Elmer Aquima Perez

Expediente 1057/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1057/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
10/01/2023

Partes del expediente

  • Elmer Aquima Perez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que en el escrito inicial de demanda la parte promovente señaló como domicilio para recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en avenida Diego Rivera, número 9 interior 15, en esta ciudad; sin embargo, en veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, se decretó la suspensión de plano para los efectos ahí precisados y se requirió a la parte quejosa Elmer Aquimia Pérez, para que en su caso ratificará la demanda promovida a su nombre. Luego, en veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, se desechó de plano la demanda de amparo por los motivos ahí expuestos, determinación que se ordenó notificar por medio de lista a la parte quejosa. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena regularizar el procedimiento en el presente asunto para el único efecto de que la determinación de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, se notifique a la parte quejosa en el domicilio señalado para tal efecto. Por tanto, téngase a la parte promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda; en consecuencia, túrnense los autos al actuario de la adscripción para que se constituya en el domicilio ubicado en avenida ****, número **** interior ****, en esta ciudad, y notifique personalmente a la parte quejosa el proveído de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa el auto de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós.

  2. Principal

    a las nueve horas del dieciséis de enero de dos mil veintitrés, el suscrito, Omar Hernández Hernández, Actuario Judicial adscrito al Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California (antes Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California), hago constar que en virtud de que la parte quejosa no compareció en el término señalado, se le hace efectivo el apercibimiento citado en la razón que antecede y notifico por lista fijada en los estrados del Edificio del Poder Judicial de la Federación en esta ciudad, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a Elmer Aquima Pérez, el contenido de las determinaciones judiciales dictadas el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós y diez de enero de dos mil veintitrés, en el juicio de amparo 1057/2022-C, del índice de este juzgado; quedando debidamente notificado(a) de las determinaciones de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso C), en relación con el numeral 29 de la Ley de Amparo, mismo que en lo conducente dicen: Tijuana, Baja California, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la constancia actuarial de cuenta, de la que se advierte que el actuario de la adscripción da fe del oficio de salida ORBC/EMTIJ/6233/2022, de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, correspondiente al quejoso ********************. DESECHAMIENTO Ahora bien, conviene precisar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En ese sentido, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo y en atención a la causa de pedir del quejoso, se obtiene que la parte promovente hace consistir el acto reclamado en esencia en: "[.] RECLAMO LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE ELMER AQUIMA PEREZ, FUERA DE DE TODO PROCEDIMIENTO JUDICIAL, ASÍ COMO EL PROBABLE TRASLADO A OTRA ESTACION MIGRATORIA FUERA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, Y POSTERIORMENTE UA DEPORTACION A SU PAÍS DE ORIGEN SIN CAUSA JUSTIFICADA. (.) RECLAMO LA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS DE ELMER AQUIMA PEREZ, ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 1, 11, 18 PRIMERA PÁRRAFO, 19, 21 CUARTO PARRAFO Y 33 DE LA CONSTITUCION POLICITCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. [.]" (sic) Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". Asimismo, resulta aplicable por identidad jurídica esencial, la tesis aislada número VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de 2004, Novena Época, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido de la constancia actuarial de cuenta se advierte que el actuario de la adscripción da fe del oficio de salida ORBC/EMTIJ/6233/2022, de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, correspondiente al quejoso ********************. De ahí que, resulta evidente que, el citado quejoso quedó en libertad desde el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, es decir, con anterioridad a la presentación de la demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa (veintiséis diciembre de dos mil veintidós). En esa tesitura, en el caso concreto, se advierte que se actualiza una manifiesta causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 6, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." En efecto, tomando en consideración que la salida del quejoso en la estancia migratoria de esta ciudad del cual emanaban los actos reclamados, surge previo a la presentación de la demanda promovida a su favor, ante ello no se surte la posibilidad de proveer sobre la admisión de ésta y dar inicio al juicio de amparo; es decir, la ausencia de voluntad de proseguir en el juicio a través de la ratificación de la demanda por el directo quejoso); por lo que al carecer precisamente de ella, no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto por el citado artículo 6º de la Ley de Amparo, por ser precisamente la voluntad de quien aparece como promovente una formalidad esencial para intentar la acción constitucional. Pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclamaba la parte promovente y refirió sufrió el directo quejoso, si bien existió, cierto es también, que a la fecha de presentación de la demanda dicho acto había cesado toda vez que desde el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, le fue expedido el oficio de salida ORBC/EMTIJ/6233/2022, por la autoridad migratoria de la que se advierte lo siguiente: Libera y se le obliga a dar seguimiento al procedimiento indicado en esa área. Y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con el juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada (con anterioridad a la presentación de la demanda), lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional; de ahí que se deseche de plano la demanda promovida a favor del directo quejoso ********************. Lo anterior guarda congruencia al considerar que dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual se considera de mayor beneficio para el directamente agraviado que tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo (no obstante de que ésta no haya sido ratificada por éste) pues aun cuando se lograra su ratificación en nada variaría el sentido del fallo ante las actuaciones realizadas por las responsables y, a su vez, se evita la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que los directamente agraviados estén en posibilidad de promover oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos en caso de considerarlo necesario. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Atento a lo anterior, no es el caso hacer mayor pronunciamiento respecto del oficio de cuenta con folio 17128; por tanto, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda. Asimismo, se dejan sin efectos las providencias decretadas en el presente asunto respecto del quejoso ********************; comuníquese lo anterior a las partes, hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese; y por lista al quejoso. Tijuana, Baja California, diez de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que en el escrito inicial de demanda la parte promovente señaló como domicilio para recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en avenida Diego Rivera, número 9 interior 15, en esta ciudad; sin embargo, en veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, se decretó la suspensión de plano para los efectos ahí precisados y se requirió a la parte quejosa Elmer Aquimia Pérez, para que en su caso ratificará la demanda promovida a su nombre. Luego, en veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, se desechó de plano la demanda de amparo por los motivos ahí expuestos, determinación que se ordenó notificar por medio de lista a la parte quejosa. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena regularizar el procedimiento en el presente asunto para el único efecto de que la determinación de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, se notifique a la parte quejosa en el domicilio señalado para tal efecto. Por tanto, téngase a la parte promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda; en consecuencia, túrnense los autos al actuario de la adscripción para que se constituya en el domicilio ubicado en avenida ****, número **** interior ****, en esta ciudad, y notifique personalmente a la parte quejosa el proveído de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa el auto de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la constancia actuarial de cuenta, de la que se advierte que el actuario de la adscripción da fe del oficio de salida ORBC/EMTIJ/6233/2022, de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, correspondiente al quejoso ********************. DESECHAMIENTO Ahora bien, conviene precisar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En ese sentido, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo y en atención a la causa de pedir del quejoso, se obtiene que la parte promovente hace consistir el acto reclamado en esencia en: "[.] RECLAMO LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE ELMER AQUIMA PEREZ, FUERA DE DE TODO PROCEDIMIENTO JUDICIAL, ASÍ COMO EL PROBABLE TRASLADO A OTRA ESTACION MIGRATORIA FUERA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, Y POSTERIORMENTE UA DEPORTACION A SU PAÍS DE ORIGEN SIN CAUSA JUSTIFICADA. (.) RECLAMO LA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS DE ELMER AQUIMA PEREZ, ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 1°, 11°, 18° PRIMERA PÁRRAFO, 19°, 21 CUARTO PARRAFO Y 33 DE LA CONSTITUCION POLICITCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. [.]" (sic) Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". Asimismo, resulta aplicable por identidad jurídica esencial, la tesis aislada número VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de 2004, Novena Época, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido de la constancia actuarial de cuenta se advierte que el actuario de la adscripción da fe del oficio de salida ORBC/EMTIJ/6233/2022, de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, correspondiente al quejoso ********************. De ahí que, resulta evidente que, el citado quejoso quedó en libertad desde el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, es decir, con anterioridad a la presentación de la demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa (veintiséis diciembre de dos mil veintidós). En esa tesitura, en el caso concreto, se advierte que se actualiza una manifiesta causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 6º, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." En efecto, tomando en consideración que la salida del quejoso en la estancia migratoria de esta ciudad del cual emanaban los actos reclamados, surge previo a la presentación de la demanda promovida a su favor, ante ello no se surte la posibilidad de proveer sobre la admisión de ésta y dar inicio al juicio de amparo; es decir, la ausencia de voluntad de proseguir en el juicio a través de la ratificación de la demanda por el directo quejoso); por lo que al carecer precisamente de ella, no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto por el citado artículo 6º de la Ley de Amparo, por ser precisamente la voluntad de quien aparece como promovente una formalidad esencial para intentar la acción constitucional. Pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclamaba la parte promovente y refirió sufrió el directo quejoso, si bien existió, cierto es también, que a la fecha de presentación de la demanda dicho acto había cesado toda vez que desde el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, le fue expedido el oficio de salida ORBC/EMTIJ/6233/2022, por la autoridad migratoria de la que se advierte lo siguiente: Libera y se le obliga a dar seguimiento al procedimiento indicado en esa área. Y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con el juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada (con anterioridad a la presentación de la demanda), lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional; de ahí que se deseche de plano la demanda promovida a favor del directo quejoso ********************. Lo anterior guarda congruencia al considerar que dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual se considera de mayor beneficio para el directamente agraviado que tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo (no obstante de que ésta no haya sido ratificada por éste) pues aun cuando se lograra su ratificación en nada variaría el sentido del fallo ante las actuaciones realizadas por las responsables y, a su vez, se evita la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que los directamente agraviados estén en posibilidad de promover oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos en caso de considerarlo necesario. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Atento a lo anterior, no es el caso hacer mayor pronunciamiento respecto del oficio de cuenta con folio 17128; por tanto, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda. Asimismo, se dejan sin efectos las providencias decretadas en el presente asunto respecto del quejoso ********************; comuníquese lo anterior a las partes, hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese; y por lista al quejoso.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por la autoridad responsable, mediante el cual, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se le tiene informando el acatamiento a la suspensión de plano decretada en auto de veintiséis de diciembre pasado. Sin que resulte necesario realizar mayor requerimiento, toda vez que mediante constancia actuarial de veintiséis de diciembre anterior, se advierte que le fue informado a la actuaria de la adscripción que el quejoso no se encuentra alojado en las instalaciones migratorias de la autoridad responsable toda vez que al referido le fue expedido su retorno asistido; del que una vez que la actuaria de la adscripción lo tenga a la vista y de fe de su contenido se acordará lo conducente. Notifíquese.

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