Elizabeth Balderas Guerrero
Expediente 577/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 14 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 577/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 08/12/2021
Partes del expediente
- Elizabeth Balderas Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Tijuana, Baja California, ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese para que obre como corresponda el oficio remitido por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa Elizabeth Balderas Guerrero, en contra de la sentencia de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, mismo que fue radicado como amparo en revisión penal 568/2021 derivado del juicio de amparo 577/2021. Notifíquese
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, de los que se advierte que la totalidad de las partes se encuentran debidamente notificadas del auto de trece de octubre de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa Elizabeth Balderas Guerrero, en contra de la sentencia de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. En términos del artículo 39 del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remítase el presente expediente, escrito original de agravios y copia de este para el Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción, al Tribunal Colegiado en Turno del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, para la substanciación del citado medio de impugnación; debiéndose formar cuadernillo de antecedentes. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, trece de octubre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el escrito presentado por la parte quejosa Elizabeth Balderas Guerrero, en esta ciudad, mediante el cual, se tiene interponiendo recurso de revisión, en contra de la sentencia de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. En atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo; se tiene por interpuesto recurso de revisión, en contra de la sentencia de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. En consecuencia, distribúyanse entre las partes copia simple del escrito de expresiones de agravios, y dentro del plazo de tres días hábiles, contados partir del día siguiente al en que se integre debidamente el expediente, esto es, una vez que se recaben las constancias de notificación del presente auto, remítanse al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno, con sede en Mexicali, el original de los presentes autos; anexando por separado el original del escrito de agravios y la copia correspondiente para el agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción. Notifíquese personalmente y córrase traslado con el escrito de agravios presentado por la quejosa.
- Principal
veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Conviene señalar que acorde con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, resulta innecesario que la presente audiencia constitucional se desahogue por videoconferencia; lo anterior, al no encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el segundo párrafo del numeral 124 de la Ley de Amparo, y máxime que como se expondrá, para analizar el presente asunto habrá de tomarse en cuenta las manifestaciones vertidas por las partes, el análisis -en su caso- de las constancias remitidas por la autoridad responsable como justificación de sus actos y considerar el acto reclamado en forma valorada y concreta; siendo el caso que, con independencia de ello, las partes se encontraban en posibilidad de comparecer por escrito. A continuación, el Secretario procede a relacionar las constancias que obran en autos siendo éstas: a) escrito inicial de demanda; b) auto de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, en el que se admitió a trámite la demanda de amparo; c) constancia de notificación al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; y, d) informes justificados rendidos por las autoridades responsables. A lo que el Juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias. Enseguida, el Juez declara abierto el periodo probatorio en el que se hace constar que ninguna de las partes ofreció medios de prueba. Por lo que se declara cerrado este periodo. Abierta la etapa de alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. A lo que el Juez acuerda: Se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos; por tanto, se declara cerrado este periodo. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, se tiene por celebrada la presente etapa de la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponde. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 577/2021-D promovido por Elizabeth Balderas Guerrero, por propio derecho, contra actos del Fiscal Regional Tijuana y otras autoridades; y, Resultando Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito que se presentó el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, que por razón de turno conoció este Juzgado, Elizabeth Balderas Guerrero, por propio derecho, promovió la demanda de amparo contra el Fiscal Regional Tijuana y otras autoridades y por los actos que a continuación se precisan: Actos reclamados "De las Autoridades Ordenadoras, reclamo la orden de investigación, aprehensión reaprehensión, detención, presentación y/o cualquier orden de restricción de libertad, dictada en contra de la quejosa sin que dicha orden emane de un procedimiento legalmente fundado y motivado. De las Autoridades Ejecutoras, reclamo el cumplimiento que pretenda hacer de la orden de investigación, aprehensión reaprehensión, detención, presentación y/o cualquier orden de restricción de libertad dictada por la autoridad ordenadora en contra de la parte quejosa." Segundo. La parte quejosa señaló infringidos los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales no se transcriben, sin que ello cause agravio alguno, dado que no existe disposición que obligue a este órgano de control constitucional a realizar su transcripción, lo cual tiene sustento en la jurisprudencia 1340 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, visible en la página mil quinientos dos, tomo II, procesal constitucional 1. Común, primera parte-SCJN décima primera sección-sentencias de amparo y sus efectos, apéndice mil novecientos diecisiete-septiembre dos mil once, Novena Época, registro 1003219, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Tercero. Admisión y trámite. Este órgano jurisdiccional en proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, ordenó la formación del expediente impreso bajo el registro número 577/2021-D, admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados y se dio la intervención que en derecho corresponde al agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional. Cuarto. En proveído de tres de septiembre de dos mil veintiuno, se decretó la inexistencia de la autoridad responsable Encargado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Baja California con sede en Tijuana y se suspendió toda comunicación con dicha autoridad; motivo por el cual la sentencia que se dicte en el presente asunto no se ocupará de los actos atribuido a ella. Quinto. Mediante Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; y, en su artículo 1°, se estableció como nueva fecha límite para reanudación total de las actividades jurisdiccionales el treinta de junio de dos mil veintiuno; sin embargo, mediante diverso Acuerdo General 5/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó lo siguiente: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudada en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante PJF), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto de agosto de 2020 al 16 de agosto de 2021 a las 8:00 am, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo." Posteriormente en el diverso Acuerdo General 9/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó lo siguiente: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudada en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante PJF), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto de agosto de 2020 al 31 de octubre de 2021, a las 8:00 am, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo." Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I, Constitucional, 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los artículos 1º, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como Conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 13/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de octubre de dos mil diecinueve. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, por lo que del análisis integral del escrito de demanda y los informes justificados, se aprecia que sustancialmente el acto reclamado en esta vía consiste en: La orden privativa de libertad girada en contra de la parte quejosa y su ejecución. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de amparo, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia del acto que se tilda de inconstitucional, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el tribunal que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no existir los actos combatidos, sería ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de estas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos; y en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de derechos fundamentales sea procedente. Sirve de apoyo la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, abril de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, del rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este contexto, no son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables: Fiscal Regional Tijuana. Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Combate al Secuestro, con residencia en esta ciudad -en su denominación correcta al rendir su informe justificado en representación del Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Estatal de Atención al Delito de Secuestro, con sede en Tijuana-. Agente del Ministerio Público Coordinador de la Unidad de Trámite Masivo de Causas La Mesa -en su denominación correcta Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Tramitación Masiva de Causas La Mesa, con sede en Tijuana-. Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación UTMC III Zona Mariano Matamoros adscrita a la Fiscalía General del Estado -en su denominación correcta al rendir su informe justificado en representación del Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Tramitación Masiva de Causas Mariano Matamoros, con sede en Tijuana-. Agente del Ministerio Público Titular de la Unidas de Tramitación Masiva de Causas Zona Centro -en su denominación correcta al rendir su informe justificado en representación del Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Tramitación Masiva de Causas Zona Centro, con sede en Tijuana-. Coordinadora de la Unidad de Investigación con Detenido adscrita a la Fiscalía Regional Tijuana -en su denominación correcta al rendir su informe justificado en representación del Coordinador de la Unidad de Investigación con Detenido de la Fiscalía Regional Tijuana-. Comandante de la Agencia de Investigación adscrito al Municipio de Tijuana -en su denominación correcta al rendir su informe justificado en representación del Comandante de la Agencia Estatal de Investigación adscrito al Municipio de Tijuana-. Jefe de Grupo de Aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigación adscrito al Municipio de Tijuana. Jefe de Grupo de la Policía de la Unidad Estatal de Atención al Delito de Secuestro, con residencia en esta ciudad. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación adscrito al Municipio de Tijuana; y, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Municipio de Tijuana, Baja California, con residencia en esta ciudad -por conducto del Titular del Departamento Jurídico adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del Ayuntamiento de Tijuana-. Ya que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, sin que la parte quejosa haya ofrecido prueba alguna que desvirtuara dichas negativas. Lo anterior es así ya que, la obligación que impone el artículo 117 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, más no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de amparo, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal. De ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva a la parte quejosa de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad de éste. Entonces, al no estar demostrado que con motivo de los hechos que relata la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, las autoridades responsables de que se trata hayan ordenado la ejecución de las ordenes privativas de libertad de las que se duele, es inconcuso que no son ciertos los aludidos actos reclamados. Apoya lo anterior, la tesis número IX.1o.83 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 1714, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, al tenor del rubro y contenido que se textualmente dice: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables." Por tanto, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades de mérito, sin prueba en contrario, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya la presente determinación, la tesis de jurisprudencia: 36/98, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, Página: 5, con número de registro 196072 de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado." Asimismo, sirve de apoyo por los motivos que la integran, la jurisprudencia 2a./J. 3/94 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 15, Julio de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". Cuarto. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, se Resuelve Primero. Se sobresee en el juicio de amparo 577/2021-D, promovido por Elizabeth Balderas Guerrero, por propio derecho, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero y por las razones ahí expuestas. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese.
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