Elizabeth Caridad González Barahona
Expediente 316/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 316/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/05/2022
Partes del expediente
- Elizabeth Caridad González Barahona
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, a dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de dos de mayo de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del numeral 2°, de la ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. En ese tenor, al advertirse que el asunto que nos ocupa se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el precepto 214, de la Ley de Amparo archívese el citado expediente. En términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos 22 y 23 del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese. Así, lo acordó y firmó Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido por Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, a dos de mayo de dos mil veintidós. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte que la directamente agraviada Elizabeth Caridad González Barahona, no ratificó la demanda de amparo promovida en su favor por Rubén Selso Río Pérez; en consecuencia, se tiene por no presentada la demanda, quedando sin efectos las providencias dictadas en auto de treinta de abril del año en curso, de conformidad con el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, y háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado. Finalmente, dado que de la constancia actuarial de cuenta, se desprende que en el acto de la notificación personal, la quejosa asentó que señala como domicilio para oír y recibir notificaciones, la estación migratoria; con fundamento en el artículo 26 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo se tiene como domicilio para tal efecto, el que indica. Notifíquese personalmente a Elizabeth Caridad González Barahona.
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta de abril de dos mil veintidós. Radicación. Visto el escrito de demanda de amparo presentada por Rubén Selso Río Pérez en representación de la quejosa Elizabeth Caridad González Barahona, contra actos del Titular de la Oficina de representación en el Estado de Baja California del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente, hágase las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 316/2022-G. Suspensión de plano. Ahora, toda vez que del escrito inicial de demanda se desprende que se señala en esencia como actos reclamados la orden y ejecución de deportación, expulsión y/o traslado, la privación de la libertad, incomunicación, intimidación, tortura física y psicológica, todo ello en contra de la quejosa Elizabeth Caridad González Barahona, en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en Tijuana, así como los actos prohibidos en los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sufre la directamente agraviada Elizabeth Caridad González Barahona; en tal virtud, se concede la suspensión de oficio y de plano, respecto de dichos actos que se atribuyen a las autoridades señaladas como responsables. Por tanto, comuníquese a las autoridades esta determinación para su conocimiento, así como para que CESE DE INMEDIATO, cualquier acto que sufra la directamente agraviada prohibidos en los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se dicen infligidos en perjuicio de la antes mencionada. Ahora, del escrito de demanda también se advierte que el promovente refiere que la quejosa Elizabeth Caridad González Barahona, es de nacionalidad cubana y que el veintisiete de abril del año en curso, fue detenida y trasladada a la Estación Migratoria de Tijuana, por personal adscrito al Instituto Nacional de Migración. En consecuencia, toda vez que el acto reclamado consistente en la posible deportación, expulsión y/o traslado del país en contra de la directa quejosa, los cuales se encuentran dentro de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 15, 112 y 126 todos de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano a fin de que cesen inmediatamente los mismos, los cuales se dice sufre Elizabeth Caridad González Barahona, así como cualquier otra conducta proscrita por el artículo 22 constitucional pues de consumarse, haría físicamente imposible restituir a la quejosa del goce de la garantía individual peticionada; de igual manera, en caso de que la referida agraviada se encuentre en las instalaciones de la Estación Migratoria de esta ciudad, no deberán ser trasladados a diversa Estación Migratoria del país; lo anterior, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia P./J. 80/2007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 15, tomo XXVI, diciembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." En el entendido de que la suspensión concedida respecto del acto reclamado surtirá sus efectos si no se ha ejecutado. Requerimiento a la autoridad. Además, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 164 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables a fin de que, de derivar la detención de la comisión de un delito, ponga a la directa quejosa Elizabeth Caridad González Barahona, a disposición del Ministerio Público correspondiente. Asimismo, hágaseles saber que la suspensión surtirá sus efectos, siempre y cuando la aquí quejosa, no se encuentre sujeta a un procedimiento de extradición o procedimiento judicial, que amerite su deportación o expulsión del país. Tampoco tendrá por efecto paralizar o suspender algún acto que se haya decretado en un procedimiento diverso al presente. Así las cosas, si la detención de la quejosa no tiene relación con la comisión de un delito ni con un procedimiento migratorio deberá ser puesta en libertad de inmediato, bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables. Lo último, sin perjuicio de que las autoridades migratorias le fijen las medidas establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración, para la continuación del procedimiento migratorio que en su caso le esté instruyendo. El artículo en mención refiere en lo que aquí interesa, lo siguiente: "Artículo 102. El extranjero sometido a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley." Por tanto, solicítese a las autoridades responsables a fin de que de manera inmediata informen a este órgano jurisdiccional si en términos del artículo 102 del citado ordenamiento legal han decretado alguna medida de aseguramiento a la quejosa antes mencionada, a efecto de estar en aptitud de pronunciarse al respecto, toda vez que la parte promovente refiere en la demanda, que la quejosa al momento de su detención, se encontraba en territorio nacional. La suspensión se concede en el entendido de que la quejosa Elizabeth Caridad González Barahona, queda a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal y a disposición de las autoridades responsables migratorias por cuanto hace a la continuación del procedimiento migratorio correspondiente. Por tanto hágase del conocimiento a las autoridades responsables que deberán informar, además de lo destacado: Qué calidad migratoria tienen Elizabeth Caridad González Barahona. Cuál es el procedimiento específico - al que en su caso- se encuentra sujeto y su fundamento legal. Desde cuándo y cuánto tiempo lleva retenida la quejosa; y, Si en su caso se ubica o no en algunos de los supuestos contemplados en las fracciones del artículo 111 de la Ley de Migración, así como si ya cumplió con los quince o sesenta días previstos en ese numeral. Asimismo, si en términos del artículo 109 de la Ley de Migración, le informó a la directa quejosa los derechos con los que cuentan desde su ingreso a la estación migratoria, que en lo que aquí interesa, es del tenor siguiente: "Artículo 109. Todo presentado, en su caso, tendrá los siguientes derechos desde su ingreso a la estación migratoria: I. Conocer la ubicación de la estación migratoria en la que se encuentra alojado, de las reglas aplicables y los servicios a los que tendrá acceso; II. Ser informado del motivo de su ingreso a la estación migratoria; del procedimiento migratorio; de su derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado o la determinación de apátrida; del derecho a regularizar su estancia en términos de los artículos 132, 133 y 134 de la presente ley, en su caso, de la posibilidad de solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen; así como del derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto; III. Recibir protección de su representación consular y comunicarse con ella. En caso de que el extranjero desee recibir la protección de su representación consular, se le facilitarán los medios para comunicarse con ésta lo antes posible; IV. Recibir por escrito sus derechos y obligaciones, así como las instancias donde puede presentar sus denuncias y quejas; V. Que el procedimiento sea sustanciado por autoridad competente y el derecho a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, así como tener acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio; VI. Contar con un traductor o intérprete para facilitar la comunicación, en caso de que no hable o no entienda el español; VII. Acceder a comunicación telefónica; VIII. A recibir durante su estancia un espacio digno, alimentos, enseres básicos para su aseo personal y atención médica en caso de ser necesario; IX. Ser visitado por sus familiares y por su representante legal; X. Participar en actividades recreativas, educativas y culturales que se organicen dentro de las instalaciones; XI. No ser discriminado por las autoridades a causa de su origen étnico o nacional, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o; económica, estado de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra circunstancia que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas; XII. Recibir un trato digno y humano durante toda su estancia en la Estación Migratoria; XIII. Que las Estaciones Migratorias cuenten con áreas de estancia separadas para mujeres y hombres, garantizando en todo momento el derecho a la preservación de la unidad familiar, y XIV. Las demás que se establezcan en disposiciones de carácter general que expida la Secretaría." En el entendido que si la directa quejosa cumple con los requisitos solicitados a los extranjeros para internarse en el País establecidos en el artículo 37 de la Ley de Migración, deberá ser puesta en libertad de inmediato. Informes de suspensión de plano. En consecuencia, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio correspondiente, informen sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano; debiendo informar dentro de dicho plazo sobre el cumplimiento dado a la determinación emitida respecto de los actos reclamados o bien informen la imposibilidad jurídica que tenga para ello, apercibidas de que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262 fracción III de la Ley de Amparo, que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. De igual manera se les hace del conocimiento a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el presente auto, se procederá conforme a lo dispuesto por los artículos 209 y 262, fracciones III y IV de la Ley de Amparo y se dará vista a la agente del Ministerio Público de la Federación. Resulta aplicable a lo antes decretado, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 25, diciembre de 2015, tomo II, página 1245, materia común, con número de registro 2010702, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INCIDENTE DE VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN POR EXCESO, DEFECTO O INCUMPLIMIENTO. EL ARTÍCULO 209 DE LA LEY DE AMPARO, NO TIENE COMO CONSECUENCIA DIRECTA E INMEDIATA FINCAR SANCIONES NI RESPONSABILIDADES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR LA DESOBEDIENCIA COMETIDA, SINO REQUERIRLAS PARA QUE, EN UNA NUEVA OPORTUNIDAD, REPAREN, SUBSANEN O CUMPLAN CON LA MEDIDA SUSPENSIONAL, Y SÓLO EN CASO DE QUE NO LO HAGAN, DENUNCIARLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, PARA SU PERSECUCIÓN Y SANCIÓN CONDIGNAS. El artículo 209 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, sin correlativo alguno con la abrogada, establece que si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa, o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, deberá ser requerida para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, rectifique los errores en que incurrió al cumplirla, o subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada ante el Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la misma ley; de modo que determina y regula de forma diversa la denuncia de violación a la suspensión, dado que no tiene como consecuencia directa e inmediata fincar sanciones ni responsabilidades a las autoridades responsables por la desobediencia cometida por exceso, defecto, o incumplimiento de la suspensión, sino requerirlas para que, en una nueva oportunidad, reparen, subsanen o cumplan con la medida suspensional, y sólo en el caso de que no lo hagan, hacer efectivo el apercibimiento de denunciarlas ante el Ministerio Público Federal, para su persecución y sanción condignas.". Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio en el que se encuentren ubicadas las autoridades responsables, si éstas se niegan a recibir los comunicados a ellas dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se les aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Ratificación de la demanda Por otra parte, con apoyo en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a la directamente agraviada Elizabeth Caridad González Barahona, para que manifiesten si ratifica o no la demanda promovida en su favor, lo que podrán realizar en el acto de la notificación de este proveído o bien dentro de los tres días siguientes, legalmente computados, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, quedando sin efecto las providencias dictadas, para lo cual se comisiona al actuario de este juzgado, a efecto de que proceda a la localización del agraviado en el lugar en que se encuentre detenidos. De igual manera, el actuario de la adscripción deberá requerir a la directa quejosa para que en el acto de la notificación o bien dentro del plazo de tres días hábiles contado a partir de que surta efecto, la notificación del presente proveído, manifiesten si autorizan para oír y recibir notificaciones a Alfredo Soto del Toro y Juan Luis Alberto Entebi Hernández; así mismo, si autoriza para estos efectos, al domicilio que precisa el promovente de la demanda de que se trata. Igualmente, de advertirse que la agraviada se encuentre a disposición de alguna autoridad no señalada como responsable, se instruye al actuario que le requiera para que en el acto de la notificación, manifieste si es su interés ampliar su demanda por la autoridad correspondiente. Se autoriza a las autoridades responsables para que remitan los informes vía correo electrónico institucional a la dirección 6jdoajf15cto@correo.cjf.gob.mx, el cual deberá contener firma y sello de la autoridad que lo remita, lo anterior, en aras de una pronta impartición de justicia y sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Se comisiona al Actuario Judicial adscrito, para que se constituya en las instalaciones de las autoridades señaladas como responsables, así como en los separos de las mismas a efecto de que verifique que en el caso de que se apliquen o continúe aplicándose en perjuicio de Elizabeth Caridad González Barahona, algún acto señalado por el numeral 22 constitucional, en relación con el diverso 15 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables cumplan en sus términos la suspensión de plano concedida en este proveído y cesen de inmediato los mismos; además, para que asiente las condiciones físicas y de apariencia de salud en que se encuentran dichos agraviados. Obligatoriedad de recibir oficios Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que conforme lo dispone el artículo 28, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está obligada a recibir los oficios que se les dirijan, en materia de amparo, ya sea en su oficina, en su domicilio o en el lugar en que se encuentre; y que la notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que se entreguen los oficios respectivos, ya sea a las autoridades responsables o al encargado de recibir la correspondencia en sus oficinas; y si se negaren a recibir dichos oficios, se tendrán por hechas las notificaciones y serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que contenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá a la omisa una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Días y horas inhábiles En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio "servicios jurisdiccionales", en el que encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia que en el supuesto de requerir su presencia física en las instalaciones de este recinto judicial, se hará entrega del código QR generado con motivo de la cita realizada por este juzgado al momento de que sean notificados del acuerdo respectivo según sea el caso. Se exhorta a promover la tramitación del juicio en línea Ahora bien, tomando en consideración las medidas de contingencia adoptadas por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, de conformidad con el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la totalidad de las partes para que, de ser posible y tomando en cuenta las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la firma electrónica y solicitando la consulta del expediente electrónico, así como la práctica de notificaciones por la misma vía en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que concluya este juicio. Expediente electrónico En atención a los Acuerdos Generales Conjuntos 1/2009 y 1/2015 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Finalmente y dado que la comunicación oficial de cuenta, se recibió vía electrónica después de la jornada laboral de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, en consecuencia, en cumplimiento al Acuerdo General que establece las disposiciones en Materia Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, para la equidad y proporcionalidad de cargas de trabajo, gírese oficio a la Titular de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, a fin de que realicé el registro correspondiente y remita la boleta de turno respectiva a este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, para los efectos legales conducentes. Notifíquese; y personalmente a la quejosa Elizabeth Caridad González Barahona.
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