Elizabeth Ibarra Vega

Expediente 92/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 18 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
92/2021
Año
2021
Actuaciones
18
Última actuación
11/11/2021

Partes del expediente

  • Elizabeth Ibarra Vega
  • Jesus Alejandro Alcaraz Vizcarra
  • JESUS ALEJANDRO ALCARAZ VIZCARRA y Otros.
  • ELIZABETH IBARRA VEGA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, once de noviembre de dos mil veintiuno. Certificación. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el seis de octubre de dos mil veintiuno, se declaró cumplido el fallo protector; sin embargo, se omitió ordenar la notificación personal a las partes. En consecuencia, túrnense los autos a la actuaria de la adscripción a fin de que notifique personalmente a las partes del proveído de seis de octubre de dos mil veintiuno. Parte quejosa solicita devolución. Agréguese a los autos el escrito signado por la apoderada legal de la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución del documento con el que acreditó su personalidad en el presente juicio de amparo; en atención a ello, dígasele a la promovente que deberá estarse a lo acordado el seis de octubre de dos mil veintiuno, en el que se ordenó la devolución de los documentos exhibidos en este controvertido. Notifíquese y personalmente el proveído de seis de octubre de dos mil veintiuno.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, seis de octubre de dos mil veintiuno. Cumplimiento a ejecutoria de amparo. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes, mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que lo hubiere hecho. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Efectos del fallo protector. En principio, debe precisarse que a través de la sentencia emitida el quince de julio de dos mil veintiuno, la cual causó ejecutoria mediante proveído de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a Jesús Alejandro Alcaraz Vizcarra y Elizabeth Ibarra Vega, contra los actos que reclamaron del Juez Quinto de lo Civil, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades para lo siguiente: "SEXTO. Efectos del amparo. Con apoyo en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la concesión de amparo y protección de la justicia federal, es para que la autoridad responsable Juez Quinto de lo Civil en el Partido Judicial en esta ciudad: Deje sin efecto todo lo actuado en el juicio especial hipotecario 1062/2011 y reponga el procedimiento desde la actuación en que se ordenó la búsqueda de los demandados Jesús Alejandro Alcaraz Vizcarra y Elizabeth Ibarra Vega. Emita un proveído en el que ordene al actuario se constituya en el domicilio señalado en el contrato basal del juicio de origen a saber, el número 16,061-A de la Calle F. de "Idontología" (sic) en Otay Constituyentes, a fin de localizar a los demandados; así como, ordene la expedición de oficios al Secretario de Seguridad Pública Municipal y a diversas instituciones de carácter federal, como lo son el Servicio de Administración Tributaria y el Instituto Mexicano del Seguro Social, junto con el Instituto Nacional Electoral, para que dichas autoridades realicen una revisión en sus respectivos padrones a nivel nacional, a fin de que aporten información sobre el domicilio de Jesús Alejandro Alcaraz Vizcarra y Elizabeth Ibarra Vega, sin perjuicio de que, en su caso, agregue las dependencias que estime oportunas para localizarlos." Acciones realizadas para cumplir la sentencia. Por su parte, la autoridad responsable Juez Quinto de lo Civil, con sede en esta ciudad, mediante oficio registrado con el folio 11943, informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y para acreditarlo, remitió copia certificada del proveído pronunciado el diez de septiembre de dos mil veintiuno, a través del cual dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio especial hipotecario 1062/2011, y ordenó reponer el procedimiento a partir de la actuación en la que se ordenó la búsqueda de los aquí quejosos Jesús Alejandro Alcaraz Vizcarra y Elizabeth Ibarra Vega, incluida la sentencia definitiva y todos los actos procesales relacionados a la ejecución de la misma. Asimismo, turnó los autos al actuario de la adscripción a fin de que se constituyera en el número 16,061-A de la Calle F. de "Idontología" (sic) en Otay Constituyentes, para localizar a los promoventes del amparo; asimismo, ordenó girar oficios a diversas dependencias locales y federales, a efecto de que realicen una búsqueda del domicilio actual de los co-demandados Jesús Alejandro Alcaraz Vizcarra y Elizabeth Ibarra Vega, a nivel nacional. Documental a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2º de esta última legislación, por haber sido expedida por funcionarios públicos en ejercicio de sus facultades legales conferidas. Declara cumplido fallo protector. En esas condiciones, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a los lineamientos ordenados por este órgano jurisdiccional en la sentencia de amparo, en razón de que a través del proveído emitido el diez de septiembre de dos mil veintiuno, la jueza responsable: 1. Dejó sin efectos todo lo actuado a partir de la actuación en la que se ordenó la búsqueda de los quejosos Jesús Alejandro Alcaraz Vizcarra y Elizabeth Ibarra Vega, 2. Ordenó al Actuario de la adscripción que se constituyera en el domicilio señalado en el contrato base de la acción ubicado en el número 16,061-A de la Calle F. de "Idontología" (sic) en Otay Constituyentes, y 3. Giró oficios a diversas dependencias locales y federales, a efecto de que realicen una búsqueda del domicilio actual de los co-demandados Jesús Alejandro Alcaraz Vizcarra y Elizabeth Ibarra Vega, a nivel nacional. Declara cumplido fallo protector. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196, segundo párrafo, de la ley de la materia, se declara cumplida la ejecutoria de amparo sin excesos ni defectos; háganse las anotaciones correspondientes en el rubro de observaciones del libro gobierno respectivo del índice de este juzgado. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el cuaderno principal del presente juicio de amparo es susceptible de depuración, al ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado acuerdo, ya que se concedió el amparo en este asunto. Cuaderno incidental original. Se precisa que el original del incidente de suspensión es depurable; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis de la fracción I, inciso a) del artículo 18 del mismo acuerdo; por tanto, consérvese el expediente en el archivo de este juzgado por un plazo de tres años, computado a partir de esta fecha, y transcurrido dicho plazo hágase su depuración, debiéndose conservar únicamente las determinaciones por las cuales se concedió la suspensión provisional y definitiva. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al ubicarse en el supuesto previsto en el inciso a), fracción II del artículo 20 del Acuerdo antes referido; por lo que se ordena dejar por separado del cuaderno principal y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícense las anotaciones en el libro de gobierno. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Devolución de documentos. Finalmente, hágase saber a la parte quejosa que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos que haya aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos, junto con el expediente, de conformidad con lo señalado en el artículo 21 del mencionado Acuerdo General. Devolución de tomo de pruebas. Finalmente, toda vez que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido, devuélvase el tomo de pruebas que remitió la autoridad responsable Juez Quinto de lo Civil, con sede en esta ciudad, con su informe justificado. Notifíquese.

  3. Principal

    hago constar: que en esta fecha, notifiqué al tercero interesado BANCO MERCANTIL DEL NOTE, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN E BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, la determinación de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, por medio de lista que se fijó a las nueve horas del día de hoy, en un ligar visible y de fácil acceso de este juzgado, en términos de los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo "...Tijuana, Baja California, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Informes de cumplimiento. Agréguense a los autos para que obren como correspondan los oficios que remiten las autoridades responsables, mediante los cuales se les tiene informando sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, y al efecto remiten las constancias con las que acreditan su dicho. Vista con cumplimiento. En consecuencia, con el contenido de los referidos oficios y anexos, y con el resto de las constancias que obran en autos, dese vista a las partes por el plazo de tres días legalmente computado, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, y una vez transcurrido dicho plazo, con o sin manifestación alguna, tráiganse los autos para resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable; lo anterior con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Feneció término legal. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo de diez días concedido a las partes por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia de quince de julio de dos mil veintiuno, en la que se otorgó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión. Causa ejecutoria. Con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria; en consecuencia, dense los avisos de ley. Ahora, en la sentencia definitiva se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa en los siguientes términos: "SEXTO. Efectos del amparo. Con apoyo en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la concesión de amparo y protección de la justicia federal, es para que la autoridad responsable Juez Quinto de lo Civil en el Partido Judicial en esta ciudad: Deje sin efecto todo lo actuado en el juicio especial hipotecario 1062/2011 y reponga el procedimiento desde la actuación en que se ordenó la búsqueda de los demandados Jesús Alejandro Alcaraz Vizcarra y Elizabeth Ibarra Vega. Emita un proveído en el que ordene al actuario se constituya en el domicilio señalado en el contrato basal del juicio de origen a saber, el número 16,061-A de la Calle F. de "Idontología" (sic) en Otay Constituyentes, a fin de localizar a los demandados; así como, ordene la expedición de oficios al Secretario de Seguridad Pública Municipal y a diversas instituciones de carácter federal, como lo son el Servicio de Administración Tributaria y el Instituto Mexicano del Seguro Social, junto con el Instituto Nacional Electoral, para que dichas autoridades realicen una revisión en sus respectivos padrones a nivel nacional, a fin de que aporten información sobre el domicilio de Jesús Alejandro Alcaraz Vizcarra y Elizabeth Ibarra Vega, sin perjuicio de que, en su caso, agregue las dependencias que estime oportunas para localizarlos." Por ello, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Quinto de lo Civil, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, dé cumplimiento al fallo protector. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no acatar lo antes precisado, esto es, de no informar, ni remitir las constancias conducentes, o bien, de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, conforme a lo dispuesto en los artículos 238 y 258 de la precitada ley, le será impuesta multa de cien días, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, medida de apremio que se estima prudente fijar en dicho monto, a fin de cumplir el mandato aquí establecido y lograr la eficaz prosecución del procedimiento. Asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado correspondiente para seguir el trámite de inejecución; mismo que podrá culminar con la separación del puesto y consignación de quien corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página diecinueve, tomo I, noviembre de dos mil catorce, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, registro 2007918, que señala (énfasis añadido): "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Una vez transcurrido el plazo concedido a las autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector, dese cuenta con todo el expediente, para los efectos legales a que haya lugar. Hágase del conocimiento del resto de las autoridades responsables que la sentencia dictada en autos ha causado ejecutoria, sin que sea necesario hacer ningún requerimiento, toda vez que los efectos de la ejecutoria de amparo no van dirigidos a ellas. Notifíquese.

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