Eloy Adrian Gaxiola Valenzuela

Expediente 280/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
280/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
19/04/2023

Partes del expediente

  • Eloy Adrian Gaxiola Valenzuela

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de dicha normatividad, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que lo hubiere hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el citado auto ha causado estado. Certificación. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso b) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse desechado la demanda de amparo, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO SE HACE CONSTAR QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A DARSE POR NOTIFICADA DEL ACUERDO DE VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS; Y TODA VEZ QUE HAN TRANSCURRIDO LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL QUE SE FIJÓ EL AVISO CORRESPONDIENTE; POR LO QUE SE HACE LA NOTIFICACIÓN A LA CITADA PARTE DE DICHO AUTO, POR MEDIO DE LISTA. Tijuana, Baja California, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Desahoga prevención. Agréguese a los autos el escrito suscrito por el quejoso Eloy Adrián Gaxiola Valenzuela; atento a su contenido, téngase a dicha parte procesal desahogando el requerimiento efectuado el diecisiete de marzo del año en curso. Desechamiento. Ahora bien, una vez analizada la demanda y su escrito aclaratorio, se estima que debe desecharse de plano de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por su parte, el numeral 62 de la citada Ley, dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." De lo anterior, se desprende que es obligación de esta autoridad judicial, ante la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, se adentre a su estudio y desechar una demanda de amparo cuando encuentre motivos para ello. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que incluso en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. Con base en lo expuesto, se estima que la demanda de amparo promovida por Eloy Adrián Gaxiola Valenzuela es improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al no haberse agotado el principio de definitividad respecto del acto reclamado. Como preámbulo se señala que el precepto y fracción citados, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (...)". En ese contexto legal, se sostiene la causa de improcedencia invocada, en virtud de que de la lectura integral de la demanda, se aprecia que el quejoso señala como acto reclamado la orden de traslado del Centro de Reinserción Social en esta ciudad, lugar donde se encontraba recluido al diverso Centro de Reinserción Social El Hongo, en Tecate, Baja California, ejecutada el uno de marzo de dos mil veintitrés. En esa virtud, es necesario establecer que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. XXI/2021 (10a.), estableció como criterio jurídico que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro de un procedimiento. Para justificar lo anterior, la Sala del alto tribunal aseveró que el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa puede ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida. Luego, razona la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación procede el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución; mientras que, si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Concluye la Sala de la Corte, que la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto. Establecido, lo anterior, es imperante precisar que el juicio de amparo es un juicio extraordinario; por tanto, resulta obvio que se debe promover cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. En esto precisamente estriba el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, que lo hace procedente únicamente respecto de actos definitivos; esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno. La esencia de este principio resalta por sí misma, pues procura que el amparo sea la instancia final que permita la anulación de actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, razón por la cual, si el resultado que pretenden los agraviados pueden obtenerlo mediante el uso de instrumentos ordinarios, es por ello que se busca impedir la utilización innecesaria del proceso constitucional o la confusión en el uso de los medios de impugnación que interrumpan los procedimientos ordinarios y en muchos de los casos, que se produzcan resoluciones contradictorias dentro de dichos procedimientos, de ahí la importancia del aludido principio de definitividad. Por todo ello, se pretende que el acto reclamado sea definitivo; es decir, que mediante el sistema ordinario ya no pueda ser anulado o modificado, para el efecto de que los jueces de amparo examinen la violación de derechos humanos como último recurso. De lo contrario imperaría el arbitrio del solicitante de derechos, quien por el sólo hecho de señalar violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedaría en libertad de acudir directamente al juicio de amparo. Por tanto, si el quejoso tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial, es inconcuso que existen medios ordinarios que deben agotarse previo a la promoción del juicio de amparo. Consecuentemente, si la petición del promovente radica en esencia en el traslado del Centro de Reinserción Social en esta ciudad, en el que se encontraba recluido, al diverso Centro de Reinserción Social El Hongo, con sede en Tecate Baja California, por orden de la autoridad administrativa que precisa en su ocurso; entonces, se advierte que no se trata de un acto fuera de procedimiento y que, en caso de que suceda, existe la posibilidad que un Juez de Control especializado no califique de legal el traslado o, en el supuesto de que sí lo haga, en contra de éste se puede acudir al recurso previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por tanto, al no haberlo hecho así, no queda más que reiterar la improcedencia invocada; y, en vía de consecuencia, resulta conducente considerar que la causa de desechamiento debe prevalecer por notoria y manifiesta; al actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, razón por la cual, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por José Gonzalo Peñaloza Melgarejo. Tomando en cuenta tal información, como se dijo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que previo a acudir a esta instancia constitucional, el quejoso debió promover el procedimiento jurisdiccional que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal, para así agotar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente al promovente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de cuenta y anexos, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como 280/2023-I. Requerimiento. Por tanto, atendiendo a que la demanda de amparo debe estudiarse como un todo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, fracción I, en relación con el 108 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que al momento de la notificación, o bien, dentro del plazo de cinco días hábiles legalmente computado bajo 07/04/24 23:02:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7a.03 CLAUDIA DE HARO ARELLANO protesta de decir verdad, amplíe los antecedentes del acto reclamado y precise lo siguiente: 1.- Señale en qué fecha el Juez Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, convalidó la determinación administrativa de traslado; 2.- Precise la fecha en que le fue notificada dicha determinación judicial; y, 3.- Manifieste si en contra de dicha convalidación realizada por el Juez Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, fue promovido el recurso previsto en la fracción VII del artículo 1321 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Constituyendo lo anterior, irregularidades de la demanda al tratarse de datos indispensables para que quien suscribe pueda verificar su procedencia. Sirve de apoyo la tesis I.4o.C. 26 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IX, febrero de 1992, página 63, con número de registro 220365, cuyo rubro y texto dicen: 1 Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley. 07/04/24 23:02:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7a.03 CLAUDIA DE HARO ARELLANO Juicio de amparo 280/2023-I ??????????????? ??????????????? "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO. Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna." Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el término y condiciones antes apuntadas, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108, fracción I de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Autorizados. Se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Edgar Iván Sánchez Contreras, dado que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, como se advierte de la certificación de cuenta y la constancia glosada en autos. 07/04/24 23:02:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7a.03 CLAUDIA DE HARO ARELLANO Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. De conformidad con el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas 07/04/24 23:02:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7a.03 CLAUDIA DE HARO ARELLANO Juicio de amparo 280/2023-I ??????????????? ??????????????? disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, fórmese el expediente electrónico respectivo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO SE HACE CONSTAR QUE LA PARTE QUEJOSA ELOY ADRIÁN GAXIOLA VALENZUELA, NO ACUDIÓ A DARSE POR NOTIFICADA DEL ACUERDO DE DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS; Y TODA VEZ QUE HAN TRANSCURRIDO LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL QUE SE FIJÓ EL AVISO CORRESPONDIENTE; POR LO QUE SE HACE LA NOTIFICACIÓN A LA CITADA PARTE DE DICHO AUTO, POR MEDIO DE LISTA. Radicación. Vista la demanda de cuenta y anexos, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como 280/2023-I. Requerimiento. Por tanto, atendiendo a que la demanda de amparo debe estudiarse como un todo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, fracción I, en relación con el 108 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que al momento de la notificación, o bien, dentro del plazo de cinco días hábiles legalmente computado bajo protesta de decir verdad, amplíe los antecedentes del acto reclamado y precise lo siguiente: 1.- Señale en qué fecha el Juez Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, convalidó la determinación administrativa de traslado; 2.- Precise la fecha en que le fue notificada dicha determinación judicial; y, 3.- Manifieste si en contra de dicha convalidación realizada por el Juez Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, fue promovido el recurso previsto en la fracción VII del artículo 1321 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Constituyendo lo anterior, irregularidades de la demanda al tratarse de datos indispensables para que quien suscribe pueda verificar su procedencia. Sirve de apoyo la tesis I.4o.C. 26 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IX, febrero de 1992, página 63, con número de registro 220365, cuyo rubro y texto dicen: 1 Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley. "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO. Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna." Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el término y condiciones antes apuntadas, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108, fracción I de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Autorizados. Se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Edgar Iván Sánchez Contreras, dado que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, como se advierte de la certificación de cuenta y la constancia glosada en autos. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. De conformidad con el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, fórmese el expediente electrónico respectivo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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