Elvia Irina Martínez Cruz

Expediente 100/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 11 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
100/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
12/04/2022

Partes del expediente

  • Elvia Irina Martínez Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, doce de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, en la cual se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes "SISE". Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, en términos del artículo 21 del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que toda vez que en diez de febrero de dos mil veintidós, se aperturó incidente de suspensión en el que se concedió la suspensión provisional y en resolución de dos de marzo de dos mil veintidós, se negó la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, por lo que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del Acuerdo General citado. Se ordena estampar en la carátula del original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "destruible", que determina su destino, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, en términos del artículo vigésimo fracción II, inciso a), del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el duplicado del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional seis meses, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el artículo vigésimo del Acuerdo General citado. Por tanto, se ordena estampar en la carátula del duplicado del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "destruible", que determina su destino, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    En la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las doce horas del veintitrés de marzo de dos mil veintidós, hora y fecha señalados para la celebración de la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 100/2022-D, promovido por Elvia Irina Martínez Cruz, de propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, con sede en esta ciudad y de otras autoridades; Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistido por el Secretario Francisco Eduardo Jerónimo Osorio, con quien actúa y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional, sin la comparecencia de las partes. Conviene señalar que acorde con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, resulta innecesario que la presente audiencia constitucional se desahogue por videoconferencia; lo anterior, al no encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el segundo párrafo del numeral 124 de la Ley de Amparo, y máxime que como se expondrá, para analizar el presente asunto habrá de tomarse en cuenta las manifestaciones vertidas por las partes, el análisis -en su caso- de las constancias remitidas por la autoridad responsable como justificación de sus actos y considerar el acto reclamado en forma valorada y concreta; siendo el caso que, con independencia de ello, las partes se encontraban en posibilidad de comparecer por escrito. A continuación, el Secretario procede a relacionar las constancias que obran en autos siendo éstas: a) escrito inicial de demanda; b) auto de diez de febrero de dos mil veintidós, en el que se admitió a trámite la demanda de amparo; c) constancia de notificación al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; y d) informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Luego, el Secretario certifica y hace constar que: las autoridades responsables Verónica Carolina Cataño González, Fidel García Villanueva, Leonor Garza Chávez, Leticia Larrañaga Viscarra, Martha Elvia Luna Vargas, Fanny Martínez Reyes, Adán Méndez Castro, Francisco Alberto Molina Hernández, Claudia Pamela Tom Jiménez y Tania Guadalupe Vega Gordillo -en su carácter de- Jueces de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, fueron omisas en rendir sus informes justificados, no obstante de estar debidamente notificadas del auto por el que se les requirió dicho informe. Pero del informe previo rendido en el incidente de suspensión que deriva del presente asunto, se obtiene que la autoridad responsable Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, a nombre de las citadas autoridades, negó la existencia del acto reclamado; lo cual se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. A lo que el Juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias y se ordena glosar copia certificada del citado informe previo a esta audiencia. Enseguida, el Juez declara abierto el periodo probatorio en el que se hace constar que ninguna de las partes ofreció medios de prueba. Por lo que se declara cerrado este periodo. Abierta la etapa de alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló por lo que se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos; por tanto, se declara cerrado este periodo. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, se tiene por celebrada la presente etapa de la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponde. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 100/2022-D promovido por Elvia Irina Martínez Cruz, de propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, con sede en esta ciudad y de otras autoridades; y, Resultando Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito que se presentó el diez de febrero de dos mil veintidós, Elvia Irina Martínez Cruz, de propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, con sede en esta ciudad y de otras autoridades, y por los actos que a continuación se precisan: "Acto reclamado "[.] reclamo de las autoridades señaladas como ordenadoras y ejecutoras la orden de aprehensión, presentación o cualquier orden de privación de la libertad que se ha dictado en contra del suscrito y sus consecuencias, ya que pretenden privarme de mi libertar, no obstante, de no haber cometido la suscrita delito alguno." Segundo. La parte quejosa señaló infringidos los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales no se transcriben, sin que ello cause agravio alguno, dado que no existe disposición que obligue a este órgano de control constitucional a realizar su transcripción, lo cual tiene sustento en la jurisprudencia 1340 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, visible en la página mil quinientos dos, tomo II, procesal constitucional 1. Común, primera parte-SCJN décima primera sección-sentencias de amparo y sus efectos, apéndice mil novecientos diecisiete-septiembre dos mil once, Novena Época, registro 1003219, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Tercero. Admisión y trámite. Este órgano jurisdiccional en proveído de diez de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo y ordenó la formación del expediente impreso bajo el registro número 100/2022-D, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados y se dio la intervención que en derecho corresponde al agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional. Cuarto. En proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, se decretó la inexistencia de las autoridades responsables ahí mencionadas y se ordenó suspender toda comunicación con ellas, por tanto la resolución que se dicte en el presente asunto no se ocupará de los actos atribuidos a ellas. Quinto. Mediante Acuerdos Generales 1/2021, 9/2021 y 20/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; en su artículo 1°, (por lo que hace al último de los acuerdos mencionados) se estableció como nueva fecha límite para reanudación total de las actividades jurisdiccionales el dieciséis de enero de dos mil veintidós; sin embargo, mediante diverso Acuerdo General 1/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó lo siguiente: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudada en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante PJF), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto de agosto de 2020 al 1° de mayo de 2022, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo." Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I, Constitucional, 49 y 50, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los artículos 1º, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como Conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 13/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de octubre de dos mil diecinueve. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, por lo que del análisis integral del escrito de demanda, y los informes justificados, se aprecia que sustancialmente el acto reclamado en esta vía consiste en: La orden privativa de libertad girada en contra de la quejosa y su ejecución. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de amparo, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia del acto que se tilda de inconstitucional, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el tribunal que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no existir los actos combatidos, sería ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de estas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos; y en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de derechos fundamentales sea procedente. Sirve de apoyo la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, abril de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, del rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este contexto, no son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables: Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana. Baja California. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California por sí y en representación del Juzgado Sexto de lo Penal, con residencia en esta ciudad -con motivo de la extinción de dicho Juzgado-. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, por sí y en representación de los Juzgados Quinto y Séptimo de lo Penal, con residencia en esta ciudad -con motivo de la extinción de dichos Juzgados-. Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional Tijuana, Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, con residencia en esta ciudad -en su denominación correcta al rendir su informe justificado en representación de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales de esta ciudad-. Jefe de Grupo de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales, Zona Tijuana; y, Jefe de Grupo de la Policía Ministerial adscrito a la Unidad de Investigación UTMC, Zona La Mesa -en su denominación correcta al rendir su informe justificado en representación del Jefe de Grupo de la Unidad de Investigación U.T.M.C. La Mesa de esta ciudad-. Se afirma lo anterior, porque así lo manifestaron al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa haya ofrecido prueba alguna que desvirtuara dicha negativa. De igual manera, no es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Verónica Carolina Cataño González, Fidel García Villanueva, Leonor Garza Chávez, Leticia Larrañaga Viscarra, Martha Elvia Luna Vargas, Fanny Martínez Reyes, Adán Méndez Castro, Francisco Alberto Molina Hernández, Claudia pamela Tom Jiménez y Tania Guadalupe Vega Gordillo -en su carácter de- Jueces de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, no obstante de que fueron omisas en rendir su informe justificado, a pesar de estar debidamente notificada del auto por el que se les requirió dicho informe; sin embargo, del informe previo rendido en el incidente de suspensión que deriva del presente asunto, se obtiene que la autoridad responsable Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, negó la existencia del acto reclamado; lo cual se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, si la obligación que impone el artículo 117 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, más no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de amparo, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal. De ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad de éste. Entonces, al no estar demostrado que con motivo de los hechos que relata la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, las autoridades responsables de que se trata hayan ordenado la ejecución de la orden privativa de libertad de la que se duele, es inconcuso que no es cierto el aludido acto reclamado. Apoya lo anterior, la tesis número IX.1o.83 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 1714, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, al tenor del rubro y contenido que textualmente dice: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables." Por tanto, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades de mérito, sin prueba en contrario, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya la presente determinación, la tesis de jurisprudencia: 36/98, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, Página: 5, con número de registro 196072 de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado." Asimismo, sirve de apoyo por los motivos que la integran, la jurisprudencia 2a./J. 3/94 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 15, Julio de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". Cuarto. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, se Resuelve Primero. Se sobresee en el juicio de amparo 100/2022-D, promovido por Elvia Irina Martínez Cruz, por propio derecho, contra el acto reclamado a las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero y por las razones ahí expuestas. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese.

  3. Incidental

    En la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las doce horas con quince minutos del dos de marzo de dos mil veintidós, Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, ante Francisco Eduardo Jerónimo Osorio, Secretario que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia prevista en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, en los términos que dispone el artículo 144 del mismo ordenamiento legal, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el Secretario procede a relacionar las constancias que obran en autos, siendo éstas: a) copia de la demanda de amparo; b) auto admisorio c) proveído de diez de febrero de dos mil veintidós, en el que se abrió a trámite el incidente de suspensión en que se actúa, d) informes previos rendidos por las autoridades responsables, y e) escrito de alegatos formulado por el agente del Ministerio Público Federal adscrito. Periodo de pruebas. Seguidamente, se abre el periodo probatorio, haciendo constar que ninguna de las partes ofreció las pruebas de su intención. A lo que el Juez acuerda: Toda vez que las partes no ofrecieron pruebas se cierra este periodo. Etapa de alegatos. El secretario hace constar que únicamente el Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito, formuló los alegatos de su intención. Acuerdo. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, ténganse por reproducidos los alegatos de su parte, por último, ténganse por reproducidos los periodos probatorio y de alegatos, se tiene por terminada la audiencia y se procede a dictar la siguiente: Resolución Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 100/2022-D, promovido por Elvia Irina Martínez Cruz, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana con sede en esta ciudad y otras autoridades. Resultando Primero. Según su correspondiente escrito de demanda, Elvia Irina Martínez Cruz, por propio derecho, solicitó la suspensión definitiva en contra del Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana con sede en esta ciudad y otras autoridades respecto de los actos reclamados que a continuación se precisan: Acto reclamado "De las autoridades señaladas como ordenadoras y ejecutoras la orden de aprehensión, presentación o cualquier orden de privación de la libertad que se ha dictado en contra del suscrito y sus consecuencias, ya que pretenden privarme de mil libertad, no obstante, de no haber cometido la suscrita delito alguno. ." Solicitando la suspensión de los actos reclamados para los efectos siguientes: "Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125, 126, 138, fracción I, y 163 de la Ley de Amparo, solicito se me conceda la suspensión del acto reclamado a fin de que no se materialice la orden de aprehensión o presentación en mi contra, pidiendo se conceda esa medida cautelar con efectos, al estimar inconstitucional el actuar de las autoridades señaladas como responsables." Segundo. Por auto de diez de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la referida demanda, formándose el incidente de suspensión, se pidió informes previos a las autoridades responsables y se citó a las partes a la celebración de la audiencia incidental. Tercero. En proveído de veintiocho de febrero del año en curso, se decretó la inexistencia de las autoridades responsables ahí mencionadas y se ordenó suspender toda comunicación con ellas, por tanto la resolución que se dicte en el presente asunto no se ocupará de los actos atribuidos a ellas. Considerando Primero. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 140 de la Ley de Amparo; 49 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y los Acuerdos Generales 3/2013 y 13/2019 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 146 de la Ley de Amparo, y atendiendo al estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente de las autoridades responsables por las que hoy se resuelve, lo siguiente: La orden privativa de libertad girada en contra de la aquí quejosa y su ejecución. Tercero. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables: Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana. Baja California. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California por sí y en representación del Juzgado Sexto de lo Penal, con residencia en esta ciudad -con motivo de la extinción de dicho Juzgado-. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, por sí y en representación de los Juzgados Quinto y Séptimo de lo Penal, con residencia en esta ciudad -con motivo de la extinción de dichos Juzgados-. Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional Tijuana, Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, con residencia en esta ciudad -en su denominación correcta al rendir su informe previo en representación de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales de esta ciudad-. Jefe de Grupo de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales, Zona Tijuana; y, Jefe de Grupo de la Policía Ministerial adscrito a la Unidad de Investigación UTMC, Zona La Mesa -en su denominación correcta al rendir su informe previo en representación del Jefe de Grupo de la Unidad de Investigación U.T.M.C. La Mesa de esta ciudad-. Ya que así lo manifestaron al momento de rendir sus informes previos, sin que la quejosa haya aportado prueba tendiente a desvirtuar dichas negativas; motivo por el cual procede negar la suspensión definitiva solicitada. Apoya lo expuesto la jurisprudencia VI.2o. J/19, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, julio de mil novecientos noventa y cinco, página ciento treinta y tres, que establece: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además en los artículos 140, 144 y 146 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: Por lo expuesto y fundado, se; Resuelve: Único: Se niega a Elvia Irina Martínez Cruz, la suspensión definitiva respecto de las autoridades precisadas en el considerando tercero, por los motivos ahí expuestos. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, así como el estado de autos, se advierte que feneció el plazo de tres días, concedido mediante proveídos de dieciocho de febrero del presente año, a la parte quejosa a efecto de que manifestara la denominación actual y correcta de las autoridades que señaló como: "Licenciado Daniel Aguilar Patiño, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Oral de Tijuana, Baja California; Licenciada Patricia Hernández Haro, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Oral de Tijuana, Baja California; Agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad de Investigación Zona Centro, Tijuana, Baja California; Unidad de Investigación, Zona Centro, Tijuana, Baja California; Unidad de Investigación T.T.M.C., Zona La Mesa, Tijuana, Baja California; Comandante de Zona de la Policía Ministerial, Tijuana, Baja California; Unidad de Tramitación Masiva de Causas, La Mesa, Tijuana, Baja California; Unidad de Tramitación Masiva de Causas Zona Centro, Tijuana, Baja California; Jefe de Grupo de la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales de la Policía Ministerial. Tijuana, Baja California; Jefe de Grupo de la Unidad de Investigación U.T.M.C., Zona Centro de la Policía Ministerial, Tijuana, Baja California; Comandante de Zona Tijuana, Tijuana, Baja California; Comandante de la Policía Ministerial del Estado, de la Subprocuraduría de Zona, Tijuana, Baja California; Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado Adscrito al Grupo de Aprehensiones, Tijuana, Baja California; Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado Adscrito a la Unidad de Investigación Zona La Mesa, Tijuana, Baja California; Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado Adscrito a la Unidad de Investigación, Zona Centro (UTMC), Tijuana, Baja California; Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado Adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, Tijuana, Baja California; Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado Adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Robos, Zona Centro, Tijuana, Baja California; Secretario de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Tijuana,; Policía Ministerial del Estado, Grupo Unidades de Investigación U.T.M.C., Zona Centro, Subprocuraduría Zona Tijuana; Policía Ministerial del Estado, Grupo Unidades de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales de la Subprocuraduría Zona Tijuana. Tijuana, Baja California; Policía Ministerial del Estado, Grupo Unidades de Investigación Especializada en Delitos Sexuales de la Subprocuraduría Zona Tijuana; Policía Ministerial del Estado, Grupo Unidades de Investigación U.T.M.C. La Mesa, Subprocuraduría Zona Tijuana" todos con residencia en esta ciudad, sin que a la fecha haya hecho manifestación alguna; que dicho auto, se notificó a la parte quejosa el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, por lo que dicho plazo transcurrió del veintitrés al veinticinco de febrero del año en curso En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido proveído de treinta y uno de agosto del año en curso, por tanto, con fundamento en el artículo 108 fracción III de la Ley de Amparo, se tienen por inexistentes a dichas autoridades y se suspende toda comunicación con las mismas. En consecuencia, realícese la anotación correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y provéase lo conducente en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo Notifíquese.

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