Elizabeth Mendoza Valverde
Expediente 548/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 21 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 548/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 22/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Elizabeth Mendoza Valverde
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de junio de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en el presente asunto se concedió la suspensión de plano y se sobreseyó. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; este proveído en que se acuerda el archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de junio de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 548/2020-I-2, promovido por *******, en representación de *******, y; Resultando Primero. Presentación de la demanda. El diecinueve de octubre de dos mil veinte, en el buzón de la Oficialía Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, residentes en la ciudad del mismo nombre, se recibió la demanda promovida por *******, en representación de *******, misma que se remitió al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en la ciudad del mismo nombre, por razón de turno, al día hábil siguiente. En el escrito inicial la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad y otras autoridades, a quienes reclamó lo siguiente: IV.- ACTOS RECLAMADOS.- 1. Lo Constituye la ORDEN DE TRASLADO y su EJECUCIÓN emitidas por las autoridades responsables ORDENADORAS Y EJECUTORAS, consistente en trasladar a la ahora quejosa del Centro de Reinserción Social Estatal Número DOS de Ciudad Juárez, Chihuahua a diverso centro penitenciario, sin que dicha determinación cumpla con las exigencias legales establecidas en la Constitucional Política Mexicana, específicamente sus cardinales 14 y 16. 2. En relación con las autoridades responsables OMISAS, reclamo la OMISIÓN y/o ABSTENCIÓN en que han incurrido de vigilar y/o supervisar de manera oficiosa que las autoridades ordenadoras y ejecutoras cumplan con los requisitos que se encuentran implícitos en la Ley nacional de Ejecución Penal, específicamente al no otorgar a la quejosa la garantía de audiencia, a la cual tenemos derechos de acudir a defendernos [.] 3. Asimismo, lo constituye la INCOMUNICACIÓN de la quejosa derivada del anterior traslado. Segundo. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1°, párrafos primero, segundo y tercero, 16, primer párrafo, 18, segundo párrafo, 21, párrafo tercero y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 51 y 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; 5.3, 5.6, 8.1, 17.1 y 25, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1°, 3°, 4°, 5°, 19 y 20, del Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en resolución 43/173, de nueve de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho; 37 y 39, de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptada por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en mil novecientos cincuenta y cinco, y; 31.3 de la Convención de Palermo, de noviembre de dos mil. Tercero. Tramitación de la demanda. Por auto de veinte de octubre de dos mil veinte, la entonces Juez Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en la ciudad del mismo nombre, tuvo por recibida la demanda de amparo, la cual registró con el consecutivo *******, de su índice y, se declaró incompetente para seguir conociendo de dicho asunto por razón de territorio, por lo que remitió los autos al Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en Ciudad Juárez, en turno, para la prosecución de la secuela procesal. Por acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veinte, se tuvo por recibida la incompetencia planteada por la Juez de referencia, se aceptó la competencia planteada y se registró la demanda bajo el consecutivo 548/2020-I-2; asimismo, en virtud de la omisión por parte de la declinante de remitir la constancia de notificación de la directamente agraviada, se le requirió para tal efecto; atento a lo anterior, mediante proveído de quince de diciembre de dos mil veinte, se tuvo al órgano jurisdiccional declinante remitiendo la constancia de notificación de la peticionaria de amparo, por lo que se admitió a trámite el presente juicio, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Cuarto. Inexistencia autoridades. Por autos de quince de diciembre de dos mil veinte y treinta de marzo de dos mil veintiuno, se dio vista a la quejosa por el plazo de tres días, a efecto de que precisara la denominación correcta de las autoridades que denominó como "Supervisor Estatal de la Unidad de Amparos, Traslados y Derechos en el Estado de Chihuahua, Director del Área adscrita a la Coordinación General de Ejecución de Sanciones del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, Director General de la Coordinación General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, Director General de Política y Desarrollo Penitenciario de la Secretaría de Gobernación, Comisionado Nacional de Seguridad con residencia en la Ciudad de México, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Comisionado de la Policía Federal; con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna al respecto de decretaría la inexistencia de las citadas autoridades. De igual forma, y en atención a que la quejosa no desahogó la vista otorgada, mediante proveídos de veintidós de febrero y catorce de abril, ambos de dos mil veintiuno, se decretó la inexistencia de las autoridades citadas en el párrafo que antecede. Una vez que se tramitó el juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo en virtud que es un asunto en materia penal en el que se reclaman actos cuyos con efectos acontecen en el que esta juzgadora ejerce su jurisdicción. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107 fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambas legislaciones vigentes al dos de abril de dos mil trece, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables la orden de traslado del lugar en el que actualmente se encuentra recluida a uno diverso y su ejecución, así como la incomunicación que dijo fue objeto. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en el párrafo precedente, que serán estudiados enseguida. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. Son inexistentes la orden de traslado del lugar en el que actualmente se encuentra recluida la quejosa a uno diverso y su ejecución, así como la incomunicación que dijo fue objeto, reclamadas a las responsables, por lo que debe sobreseerse en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Ello, pues al rendir informe justificado las responsables, Juez de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, Titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal del Estado de Chihuahua, Subsecretaría del Sistema Penitenciario, Ejecución de Penas y Medidas Judiciales (denominación correcta de las señaladas como Fiscal Especializado en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, Coordinador de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales de la Zona Norte en el Estado de Chihuahua, Coordinador de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en el Estado de Chihuahua, Autoridad Penitenciaria del Estado de Chihuahua y Director General de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en el Estado de Chihuahua), así como en representación de las responsables, Titular del Departamento de Prevención Social y Encargado del Departamento de Prevención Social, Director del Centro Femenil de Reinserción Social Estatal Número Uno, en Aquiles Serdán, Chihuahua, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, Comisionado Estatal de Seguridad en el Estado de Chihuahua, Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Dieciséis "CPS-MORELOS", con residencia en Coatlán del Río, Morelos, Titular de la Secretaría de Gobernación, Fiscal General de la República, Titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal del estado de Chihuahua, Fiscal General del Estado de Chihuahua, Directora de Área de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, en representación de las responsables, Comisionado del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social, Coordinador General de Prevención y Readaptación Social del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social en la Ciudad de México, Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, Director General de Ejecución de Sanciones del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social, Director Operativo en la Coordinación General de Centros Federales. Subdirector de Ejecución de Sanciones a CE.FE.RE.SOS., Extranjeros, Indígenas y Traslados del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social, Presidente de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, Secretario Técnico de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social, Titular de la Subdirección de Seguimiento Normativo a Centros Federales del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social, Director del Archivo Nacional de Sentenciados y Estadística Penitenciaria, Director del Centro Femenil de Reinserción Social Estatal Número Dos, en Ciudad Juárez, Chihuahua y Fiscal de Distrito Zona Norte, indicaron no ser ciertas la orden de traslado del lugar en el que actualmente se encuentra recluida la quejosa a uno diverso y su ejecución, así como la incomunicación que dijo fue objeto, que les fueron reclamadas. La demostración del acto reclamado es una cuestión de hecho que debe acreditarse con las pruebas idóneas, de ahí que, si una autoridad niega los actos, queda a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de amparo los medios de prueba tendentes a demostrar tal certeza. En sustento a lo anterior, es aplicable en lo conducente, el criterio que emitió el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se contiene en la tesis número 553, de la Octava Época, consultable en la página 368, Tomo VI, Apéndice de 1995, con registro 394509, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. Debido a lo anterior, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 917818, que es del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Similar consideración debe tenerse respecto de la autoridad responsable, Secretario Técnico de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, residente en la Ciudad de México, ello no obstante que se cuente la pieza postal del oficio 18888/2021, a través del cual se le solicitó su informe con justificación, así como que no obre en autos dicho informe y por tanto debiera presumirse ciertos los actos reclamados. Se afirma lo anterior pues, a dicha autoridad no le correspondía directamente la custodia de la quejosa, de modo que no pudo ordenar o ejecutar la incomunicación reclamada, así como que en atención a que dentro de las atribuciones de la referida responsable, establecidas en el artículo 18 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, no se encuentra la de ordenar el traslado de los internos de un centro penitenciario a otro, trae como consecuencia que la incomunicación y traslado imputados a la multicitada responsable, tampoco sean veraces. Debido a lo anterior, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 917818, que es del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 73, 74, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *******, en atención a las razones expuestas en el considerando tercero de la presente resolución. Notifíquese y cúmplase. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de mayo de dos mil veintiuno. Informe justificado Primero, agréguese a los autos el informe justificado, rendido por la agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito, Zona Norte, en representación de la responsable Fiscal de Distrito Zona Norte, residente en esta ciudad. En atención a su contenido, tal como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo precedente, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la legislación en cita. Delegados y domicilio Con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Estado de autos Por otro lado, visto el estado que guardan autos revisado electrónicamente y la certificación de cuenta se advierte, que para las nueve horas con diez minutos del día de hoy, se encuentra señalada la audiencia constitucional en el presente asunto; sin embargo, no se está en aptitud de llevarse a cabo, toda vez que no se cuenta con el informe justificado de la autoridad responsable, Secretario Técnico de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, residente en la Ciudad de México, ni con el acuse postal del oficio por medio del cual se le requirió. Diferimiento de audiencia En consecuencia, ante la imposibilidad jurídica para celebrar la audiencia constitucional y para dar margen a lo anterior, se difiere su celebración y se señalan las nueve horas con diez minutos del dos de junio de dos mil veintiuno. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de mayo de dos mil veintiuno. Informe justificado Agréguese a los autos el informe justificado, rendido por la Consultor Jurídico por ausencia de la responsable cuya denominación correcta es Titular del Centro de Reinserción Social Estatal Femenil número Dos, residente en esta ciudad. En atención a su contenido, tal como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo precedente, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la legislación en cita. Delegados Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante designando como delegadas a las personas que indica en su informe. Anotación denominación correcta Dado que la autoridad responsable oficiante señala su denominación correcta, se comisiona al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que realice las anotaciones correspondientes en el referido sistema. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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