Elvia Barragán Valadez

Expediente 37/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
37/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
05/03/2019

Partes del expediente

  • Elvia Barragán Valadez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Agréguese a los autos los oficios del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zitácuaro, Michoacán, mediante el cual devuelve diligenciados los despachos 4/2019 (orden 12) y 20/2019 (orden 62), ordenados en acuerdo de ocho de enero del año en curso (foja 138); por tanto, téngase por recibido, dénse de baja en el libro de comunicaciones oficiales. Acúsese recibo.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que trascurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra el proveído de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2 de la ley en aplicación, se declara firme dicha resolución para los efectos legales conducentes. Atento a lo anterior, tómese nota que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN, dado que se sobreseyó en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, debiendo destruirse las constancias respectivas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: CLAUDIA ALEJANDRA VERDUZCO MORENO QUIEN SE OSTENTA COMO APODERADA LEGAL DE ELVIA BARRAGÁN VALADEZ. Agréguese a los autos el oficio signado por el Auxiliar en Funciones de Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Zamora, mediante el cual rinde informe justificado en representación de dicho órgano colegiado; en consecuencia, dése vista con su contenido a las partes para que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, téngase como prueba de la autoridad responsable la documental consistente en copia certificada del expediente laboral J-VI-546/2015 de su índice, misma que se admite y desahoga en razón de su propia y especial naturaleza. Se otorga valor probatorio pleno a la referida documental, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal 2°, al tratarse de una constancia expedida por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Establecido lo anterior, debe precisarse que el estudio de las causas de sobreseimiento, al ser de orden público, es de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causa que haga procedente el sobreseimiento en el juicio de amparo analizarla de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7o.P.13 K, sustentando por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito , que indica: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." En el presente asunto, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, la cual dispone: Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]" Del precepto antes transcrito, se advierte que prevé el sobreseimiento del juicio de amparo cuando se demuestre claramente de las constancias de autos que no existe del acto reclamado en el juicio constitucional. En su demanda de amparo, la parte quejosa señaló el acto reclamado de la forma siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: consiste en el escrito presentado con fecha 14 de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete, en el que se solicita se proceda a la ejecución del laudo dictado". Sin embargo de la lectura y análisis de libelo actio se advierte que, en el presente juicio de amparo, la parte quejosa reclama: ? La omisión de la autoridad responsable de dar contestación al escrito presentado el catorce de septiembre del año 2017 dentro del juicio laboral subyacente en los términos legales. Al momento de rendir su informe justificado, la autoridad responsable remitió copia certificada del expediente laboral J-VI-546/2015 de su índice, entre las cuales obra el proveído de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, en el que se determinó lo siguiente. "---Zamora, Michoacán, a veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete.---------------------------------------------------------- ---Se da cuenta con el escrito presentado el catorce de septiembre del año en curso, suscrito por la Lic. Claudia Alejandra Verduzco moreno, apoderada jurídica de la parte actora, se provee: --- I. Como lo solicita la parte actora y toda vez que la demandada no cumplió con el laudo pronunciado por esta actuante veinticuatro de marzo del año en curso, en consecuencia, se DESPACHA AUTO DE EJECUCIÓN O EN SU CASO DE EMBARGO en contra de la demandada DISTRIBUIDORA DE BICICLETAS BENOTTO, S.A. DE C.V., con domicilio en CALLE JUÁREZ NÚMERO 163 PONIENTE, COLONIA CENTRO DE ZAMORA, MICHOACÁN, por tanto se comisiona a la Actuaria de la adscripción para que se constituya en legal y debida forma en el domicilio señalado y le requiera a la demandada indicada del pronto y efectivo pago de la cantidad de $48,446.92 (CUARENTAY OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N.) cantidad que es el monto total a la que resultó demandada la patronal mencionada en el laudo de referencia; requerimiento que se debe efectuar bajo el apercibimiento legal de que en caso de no hacerlo en el momento de la diligencia se le embarguen bienes de su propiedad suficientes a cubrir la cantidad requerida, haciéndole saber que tienen el derecho preferencial de señalar bienes para su embargo y en caso de no hacerlo, lo hará la parte que obtuvo, los que quedarán en depósito de la persona que designe el ejecutante, quien deberá aceptar y protestar el cargo conferido con las responsabilidades inherentes a dicho cargo, previa relación circunstanciada que haga el ministro ejecutor a quien deberá concederle todas las facultades legales para este tipo de diligencia previstas por el artículo 951 de la Ley Federal del Trabajo. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.----------------------------------------------------------- ---Así lo acordaron y firman la Lic. Paloma Sánchez Mondragón Auxiliar en funciones de Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en términos del artículo 635 de la Ley Federal del Trabajo, en unión de la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe Lic. Mayra Rocío Gómez Mejía.- DOY FE.-----------------------------------------------------" De la transcripción anterior, se obtiene que la Auxiliar en funciones de Presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado Michoacán, con residencia en Zamora, dictó auto de ejecución contra la parte demandada en ese juicio [Distribuidora de Bicicletas Benotto, sociedad anónima de capital variable], dentro del expediente laboral J-VI-546/2015 de su índice. Es decir, la autoridad responsable acordó de conformidad la petición que la quejosa realizó mediante el escrito de catorce de septiembre de dos mil diecisiete [en el cual solicitó que la Junta responsable autorizara el embargo de bienes propiedad patronal, al haber transcurrido en demasía el plazo para cumplir con el laudo], pues, precisamente, dictó un auto de ejecución o embargo en el expediente laboral de origen. En ese sentido, toda vez que el veintiuno de noviembre del año próximo pasado la Auxiliar en funciones de Presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en Zamora, acordó la petición del accionante de este juicio de amparo realizada por conducto del escrito de catorce de septiembre de dos mil diecisiete; por tanto, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, esto es, al diecinueve de enero de la presente anualidad, la omisión reclamada es inexistente. No pasa inadvertido que no obra la notificación del proveído de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio laboral de origen, pues, en la parte inferior izquierda de dicha constancia, se aprecia la leyenda "no se liste", ya que, en la especie, se despacha un auto de ejecución o, en su caso, embargo de bienes propiedad de la parte demandada, por lo cual, notificar por lista dicha determinación implicaría la posibilidad de que el ejecutado conociera ese proveído y, con la finalidad de evitar cumplir forzosamente con el laudo, pudiera ocultar o dilapidar los bienes sobre los cuales va a recaer la ejecución solicitada por el actor del juicio laboral. Habida cuenta que dicha determinación no se encuentra contemplada como una notificación que deba realizarse en forma personal a la parte actora, en términos del artículo 742 de la Ley Federal del Trabajo. Máxime que es necesaria la participación de la parte actora en las diversas etapas que conforman el procedimiento de ejecución, pues las actuaciones en el mismo se encuentran sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante. En lo conducente, sustenta lo expuesto, las jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros y textos son: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." Consecuentemente, al actualizarse la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del numeral 63 transcrita en párrafos precedentes, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional la cual estaba fijada para las diez horas con cincuenta minutos de esta data. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  4. Principal

    Notifíquese personalmente.

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