Elsa Oropeza Garcia

Expediente 868/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 28 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
868/2021
Año
2021
Actuaciones
28
Última actuación
31/03/2023

Partes del expediente

  • Elsa Oropeza Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Cumplimiento a ejecutoria de amparo. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo. Antecedentes. Previo a realizar la calificación del cumplimiento dado la ejecutoria de amparo, resulta pertinente establecer los antecedentes derivados de este asunto que se encuentran relacionados con el acatamiento al fallo protector, los cuales son: I. Mediante sentencia dictada el tres de junio de dos mil veintidós, se determinó sobreseer el presente juicio de amparo. II. Inconforme con dicha determinación, la parte quejosa por conducto de su autorizado, interpuso recurso de revisión en contra de la citada determinación, el que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito con sede en Mexicali, Baja California, quien por ejecutoria de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, modificó la sentencia recurrida, determinando por una parte, sobreseer y por otra, otorgar el amparo y la protección de la justicia de la unión a la parte quejosa, para los siguientes efectos: "QUINTO. Efectos del fallo protector. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 74, fracción V, de la Ley de Amparo, en la sentencia de amparo deben fijarse los efectos y medidas en que se traduce la concesión del amparo. Al respecto, el artículo 77, fracción II, de la misma ley, señala que cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, se obligará a las autoridades responsables a respetar el derecho de que se trate y a cumplir que el mismo exija. En adición a lo anterior, el numeral 1° constitucional, dispone que "Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con eta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia". En el caso, es evidente que no es factible restituir en el hoce del derecho violado a la parte quejosa, en cuanto al pago retrasado del mes de octubre de dos mil veintiuno, ya que no se puede retrotraer el tiempo ni reparar los perjuicio que durante ese lapso sufrió la agraviada, al no recibir el pago oportuno. No obstante, la manera de restituir los derechos violados es evitando que se incurra en nuevas violaciones; para lo cual, es posible expandir los efectos de la protección constitucional, a fin de que se asegure que los pagos subsecuentes de prensiones a la agraviada, se realicen en tiempo, en virtud de que ésta manera, se asegura la protección más amplia a que hace referencia el artículo 1° constitucional. Por consiguientes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la protección constitucional otorgada, tiene el alcance de obligar a las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, a dejar sin efecto cualquier acto que implique suspender, retener o retrasar el pago de la pensión de la parte quejosa, así como respecto de la prima vacacional, gratificación anual o aguinaldo, incluso cualquier otro bono o prestación que a ala impetrante del amparo le pudiera corresponder en su calidad de pensionada de dicho Instituto. Esto último es así, en tanto que si bien las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, exhibieron documentales tendentes a demostrar el pago a la parte quejosa de su pensión al treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno, así como el relativo a la prima vacacional y primera parte del aguinaldo, lo cierto es que también se reclamó el desfase futuro de esas prestaciones, así como cualquier otro bono o prestación que a la impetrante del amparo le pudiera corresponder en su calidad de pensionada de dicho Instituto, planteamiento que si bien fue realizado en la demanda de amparo, en el capítulo relativo a los actos reclamados, lo cierto es que ello obedeció a una simple intención de desglosar, las prestaciones que afirma debe recibir con esa calidad de pensionada del Instituto responsable, pero en términos generales, lo que lesionó su esfera jurídica, es el retraso en las prestaciones que recibe en su carácter de pensionada del Instituto responsable. Por ello, ya que se reclamó los subsecuentes retrasos en el pago de la pensión de la agraviada, es jurídicamente seguro que los efectos del fallo protector comprenda dichos desfases futuros por ser inminentes; por tanto, en ese caso debe concederse el amparo para el efecto de que las autoridades del Instituto mencionado realicen los pagos de pensión futuros, de manera mensual, los dos últimos días hábiles de cada mes, como lo establece el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipio del Estado de Baja California, y el Manual de Procedimiento Específico para la Elaboración y Pago de la Nómina de Pensionados y Jubilados del mencionado Instituto, al igual que respecto de la prima vacacional, bobo anual o aguinaldo, incluso cualquier otro bono o prestación que la impetrante de amparo pudiera tener derecho a recibir, en su calidad de pensionada de dicho Instituto, e incluso en los aumentos que pudiera tener por esos conceptos, y en su caso el pago retroactivo derivado de esto último. Para lo cual, deberán girar los oficios necesarios a las autoridades correspondientes, a fin de que se asegure el pago oportuno de la pensión, incluso podrá vincularse al cumplimiento de la presente ejecutoria, a cualquier autoridad que con motivo de sus atribuciones tenga intervención en dicho pago. Sobre este aspecto, es aplicable por analogía, la tesis 2a./J.139/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PENSIONES. PROCEDE OTORGAR EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS DESCUENTOS FUTUROS E INMINENTES EN APLICACIÓN DE UNA NORMA GENERAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR JURISPRUDENCIA, SIEMPRE QUE SE HAYAN SEÑALADO COMO ACTOS RECLAMADOS." Ahora bien, de conformidad con el numeral 192, último párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone que el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plano de cumplimiento, tomando en cuenta su complejidad o dificultad, de manera razonable y estrictamente determinado, se procede a delimitar los efectos de la protección constitucional otorgada, con la finalidad de asegurar un cumplimiento efectivo de la presente ejecutoria. Para ello, debe tomarse en consideración, que de no limitarse el periodo de vigilancia del cumplimiento del amparo, imposibilitaría a la jueza de distrito para que pudiera tener por cumplida la ejecutoria de amparo, quedando el expediente en trámite de ejecución por tiempo indefinido. Por lo que a fin de evitarlo, este Tribunal Colegiado, estima que el plazo de cuatro meses, es razonablemente correcto, para que la a quo vigile que las autoridades responsables den cumplimiento puntual a la presente ejecutoria, y luego de agotado ese lapso, podrá emitir pronunciamiento sobre si la sentencia de amparo se encuentra cumplida. En la inteligencia que, de declararse el fallo protector, e incurrir las autoridades nuevamente en el retraso de pago de la pensión, la agraviada tendrá expedito su derecho para agotar los recurso previstos en la ley de amparo, para lograr el cumplimiento en el mismo amparo, sin necesidad de que instar uno nuevo. Apoya las consideraciones anteriores, por identidad jurídica, ya que se trata de un amparo indirecto, la jurisprudencia 2a./J.33/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESTÁN FACULTADOS PARA AMPLIAR EL PLAZO OTORGADO PARA TAL FIN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En similares términos se pronunció este tribunal al resolver sobre el tema aquí abordado, en los amparos e revisión 309/2019, 619/2019, 141/2020, 182/2020, 201/2020, 181/2021 y 214/2022 de sesiones de veintiocho de noviembre de dos mi diecinueve, veinte de febrero, diez de septiembre, veintidós de octubre y doce de noviembre de dos mil veinte, así como trece de enero de dos mil veintidós y dieciocho de agosto de dos mil veintidós, respectivamente. [.]" III. Por lo que, en proveído de tres de octubre de dos mil veintidós, se tuvo por recibida dicha ejecutoria y se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento al fallo protector. IV. El veintidós de marzo de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa por el plazo de tres días a fin que manifestara lo que a su interés conviniera con el mismo; esto es, con los oficios y anexos registrados con los números de folio ******************** y ******************** remitidos por la delegada de las pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, con los cuales estimaron dar cumplimiento al fallo protector. Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se determina cumplida la sentencia de amparo. Del examen de las citadas constancias se estima que las autoridades responsables cumplieron con el fallo protector, ya que realizaron lo siguiente: I.- El veintisiete de enero de dos mil veintitrés, se recibió el oficio registrado con el número de folio ******************** que remitió la delegada de las responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, mediante el cual anexó copia certificada de las constancias de la relación de firmas correspondiente a la nómina de burocracia de los meses de noviembre y diciembre de dos mil veintidós, de la quejosa ********************; así como, de la constancia de transferencia bancaria a la cuenta de la parte quejosa relativa al pago de nómina del mes de diciembre de dos mil veintidós. II.- El diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, la delgada de las responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, mediante oficio registrado con folio ******************** remitió la copia certificada de las constancias de la relación de firmas correspondientes a la nómina de burocracia de los meses de noviembre y diciembre de dos mil veintidós; y, enero y febrero de dos mil veintitrés, de la parte quejosa. En atención a lo expuesto, se colige que las autoridades responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, cumplieron con el fallo protector, pues como se evidencia han realizado los pagos correspondientes de pensión, de manera mensual por el término de cuatro meses, tiempo que estableció el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, en la resolución emitida el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en el recurso de revisión administrativo ********************, sin que se aprecie que exista algún retraso en el pago de la misma. Ello es así pues como ha quedado evidenciado la quejosa recibió el pago de pensión de los meses de noviembre y diciembre de dos mil veintidós, enero y febrero de dos mil veintitrés; por lo que de conformidad con el artículo 196 de la ley de la materia, resulta procedente declarar que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida sin excesos ni defectos. Certificación. Por otra parte, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace constar que se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, inciso b) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de depuración por haberse concedido la protección respecto de los actos reclamados, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su depuración. Cuaderno incidental original. Se precisa que el original del incidente de suspensión es depurable; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis del inciso a) de la fracción I artículo 18 del mismo acuerdo; por tanto, consérvese el expediente en el archivo de este juzgado por un plazo de tres años, computado a partir de esta fecha, y transcurrido dicho plazo procédase a su depuración, toda vez que la suspensión definitiva por una parte fue concedida. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al ubicarse en el supuesto previsto en el inciso a), fracción II del artículo 20 del Acuerdo antes referido; por lo que se ordena dejar por separado del cuaderno principal y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Informe de cumplimiento a sentencia. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite la delegada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, a través del cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, y al efecto remite las constancias con las que acredita el pago de la pensión a la quejosa Elsa Oropeza García, relativo a los meses de noviembre y diciembre de dos mil veintidós; y, enero y febrero de dos mil veintitrés. Vista. Por tanto, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y atento al estado de autos dese vista a las partes con el oficio y anexos de cuenta, así como con el diverso registrado con el folio 1078 recibido el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, por el término de tres días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, con relación al cumplimiento dado al fallo protector. Apercibimiento. Con el apercibimiento de que una vez desahogada la vista o sin ella, este órgano judicial resolverá sobre el cumplimiento realizado a lo ordenado en la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la responsable. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la página 728, del Tomo X, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, del tenor siguiente: "INFORMES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ OBLIGADO A DAR VISTA CON ELLOS A LA PARTE QUEJOSA. El Juez de Distrito debe dar vista a la parte quejosa con los oficios por los que las autoridades responsables informen lo relativo al cumplimiento o incumplimiento de un ejecutoria de amparo, trámite que se considera necesario, a fin de que dicha parte manifieste lo que a su interés convenga, dado el derecho que le asiste para promover la ejecución de la sentencia de amparo, incluso para los efectos que contempla el artículo 105, último párrafo, de la ley de la materia". Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que a la fecha trascurrió el plazo de tres días otorgado a las autoridades responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, mediante proveído de treinta de enero del año en curso, a fin de que dieran cumplimiento al fallo protector emitido en el presente asunto, sin que a la fecha hayan remitido las constancias relativas a dicho cumplimiento, no obstante que fueron notificadas del mismo el uno de febrero pasado, según los acuses respectivos. Atento a lo anterior, requiérase nuevamente a las autoridades pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, a fin de que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que reciban el oficio que contenga este proveído, informen el cumplimiento dado al fallo protector, remitiendo al efecto copia certificada de las constancias que lo acredite; asimismo, se reitera que se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: "QUINTO. Efectos del fallo protector. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 74, fracción V, de la Ley de Amparo, en la sentencia de amparo deben fijarse los efectos y medidas en que se traduce la concesión del amparo. Al respecto, el artículo 77, fracción II, de la misma ley, señala que cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, se obligará a las autoridades responsables a respetar el derecho de que se trate y a cumplir que el mismo exija. En adición a lo anterior, el numeral 1° constitucional, dispone que "Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con eta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia". En el caso, es evidente que no es factible restituir en el hoce del derecho violado a la parte quejosa, en cuanto al pago retrasado del mes de octubre de dos mil veintiuno, ya que no se puede retrotraer el tiempo ni reparar los perjuicio que durante ese lapso sufrió la agraviada, al no recibir el pago oportuno. No obstante, la manera de restituir los derechos violados es evitando que se incurra en nuevas violaciones; para lo cual, es posible expandir los efectos de la protección constitucional, a fin de que se asegure que los pagos subsecuentes de prensiones a la agraviada, se realicen en tiempo, en virtud de que ésta manera, se asegura la protección más amplia a que hace referencia el artículo 1° constitucional. Por consiguientes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la protección constitucional otorgada, tiene el alcance de obligar a las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, a dejar sin efecto cualquier acto que implique suspender, retener o retrasar el pago de la pensión de la parte quejosa, así como respecto de la prima vacacional, gratificación anual o aguinaldo, incluso cualquier otro bono o prestación que a ala impetrante del amparo le pudiera corresponder en su calidad de pensionada de dicho Instituto. Esto último es así, en tanto que si bien las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, exhibieron documentales tendentes a demostrar el pago a la parte quejosa de su pensión al treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno, así como el relativo a la prima vacacional y primera parte del aguinaldo, lo cierto es que también se reclamó el desfase futuro de esas prestaciones, así como cualquier otro bono o prestación que a la impetrante del amparo le pudiera corresponder en su calidad de pensionada de dicho Instituto, planteamiento que si bien fue realizado en la demanda de amparo, en el capítulo relativo a los actos reclamados, lo cierto es que ello obedeció a una simple intención de desglosar, las prestaciones que afirma debe recibir con esa calidad de pensionada del Instituto responsable, pero en términos generales, lo que lesionó su esfera jurídica, es el retraso en las prestaciones que recibe en su carácter de pensionada del Instituto responsable. Por ello, ya que se reclamó los subsecuentes retrasos en el pago de la pensión de la agraviada, es jurídicamente seguro que los efectos del fallo protector comprenda dichos desfases futuros por ser inminentes; por tanto, en ese caso debe concederse el amparo para el efecto de que las autoridades del Instituto mencionado realicen los pagos de pensión futuros, de manera mensual, los dos últimos días hábiles de cada mes, como lo establece el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipio del Estado de Baja California, y el Manual de Procedimiento Específico para la Elaboración y Pago de la Nómina de Pensionados y Jubilados del mencionado Instituto, al igual que respecto de la prima vacacional, bobo anual o aguinaldo, incluso cualquier otro bono o prestación que la impetrante de amparo pudiera tener derecho a recibir, en su calidad de pensionada de dicho Instituto, e incluso en los aumentos que pudiera tener por esos conceptos, y en su caso el pago retroactivo derivado de esto último. Para lo cual, deberán girar los oficios necesarios a las autoridades correspondientes, a fin de que se asegure el pago oportuno de la pensión, incluso podrá vincularse al cumplimiento de la presente ejecutoria, a cualquier autoridad que con motivo de sus atribuciones tenga intervención en dicho pago. Sobre este aspecto, es aplicable por analogía, la tesis 2a./J.139/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PENSIONES. PROCEDE OTORGAR EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS DESCUENTOS FUTUROS E INMINENTES EN APLICACIÓN DE UNA NORMA GENERAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR JURISPRUDENCIA, SIEMPRE QUE SE HAYAN SEÑALADO COMO ACTOS RECLAMADOS." Ahora bien, de conformidad con el numeral 192, último párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone que el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plano de cumplimiento, tomando en cuenta su complejidad o dificultad, de manera razonable y estrictamente determinado, se procede a delimitar los efectos de la protección constitucional otorgada, con la finalidad de asegurar un cumplimiento efectivo de la presente ejecutoria. Para ello, debe tomarse en consideración, que de no limitarse el periodo de vigilancia del cumplimiento del amparo, imposibilitaría a la jueza de distrito para que pudiera tener por cumplida la ejecutoria de amparo, quedando el expediente en trámite de ejecución por tiempo indefinido. Por lo que a fin de evitarlo, este Tribunal Colegiado, estima que el plazo de cuatro meses, es razonablemente correcto, para que la a quo vigile que las autoridades responsables den cumplimiento puntual a la presente ejecutoria, y luego de agotado ese lapso, podrá emitir pronunciamiento sobre si la sentencia de amparo se encuentra cumplida. En la inteligencia que, de declararse el fallo protector, e incurrir las autoridades nuevamente en el retraso de pago de la pensión, la agraviada tendrá expedito su derecho para agotar los recurso previstos en la ley de amparo, para lograr el cumplimiento en el mismo amparo, sin necesidad de que instar uno nuevo. Apoya las consideraciones anteriores, por identidad jurídica, ya que se trata de un amparo indirecto, la jurisprudencia 2a./J.33/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESTÁN FACULTADOS PARA AMPLIAR EL PLAZO OTORGADO PARA TAL FIN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En similares términos se pronunció este tribunal al resolver sobre el tema aquí abordado, en los amparos e revisión 309/2019, 619/2019, 141/2020, 182/2020, 201/2020, 181/2021 y 214/2022 de sesiones de veintiocho de noviembre de dos mi diecinueve, veinte de febrero, diez de septiembre, veintidós de octubre y doce de noviembre de dos mil veinte, así como trece de enero de dos mil veintidós y dieciocho de agosto de dos mil veintidós, respectivamente. [.]" Apercibimiento. Bajo el apercibimiento para todas las autoridades que de no acatar lo antes precisado, esto es, de no informar, ni remitir las constancias conducentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 238 y 258 de la precitada ley, les será impuesta multa de cien días, del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional), lo que resulta de multiplicar $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional) por cien; medida de apremio que se estima prudente fijar en dicho monto, a fin de cumplir el mandato aquí establecido y lograr la eficaz prosecución del procedimiento; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado correspondiente para seguir el trámite de inejecución; mismo que podrá culminar con la separación del puesto y consignación de quien corresponda. Lo expresado encuentra sustento, en la tesis CLXXIV/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página 6, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO." Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, treinta de enero de dos mil veintitrés. Informa vías de cumplimiento a ejecutoria. Glósese a los autos el oficio que remite la delegada de las responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, mediante el cual remite las constancias que acreditan el pago de la pensión a la quejosa Elsa Oropeza García, relativa a los meses de noviembre y diciembre de dos mil veintidós; en atención a ello, téngasele informando los actos tendentes a dar cumplimiento al fallo protector. Requerimiento. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a las responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, para que en el plazo de tres días, contados a partir de que se realice el pago subsecuente, esto es, el mes de enero de dos mil veintitrés, remita copia debidamente certificada de las constancias con las que acredite fehacientemente tal circunstancia. Apercibimiento. Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), lo que resulta de multiplicar $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos, moneda nacional) por cien; con apoyo en los ordinales 192, 193, 194, 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo y se procederá a remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad competente. Lo expresado encuentra sustento, en la tesis CLXXIV/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página 6, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO." Cambio de denominación y competencia. Finalmente, visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, hágase del conocimiento de las partes que en cumplimiento al Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del dieciséis de enero de dos mil veintitrés, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, cambió su denominación a Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y competencia mixta. Notifíquese.

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