Elvira Mondragón Solís

Expediente 758/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
758/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
04/01/2022

Partes del expediente

  • Elvira Mondragón Solís

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. ESTADO DE AUTOS. Tanto de la certificación de cuenta como del estado procesal, se desprende que la parte quejosa no impugnó en el término legal, el acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, que decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. 1.1. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 1.2. VALORACIÓN DE EXPEDIENTES. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. 1.3. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No se tramitó. 1.4. NOTIFICACIÓN A LA REPRESENTACIÓN SOCIAL. Toda vez que no se observa la notificación a la representación social del proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, se ordena al actuario de la adscripción que proceda a su realización, sin que ello implique vulneración alguna a los intereses de tal representación, dado que el presente asunto se sobreseyó por desistimiento expreso y ratificado de la parte quejosa. 1.5. CUADERNO POR SEPARADO. Del estado que guardan los presentes autos, se desprende retraso en el seguimiento del trámite de este asunto; por tanto, con las constancias de este expediente se da cuenta al titular por separado para que determine lo que en derecho corresponda.

  2. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Ratifica desistimiento. De las constancias que obran en el sumario, se advierte que mediante escrito presentado el dieciséis de noviembre del año en curso, ante la Oficialía de Partes de este juzgado, la directa agraviada Elvira Mondragón Solís compareció a desistirse de la acción constitucional. Así pues, dicho desistimiento fue ratificado mediante notificación practicada (por videollamada) el veinticuatro de los actuales, realizada entre dicha parte y el actuario de la adscripción, en la que reiteró su voluntad de renunciar a la prosecución de la ejecución de sentencia dictada en el juicio de amparo. 1.1. Sobreseimiento. En esas condiciones, de acuerdo con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada; de ahí que ésta pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad, desistimiento que puede ser parcial o total, pues al respecto no existe prohibición alguna. Lo anterior lo reconoce el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como causa de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que constituye una abdicación o renuncia a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, y dicha renuncia debe ser aceptada. Bajo esa tesitura, como lo solicita la parte quejosa, se le tiene desistiendo del presente juicio, y con fundamento en lo dispuesto por el referido artículo 63, fracción I, del ordenamiento legal invocado, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Sin que obste a lo anterior que el veintinueve de octubre pasado, se haya dictado sentencia en la que se sobreseyó en un aspecto, y por otro, se concedió el amparo a la parte quejosa, lo que podría contraponerse a lo estipulado tanto en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como del diverso 214 de la Ley de Amparo, en donde se impone impone la obligación a los juzgadores de no archivar ningún juicio de amparo sin que quede enteramente cumplida la sentencia en que se haya concedido al agraviado la protección constitucional, en razón de que existe un interés social en que cualquier acto juzgado y probado como injusto por parte de la autoridad, deba ser resarcido por aquélla, pues representa el apego al orden y respeto de los derechos de todos los gobernados dentro del sistema jurídico que enmarca el Estado de Derecho. Sin embargo, en el caso concreto no se contraviene a lo dispuesto en dichos numerales porque, como se asentó en la certificación secretarial de cuenta, la sentencia dictada no ha causado ejecutoria, por tanto, no existe obligación de este juzgado para hacer cumplir la sentencia constitucional a las autoridades responsables en la que se otorgó la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Resulta aplicable en apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 33/2000, aprobada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, Página 147, de rubro: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 82/2016 (10a.), también de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 32, Julio de 2016, Tomo I, página 462, que dice: "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. SUS CONSECUENCIAS. El desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad del quejoso de no proseguir con el juicio, el cual, debidamente ratificado, conlleva emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo, independientemente de la etapa en que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia que se dicte) y sin necesidad de examinar los conceptos de violación o, en su caso, los agravios". En tales consideraciones, lo correspondiente es, como se dijo, sobreseer en el juicio de amparo y, en su oportunidad, archivar como asunto concluido el asunto en que se actúa; lo anterior, hágase del conocimiento a las partes y, además, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como las capturas respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Parte quejosa se desiste de la acción de amparo. Agréguese al sumario el escrito signado por Elvira Mondragón Solís, mediante el cual indica que es su deseo desistirse de la prosecución del presente juicio constitucional. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, atendiendo a lo expresado por la parte quejosa y la naturaleza de los derechos involucrados, se comisiona al actuario para que establezca comunicación al número telefónico que se proporciona en el escrito inicial de demanda, solicite hablar con la directa quejosa, para el desahogo de una videoconferencia, en la que deberá explicarle pormenorizadamente que el desistimiento implica la renuncia a que éste órgano de control constitucional vele por sus derechos a la salud y a la vida a través del juicio de amparo, en función de ello, deberá manifestar si ratifica o no el desistimiento expresado.

  4. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 758/2021 y RESULTANDO PRIMERO Mediante escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia Michoacán turnado el mismo día a este juzgado Elvira Mondragón Solís por propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de las autoridades siguientes a Director del Hospital General de Maravatío Michoacán perteneciente a la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán b Secretaría de Salud del Estado de Michoacán c Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán De quienes reclamó  La falta negativa omisiva de brindarle atención médica integral precisamente el tratamiento de hemodiálisis que requiere dos veces por semana ante el padecimiento de insuficiencia renal crónica y diabetes que padece Lo que estimó violatorio de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las garantías otorgadas para su protección en los artículos 1 4 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos SEGUNDO Por razón de turno el conocimiento de la demanda correspondió a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia la que se admitió a trámite mediante acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados se dio la intervención correspondiente al representante social de la Federación de la adscripción finalmente señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y CONSIDERANDO PRIMERO Competencia Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracciones I II y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 48 y 54 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 33 fracción IV 37 73 74 y 107 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito ya que el acto reclamado tiene ejecución material en esta ciudad y es una omisión atribuible a autoridades residentes dentro de la jurisdicción de este Juzgado SEGUNDO Fijación de los actos reclamados Con fundamento en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo procede determinar cuáles son los actos reclamados que constituyen la materia del juicio Al respecto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 40/2000 visible en la página 32 tomo XI abril de 2000 relativa a la novena época Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta estableció la obligación del juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a fin de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar el acto materia de la litis constitucional La jurisprudencia en comento ilustra lo anterior toda vez que estatuye DEMANDA DE AMPARO DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD Este Alto Tribunal ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad con un sentido de liberalidad y no restrictivo para determinar con exactitud la intención del promovente y de esta forma armonizar los datos y los elementos que lo conforman sin cambiar su alcance y contenido a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados conforme a lo dispuesto en el artículo 77 fracción I de la Ley de Amparo En ese tenor de acuerdo con los criterios resaltados y de conformidad con el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo que impone la obligación de que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y en consideración al análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a impugnar lo siguiente  La falta negativa omisiva de brindarle atención médica integral precisamente el tratamiento de hemodiálisis que requiere dos veces por semana ante el padecimiento de insuficiencia renal crónica y diabetes que padece Clasificación de los actos Previo a establecer si el acto reclamado es cierto o no conviene precisar que dentro de la clasificación de éstos en un juicio de amparo por el tipo de conducta que despliega la autoridad se encuentra la de actos positivos y actos negativos Los primeros implican una conducta de hacer mientras que los segundos constituyen una conducta cuya esencia se caracteriza por una denegación u omisión de la autoridad de tal suerte que mientras los primeros representan un despliegue de actos que se materializan en el mundo fáctico los segundos son precisamente la antítesis de los anteriores la evidencia de la abstención de la autoridad Sobre este punto es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se cita a continuación ACTO RECLAMADO NATURALEZA DEL ACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS Debe tenerse presente que no es lo mismo el carácter o naturaleza que el sentido del acto reclamado Porque el acto es de naturaleza o de carácter negativo cuando consiste en una conducta omisiva esto es en una abstención en dejar de hacer lo que la ley ordena en tanto que es de naturaleza o de carácter positivo cuando consiste en una conducta comisiva esto es en una acción en hacer lo que la ley ordena por su parte el sentido de los actos de naturaleza negativa o positiva puede ser igualmente negativo o positivo La abstención de la autoridad puede redundar en una prohibición o en no dictar un mandamiento imperativo y así la omisión tendrá sentido positivo o negativo en la afectación del interés jurídico del quejoso El acto comisivo de la autoridad asimismo puede redundar en conceder o negar lo que se pide lo cual le dará su sentido positivo o negativo pero basta que el acto sea resolutorio o decisivo para que no pueda calificarse como omisivo es decir de naturaleza o de carácter negativo Quinta Época Registro 316826 Fuente Semanario Judicial de la Federación Tomo CXXV Materia s Común Página 1755 Cuando el acto reclamado es de naturaleza positiva implica que el quejoso afirma que la autoridad responsable desplegó una acción que se materializó en el mundo fáctico y jurídico en ese supuesto el inconforme tendría la carga de acreditar su afirmación No sucede lo mismo cuando el promovente de amparo señala como acto reclamado una conducta negativa por omisión pues en este supuesto si la autoridad responsable niega la existencia de la misma dicha negativa no es simple porque lleva implícita la afirmación de que sí desplegó una conducta y por ende que no habría incurrido en la abstención que se le atribuye En los casos de la negativa simple de un acto positivo el que la formula queda liberado del deber de probarla pues lógicamente no corresponde demostrar la existencia de un actuar al que lo ha negado de tal suerte que el que afirma tiene la carga de probar la conducta de hacer que atribuye a la autoridad No ocurre así cuando la negativa del acto no es simple sino que importa una afirmación pues entonces quien la produce sí tiene la carga de justificarla Las anteriores precisiones encuentran su origen en la regla que alberga el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo que establece que el que niega sólo está obligado a probar entre otras hipótesis cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho por tanto si es el caso de que en un juicio constitucional se reclame un acto de omisión y a quien se le atribuye lo niega entonces corresponde la carga de la prueba a la autoridad que negó la abstención pues entraña la afirmación de que actúa legalmente lo cual debe probar y además al quejoso no puede imponérsele la carga de demostrar la existencia de la omisión ante la imposibilidad o dificultad de probar la abstención de su contraria Sobre el particular es aplicable la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que se transcribe a continuación ACTOS RECLAMADOS ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO SON DOS COSAS DISTINTAS CARGA DE LA PRUEBA Todo acto por definición supone la existencia de una conducta ya sea activa o pasiva Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención Así para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad Por otra parte la esencia del acto negativo versa exclusivamente sobre su característica que denota la omisión o la abstención de aquella a quien se atribuye La negativa del acto por lo contrario no atiende a la naturaleza de aquél sino que propiamente constituye sólo una expresión sobre su existencia En ello radica precisamente la diferencia entre un acto negativo y la negativa del acto Como no se trata de conceptos iguales la carga de la prueba en uno y otro supuesto se distribuye en forma desigual La negativa simple del acto libera a quien la formula de la necesidad de probarla pues lógicamente no es factible demostrar lo que se ha negado de tal suerte que la carga de probar recae en su contraparte En otro orden de ideas si la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación entonces quien la produce sí se encuentra en la necesidad de justificarla La regla en cuestión se encuentra prevista por el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo al disponer que el que niega sólo está obligado a probar entre otras hipótesis cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho En tal virtud si el acto por su naturaleza es negativo y aquella a quien se atribuye lo niega no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que ciertamente no se encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la abstención de su contraria sino que como la negativa expresada por ésta encierra la afirmación de que no incurrió en ellas debe acreditarlo En suma como la manifestación respecto de la existencia del acto no modifica la naturaleza de éste en tanto que se trata de cosas diferentes debe concluirse que si las autoridades responsables en su informe niegan la existencia de los actos esa consideración no les imprime a éstos el carácter de negativos Octava Época Registro 226432 Tesis I 3o A J/21 Tomo V Segunda Parte-2 enero a junio de 1990 del Semanario Judicial de la Federación Página 660 En tal virtud inicialmente la carga de la prueba del acto de omisión corresponde a la autoridad a la que se le atribuye es decir debe acreditar que actuaron conforme a sus facultades y por ello no incurrieron en las abstenciones que se les reclaman TERCERO Inexistencia de los actos reclamados Al rendir el informe justificado la responsable Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo negó la existencia del acto reclamado La negativa de dicha autoridad es en razón a que los actos que reclama la quejosa no son propios ya que a ésta no le corresponde brindar de forma directa la atención médica reclamada virtud que al ser el quejoso un ciudadano que radica dentro de la circunscripción territorial del Estado de Michoacán propiamente en el Municipio de Maravatío y que no se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social conforme a lo dispuesto por el artículo 77 bis inciso b fracción I ello le corresponde al Gobierno del Estado de Michoacán por conducto de los hospitales que conforman el sector salud estatal Por tanto con fundamento en el artículo 63 fracción IV de la de la materia lo procedente es sobreseer en el presente juicio respecto de los actos que se atribuyen a la citada autoridad responsable Máxime que el peticionario de amparo no aportó medio de convicción alguno tendente a desvirtuar la negativa de existencia del acto reclamado atribuido a la referida autoridad responsable Resultan aplicables las jurisprudencias 284 y 18 emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 y Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito2 respectivamente cuyos rubros son INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES ACTO RECLAMADO NEGACIÓN DEL CUARTO Existencia del acto reclamado Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Director del Hospital General de Maravatío Michoacán y Secretaria de Salud de Michoacán quienes aceptaron que a la fecha de presentación de la demanda de amparo por el ahora quejoso no le habían ministrado la atención que reclama virtud de no haber acudido a solicitarla ni tener expediente clínico formado además que de las constancias que adjuntó la quejosa a su demanda de amparo se advierte que hasta la fecha de la presentación de ésta no le habían proporcionado la atención médica que requiere así como el tratamiento de hemodiálisis ello atendiendo al padecimiento de enfermedad renal crónica y diabetes mellitus que el médico Alfonso Rafael Álvarez Paredes y el adscrito al Centro de Salud Balbuena Maravatío le diagnosticaron a la promovente de amparo -como se advierte de las constancias que la quejosa adjuntó a su escrito inicial de demanda- QUINTO Causales de improcedencia Previo al estudio del fondo del asunto procede analizar las causales de improcedencia del juicio ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio por tratarse de una cuestión de orden público de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo No se soslaya que en la especie podría estimarse prima facie actualizado el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo empero ello no es así se explica Artículo 61 El juicio de amparo es improcedente . XXI Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado La expresión cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo Desaparece lo que originó el juicio constitucional y con ello la afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa De lo anterior se sigue que los efectos de lo reclamado por la parte quejosa se interrumpen o finalizan Es decir se destruyen en forma total e incondicional De modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada como si se hubiera otorgado el amparo Entonces el juicio de amparo es improcedente Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 216 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Novena Época visible en la página 216 Tomo II Procesal Constitucional 1 Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento del Apéndice 1917 - Septiembre 2011 con número de registro 1002264 de rubro y texto siguiente CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73 fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto sino que es necesario que aun sin hacerlo destruya todos sus efectos en forma total e incondicional de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo es decir como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal En el caso concreto el peticionario de amparo accionó este sumario constitucional el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno narrando en su escrito de demanda que no era beneficiario de ningún programa de seguridad social que el médico Alfonso Rafael Álvarez Paredes y el adscrito al Centro de Salud Balbuena Maravatío le diagnosticaron enfermedad crónica renal y diabetes mellitus Y para acreditar su dicho adjuntó a su escrito inicial de demanda las documentales siguiente Luego manifestó que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -diecinueve de agosto de dos mil veintiuno- no se le había brindado la atención médica que requiere así como el tratamiento de hemodiálisis pese a que debe recibir este último dos veces por semana ello ya que a su decir ahora las responsables omiten y niegan brindarle dicha atención Ante tal acontecimiento la parte quejosa acudió a esta instancia constitucional con el propósito de que a la brevedad las autoridades responsables atendieran al quejoso Ahora bien del informe de las responsables se advierte que éstas indicaron se informara a la quejosa que . a partir de la próxima semana comparezca a dicha clínica a 2 sesiones de hemodiálisis por semana para recibir de manera gratuita su tratamiento dialítico en los días y horario en que habitualmente lo ha venido recibiendo ya que mi mandante se pusieron en contacto con la clínica que refiere en su demanda y han convenido el pago de las mismas Por su parte la quejosa indicó ante este juzgado que Por medio del presente escrito me permito manifestar a este H Juzgado que la quejosa me informó que acudió oportunamente al HOSPITAL GENERAL DE MARAVATIO MICHOACÁN el día 27 veintisiete de agosto del 2021 dos mil veintiuno presentando los documentos que le habían sido requeridos por la autoridad responsable tal como se ordenó por este H Juzgado en auto publicado el día 24 veinticuatro de agosto del mismo año al llegar al señalado nosocomio se dirigió con el Director del Hospital General de Maravatío posteriormente le recibieron los documentos para aperturar su expediente clínico y le entregaron un carnet de citas en el cual le agendaron una cita para el día 30 treinta de agosto del 2021 año dos mil veintiuno con la finalidad de realizarte valoración médica y estudios clínicos correspondientes De lo que se advierte que al quejoso se le formó su expediente clínico y se le indicó que la atención relativa a la hemodiálisis que necesita le sería proporcionada en la clínica a la que para tal efecto asistía Sin embargo ello es insuficiente para concluir que con el actuar relatado de la autoridad se han generado efectos similares a aquéllos como si se hubiere dictado una sentencia concediéndole la protección de la Justicia Federal contemplados en el artículo 77 de la Ley de Amparo Lo precedente se justifica porque de la demanda inicial se advierte que la parte quejosa acudió a esta instancia judicial reclamando  La falta negativa omisiva de brindarle atención médica integral precisamente el tratamiento de hemodiálisis que requiere dos veces por semana ante el padecimiento de insuficiencia renal crónica y diabetes que padece Esto es que la quejosa reclama atención medica respecto a los padecimientos de salud que dice tener tales como a Enfermedad crónica renal b Diabetes Virtud a las cuales tiene necesidad que se le ministre tratamiento de hemodiálisis Y de las manifestaciones realizadas tanto por las responsables como por la quejosa no se advierte que se hubiera proporcionado a ésta la atención medica requerida para los padecimientos enunciados en los restantes incisos a al d y si bien las responsables demostraron que se le formó su expediente clínico a la quejosa y se le indicó que debía comparecer ante la institución particular que le proporcionaba el tratamiento de hemodiálisis que requería y agendaron sus próximas citas en la inteligencia que el costo de dicho tratamiento lo cubrirían las responsables también lo es que no se demostró por parte de éstas que dicho tratamiento efectivamente se le haya proporcionado dos veces a la semana a la parte quejosa dado que dato alguno se aportaron al respecto En consecuencia en el presente caso no es dable concluir que hubieran cesado los efectos del reclamado esto es la parte quejosa no ha sido restituida en el goce del derecho humano violado No impide arribar a lo anterior que el autorizado de la quejosa informara a este juzgado que Por medio del presente escrito le hago saber a usted su señoría en virtud de que el acto reclamado ha dejado de existir toda vez que sobrevino una causal de sobreseimiento en el presente juicio de amparo de conformidad con el artículo 63 fracción III de la Ley de Amparo lo anterior debido a que ELVIRA MONDRAGON SOLIS ya se encuentra mejor y ya no requiere el tratamiento de hemodiálisis tal es el caso que la misma quejosa manifiesta que ya no tiene el catéter de tal forma que los recursos depositados para sus hemodiálisis sean destinados a otra persona ya que la quejosa no los va a necesitar Dado que tales manifestaciones no fueron ratificadas ante la presencia judicial por la quejosa directa además que no se exhibió al respecto prueba que acreditara las aseveraciones vertidas en dicho escrito relativas a que la quejosa ya se encontraba mejor de salud y no requería el tratamiento de hemodiálisis que inicialmente le fue prescrito a razón del padecimiento de enfermedad crónica renal y diabetes mellitus que le fueron diagnosticados En ese orden de ideas dado que las partes no alegaron la existencia de alguna otra causa de improcedencia y este juzgador no advierte de oficio la actualización de una de ellas que impida el estudio del fondo de este asunto debe proseguirse con el estudio del acto reclamado por la quejosa SEXTO Estudio constitucional El concepto de violación es fundado como se verá a continuación La quejosa aduce que la negativa omisión o falta de las autoridades responsables de proporcionarle de manera gratuita e inmediata el tratamiento médico que necesita para la a Enfermedad crónica renal b Diabetes Al caso la hemodiálisis que requiere incluidos los medicamentos e insumos que para su atención se necesitan vulneran el derecho de acceder a los servicios de salud previsto en el artículo 4° de la Constitución Federal y en el numeral 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos Como se anticipó el anterior concepto de violación es fundado El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en consonancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales consagran el derecho humano a la salud que se traduce en la obligación del Estado de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población entendiéndose por tales las acciones dirigidas a proteger promover y restaurar la salud de la persona Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado acerca del derecho a la protección de la salud tutelado por el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableciendo entre otras cosas lo siguiente ?El derecho a la salud no se limita a prevenir y tratar una enfermedad sino que atento a la propia naturaleza humana va más allá en tanto comprende aspectos externos e internos como el buen estado mental y emocional del individuo es decir se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico mental emocional y social de la persona del que deriva un derecho fundamental más consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica ?Del artículo 4° de la Constitución Federal que establece que toda persona tiene derecho a la salud derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia El Estado mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho La realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización ?Si bien para la justiciabilidad del derecho a la salud en el juicio de amparo es menester constatar que se invoque la violación de un derecho fundamental que incorpora pretensiones jurídicas subjetivas y que la invasión al derecho que se denuncia represente un tipo de vulneración remediable por dicha vía lo cierto es que ello no permite descartar que en ciertas ocasiones dar efectividad al amparo implique adoptar medidas que colateral y fácticamente produzcan efectos para más personas que las que actuaron como partes en el caso concreto siempre y cuando tales efectos tengan una relación fáctica o funcional con los de las partes Apoya a lo anterior la jurisprudencia y tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3 cuyos rubro y texto son los siguientes DERECHO A LA SALUD IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN Del artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos según el cual toda persona tiene derecho a la salud derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia El Estado Mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho y existen documentos que esclarecen su contenido y alcance jurídico mínimo consensuado Así la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas por ejemplo dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad accesibilidad no discriminación aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto protección y cumplimiento en relación con él Algunas de estas obligaciones son de cumplimiento inmediato y otras de progresivo lo cual otorga relevancia normativa a los avances y retrocesos en el nivel de goce del derecho Como destacan los párrafos 30 y siguientes de la Observación citada aunque el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales prevé la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representa la limitación de los recursos disponibles también impone a los Estados obligaciones de efecto inmediato como por ejemplo las de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización que deben ser deliberadas y concretas Como subraya la Observación la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización Al igual que ocurre con los demás derechos enunciados en el Pacto referido continúa el párrafo 32 de la Observación citada existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud DERECHO A LA SALUD SU TUTELA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO La justiciabilidad del derecho a la salud no tiene manifestaciones idénticas cuando su violación se denuncia por los ciudadanos en vía de amparo y cuando se reclama por otras vías como por ejemplo la acción de inconstitucionalidad Para determinar qué tipo de pretensiones pueden estudiarse en vía de amparo hay que constatar no sólo que se invoque la violación de un derecho fundamental que incorpora pretensiones jurídicas subjetivas sino también que la invasión al derecho que se denuncia represente un tipo de vulneración remediable por dicha vía Lo anterior es así porque el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de actos y normas con efectos únicamente para el caso concreto como lo establecen los artículos 103 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 de la Ley de Amparo sin embargo ello no permite descartar que en ciertas ocasiones dar efectividad al amparo implique adoptar medidas que colateral y fácticamente tengan efectos para más personas que las que actuaron como partes en el caso concreto Pero este tipo de efectos que podrían denominarse ultra partes deben ser colaterales y estar unidos por una relación de conexidad fáctica o funcional con los efectos inter partes es decir no pueden ser efectos central o preliminarmente colectivos Ello es así porque la Constitución General de la República reserva la posibilidad de impugnar las normas de manera que puedan ser declaradas inválidas con efectos erga omnes a una serie acotada de órganos legitimados por la vía de las controversias constitucionales o las acciones de inconstitucionalidad 4 DERECHO A LA SALUD NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL El referido derecho contenido en el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reconocido en diversos tratados internacionales suscritos por México no se limita a la salud física del individuo es decir a no padecer o bien a prevenir y tratar una enfermedad sino que atento a la propia naturaleza humana va más allá en tanto comprende aspectos externos e internos como el buen estado mental y emocional del individuo De ahí que el derecho a la salud se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico mental emocional y social de la persona del que deriva un derecho fundamental más consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica 5 Cabe destacar que el derecho a la salud se encuentra regulado por la Ley General de Salud -reglamentaria del artículo 4° constitucional- y en sus artículos 2° 23 24 27 y 33 se establecen las finalidades clasificación y tipos de servicios de salud entre los que se encuentra el tratamiento médico integral y el suministro de medicamento Estos preceptos disponen lo siguiente Artículo 2 El derecho a la protección de la salud tiene las siguientes finalidades I El bienestar físico y mental de la persona para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades II La prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana III La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social IV La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación conservación mejoramiento y restauración de la salud V El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población Tratándose de personas que carezcan de seguridad social la prestación gratuita de servicios de salud medicamentos y demás insumos asociados VI El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud y VII - El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud Artículo 23 Para los efectos de esta Ley se entiende por servicios de salud todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general dirigidas a proteger promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad Artículo 24 - Los servicios de salud se clasifican en tres tipos I - De atención médica II - De salud pública y III - De asistencia social Artículo 27 - Para los efectos del derecho a la protección de la salud se consideran servicios básicos de salud los referentes a . III - La atención médica integral que comprende la atención médica integrada de carácter preventivo acciones curativas paliativas y de rehabilitación incluyendo la atención de urgencias Para efectos del párrafo anterior la atención médica integrada de carácter preventivo consiste en realizar todas las acciones de prevención y promoción para la protección de la salud de acuerdo con la edad sexo y los determinantes físicos psíquicos y sociales de las personas realizadas preferentemente en una sola consulta En el caso de las personas sin seguridad social deberá garantizarse la prestación gratuita de servicios de salud medicamentos y demás insumos asociados . VIII La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud Artículo 33 Las actividades de atención médica son II - Curativas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno Del análisis de los anteriores preceptos se obtiene que la protección de la salud constituye un derecho humano que comprende ? El tratamiento médico integral ? El suministro de los medicamentos Como parte integrante del derecho a la protección de la salud que se encuentra consagrado en la Carta Magna como un derecho humano fundamental Lo hasta aquí expuesto permite arribar a la conclusión que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todos los mexicanos tengan acceso a los servicios inherentes que comprenden entre otras cuestiones  Atención médica consistente en proporcionar un tratamiento oportuno al enfermo  El suministro de medicamentos para el tratamiento de una enfermedad Además el derecho a la protección a la salud se traduce no solamente en recibir los medicamentos básicos para el tratamiento de una enfermedad como parte integrante del servicio básico de salud sino que también se deben suministrar aquellos medicamentos que hubieran sido de reciente descubrimiento La anterior afirmación encuentra apoyo en la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de justicia de la Nación que a continuación se transcribe SALUD EL DERECHO A SU PROTECCIÓN QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o CONSTITUCIONAL COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS La Ley General de Salud reglamentaria del derecho a la protección de la salud que consagra el artículo 4o párrafo cuarto de la Carta Magna establece en sus artículos 2o 23 24 fracción I 27 fracciones III y VIII 28 29 y 33 fracción II que el derecho a la protección de la salud tiene entre otras finalidades el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad que los servicios de salud se clasifican en tres tipos de atención médica de salud pública y de asistencia social que son servicios básicos de salud entre otros los consistentes en a la atención médica que comprende actividades preventivas curativas y de rehabilitación incluyendo la atención de urgencias definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno y b la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud para cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud Deriva de lo anterior que se encuentra reconocido en la Ley General de Salud reglamentaria del derecho a la protección de la salud el que tal garantía comprende la recepción de los medicamentos básicos para el tratamiento de una enfermedad como parte integrante del servicio básico de salud consistente en la atención médica que en su actividad curativa significa el proporcionar un tratamiento oportuno al enfermo lo que incluye desde luego la aplicación de los medicamentos básicos correspondientes conforme al cuadro básico de insumos del sector salud sin que obste a lo anterior el que los medicamentos sean recientemente descubiertos y que existan otras enfermedades que merezcan igual o mayor atención por parte del sector salud pues éstas son cuestiones ajenas al derecho del individuo de recibir los medicamentos básicos para el tratamiento de su enfermedad como parte integrante del derecho a la protección de la salud que se encuentra consagrado como garantía individual y del deber de proporcionarlos por parte de las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos6 Es de suma importancia resaltar que el derecho al grado máximo de salud se encuentra consagrado en instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano a saber La Declaración Universal de Derechos Humanos cuyo artículo 25 es del tenor siguiente Artículo 25 1 Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así como a su familia la salud y el bienestar y en especial la alimentación el vestido la vivienda la asistencia médica y los servicios sociales necesarios tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo enfermedad invalidez viudez vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales que en su artículo 12 establece Artículo 12 1 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental 2 Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho figurarán las necesarias para a La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil y el sano desarrollo de los niños b El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente c La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas endémicas profesionales y de otra índole y la lucha contra ellas d La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad De lo expuesto se pone de manifiesto que la protección a la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente Al respecto la Observación General número catorce 14 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas -que contiene las cuestiones sustantivas para la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales- establece cuatro criterios con respecto a los cuales se puede evaluar el respeto del derecho a la salud a Disponibilidad Deberá haber un número suficiente de establecimientos bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud así como de programas b Accesibilidad Los establecimientos bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos sin discriminación alguna dentro de la jurisdicción del Estado Parte La accesibilidad presenta cuatro dimensiones presupuestas - No discriminación los establecimientos bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todas las personas de hecho y de derecho sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos - Accesibilidad física los establecimientos bienes y servicios de salud deberán estar al alcance geográfico de todos los sectores de la población en especial los grupos vulnerables o marginados como las minorías étnicas y poblaciones indígenas las mujeres los niños los adolescentes las personas mayores las personas con discapacidad y las personas con VIH/SIDA inclusive en las zonas rurales - Accesibilidad económica los establecimientos bienes y servicios de salud deberán estar al alcance de todos los pagos por atención de la salud y servicios relacionados con los factores determinantes básicos de la salud deberán basarse en el principio de equidad a fin de asegurar que esos servicios sean públicos o privados estén al alcance de todos y - Acceso a la información el acceso a la información comprende el derecho de solicitar recibir y difundir información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas con la salud Con todo el acceso a la información no debe menoscabar el derecho de que los datos personales relativos a la salud sean tratados con confidencialidad c Aceptabilidad Todos los establecimientos bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos de la ética médica culturalmente apropiados y sensibles a los requisitos del género y el ciclo de vida y deberán estar concebidos para respetar la confidencialidad y mejorar el estado de salud de las personas de que se trate d Calidad Los establecimientos bienes y servicios de salud deberán ser apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad para ello se requiere entre otras cosas personal médico capacitado medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas De modo que si el Estado mexicano suscribió convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar el más alto nivel de disfrute del derecho a la salud Sobre el tema la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación7 ha sostenido la tesis de epígrafe y sinopsis siguientes DERECHO A LA SALUD SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene entre otras finalidades la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad Así lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así como a su familia la salud y el bienestar y en especial la alimentación el vestido la vivienda la asistencia médica y los servicios sociales necesarios el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales Protocolo de San Salvador según el cual toda persona tiene derecho a la salud entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico mental y social En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano Así el derecho a la salud entraña libertades y derechos entre las primeras la relativa a controlar la salud y el cuerpo con inclusión de la libertad sexual y genésica y el derecho a no padecer injerencias torturas tratamientos o experimentos médicos no consensuales y entre los derechos el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud Asimismo la protección del derecho a la salud incluye entre otras las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad accesibilidad aceptabilidad y calidad de los servicios controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades bienes servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud Precisado lo que antecede de la demanda de amparo promovida por el quejoso se advierte que a ésta adjuntó las documentales cuyas imágenes se insertan Por su parte las responsables con motivo de la demanda de amparo promovida en su contra le requirieron a la quejosa compareciera ante ellas a fin de integrar su expediente clínico lo que así hizo y fue informada que debía acudir a la clínica particular donde anteriormente le proporcionaban la atención en hemodiálisis que requiere al caso la Clínica Calidad en Hemodiálisis en el municipio de Maravatío Michoacán la que con cargo a las responsables proporcionaría dos veces por semana el tratamiento de hemodiálisis que requiere la parte quejosa Sin embargo de lo expuesto en los informes rendidos por las responsables y de las documentales que se adjuntaron al presente juicio no se advierte que le estén brindando el medicamento y la atención medica necesaria ni los tratamientos médicos indispensables para salvaguardar los padecimientos de ?Enfermedad crónica renal ?Diabetes mellitus Al caso la hemodiálisis que requiere dos veces a la semanada a razón de dichos padecimientos dado que no obra constancia alguna que así lo indique por tanto se advierte una vulneración al derecho constitucional de acceso a la salud en perjuicio de la promovente de amparo pues -como quedó precisado en párrafos precedentes- las autoridades del Estado mexicano están constreñidas a brindar la atención médica a los gobernados para alcanzar el más alto nivel posible de salud siendo necesario en el caso brindar una atención integral y continua al padecimiento de la quejosa pudiendo utilizar las autoridades responsables los recursos que están a su disposición para lograr la plena efectividad del derecho humano al nivel más alto posible de salud lo que no ha acontecido Resulta aplicable al caso por las razones que la informan la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito cuyo epígrafe sinopsis y datos de localización son los siguientes DERECHO HUMANO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD PARA GARANTIZARLO EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEBE SUMINISTRAR A SUS BENEFICIARIOS LOS MEDICAMENTOS QUE SE LES PRESCRIBAN AUN CUANDO NO ESTÉN INCLUIDOS EN EL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD La protección de la salud constituye un derecho fundamental que el Estado está obligado a garantizar y que está tutelado por los artículos 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales de los cuales se advierte que los servicios básicos de salud consisten entre otros aspectos en la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud para cuyo efecto habrá un cuadro básico y catálogo de insumos del sector salud No obstante no debe entenderse como un impedimento o una restricción para los beneficiarios de las dependencias y entidades que prestan el servicio de protección de la salud el hecho de que algún medicamento no esté incluido en ese cuadro básico como se advierte del criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P XIX/2000 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Tomo XI marzo de 2000 página 112 de rubro 'SALUD EL DERECHO A SU PROTECCIÓN QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o CONSTITUCIONAL COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS ' Por tanto atento a la visión progresiva con la que deben apreciarse los derechos fundamentales del gobernado dichas dependencias y entidades entre las que se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social deben suministrar a sus beneficiarios esos medicamentos aun cuando no estén en ese cuadro básico siempre que exista una prescripción médica que lo avale Décima Época Fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Tomo III Libro 22 septiembre de 2015 Materia Constitucional página 2014 y registro 2010052 Máxime que los padecimientos que cursa en su salud la quejosa tales como la enfermedad crónica renal y la diabetes así como el tratamiento de hemodiálisis que le es ministrado necesitan atenderse continuamente ser sucesivamente tratados los tratamientos deben ser puntuales asimismo requieren de medicamentos que los acompañen durante su duración a fin de complementar su eficacia y lograr el efecto deseado que lo es la atención integral de la salud de la quejosa para incrementar su calidad de vida Consecuentemente lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por la quejosa Elvira Mondragón Solís para los efectos que se precisan en el considerando siguiente SÉPTIMO Concesiva En esas consideraciones de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo se concede el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que las responsables Director del Hospital General de Maravatío Michoacán y la Secretaria de Salud de Michoacán 1 En el ámbito de su competencia y facultades dicten las medidas necesarias a efecto de que a la quejosa Elvira Mondragón Solís se le proporcionen las hemodiálisis con la periodicidad prescrita dos veces por semana a menos que previa valoración médica por especialista se determine otra frecuencia mayor o menor del referido tratamiento así como los medicamentos e insumos que para su aplicación se necesitan sin que sea viable su suspensión hasta en tanto sea determinado por el médico especialista Vinculado a ello se le valore médicamente en lo relativo al padecimiento de enfermedad crónica renal y diabetes mellitus que relató 2 Asimismo se le proporcione la atención médica medicamentos insumos y tratamientos que el quejoso requiere para sus padecimientos de enfermedad crónica renal y diabetes mellitus para lo cual deberá realizarse previamente un diagnóstico médico clínico Por lo expuesto y fundado con apoyo además en los artículos 5o fracción II párrafo segundo 73 74 75 79 y 215 a 216 de la Ley Amparo se RESUELVE PRIMERO Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por Elvira Mondragón Solís en lo que respecta al acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando tercero por las razones expuestas en el mismo SEGUNDO La justicia de la Unión ampara y protege Elvira Mondragón Solís contra los actos del Director del Hospital General de Maravatío Michoacán y la Secretaria de Salud de Michoacán por los motivos y para los efectos precisados en los considerandos sexto y séptimo de este fallo

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