Elizabeth Saénz García
Expediente 226/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 226/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 26/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Elizabeth Saénz García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
VISTA LA RAZÓN DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE ORDENA NOTIRFICAR A LA PARTE TERCERO INTERESADA DE LOS ACUERDOS DE VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS Y VEINTITRÉS DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, QUE DICEN:Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, como del mismo se advierte que mediante auto de veinticinco de abril de este año, se tuvo a la parte quejosa exhibiendo garantía por la cantidad de $********** (**********, moneda nacional) para que siguiera subsistiendo la suspensión definitiva otorgada en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa, mediante billete de depósito ********** expedido por el Banco del Bienestar, SNC., Institución de Banca de Desarrollo. Asimismo, del estado de autos se observa que en diverso proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, causó ejecutoria el juicio de amparo en que se actúa; sin embargo, se omitió dar vista a las partes con el billete de mérito para los fines que establece el artículo 156 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el numeral 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según disposición expresa de su numeral 2°, subsánese dicha cuestión y con fundamento en lo dispuesto en el diverso numeral 26, fracción I, inciso k), del cuerpo de leyes citado en último término, notifíquese personalmente a la parte tercera interesada el citado acuerdo de veintitrés de agosto de este año, para los fines legales procedentes. Una vez que transcurran los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación del referido auto, se acordará lo conducente. En razón de lo anterior, agréguese únicamente para que obre como legalmente el escrito de cuenta secretarial, firmado por el licenciado Omar Flores García, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe. Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se desprende que en términos de los artículos 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio, a través de la cual se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, sin que se haya presentado promoción al respecto; por tanto, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el expediente electrónico y libro de gobierno respectivo, agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al decretarse el sobreseimiento en el presente asunto, es susceptible de DESTRUCCIÓN dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General Conjunto en cita, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración por haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, una vez transcurridos tres años. En cuanto al duplicado del incidente, de conformidad con la fracción II, inciso a), del artículo 20 del Acuerdo en mención, transcurridos seis meses es susceptible de destrucción. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se desprende que en términos de los artículos 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio, a través de la cual se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, sin que se haya presentado promoción al respecto; por tanto, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el expediente electrónico y libro de gobierno respectivo, agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al decretarse el sobreseimiento en el presente asunto, es susceptible de DESTRUCCIÓN dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General Conjunto en cita, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración por haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, una vez transcurridos tres años. En cuanto al duplicado del incidente, de conformidad con la fracción II, inciso a), del artículo 20 del Acuerdo en mención, transcurridos seis meses es susceptible de destrucción. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiséis de julio de dos mil veintidós, V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 226/2022-VII, promovido por ***, contra actos del titular del Juzgado Familiar Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad responsable. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el dieciséis de marzo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad, turnado ese mismo día a este órgano jurisdiccional, *** promovió juicio de amparo actos las autoridades y actos reclamados, siguientes: "III. AUTORIDADES RESPOSABLES: Tienen tal carácter en el presente juicio de garantías las siguientes autoridades: AUTORIDADES ORDENADORAS: 1).- JUEZ TITULAR DEL JUZGADO FAMILIAR TRADICIONAL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, con domicilio en Eje Vial Juan Gabriel y Aserraderos, Colonia San Antonio de esta ciudad. B).- AUTORIDADES EJECUTORAS: 1).- MINISTRO EJECUTOR O NOTIFICADO ADSCRITO A LA CENTRAL DE ACTUARIOS Y MINISTRO EJECUTORES DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, con domicilio en Eje Vial Juan Gabriel y Aserraderos, Colonia San Antonio de esta ciudad. IV.- ACTOS RECLAMADOS 1).- De las autoridades ordenadoras, reclamo todos los autos, decretos y resoluciones, así como la sentencia o sentencias definitivas dentro del expediente relativo al Juicio 681/20 promovido por la Tercero Perjudicada con fecha de 14 de Marzo en 2022 Juzgado Familiar Tradicional del Distrito Judicial Bravos con el número 681/2020 del índice de dicho juzgado, y la orden de ejecutar dichos actos procesales para materializarse sobre un inmueble del que la suscrita soy poseedora que es la causa marcada con el número 726 de la Calle CONTERIE del Fraccionamiento Canto de Murano de eta ciudad, con la intención de desposeerme de dicho inmueble, del menaje y demás bienes de mi propiedad, la ejecución de la sentencia recaída en el juicio mencionado en ambas instancias, así como el dictado del siguiente auto: ´. Ciudad Juárez, Chihuahua; a diez de marzo de dos mil veintidós. (.)" 2.- De la autoridad Ejecutora reclamó la ejecución de todos los actos que reclamo de las ordenadoras y en especial lo ordenado en el auto de fecha 10 de marzo de 2022." SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Previa aclaración de la demanda de amparo, ésta se registró con el número de expediente 226/2022; y por auto de cinco de abril de dos mil veintidós se admitió a trámite; en el mismo acuerdo, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, y se señalaron hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la cual sendos diferimientos se llevó a cabo conforme al acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracciones I y VII de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37 párrafo primero y 107 fracción V de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 y demás que lo reforman y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se trata de un acto que tuvo ejecución dentro del territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de un análisis integral de la demanda de amparo, de los informes justificados que rindieron las autoridades responsables y las pruebas que obran en el juicio de amparo, se precisa que la quejosa reclamó de las autoridades responsables: Juez del Juzgado Familiar del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, la falta de notificación y todo lo actuado dentro del juicio de origen 681/2020, de su índice, incluyendo la sentencia, y en especificó el acuerdo de diez de marzo del año en curso. Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, la ejecución del acuerdo de diez de marzo del presente año, dictado en el citado juicio de origen. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables, Juez del Juzgado Familiar y Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Unidad de Notificación y Ejecución, ambos del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado aceptaron categóricamente el acto reclamado respectivamente; por ello, se tiene por cierto el acto endilgado a dichas autoridades responsables. Incluso, se corrobora con la copia certificada que remitió la primera de las autoridades responsables, las que al tratarse de documentales públicas, merecen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia en materia común 226 del Pleno del Alto Tribunal, publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, con el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, Materia Común, página 231, del siguiente tenor: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causal de improcedencia. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. En el presente asunto, respecto a los actos reclamados, la suscrita advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el la fracción XII del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo siguiente: Previo analizar dicha causal de improcedencia, y para evidenciarla, a continuación se relatan algunos antecedentes de donde derivan los actos reclamados: 1.- El treinta de noviembre de dos mil cuatro, ***, demandó la disolución del vínculo matrimonial con *** (ahora cónyuge de la quejosa); y en representación de su entonces menor hija ***, demandó en favor de ésta, pensión alimenticia. 2. Demanda que dio origen al expediente 2133/2004 del índice del hoy extinto Juzgado Segundo Familiar Tradicional del Distrito Judicial Bravos. 3. Por escrito recibido ante tal juzgado el veintisiete de febrero de dos mil cinco, dichas partes procesales (***) exhibieron convenio que celebraron, en el que pactaron, entre otras cosas, que aquél otorgaría una pensión alimenticia a su entonces menor hija, Valeria Pardo Hernández, por la cantidad de quinientos pesos 00/100 ($500.00) moneda nacional, de manera semanal, con un incremento del treinta por ciento (30%) anual sobre la cantidad vigente en el momento del aumento; además, se comprometió al pago de la cantidad que resultara del cincuenta por ciento (50%) de todos y cada uno de los gastos relacionados con la educación de la entonces menor. Convenio que fue aprobado en su totalidad en sentencia de diecisiete de febrero de dos mil cinco y quedó firme el tres de marzo de la misma anualidad. 4. Luego, en escrito presentado en el extinto Centro Auxiliar del Sistema Tradicional y Sistema por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, el siete de septiembre de dos mil veinte, compareció ***, a demandar en la vía de apremio, incidente de ejecución de sentencia, por el impago del periodo comprendido del tres de marzo de dos mil cinco (en que quedó firme la sentencia emitida en el aludido expediente 2133/2004), a la fecha de la presentación del citado ocurso. Asunto que ante el cierre del referido centro, fue turnado al Juzgado Familiar Tradicional del Distrito Judicial Bravos, en que actualmente se encuentra, donde se le identificó como el expediente EA 681/2020. 5. El siete de diciembre de dos mil veinte, *** compareció a las instalaciones del Juzgado Familiar Tradicional del Distrito Judicial Bravos, a ratificar el escrito que presentó el veintiséis de octubre de dos mil veinte, por virtud del cual manifestó su deseo de adherirse a la demanda presentada por su madre en la vía de apremio, a través de incidente de ejecución de sentencia, en contra de su padre, Gustavo Adolfo Pardo Casas, al haber cumplido ya para esa fecha, la mayoría de edad. 6. Así, el dieciséis de julio de dos mil veintiuno se emitió resolución interlocutoria en dicha incidencia de ejecución de sentencia, en la que se condenó a ***, a pagar a favor de su hija ***, la cantidad de ***; y se indicó que al quedar firme dicha interlocutoria, se enviarían los autos a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, para que designe una persona funcionaria judicial, a fin de que se constituya en el domicilio de G*** y lo requiera en el acto de la diligencia, le exigiera el pago de la cantidad condenada, por concepto de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas; en el caso de no hacer el pago del adeudo, en el mismo acto de la diligencia se embargarían bienes de su propiedad, bastantes y suficientes para garantizar el pago del adeudo y procedería al trance y remate de los mismos, y del producto de la venta hasta donde alcance, se haría el pago que corresponda a su acreedora alimentaria. 7. Contra dicha resolución, el demandado interpuso recurso de apelación, que correspondió conocer a la Magistrada de la Sala Familiar Regional, con sede en esta ciudad; quien, al emitir resolución en el toca 344/2021, confirmó la resolución impugnada. 8. Luego, *** promovió juicio de amparo indirecto contra la resolución de apelación emitida en el toca 344/2021; juicio que por razón de turno le correspondió conocer a este juzgado, registrándose con el número de expediente 738/2021-II, y mediante sentencia de ocho de febrero del año en curso, se sobreseyó y se negó el amparo solicitado, y al no ser recurrida por las partes, causó ejecutoria mediante proveído de veinticinco del citado mes y año. 9.- Por promoción signada por los abogados de la parte actora, solicitó al juez familiar que con motivo de que el demandado no había dado cumplimiento a la sentencia, la cual había causado estado, se le autorizada en compañía del actuario para que se trasladaran al domicilio del demandado y se le requiera en el acto de la diligencia. 10.- Dicho juez responsable al acordar esa promoción dictó el auto de diez de marzo de dos mil veintidós, donde ordenó que se diera cumplimiento la sentencia, y ordenó que el actor en compañía del actuario se constituyeran al domicilio ubicado en calle ***, en esta ciudad, y se le requiriera de pago al demandado Gustavo Adolfo Pardo Casas, en caso de no pagara el adeudo o no acreditara estar al corriente en el pago de las pensiones alimenticias, se le permita primero al deudor señalar bienes a fin de que con embargo precautorio de los mismos garantizará el pago condenado, en caso de que no señalara bienes o lo hiciere de forma insuficiente, entonces el derecho de designar bienes para su embargo sería de la actora. Tales antecedentes, en lo conducente, son los que derivan los actos reclamados. Ahora, se procede retomar el análisis del acto reclamado consistente en la falta de notificación y todo lo actuado dentro del juicio de origen 681/2020, de su índice, incluyendo la sentencia, en especifico el acuerdo de diez de marzo del año en curso, la suscrita considera que se acredita la causal de improcedencia en análisis, prevista en la fracción XII del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues no lesionan el interés jurídico del impetrante del amparo. O sea, no obstante, la certeza de la falta de llamamiento al expediente EA 681/2020, del Juzgado Familiar Tradicional del Distrito Judicial Bravos, y como consecuencia, la falta de notificación y todo lo actuado en dicho procedimiento, así como el acuerdo de diez de marzo del año en curso, no se analizará su constitucionalidad, ya que -se insiste- el presente juicio deviene improcedente al actualizarse la causa destacada en el párrafo precedente. Ese precepto dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.); XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5º, de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. (.).". Esta causal, tiene su base 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene el principio de instancia de parte agraviada en el juicio de amparo, el cual, en lo que interesa establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)". Por su parte, el artículo 6º de la Ley de Amparo, a la letra establece: "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". Del contenido de los artículos trascritos, se advierte que los juicios de amparo sólo pueden ser promovidos por las partes a quienes perjudique directamente la ley o el acto reclamado, es decir, que constituye un requisito de procedibilidad para el estudio de su constitucionalidad, que el acto reclamado perjudique en forma personal y directa a la parte quejosa; de tal forma, que sólo podrá analizarse el fondo del asunto si se satisface el requisito previo del acreditamiento del perjuicio. En otras palabras, el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, en términos de lo estipulado por el ordinal 5°, fracción I, de la legislación en consulta, que dispone que el quejoso es aquél que al ser el titular de un derecho subjetivo, o bien, de un interés legítimo o individual, se vea afectado de manera real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, del contenido siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Entonces, debe decirse que para la procedencia del juicio de amparo se requiere acreditar la existencia de un interés jurídico, por el cual se afecte directamente la titularidad de la parte quejosa en su esfera de derechos subjetivos regulados por una norma jurídica, mediante los actos de autoridad que se impugnan, pues como se vio, éstos emanan de un procedimiento jurisdiccional. Aunado a lo anterior, para resolver lo conducente, es necesario tener en cuenta que el amparista manifiesta ser persona extraña a la controversia natural, porque no ha tenido intervención dentro del procedimiento, por tanto, es importante precisar que para efectos del juicio de amparo existen dos tipos de terceros extraños, esto es, en estricto sentido y por equiparación. La persona extraña a juicio en estricto sentido, es la persona física o moral que no figura en el juicio o en el procedimiento (del que emana el acto reclamado) como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa por desconocer totalmente las actuaciones relativas. La persona extraña a juicio por equiparación es aquella que promueve la demanda de amparo por no haber sido emplazada al juicio en el que debió ser parte, o por haber sido citada al mismo en forma distinta de la prevenida en la ley, lo que ocasiona el desconocimiento total del juicio. Así, dicha persona extraña es quien, formando parte de la controversia de la que emana el acto reclamado, por ser la demandada, no fue llamada a juicio al no haber sido legalmente emplazada, y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Sirve de apoyo a estas consideraciones, según los motivos que la informan, la jurisprudencia VII.2o.C. J/21 por reiteración del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que es del tenor literal siguiente: "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación.". En el caso, de la relación de los antecedentes, anteriormente señalados, se observa lo siguiente: Que el Juicio de divorcio contencioso, registrado con el número de expediente EA 681/2020, se llevó a cabo únicamente por las partes procesales: *** Entre dichas partes procesales pactaron un convenio, donde el demandado otorgaría una pensión alimenticia a su entonces menor hija, ***. Convenio que fue aprobado en sentencia y quedó firme el tres de marzo de la misma anualidad. Que *** (actora) demandó el incidente de ejecución de sentencia, por el impago de la pensión alimenticia pactada; lo cual fue secundado por *** (hija del demandado) Se dictó interlocutoria, en la que se condenó a ***, a pagar a favor de su hija ***, cantidad por concepto de pensiones alimenticia vencidas; y ahora se pretende ejecutar dicho fallo. Por su parte, la quejosa *** (actual cónyuge del demandado en el juicio de origen), reclama en el presente juicio de amparo, la falta de notificación y todo lo actuado dentro del expediente 681/2020. De ahí que, la quejosa no tuvo la calidad de parte dentro del expediente de divorcio de origen, ni tampoco se afectaron sus derechos sustantivos, por lo que es evidente que la substanciación de la controversia de origen, no le causa afectación alguna a sus derechos fundamentales, al ser ajena a la contienda judicial de la cual emanan los actos que reclama, de ahí que la impetrante de amparo tiene la calidad de tercera extraño al juicio a que se refiere el artículo 107, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, cabe resaltar que respecto al acuerdo reclamado de diez de marzo del año en curso, dictado en el citado juicio de origen, donde se encomendó que la actora y el actuario se constituyeran en el domicilio ubicado en calle ***, en esta ciudad, y en ese lugar se requiriera al demandado por el pago, en caso de negarse, tendría que señalar bienes para garantizar el adeudo; sino ese derecho pasaría a favor del actor quien señalaría bienes para embargo y en su oportunidad rematarlos para cubrir el monto adeudado que asciende a la cantidad de ***. La impetrante señala ser propietaria del citado inmueble donde se ordenó requerir de pago al demandado, quien actualmente es su cónyuge; sin embargo, se casaron bajo el régimen de bienes separados; por tal motivo se violenta el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no obstante no basta con afirmar que se afecta el interés de la promovente, sino que debe demostrarse que el acto reclamado afecta su esfera jurídica. En ese sentido, siempre que un gobernado promueva juicio de amparo ostentándose persona extraña a juicio, en términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, su procedencia estará sujeta a que la parte quejosa acredite los dos elementos siguientes: a).- Ser titular de un derecho subjetivo vigente, derivado de una norma objetiva; b).- Que el acto de autoridad incida o afecte el derecho subjetivo del cual haya acreditado su titularidad la parte quejosa. Ese interés jurídico debe estar plenamente probado en el juicio de amparo, para así estar en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Entonces, se debe determinar si la quejosa, quien manifestó ser propietaria del inmueble ubicado en calle ***, en esta ciudad, si con las pruebas ofrecidas acreditó o no el derecho que dijo tener sobre ese inmueble y, de esa manera, si efectivamente demostró la afectación a su interés jurídico. Así, para acreditar su derecho conculcado del bien inmueble, la quejosa ofreció como medio de convicción de su parte, los siguientes: 1.- Copia simple del contrato de compraventa y/o contrato mutuo con garantía hipotecaria, respecto al inmueble referido. 2.-Copia del estado de cuenta del predial del referido bien. 3.-Copia del pago de energía de electricidad a nombre de la quejosa y con la dirección del bien inmueble multireferido. 4.- Recibo de nómina donde se advierte que se realiza el descuento mensual del crédito hipotecario. 5.-Acta de matrimonio bajo el régimen de separación de bienes. 6.- Plano Catastral. 7. Promoción signada por el abogado de la actora del juicio de origen y el acuerdo que se le recayó que fue el acto reclamado. 8.- Copia simple de un recibo de pago dirigido a BBVA BANCOMER. Sin embargo, la suscrita considera que dichas pruebas resultan insuficientes para acreditar la existencia de algún título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer respecto del citado bien inmueble, por lo siguiente: En la prueba enlistada con el número 1; al ser una copia simple no es válida para acreditar la propiedad de la quejosa, incluso del contenido de esa documenta no se aprecian las firmas de los suscriptores. En ese sentido, de conformidad con el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. De ahí que, si el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, y en el presente asunto no lo hizo; por ello, debe estimarse que la copia fotostática de mérito, sin certificación resulta insuficiente para demostrarlo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 21/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VII, abril de 1998, página: 213, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso." Al margen de lo anterior, si es bien cierto que con tal probanza -en caso de exhibirse el original- para efectos del presente juicio de amparo, acreditaría que dicho bien inmueble fue materia del contrato de mutuo con garantía hipotecaria y compraventa, empero en la cláusula quinta se pactó lo siguiente: ". QUINTA. El instituto dará por vencido anticipadamente el plazo convenido y procederá de inmediato al cobro de lo que adeudare el Trabajador por concepto de mutuo otorgado y demás consecuencias legales, en los siguientes casos: A).- Por falta de cuatro abonos quincenales consecutivos, salvo el caso de que el trabajador se encuentre separado del empleo por incapacidad temporal para el trabajado, certificado por médico del instituto, estando o no trabajando para el instituto, sin percibir subsidios iguales al cien por ciento de su salario. B).- Si el Trabajador no reanudare el pago de los abonos a que se obliga, una vez que haya sido reinstalado o que haya cesado su incapacidad, percibiendo el salario correspondiente. C).- Si el Trabajador enajena o por cualquier título transmite la propiedad o limita el dominio del inmueble ofrecido como garantía sin consentimiento previo y por escrito del instituto o cede, renta, traspasa o de cualquier otra dispone o grava los derechos derivados del préstamo. D).- Si el Trabajador no invierte íntegramente las cantidades que reciba, conforme a este contrato, precisamente para el fin que se le proporciona. E).- En caso de que el Trabajador no destinare el inmueble para su casa-habitación o de su familiar. F).- Si el inmueble hipotecado fuera objeto de embargo judicial o administrativo o de remate. G).- Si dejare de pagar dos o más bimestres de impuestos o derechos que cause el inmueble afecto a la garantía hipotecaria y es requerido por este Instituto para presentar los comprobantes que demuestre que se encuentra al corriente y no los presenta en el plazo de un mes, también se dará por vencido anticipadamente el plazo del adeudo. H).- Si el Trabajador dejare de cubrir cuatro quincenas sucesivas en los términos establecidos por la Cláusula Tercera inciso D). I).- Si el Trabajador no cubre el 50% (cincuenta por ciento) del importe de las primas de los seguros a que se refieren los incisos D) y E), de la Cláusula Segunda de este Contrato o no da su consentimiento para que el Instituto se lo descuente de sus percepciones. J).- Si el Trabajador que hubiera causado baja con el Instituto no cubre el 100% (cien por ciento) del importe de las primas de los seguros a que se refieren los incisos D) y E) de la Cláusula Segunda de este Contrato. K).- En todo los demás casos que conforme a la Ley proceda anticipadamente el vencimiento del plazo. Para el vencimiento de esta Cláusula, el saldo insoluto se calculará tomando como base el número de salarios mensuales integrados de la categoría que se le otorgó el préstamo, pendientes de pago al valor que tenga dicho salario a la fecha de la rescisión, más los intereses bancarios correspondientes hasta el pago total del adeudo, de acuerdo a la Cláusula Tercera de este Contrato." De tal suerte que tal bien inmueble no puede considerarse para acreditar la existencia de algún título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer respecto del citado bien inmueble, sino meramente simple, sin que se comprobara en este juicio que se cumplió con la referida cláusula, es decir, que colmó el pago pendiente y el total acordado, no obstante que era obligación de la quejosa allegar las pruebas conducentes para acreditar su interés jurídico. Con respecto a las pruebas enlistadas con los números 2, 3 y 8; consistentes únicamente en copias simples del pago de energía de electricidad a nombre de la quejosa, en la cual se aprecia la dirección del bien inmueble multireferido; copia del estado de cuenta del predial del referido bien, y copia simple de un recibo de pago dirigido a BBVA BANCOMER. Tales documentales, aún adminiculadas, son insuficientes para acreditar de forma fehaciente, tomando en cuenta el valor asignado al contrato de mutuo con garantía, que se determinó que no podía considerarse como de posesión jurídica de la quejosa, sino meramente simple. En efecto, de la copia del estado de cuenta del predial del referido bien y la copia del pago de energía de electricidad a nombre de la quejosa y con la dirección del bien inmueble multireferido, únicamente se acredita que se expidieron a favor de la quejosa dichos recibos de pagos y de la Comisión Federal de Electricidad expidió el recibo de pago, que a pesar de que tales documentales que si bien en la misma quedó establecido que tiene como domicilio el ubicado del bien inmueble multireferido, la misma es insuficiente para comprobar que tiene derechos de propiedad o posesión sobre tal bien inmueble. Pues, sólo constituye unos requisitos formales que debe cumplirse ante tales instituciones, con independencia si tiene o no derechos posesorios respecto del inmueble donde se ubica tal domicilio. De igual forma, la copia del recibo del supuestamente pago ante la institución bancaria, BBVA Bancomer, pues no se advierte el concepto del pago realizado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI.1º.C.J/26, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible a página 986, Tomo XXIX, Mayo de 2009 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Civil, registro 167262, del literal siguiente: "DOMICILIO. NO PUEDE DEMOSTRARSE SÓLO MEDIANTE UNA CREDENCIAL DE ELECTOR. Como es un hecho notorio que para efectos de obtener una credencial de elector, la entidad respectiva no exige que ante ella se acredite fehacientemente el domicilio pues basta la simple manifestación del interesado, resulta evidente que ese medio de suyo es ineficaz para comprobar esa circunstancia, toda vez que si bien es cierto que se trata de un documento público, también lo es que debe contemplarse y valorarse a la luz de lo dispuesto por el artículo 202, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria." Asimismo, sirve de apoyo la tesis IV.2o.C.42 C del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible a página 2438, Tomo XXIII, Enero de 2006 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Civil, registro 176204, del epígrafe y contenido siguientes: "POSESIÓN. LA CREDENCIAL DE ELECTOR NO ES APTA PARA DEMOSTRARLA. El solo hecho de que en la credencial de elector aparezca el domicilio del bien inmueble del que una persona se ostenta poseedor, no tiene el alcance de probar que el titular de ella sea poseedor del domicilio que en esa tarjeta se asienta, sino, a lo más, que habita en él, lo que es insuficiente para demostrar que tiene una posesión jurídica." Mientras que la documental identificada con el numero 4; recibo de nómina, si bien se advierte que se realiza el descuento mensual de un crédito hipotecario; no obstante, no existe otra documental para que se vincule con otro medio de convicción, pues se insiste sobre el valor asignado al contrato de mutuo con garantía, que se determinó que no podía considerarse como de posesión jurídica de la quejosa, sino meramente simple. De igual forma, la copia del plano catastral donde se advierte las colindancias del inmueble controvertido, tampoco acredita el interés jurídico, pues únicamente acredita los datos y colindancias del bien inmueble. Mientras que con la prueba documental pública consistente en el acta de matrimonio, en la cual se aprecian únicamente diversos datos generales de la quejosa como de Gustavo Adolfo Pardo Casas (demandado en el juicio de origen), tales como la fecha que contrajeron nupcias, y que se sujetaron bajo el régimen patrimonial de separación de bienes; sin embargo, no acredita que la impetrante sea propietaria del inmueble señalado. Finalmente, respecto a las copias simples de la promoción signada por el licenciado ***, y el acuerdo que le recayó a dicho escrito; solamente se acredita el acto reclamado en el sentido de que se ordenó a la actora y actuario que se constituyeran al domicilio ubicado en ***, en esta ciudad, y se le requiriera de pago al demandado Gustavo Adolfo Pardo Casas, en caso de no pagara el adeudo o no acreditara estar al corriente en el pago de las pensiones alimenticias, se le permita primero al deudor señalar bienes a fin de que con embargo precautorio de los mismos garantizará el pago condenado, en caso de que no señalara bienes o lo hiciere de forma insuficiente, entonces el derecho de designar bienes para su embargo sería de la actora; sin embargo, con tales pruebas no acredita el interés jurídico, sino con que estas únicamente acredita el acto reclamado consistente en el dictado del referido acuerdo en la controversia judicial que como se indicó es totalmente ajena a la Litis. Por tal motivo, las documentales exhibidas por la parte quejosa resultan insuficientes para tener por acreditado el título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer respecto del bien inmueble ubicado en calle ***, en esta ciudad, pues -se insiste- las referidas pruebas resultan insuficientes para acreditar el título de propiedad respecto de dicho bien. En ese sentido, si se parte de la premisa que el peticionario del amparo debe acreditar su interés jurídico respecto del bien inmueble del que aduce ser propietario, en el caso en concreto, no lo hizo, puesto que no demostró la existencia de un título que genere el derecho a poseer. En todo caso, con las pruebas ofrecidas lo único que acredita la quejosa es una simple detentación del inmueble donde se indicó se requeriría de pago al deudor en el juicio principal. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.4o.C.110C, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a página 2291, Tomo XXV, Enero de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Civil, registro 173516, que dice: "POSEEDOR Y OCUPANTE DE UN INMUEBLE. SUS DIFERENCIAS PARA EFECTOS DEL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE OSTENTAN COMO TERCEROS EXTRAÑOS AL JUICIO CIVIL. Para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer; de manera que el quejoso tenga una base objetiva que, fundada y razonablemente, produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate y no tener el carácter de simple detentador material del inmueble, en virtud de que esa no es la posesión que protege el artículo 14 constitucional; entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. En esas condiciones, no debe confundirse al poseedor de un inmueble con su simple ocupante, pues mientras que el primero ejerce un poder de hecho al amparo de un título que define la calidad de su posesión, originaria o derivada; el segundo, esto es, el ocupante simplemente es la persona que habita el inmueble que carece de título, ya que depende de quien ejerce la posesión." Por tal motivo, se concluye que la peticionaria del amparo omitió demostrar ser titular de un derecho subjetivo vigente, derivado de una norma objetiva, a saber, contar con la calidad de propietaria o poseedor del inmueble ubicado en calle ***, en esta ciudad, el cual fue materia del juicio subyacente, para requerir de pago al deudor. A mayor abundamiento, conviene señalar que la sola calidad de poseedor respecto del bien raíz, torna improcedente el juicio de amparo que nos ocupa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 1/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada con el número 187733, publicada en la página 5, del Tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Civil, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." De ahí que, la quejosa *** no tuvo la calidad de parte dentro del expediente de divorcio de origen, ni tampoco se afectaron sus derechos sustantivos, con la ejecución de esa controversia judicial, por lo que es evidente que la substanciación de la controversia de origen, no le causa afectación alguna a sus derechos fundamentales, al ser ajena a la contienda judicial de la cual emanan los actos que reclama, de ahí que la impetrante de amparo tiene la calidad de tercera extraño al juicio a que se refiere el artículo 107, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tal motivo, lo procedente es SOBRESEER en el juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con la fracción XII del artículo 61, vinculada con la diversa I del numeral 5 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no haber acreditado la parte quejosa el interés jurídico con el que acudió a instar el presente juicio de amparo. Al haberse decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo por lo que hace al acto reclamado de la autoridad ordenadora, igual pronunciamiento debe hacerse respecto de la autoridad ejecutora, pues no se reclaman por vicios propios. Sirve de apoyo a dicha consideración, la jurisprudencia número 647, sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito y que se puede consultar en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, séptima época, página 286, con registro 253622, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución.". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ***, en contra del acto reclamado a las autoridades responsables, Juez del Juzgado Familiar y Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Unidad de Notificación y Ejecución, ambos del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, por los motivos y razones expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma la licenciada ***, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho, por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de junio de dos mil veintidós, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, y el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***, secretario que autoriza y da fe hoy, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los mismos se advierte que se encuentra señalada para el presente día, la celebración de la audiencia constitucional en el juicio en que se actúa; sin embargo, no se está en aptitud de llevarse a cabo, toda vez que por auto que antecede, se advierte que por auto de veintitrés de los actuales, se ordenó emplazar a los tercero interesadas ********** y **********. Consecuentemente, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el presente día y al efecto se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Se encomienda notificar por lista a las partes, incluyendo a las autoridades responsables, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.MGCJ/Jeam/dprr
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