Eloy Leonel Jurado Salazar
Expediente 1005/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 18 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1005/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 13/11/2020
Partes del expediente
- Eloy Leonel Jurado Salazar
- Presidente Municipal de Tijuana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
el suscrito actuario judicial hago constar: que en esta fecha, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, y en atención a que la parte quejosa no compareció a este órgano jurisdiccional a notificarse personalmente, no obstante el aviso que el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se le dejó en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, a efecto de que dentro de los dos días hábiles siguientes se presentara en este juzgado; por lo cual, al haber transcurrido dicho plazo sin que se presentara, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el aviso y le notifico por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal y por lista en la página electrónica correspondiente, el contenido de la Sentencia de trece de noviembre de dos mil veinte misma que en síntesis dice: RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR LA PARTE QUEJOSA SEGUNDO.LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A LA PARTE QUEJOSA
- Principal
Tijuana, Baja California, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Ampliación de demanda. Visto el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado mediante proveído de seis de diciembre de dos mil diecinueve, y exhibe copias del escrito mediante el cual formula ampliación de demanda en lo relativo al capítulo de actos reclamados, autoridades responsables y conceptos de violación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 111 fracción II, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la ampliación de la demanda de amparo por los nuevos actos reclamados, autoridades responsables y conceptos de violación que refiere la parte quejosa. Informe justificado relativo a los nuevos actos reclamados. En atención al artículo 117 de la ley de la materia, solicítese a las nuevas autoridades responsables su informe justificado con relación a los actos reclamados novedosos y conceptos de violación, mismo que deberán rendir dentro de quince días, inclusive por medios magnéticos, expresando con precisión si son o no son ciertos; además deberán señalar las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos de artículo 61 de la referida ley. En el entendido que en el informe de mérito se deberán manifestar si las constancias que en su caso sean remitidas, constituyen la totalidad de actuaciones de las cuales derivan los actos reclamados; con la precisión de que dichas documentales deben ser legibles, completas y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Informe justificado con relación a conceptos de violación. Por otro lado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, solicítese a las diversas autoridades responsables su informe justificado con relación a la ampliación de demanda únicamente en lo relativo al capítulo de conceptos de violación; el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días, inclusive por medios magnéticos, a efecto de que estén en posibilidad de expresar las razones y ofrecer las pruebas que estimen conducentes para desvirtuar los argumentos enderezados a demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad de su actuación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.66/2019 (registro 2019915) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido expone: "INFORME JUSTIFICADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE DEBE SOLICITAR CUANDO EN LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA SE FORMULAN NUEVOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. De acuerdo con lo previsto en los artículos 111 y 117 de la Ley de Amparo, la parte quejosa puede ampliar su demanda para formular nuevos conceptos de violación respecto del acto reclamado en la demanda inicial, siempre que no haya fenecido el plazo para presentarla, caso en el cual, se debe solicitar a las autoridades responsables su informe con justificación a efecto de que estén en posibilidad de expresar las razones y ofrecer las pruebas que estimen conducentes para desvirtuar los argumentos enderezados a demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad de su actuación, en la inteligencia de que la omisión de rendir el informe relativo únicamente conllevará a imponer la multa prevista en la fracción II del artículo 260 del citado ordenamiento legal, habida cuenta que la existencia del acto reclamado se presumirá sólo si omite rendir el informe correspondiente a la demanda inicial". Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo indicado y términos precisados, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, en términos del artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma, en caso de que no rindan su informe justificado las nuevas autoridades responsables en el plazo concedido, se presumirán ciertos los actos reclamados novedosos, quedando a cargo de la parte quejosa probar su inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo y se impondrá a la autoridad omisa, en la audiencia respectiva, la multa con la que se le apercibió. Conocimiento previo. Requiérase a las nuevas autoridades responsables para que al rendir sus informes con justificación, comuniquen a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione los actos reclamados, o sea, que haya sido promovido por el mismo quejoso; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Causal de improcedencia. Con apoyo en lo establecido en el artículo 64 del ordenamiento legal invocado, requiérase a las nuevas autoridades responsables, para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de improcedencia o sobreseimiento en el presente juicio, lo hagan saber así a este juzgado. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacerlo se les impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 251 de la Ley de Amparo. Audiencia constitucional. Infórmese a las nuevas autoridades que se encuentran señaladas las once horas del seis de enero de dos mil veinte, para el verificativo de la audiencia constitucional en este juicio. Traslado a las partes. Córrase traslado a las partes con copia del escrito de ampliación de demanda que se atiende, y notifíquese de manera personal el presente auto con copia del escrito de referencia, a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Incidente de suspensión. De conformidad con el artículo 128 de la Ley de Amparo, se ordena integrar por separado el incidente de suspensión con motivo de la ampliación de demanda planteada. Pruebas. Con fundamento en la interpretación sistemática de los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las documentales que adjuntó la parte quejosa a su escrito de ampliación de demanda, así como la presuncional en su doble aspecto legal y humana y la instrumental de actuaciones, mismas que se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Compulsa de documento para el incidente de suspensión. Tomando en consideración que la parte quejosa, además de las documentales que anexó a su escrito de ampliación de demanda, presentó copias simples de ellas, las que se estiman son para formar parte de los cuadernos incidentales; por tanto, realícese el cotejo de éstas con las exhibidas en el escrito de ampliación y agréguense al expediente incidental respectivo, con la finalidad de que tengan valor probatorio al momento de resolver sobre la medida cautelar solicitada. Notifíquese.
- Incidental
Tijuana, Baja California, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Se reapertura incidente. En cumplimiento a lo ordenado por auto de esta misma fecha en el juicio de amparo 1005/2019-III promovido por Eloy Leonel Jurado Salazar, por conducto de su apoderada legal Kendy Jovana Jurado Herrera, contra actos del Recaudador de Rentas del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California y otras autoridades, se provee con relación a la suspensión solicitada con motivo de la ampliación de demanda formulada. Precisión de los actos reclamados. La parte quejosa señala como actos reclamados esencialmente los siguientes: a) El mandamiento de inspección número DIV/1978/2018, de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciocho. b) El acta administrativa con número de oficio DIV/1978/2018, de veinticinco de noviembre de dos mil dieciocho y el oficio 201900000428 de tres de julio de dos mil diecinueve. c) La orden de clausura de quince de agosto de dos mil diecinueve, derivada del mandamiento de inspección número DIV/1978/2018. Anteriores determinaciones relacionadas con el inmueble identificado como "Salón de fiestas Albameira" ubicado en avenida Jaime Nuno número 1823, colonia Tomás Aquino, de esta ciudad. d) La ejecución de tales mandatos. Efectos para los que la parte quejosa solicita la suspensión. La parte quejosa solicita la suspensión provisional de los actos reclamados para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y no se lleve a cabo la clausura de las actividades desarrolladas en el giro mercantil denominado "Salón de eventos Albameira" ubicado en avenida Jaime Nuno número 1823, colonia Tomás Aquino, de esta ciudad. Por tanto, una vez precisados los actos reclamados y los efectos para los cuales la parte quejosa solicitó la suspensión, se procede al análisis de la medida y los efectos para los cuales, en su caso, puede concederse. Sirve de apoyo a este razonamiento la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 4/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro electrónico 2019200, de rubro y de contenido siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." Procedencia de la suspensión. Resulta pertinente indicar que los artículos 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125 y 128 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el juzgador debe tomar en cuenta para otorgar la medida cautelar solicitada, así como los requisitos que la parte peticionaria debe reunir, los cuales son: a) La naturaleza de la violación alegada; b) La dificultad de la reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir la parte quejosa con su ejecución; c) Los que la suspensión origine a los terceros interesados; d) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; e) Que hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para la parte inconforme y la apariencia del buen derecho. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 138 y 139 de la Ley de Amparo, este órgano de control de la constitucionalidad debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y tomar las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de terceros y se eviten perjuicios a los interesados, ni quede sin materia el juicio. Interés suspensional. La parte quejosa para acreditar su interés suspensional, allegó al presente incidente: a) Copia simple y original de la orden de clausura derivada del acta de inspección DIV/1978/2018. b) Instrumento notarial número 180,555 (ciento ochenta mil quinientos cincuenta y cinco), del protocolo del Notario Público Número Tres de esta ciudad, de quince de julio del año en curso. c) Original de la resolución de impacto ambiental con número de oficio DPA-DAA-1005/2008, emitida por el Director de Protección al Ambiente del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California el veintisiete de octubre de dos mil ocho, a favor del quejoso Eloy Leonel Jurado Salazar para realizar las actividades relacionadas con el desarrollo del proyecto denominado "Salón de Fiesta y Deportivo", ubicado en avenida Jaime Nuno número 1823, colonia Tomás Aquino, de esta ciudad. d) Original del recibo expedido el nueve de agosto de dos mil diecinueve, por el Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, a favor de Eloy Leonel Jurado Salazar, por el concepto identificado como: "SALÓN DE FIESTAS Y DEPORTIVO ALBA MEYRA Multa por incumplimiento de Trámite". e) Original del dictamen de factibilidad de uso de suelo con número de oficio 699,463 relativo al expediente 4588/2007, emitido a favor de Eloy Leonel Jurado Salazar, por el Director de Administración Urbana del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, a través del cual determinó que no existía inconveniente alguno para autorizar el uso del suelo comercial para el "Salón de Fiesta y Deportivo", ubicado en avenida Jaime Nuno número 1823, colonia Tomás Aquino, de esta ciudad. f) Original del oficio AE099-08 emitido por el Jefe del Departamento de Acciones de Edificación a favor de Eloy Leonel Jurado Salazar, a través del cual emitió la opinión técnica favorable para la operación del giro aprobado mediante el dictamen de uso de suelo 699,463. Negativa de la suspensión. Consecuentemente, no obstante las documentales precisadas en los párrafos que anteceden, con fundamento en los numerales 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 131 segundo párrafo de Ley de Amparo, se niega la suspensión provisional solicitada, en razón de que la parte quejosa no acredita su interés suspensional. En efecto, en acatamiento a lo establecido en el artículo 128, fracción I de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 1a./J. 4/2009 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta un requisito indispensable para esta autoridad constatar si la parte quejosa demuestra, aunque sea indiciariamente, que los actos reclamados le generan un agravio que motive la concesión de la medida cautelar solicitada. Así, se destaca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que es improcedente conceder la suspensión contra la clausura de un comercio, cuando no cuenta con la licencia -o certificación-, puesto que no es a través del juicio de amparo por medio de la suspensión, como se puede subsanar la carencia de un requisito esencial como lo es, tratándose de un giro comercial, la licencia o certificación respectiva, pues de otra forma a través de la suspensión se supliría el requisito esencial de contar con tales autorizaciones. Lo anterior, tal como se corrobora con los criterios emitidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con números de registros 320319 y 320068, consultables en el Semanario Judicial de la Federación, Tomos XCVIII y Tomo C; páginas 1009 y 46, respectivamente, Materia(s): Administrativa, cuyo rubro y texto son los siguientes: "COMERCIOS, SUSPENSION CONTRA SU CLAUSURA CUANDO NO TIENEN LICENCIA.- Es improcedente conceder la suspensión contra la clausura de un comercio, cuando no cuenta con la licencia respectiva, puesto que no es a través del juicio de garantías, por medio de la suspensión, como se puede subsanar la carencia de un requisito esencial como lo es, tratándose de un giro comercial, la falta de licencia." "COMERCIOS SIN LICENCIA, SUSPENSION EN CASO DE.- Debe negarse la suspensión contra la clausura de un comercio que esté funcionando sin la debida licencia, pues de otra forma, a través de la suspensión, se supliría el requisito esencial de la licencia, tratándose de un giro comercial." De igual forma, la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, consideró que resulta improcedente la suspensión respecto de la clausura de un establecimiento mercantil cuya licencia no ha sido revalidada, pues el titular de ésta carece del derecho que pretende preservar y la referida medida cautelar no puede tener por efecto válidamente constituir derechos de los que se carece. Aunado a que, de concederse la medida cautelar se causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, pues la clausura que el legislador ha establecido ante la falta de revalidación de las licencias de funcionamiento, es reveladora de que la sociedad está interesada en que éstos funcionen con estricto apego al acto administrativo que permite su actividad, pues la empresa está condicionada tanto a la obtención de una licencia, como a su revalidación, pues de no realizarse esto último, se deberá proceder, forzosamente, a la clausura del local respectivo, de donde se sigue que por disposición del legislador el derecho al funcionamiento del establecimiento mercantil se interrumpe temporalmente, en tanto no se realice la revalidación en comento. Se invoca como apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.114/99, con número de registro 193150, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta a página 557 del Tomo X, Octubre de 1999, que dice: "SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE RESPECTO DE LA CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, CUANDO LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO NO HA SIDO REVALIDADA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción X, constitucional, para resolver sobre la suspensión, el juzgador de garantías debe atender, entre otras cuestiones, a la naturaleza de la violación alegada, lo que no se limita a considerar la aparente inconstitucionalidad o constitucionalidad del acto de autoridad controvertido, sino que conlleva, inclusive, valorar si dicho acto se proyecta sobre un derecho incorporado en la esfera jurídica del peticionario de garantías, es decir, si con la solicitud de la suspensión se pretende preservar una prerrogativa de este último, o más bien constituir, a través de esa medida cautelar, un derecho cuyo ejercicio legalmente no se encontraba conferido al quejoso. Ante tal requisito, si conforme a lo dispuesto en los artículos 23 y 82, fracción I, de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal, anualmente debe revalidarse la licencia de funcionamiento, manifestando bajo protesta de decir verdad que no se han cambiado las condiciones en que se otorgó aquélla originalmente y, ante la falta de esa revalidación, la delegación correspondiente debe, indefectiblemente, clausurar tales establecimientos, resulta inconcuso que la prerrogativa a desarrollar una actividad a través de un establecimiento mercantil en el Distrito Federal se encuentra condicionada tanto a la obtención de una licencia, como a su revalidación anual, pues de no realizarse esto último, se deberá proceder, forzosamente, a la clausura del local respectivo, de donde se sigue que por disposición del legislador el derecho al funcionamiento del establecimiento mercantil se interrumpe temporalmente, en tanto no se realice la revalidación en comento. Por tanto, resulta improcedente la suspensión respecto de la clausura de un establecimiento mercantil cuya licencia no ha sido revalidada, pues el titular de ésta carece del derecho que pretende preservar y la referida medida cautelar no puede tener por efecto, válidamente, constituir derechos de los que se carece; aunado a que, de concederse la medida cautelar, se causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, pues la clausura que el legislador ha establecido ante la falta de revalidación de las licencias de funcionamiento, es reveladora de que la sociedad está interesada en que éstos funcionen con estricto apego al acto administrativo que permite su actividad". Establecido lo anterior, como se indicó, se estima que en el presente caso el primero de los requisitos del artículo 128 la ley de la materia no se encuentra satisfecho ya que de la demanda de amparo y su ampliación, se advierte que la parte quejosa se ostenta en su calidad de tercera extraño al procedimiento de origen, cuya actividad es realizar operaciones en el "Salón de fiestas Albameira" ubicado en avenida Jaime Nuno número 1823, colonia Tomás Aquino, de esta ciudad. Además, solicita expresamente la suspensión del acto reclamado para que no se lleve a cabo la clausura de dicho establecimiento. Sin embargo, la solicitud de la medida cautelar debe cumplir con la demostración de su interés en forma presuntiva o indiciaria, lo que se estima no se encuentre actualizado en la especie, ya que al comparecer la parte quejosa en su carácter de tercero extraño y como persona que se dedica a realizar operaciones en el "Salón de fiestas Albameira" ubicado en avenida Jaime Nuno número 1823, colonia Tomás Aquino, de esta ciudad, debió acreditar por lo menos su interés suspensional de manera presuntiva. Esto es, gozar del derecho para ejercer las actividades en el referido salón de eventos que refirió en su escrito inicial de demanda, lo que no hizo. Lo anterior, toda vez que las documentales que acompañó a la demanda de amparo y su ampliación, no se observa que de alguna de ellas derive la licencia de operación respectiva para el salón de fiestas que defiende, pues únicamente se tratan de las resoluciones a través de las cuales se emitieron las autorizaciones ambientales y de uso de suelo relativos al mismo. Sin embargo, se insiste, de ninguna de las documentales acompañadas por el quejoso se observa que el giro comercial cuente con la licencia de operación vigente y los diversos requisitos que se le imponen para su funcionamiento, pues incluso en la documental identificada con el inciso e) relativo al dictamen de factibilidad de uso de suelo con número de oficio 699,463, se establece claramente en el apartado "nota", que esa actuación de manera alguna significa una licencia de construcción y/o permiso de operación- Razón por la cual, se determina que las documentales exhibidas no son aptas para acreditar por lo menos indiciariamente que la parte quejosa a la fecha de la presentación de la demanda, cuenta con autorización para ejercer las actividades en el "Salón de fiestas Albameira" ubicado en avenida Jaime Nuno número 1823, colonia Tomás Aquino, de esta ciudad. Consecuentemente, lo procedente es negar la suspensión provisional solicitada. Señalamiento de la audiencia incidental. Se señalan las nueve horas con treinta y cinco minutos del treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. Informe previo. Pídase informe previo a las nuevas autoridades responsables por las que se tramita el presente incidente de suspensión, quienes deberán rendirlo por duplicado dentro del plazo de cuarenta y ocho horas; sin que sea necesario remitirles de nueva cuenta copia simple de la demanda de amparo, dado que ello ya se realizó en auto admisorio de siete de agosto del año en curso, dictado en los autos del juicio del cual emana el presente incidente. Asimismo, deberán precisar si son ciertos o no los actos reclamados, la naturaleza del juicio, las partes en el mismo, el estado procesal que guarda, informar si ya se dictó sentencia; así como expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y demás datos que tengan a su alcance que permitan a este juzgado federal establecer el monto de la garantía correspondiente. Haciéndoles saber que la falta de la rendición de su informe hará presumir de cierto el acto reclamado, de conformidad con el primer párrafo del artículo 142 de la Ley de Amparo, y se impondrá en su contra una multa de cien días, con apoyo en lo dispuesto en los preceptos 238 y 260 fracción I, de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Notifíquese.
- Principal
Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que mediante oficio SEADS/1472/2019 de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó la designación de la licenciada Magali María Díaz Villarreal, como Titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, con efectos a partir del dieciséis de diciembre del mismo año; en consecuencia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes a efecto de que estén en posibilidad de hacer valer, en su caso, alguno de los impedimentos previstos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, conforme a lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 104/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos doce, del Tomo XXXII, julio de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente:********************"SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO."****************************************Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo ordenado en el auto de admisión, así como a la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista.****************************************
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