinta de junio de dos mil veintidós. Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Informe cumplimiento. Visto el comunicado signado por el apoderado jurídico de la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán y del Director del Hospital Regional de Puruándiro, Michoacán, mediante el cual pretende cumplir con la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que de la comunicación oficial que remite y los anexos que acompaña, no se aprecia que esté acatando el requerimiento que se le formuló en auto de veintidós de junio de dos mil veintidós, en el que no se tuvo por cumplido el fallo protector, debido a que la autoridad responsable no acreditó haber garantizado el pago dado al nosocomio particular denominado San Rafael para continuar otorgando el tratamiento dialítico ni mucho menos el plazo que abarca dicho pago; asimismo, en dicho libelo se requirió a las responsables a fin de que subsanaran dicho aspecto, sin que lo hayan hecho. 2. Efectos del fallo protector. Lo anterior, se estimó en ese sentido, toda vez que en la sentencia de treinta de junio de dos mil veintiuno, por una parte se sobreseyó y, por otra se concedió a Miguel Galván Martínez, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables Director del Hospital Regional de Puruándiro, Michoacán y Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, realizaran lo siguiente: ". Ordenar proporcionar de manera gratuita la atención médica correspondiente a los padecimientos de insuficiencia renal crónica, hipertensión y diabetes, así como los medicamentos necesarios para cada uno de sus diagnósticos. Instruya al personal médico y administrativo del Hospital Regional de Puruándiro, Michoacán al mandato anterior, en lo que concierne a la prestación del servicio de salud de Miguel Galván Martínez." 3. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. El veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, los apoderados jurídicos de la Secretaría de Salud, por sí y en cuanto superior jerárquico del Director del Hospital Regional de Puruándiro, informaron que el quejoso se encontraba recibiendo la sesiones de hemodiálisis de manera subrogada en la clínica privada San Rafael, los días martes y viernes de cada semana, que se cubre de manera periódica el pago en la clínica referida para que el quejoso reciba de manera gratuita el tratamiento para la insuficiencia renal crónica. Para acreditar lo anterior remitió copia de la factura de trece de septiembre de dos mil veintiuno, con la que acredita el pago de cien sesiones de hemodiálisis, para diversas personas que requieren el tratamiento, entre ellas, el quejoso. El ocho de diciembre de dos mil veintidós, remitieron copia de la factura de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, con la que acreditaron el pago de cien sesiones de hemodiálisis, para diversas personas que requieren el tratamiento, entre ellas, el quejoso. El veinte de mayo del presente año, remitieron copia del acuerdo administrativo de la misma fecha, dirigido al Director y Subdirector Jurídico del Hospital General de Puruándiro, Michoacán, en el que les informan que deberán de proporcionar al quejoso toda la atención médica integral que requiera. El treinta de mayo de dos mil veintidós, remitieron copia de la nota informativa de veinticuatro de mayo de ese año, en la que el Director y Subdirector Jurídico del Hospital General de Puruándiro, Michoacán informan que tienen conocimiento de la nota informativa de veinte del mismo mes y año, así como que ordenaron a todo el personal de dicho hospital que deberán proporcionar de manera gratuita la atención médica al quejoso; con lo cual se dio vista a las partes para que realizaran las manifestaciones que a su parte correspondan. 4. Vista y calificación del cumplimiento. Con las diligencias realizadas por las autoridades responsables, se dio vista a las partes para que vertieran las manifestaciones que a su parte correspondieran; por lo que fenecido el plazo el veintidós de junio en curso, se calificó el cumplimiento dado al fallo protector, en el que se determinó no tenerlo por cumplido, tomando en consideración que existía defecto en éste. En efecto, en el aludido acuerdo se determinó que, congruente con las consideraciones de la sentencia protectora, se estima necesario precisar que para reparar la violación del derecho fundamental que se consideró violado, las autoridades responsables deben acreditar que se encuentran brindando al quejoso la atención médica respecto de sus padecimientos. Para justificar lo anterior, en el ámbito de su competencia, deberán: 1. Remitir resumen médico del que se advierta claramente la valoración o valoraciones que se le han practicado al quejoso, con posterioridad a que causó ejecutoria la sentencia de amparo que nos ocupa, así como el tratamiento prescrito. 1.1. Acrediten el suministro de todos y cada uno de los medicamentos prescritos por los galenos tratantes, hasta la fecha. 1.2. Justifiquen las sesiones de hemodiálisis que ha recibido el quejoso desde que la sentencia causo ejecutoria. 1.3 Garanticen el suministro de dicho tratamiento por el lapso mínimo de los próximos cuatro meses, debiendo precisar la fecha, hora y lugar en que se le proporcionarán a la quejosa las sesiones de hemodiálisis y remitiendo para tal efecto las facturas que amparen dichos pagos (únicamente las correspondientes al peticionario). Es importante destacar que se delimitaron en ese sentido los efectos de la sentencia amparadora, atendiendo que la enfermedad renal crónica de riñón y/o insuficiencia renal crónica que padece el agraviado, se desarrolla con el paso del tiempo y el daño renal suele avanzar lentamente. Además, dicho padecimiento de insuficiencia renal crónica no tiene cura, pero en general, el tratamiento consiste en medidas para ayudar a controlar los síntomas, reducir las complicaciones y retrasar la progresión de la enfermedad. De ahí que, el padecimiento que presenta el quejoso, se trata de una enfermedad crónico degenerativa, motivo por el cual los tratamientos que reciba son con el fin de mejorar su calidad de vida; motivo por el cual, la ejecutoria de amparo, no tiene el alcance de lograr que se le cure, sino únicamente para que se le dé el tratamiento oportuno y puntual en sus patologías. Sin perjuicio de lo anterior, se precisa a las autoridades responsables que los actos descritos en párrafos anteriores, no las eximen en lo subsecuente de salvaguardar en favor del quejoso, el derecho de recibir servicio de hemodiálisis, el cual deberá ser suministrado siempre bajo su más estricta responsabilidad, de conformidad con lo prescrito por el médico tratante y determinación de ser el tratamiento más adecuado en las condiciones que lo determinen los especialistas médicos, lo que debe acontecer de manera gratuita. 4.1. En tales circunstancias, este juzgado federal consideró que pese a que las autoridades responsables mediante oficios de veintitrés de noviembre y ocho de diciembre de dos mil veintiuno, remitieron factura en alusión al pago de cien sesiones de hemodiálisis y precisaron que dicho documento es para diversos juicios de amparo, no es claro el número de sesiones destinadas exclusivamente al quejoso, por lo que este órgano jurisdiccional no tiene certeza de que se siga subrogando la atención médica al peticionario de amparo, por lo cual concluyó que la autoridad responsable incurrió en defecto; por tanto, no se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. 5. Requerimiento. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, cumplan con lo establecido en el punto 4.1., de esta determinación, esto es, justifique con documento idóneo el número de sesiones destinadas exclusivamente al tratamiento dialítico del quejoso y el pago de dichas sesiones. 6. Apercibimiento. Apercibidas que en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, les será impuesta a cada una, multa de cien Unidades de Medida y Actualización, en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al procedimiento de inejecución establecido en el numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente. Notifíquese; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria Cristina García Maya.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de junio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS CoV-2, se provee lo siguiente: 1. Autoridad informa acciones. Intégrese el oficio que remite el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; con el cual, se le tiene informando que ya se entregó el oficio dirigido al Director del Instituto Mexicano del Seguro Social Hospital General Regional 1 Charo, sin embargo, es omiso en informar si ya dio contestación el director requerido o, en su caso, si emitió algún acuerdo respecto del cumplimiento de la ejecutoria. 2. Requerimiento y apercibimiento. No obstante lo anterior, requiérase a la autoridad oficiante para que en el término de tres días, contado a partir de que tenga conocimiento de la presente determinación, informe si el Director del Instituto Mexicano del Seguro Social Hospital General Regional 1 Charo, ya dio contestación al requerimiento formulado, de ser así, informe dicha respuesta, asimismo, remita la determinación que recayó al respecto, adjuntando las constancias que lo acrediten, o bien, informe el impedimento que tenga para ello. Apercibida que de no cumplir sin causa justificada, se le impondrá multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a ********************, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que Notifíquese; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Juan Francisco Orozco Córdova, que da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de junio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS CoV-2, se provee lo siguiente: 1. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se ordenó el archivo en el cuaderno principal del juicio de amparo en que se actúa, ordenándose valorar por separado el incidente de suspensión, sin que ello se hubiese realizado. 1.1. Valoración del incidente. Por tanto, con apoyo en el punto Vigésimo Primero, fracción III, del abrogado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, vigente en la fecha en que se ordenó el archivo, se hace constar que el original del incidente de suspensión es DESTRUIBLE, luego de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo (lo cual fue realizado en el expediente principal); toda vez que se negó la suspensión definitiva. Mientras que el duplicado es DESTRUIBLE, luego de seis meses a partir de la fecha de archivo, la cual fue acordada en el cuaderno principal; acorde al punto Vigésimo, fracción III, del mismo acuerdo citado. Cúmplase. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Juan Francisco Orozco Córdova, que da fe.

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