Elizabeth Torres Ayabar
Expediente 267/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 267/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 08/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Elizabeth Torres Ayabar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho (foja 159), en la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. El presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LOS TERCEROS INTERESADOS LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, LA CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: SENTENCIA Visto para resolver el juicio de amparo 267/2018-IV, promovido por *******, contra actos del Magistrado de la Segunda Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad el veinte de abril de dos mil dieciocho, turnado a este juzgado el mismo día, ******* promovió demanda de amparo contra el Magistrado de la Segunda Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, a quien le reclamó la resolución dictada en el Toca *******, el dos de abril de dos mil dieciocho. SEGUNDO. Derechos que la quejosa estima vulnerados. La quejosa señala como derechos vulnerados los previstos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión de la demanda. En auto de veintitrés de abril de dos mil dieciocho (foja 34), se admitió a trámite la demanda, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó emplazar a la parte tercero interesada y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que en este asunto se reclaman actos que tienen efectos dentro del territorio en el que este juzgado ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la Litis del juicio de amparo. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias del juicio, se desprende que la quejosa reclama del Magistrado de la Segunda Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, lo siguiente: La resolución dictada en el Toca *******, el dos de abril de dos mil dieciocho, relativa al recurso de apelación que interpuso la aquí quejosa, actora en el juicio natural, en contra de la sentencia dictada el catorce de diciembre de dos mil diecisiete, por el Juez Quinto de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, en el juicio ordinario civil oral *******. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Magistrado de la Segunda Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, en su informe justificado (foja 42), manifestó que son ciertos los actos reclamados y remitió copia certificada de todo lo actuado en el Toca *******. Constancias de las que se desprende la resolución reclamada (foja 42), mientras que, de las constancias del juicio ordinario civil oral *******, del índice del Juzgado Quinto de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, se desprende la sentencia de primera instancia recurrida (foja 117). Dichas constancias, cuentan con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por servidores públicos en ejercicio de sus funciones, como lo son los Secretarios adscritos a la Sala y Juzgado mencionados. Por lo tanto, se tiene como cierta la resolución reclamada, cuya existencia se desprende, además de la aceptación de las autoridades responsables, de las constancias en copia certificada relativas, ya valoradas y descritas. CUARTO. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, de la propia Ley, que disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Conforme a la primera de las normas citadas, el juicio de amparo es improcedente, cuando la improcedencia resulte, además de las hipótesis ahí descritas, de alguna otra disposición de la Ley de la materia o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mientras que la segunda establece la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando se reclamen actos "en juicio", cuyos efectos sean de imposible reparación, esto es, actos dictados dentro de la secuela procedimental o del trámite de la contienda de que se trate, sin embargo, para que tales actos sean reclamables a través de la vía indicada, es necesario que sean de "imposible reparación" y tal noción la proporciona la propia norma, al establecer que por dichos actos se entienden los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, como se estableció en el considerando segundo de esta sentencia, en este juicio de amparo indirecto, el quejoso reclamó del Magistrado de la Segunda Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, la resolución dictada en el Toca *******, el dos de abril de dos mil dieciocho, relativa al recurso de apelación que interpuso la aquí quejosa, actora en el juicio natural, en contra de la sentencia dictada el catorce de diciembre de dos mil diecisiete, por el Juez Quinto de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, en el juicio ordinario civil oral *******. A fin de estar demostrar la actualización de la causal de improcedencia invocada, se estima pertinente relatar sus antecedentes: 1.- Mediante escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, *******, aquí quejosa, demandó en la vía oral ordinaria civil, a ******* y *******, aquí terceros interesados (foja 63). 2.- En auto de siete de septiembre de dos mil diecisiete, el Juez Quinto de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, admitió a trámite la demanda de prescripción positiva y, entre otras cosas, mandó emplazar a los demandados, aquí terceros interesados (foja 91). 3.- El trece de septiembre de dos mil diecisiete, previo citatorio del día anterior, se emplazó a los demandados (fojas 93 a 103). 4.- En auto de tres de octubre de dos mil diecisiete, se declaró en rebeldía a los demandados y se señalaron día y hora para celebrar la audiencia preliminar (foja 105), la cual se celebró el dieciocho de octubre del mismo año (foja 108). 5.- Posteriormente, el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, se celebró la audiencia de juicio (foja 115). 6.- El catorce de diciembre de dos mil diecisiete, el Juez Quinto de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, dictó sentencia, en la que resolvió lo siguiente (foja 117): PRIMERO.- Ha procedido la vía oral ordinaria civil propuesta para la tramitación del juicio que aquí se resuelve. SEGUNDO.- La parte actora no acreditó su acción de prescripción positiva, la parte actora no acreditó su acción de prescripción positiva, ya que no acreditó estar en posesión del inmueble desde hace dieciséis años, terminó prescrito en los artículos 1156 y 1157 del Código Civil del Estado. TERCERO.- Se absuelve a [*******] Y [*******], de las prestaciones que les reclama la parte actora. CUARTO.- Se condena a la parte actora [*******] al pago de gastos y costas, de conformidad con el artículo 159 del Código de Procedimientos Civiles. 7.- En esa fecha se continuó y concluyó la audiencia de continuación de juicio (foja 120). 8.- La actora interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia dictada por el Juez Aquo (121), el cual fue admitido en efecto suspensivo mediante auto de quince de enero de dos mil dieciocho (foja 149). 9.- Dicho recurso de apelación fue resuelto por el Magistrado de la Segunda Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, mediante resolución del dos de abril de dos mil dieciocho, dictada en el Toca 58/2018, la cual constituye el acto reclamado en este juicio de amparo y cuya parte considerativa es del contenido siguiente: 3.- MARCO TEÓRICO Previo de entrar al estudio de los agravios esgrimidos por la apelante, el suscrito Resolutor estima pertinente al caso concreto, dejar asentado lo siguiente: Dentro de la ciencia jurídica procesal se encuentran los presupuestos procesales entendiéndose por éstos "los requisitos o condiciones que deben de cumplirse para la iniciación o el desarrollo válido de un proceso, o en su caso, para que pueda pronunciarse la resolución de fondo". De lo anterior se concluye que son aquellas condiciones que deben de satisfacerse previamente a la emisión de la sentencia que resuelva la controversia planteada, tanto desde la perspectiva del órgano jurisdiccional como de las partes intervinientes, y en atención a ello, se dividen en: Presupuestos procesales de forma "aquellos requisitos previos e imprescindibles para la existencia del proceso, sin los cuales no puede iniciarse válidamente un juicio. En términos generales son las condiciones que se requieren para que la relación jurídica procesal nazca, se desenvuelva y culmine con una sentencia de mérito; cuyas medidas sustanciales son las garantías constitucionales de la tutela efectiva y el debido proceso"; dentro de los que se encuentra la competencia del juzgador o la legitimación de las partes. Presupuestos procesales de fondo, también conocidos como condiciones de la acción o como presupuestos procesales materiales son "aquellas condiciones necesarias que propician la emisión de una sentencia, es decir, para que una pretensión procesal hecha valer con la demanda, sea objeto de pronunciamiento por el juez; se refieren a la cuestión sustancial debatida y a las excepciones propiamente dichas. En el particular, nos centraremos en los de forma, reiterando que son los necesarios para que se entable la relación jurídica procesal, y que entrañan el respeto a los derechos de debido proceso y tutela judicial efectiva, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus numerales 14 y 16, respectivamente, así como en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin lugar a duda existe la obligación ineludible de todo órgano jurisdiccional, ya sea de primera o de segunda instancia, que previo a pronunciarse en relación a la cuestión planteada, de revisar y estudiar de oficio los presupuestos procesales, en atención que las propias características que inciden en torno a éstos así lo determinan, en la medida en que sin estar colmados no podría constituirse y desarrollarse con validez y eficacia jurídica un procedimiento de carácter jurisdiccional, menos aún, concluir con una sentencia que resolviera el mérito de lo debatido por los interesados, imponiendo condena o absolviendo al demandado, o bien, mediante la declaración de la existencia de un derecho o la constitución de un Estado de derecho, según fuera el caso. Apoyando lo anterior con el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en la Jurisprudencia identificada como Tesis VI.2º.C. J/20 (10ª), de rubro: "PRESUPUESTOS PROCESALES. SU ESTUIDO OFICIOSO ESTÁ CONFERIDO TANTO AL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA COMO AL TRIBUNAL DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Dentro de los antes mencionados, sin lugar a duda se encuentra el emplazamiento, en términos generales, entendiéndose como el hacer del conocimiento del demandado, la existencia de un juicio en su contra. La palabra emplazar, en una de sus acepciones, significa dar un plazo que el juez le impone al demandado, desde luego con base en la ley, para que se apersone al juicio, para que comparezca a dar contestación a la demanda. La institución del emplazamiento cumple la garantía de audiencia establecida en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, básicamente en los artículos 14 y 16. El artículo 14 constitucional, que es el más importante en este aspecto, establece: "Nadie puede ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento .". Al cumplirse con las normas del emplazamiento se está respetando la garantía de audiencia, que también ha sido designada como el derecho que todo ciudadano tiene de ser oído, para ser vencido. Para condenar a alguien en un juicio, hay que oírlo y vencerlo. La garantía de audiencia va de a mano con la garantía del debido proceso legal. En principio del cumplimiento del debido proceso legal comienza con un emplazamiento correcto. Ciertamente, la falta de emplazamiento o su realización defectuosa, en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, o sea, imposibilita al demandado para contestar la demanda, luego, le veda la oportunidad de oponer los medios de defensa a su alcance, además de privársele de su derecho de presentar pruebas que acrediten sus defensas o excepciones, y a oponerse a la recepción o de contradecir las probanzas rendidas por su contraria, y por último, a alegar y ser notificado oportunamente del fallo que se llegue a pronunciar, como en su caso recurrirlo o impugnarlo. La extrema gravedad de esta violación procesal ha permitido la consagración del criterio de que el emplazamiento es de orden público, y que esta falta de emplazamiento o su irregular verificación, puede y debe corregirse de oficio la más grave de las irregularidades procesales, puesto que la ausencia o el defectuoso emplazamiento implican que no llegó a constituirse la relación jurídico procesal entre el actor y el demandado, y, por tal razón, no puede pronunciarse ningún fallo adverso al demandado. Tal y como ha sido sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis de Jurisprudencia 140, inserta a página 417, Cuarta Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en el año de 1985, bajo la voz: "EMPLAZAMIENTO, FALTA DE. DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO POR EL TRIBUNAL DE APELACIÓN". Así como en la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito visible a Página 497; Tomo IX Abril de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PÚBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO". El Código de Procedimientos Civiles establece en sus numerales 133 fracción I y 134 en su primer y segundo párrafo establecen: ARTÍCULO 133. Se notificará personalmente en el domicilio de la persona interesada, salvo si se pronunciaren en audiencia y respecto de aquellos que hubieren concurrido o debieron asistir a la misma: I. El emplazamiento de la parte demandada, la reconvención y la primera notificación en el juicio, aunque sean diligencias preparatorias o se trate de terceros extraños al juicio; ARTÍCULO 134. Si se tratare de la notificación de la demanda y a la primera búsqueda no se encontrare a la parte demandada, cerciorándose quien debe hacer la notificación que la persona interesada tiene su domicilio en dicho lugar y asentando las circunstancias y medios que puedan servir de comprobación de haber acudido al domicilio, se le dejará cita para hora fija dentro del día hábil siguiente, haciendo constar en el citatorio el nombre de la persona a quien se cita, el día y la hora en que debe esperar la notificación, y pondrá en el mismo el sello correspondiente, autorizándose el citatorio por la o el notificador. Si la persona que debe ser notificada no espera a que se le haga, ésta se le hará por medio de instructivo que se entregará a parientes, empleados o empleadas de la persona interesada o a cualesquiera otra persona que se encuentre en el domicilio y, en caso de no atender nadie, se fijará en la puerta donde se actúa, de todo lo cual se asentará razón en las diligencias. De acuerdo con los antelados fundamentos, el emplazamiento a juicio debe realizarse al demandado de manera personal y en su domicilio particular; considerando que en caso de no encontrarlo, en una primera búsqueda, y encontrando a una persona en dicho domicilio puede dejarle cita de espera para el día siguiente; que en caso, de que omita estar presente realizará el emplazamiento por instructivo con la persona con quien se encuentre, o en caso de que no se apersone nadie lo fijará en la puerta del domicilio. Sin embargo, se considera que también es obligación del actuario de solicitar que la persona con quien se entienda la diligencia se identifique asentando su resultado, esto que de negarse deberá exponerse tal circunstancia en el acta relativa, así como en su caso la media filiación o el cercioramiento por otros medios de que la identidad de la persona con quien se entienda la diligencia, pues en caso contrario, a juicio de quien aquí resuelve, no genera certeza y confiabilidad de la identidad de la persona que fue el medio para realizar el emplazamiento de los demandados. Por su parte el ordenamiento adjetivo civil vigente en su artículo 90 establece: "ARTÍCULO 90. Las actuaciones y las notificaciones serán nulas, cuando a las primeras les falte alguna de las formalidades esenciales, de manera que la omisión deje sin defensa a alguna de las partes, y cuando la ley expresamente lo disponga; las segundas cuando se hagan en forma distinta a la prevenida en este código.". De la revisión de las constancias relativas a las citas de espera y de los emplazamientos por instructivo de los codemandados, ******* y *******, las cuales son consultables en los autos de la foja 31 a la 35 y de la 36 a la 40, a las que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 352 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, tienen plena eficacia convictiva se les da valor probatorio pleno para tener por acreditado que el Licenciado *******, Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, se constituyó el doce de septiembre de dos mil diecisiete en el domicilio *******, en busca de ******* y *******, y fue atendido por la C. *******, hija de los demandados, dejándoles cita de espera para el día trece de septiembre del citado año, a las doce horas con diez minutos y a las doce horas con veinte minutos, respectivamente; que a fin de dar cumplimiento a las citadas citas de espera el citado fedatario se constituyó nuevamente en el domicilio antes identificado, el día trece de septiembre de dos mil diecisiete, y no encontrando presente a los codemandados, ******* y *******, procedió a emplazar por instructivo por conducto de la hija de estos de nombre *******, notificándoles el auto de fecha siete de septiembre de dos mil diecisiete y corriéndoles traslado con las copias simples de ley debidamente selladas y cotejadas, con veintiocho fojas útiles. Así las cosas, y al revisar si el emplazamiento de ******* y ******* fue legalmente realizado, se arriba a la conclusión de que el mismo se realizó en forma irregular, dado que como se desprende de las constancias relativas tanto a la cita de espera y del emplazamiento de ******* y ******* (específicamente a fojas 31, 32 y 35, y en la 36, 37 y 40, correspondientemente), valoradas en el párrafo que precede, se desprenden las siguientes irregularidades: el funcionario encargado del llamamiento a juicio de los codemandados, ******* y *******, incurre en el error de asentar en las constancias correspondientes a la cita de espera y de emplazamiento por instructivo, de las que se advierte que atendió con *******, omitiendo el notificador asentar si le solicitó identificación y en el supuesto que se hubiere negado a presentar la misma de igual manera omitió exponer tal circunstancia en el acta relativa; asimismo no asentó la media filiación de con quien atendió la diligencia, no de que se haya cerciorado de la identidad de la misma, con la calidad con la que se ostentó como hija de los codemandados, por otros medios, a manera de ejemplo, al preguntarle a los vecinos contiguos al domicilio en que se realizó la diligencia. Luego, la mera afirmación asentada por el actuario en el acta de emplazamiento, por el solo dicho de con quien entendió la diligencia, sin mencionar si le solicitó la identificación, el omitir asentar la media filiación al no identificarse, o cerciorarse de la su identidad por otros medios, dicha afirmación del actuario resulta ineficaz para ello, pues de aceptarse como condición para otorgar la validez a los emplazamientos, la circunstancia de que los actuarios tan solo por el dicho de una persona consideren que con ello plenamente están identificándose, implicaría otorgarles facultades absolutas para legitimar por sí y ante sí tales diligencias que, por su naturaleza, son de especial importancia en los juicios, aun y cuando teniendo en cuenta con la fe pública con la que cuentan, úes su debido cumplimiento depende de la posibilidad de defensa del demandado y, por ende, el cumplimiento efectivo de las garantías de seguridad jurídica y audiencias consagrada en la Ley Suprema de la República. Sirviendo de apoyo la tesis que a la letra dice: "EMPLAZAMIENTO, ILEGALIDAD DEL, POR FALTA DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA CON QUIEN SE ENTIENDE LA DILIGENCIA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). (.)". Entonces, el emplazamiento que se analiza se encuentra viciado de nulidad, pues del acta relativa de dicha notificación, no se desprende que el actuario haya solicitado alguna identificación a la persona con la que entendió las diligencias, así como también omitió en dado caso que se hubiera negado tal circunstancia y el motivo por el cual se negó, así como asentar la media filiación, o que se hubiere cerciorado de la identidad de la persona por algún otro medio, sino que únicamente dio por cierto lo que le fue manifestado por dicha persona, sin cumplir con los requisitos establecidos para el emplazamiento, constituyendo con esto una violación procesal; máxime que por tratarse de la primera notificación en el procedimiento, es indispensable tener mayor seguridad de que el emplazamiento se realizó efectivamente con los interesados. En virtud, de cómo previamente se asentó, el análisis y revisión de los presupuestos procesales es una obligación para todo tribunal jurisdiccional, y al concluir que el emplazamiento de los codemandados, del juicio ordinario civil de origen, no fueron formal y legalmente emplazados, por lo que no se integró válidamente la relación jurídica procesal entre ellos y su demandante; esta Sala omite entrar al estudio de los agravios esgrimidos en contra de la sentencia definitiva. 4. SENTIDO DEL FALLO. Las consideraciones que preceden conducen a determinar nulo el emplazamiento de los codemandados, ******* y *******, y en consecuencia todas las actuaciones realizadas con posterioridad, a partir del auto de radicación de fecha siete de septiembre de dos mil diecisiete, ordenar la reposición del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 Constitucional, así como en los cardinales 90 y 94 del Código de Procedimientos Civiles. (.) 6. PUNTOS RESOLUTIVOS. PRIMERO.- Se declara la nulidad del emplazamiento de los codemandados, ******* y *******, y en consecuencia la nulidad de las actuaciones realizadas con posterioridad al mismo, ordenándose reponer el procedimiento. (.) De dicha resolución, en lo que interesa, se desprende que el Magistrado responsable declaró la nulidad de los emplazamientos practicados a los demandados, la insubsistencia de todo lo actuado con posterioridad y ordenó la reposición del procedimiento, de ahí que dicha resolución tenga efectos intraprocesales, pues devuelve el juicio natural al estado que guardaba antes de la práctica de los emplazamientos a los demandados, aquí terceros interesados. No obstante, conforme al citado artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo y como ya se precisó, los actos intraprocesales que pueden ser reclamados en la vía indirecta únicamente son aquellos que vulneren derechos sustantivos de la parte quejosa, supuesto que no se actualiza en el caso, pues la reposición del procedimiento que se ordenó debido a la declaración de nulidad de los emplazamientos practicados a los demandados, implica, de ser el caso, volver a practicar tales emplazamientos y continuar con la secuela procesal, esto es, dicha resolución de segunda instancia establece exclusivamente cargas procesales que son propias e inherentes a todo procedimiento judicial, pero no incide en derecho sustantivo alguno de la parte quejosa, se insiste, pues solo le impone la carga procesal de continuar con la secuela del procedimiento, una vez practicados de nueva cuenta los emplazamientos correspondientes. Al respecto, por las razones conducentes que informa, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J. 87/2016 (10ª.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1180, del Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia Común, con número de registro 2012245, que dice: RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Si bien la reposición del procedimiento implica volver a poner el proceso en la etapa o fase procesal en que se cometió un error o defecto de sustanciación del juicio, a partir de lo cual podría afirmarse que la resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento tiene efectos meramente procesales o adjetivos, establecer una regla general y absoluta implicaría propiciar un margen de error en las decisiones jurisdiccionales, pues no puede soslayarse que habrá casos en los que los efectos de una reposición del procedimiento sí pueden afectar derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo. De esta manera, el análisis de la procedencia del juicio de amparo en cuanto al reclamo de una resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, implica un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que produce en éste, así como en las cosas y en las personas, lo cual no puede llevarse a cabo en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en ese escrito y, en su caso, los anexos que se exhiban. Por tanto, el juzgador no está en aptitud legal de desecharla de inmediato bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa éste no es evidente, claro y fehaciente, pues necesariamente se requerirá un análisis de las constancias de autos para determinar su improcedencia, el que, por técnica de amparo, es propio de la sentencia definitiva. De igual forma, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J. 37/2012 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 741, del Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Común, Décima Época, con número de registro 2000789, del rubro y texto siguientes: EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA NULO EL REALIZADO POR EDICTOS, Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO A FIN DE QUE SE EMPLACE NUEVAMENTE A LA DEMANDADA POR ESE MEDIO, NO GENERA UNA AFECTACIÓN CIERTA E INMEDIATA A LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DEL ACTOR RESPECTO DEL PAGO QUE HIZO DE LAS PUBLICACIONES, POR LO QUE LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE HABERLAS PAGADO NO HACE PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (MATERIA CIVIL). La determinación judicial que en definitiva declara nulo el emplazamiento por edictos y ordena reponer el procedimiento para que se emplace nuevamente a la demandada por ese medio no constituye una afectación a los derechos sustantivos de la actora respecto del pago que hizo de las publicaciones respectivas, sino una de tipo adjetivo, ya que la sola circunstancia del impacto patrimonial consistente en dejar sin efectos los edictos cuya publicación subvencionó, jurídicamente está vinculada con su respectiva carga procesal en el litigio, de las que son propias e inherentes a todo procedimiento judicial. Esto último encuentra explicación en que si el contenido del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, revela que fue voluntad del legislador proscribir que el juicio de amparo indirecto proceda indiscriminadamente respecto de cualquier acto en el juicio, y si es máxima de la experiencia que en la prosecución de los juicios civiles, es regla general que las partes se ven determinadas a efectuar diversas erogaciones de tipo patrimonial a fin de responder a las cargas procesales, o hacer peticiones derivadas del interés que tienen en que se resuelva el juicio a favor de sus pretensiones, entonces debe admitirse que jurídicamente y para efectos de fijar el alcance conducente del citado artículo 114, fracción IV, la sola circunstancia consistente en el impacto patrimonial que sufre el actor al cumplir con la carga procesal de pagar las publicaciones de edictos para emplazar a su contrario en la tramitación de un juicio, no afecta sus derechos sustantivos, sino sólo los adjetivos, pues las anotadas erogaciones patrimoniales no pueden desligarse ni entenderse sin atender a la conducta procesal que le dio origen. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda analizar en cada caso particular, si es que existen otras consecuencias de la reposición del procedimiento (diferentes a la sola circunstancia de que el actor tuvo que erogar los gastos de la publicación de los edictos correspondientes) que puedan significar una afectación de imposible reparación para los efectos de decidir sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados dentro de juicio. Por lo tanto, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, lo procedente es, conforme al numeral 63, fracción V, de la Ley de la Materia, sobreseer en este juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por *******, en relación con el acto reclamado y la autoridad responsable precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma el licenciado *******, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, ante la licenciada *******, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que para el día de hoy se encuentra prevista la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, existe imposibilidad jurídica para llevarla a cabo, toda vez que del informe con justificación que rindió el Magistrado de la Segunda Sala Civil Regional, con residencia en esta ciudad (foja 42), se desprende que, en términos del numeral 5, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, a ***** y *****, les asiste el carácter de terceros interesados, en este juicio. Por lo tanto, se comisiona al actuario adscrito para que emplace a ***** y *****, en el domicilio ubicado en *****, en esta ciudad, proporcionado por la parte quejosa en su demanda de amparo, entregándoles copia simple de la demanda y haciéndoles saber el contenido íntegro del auto de admisión de veintitrés de abril del presente año (foja 34), así como la fecha y hora prevista para la audiencia constitucional. En tales condiciones, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las nueve horas con diez minutos del veinte de junio de dos mil dieciocho. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *****, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *****. Doy fe.
- Principal
VISTA LA CONSTANCIA DEL ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA Y EMPLAZA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADO, EL AUTO DE DE VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: SE ORDENA EMPLAZAR A JUCIO AL TERCERO INETRESADO Y SE SEÑALAN LAS NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.
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