Elliot Daniel Silva Cabrera
Expediente 259/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 16 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 259/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 16/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Elliot Daniel Silva Cabrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido el auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente principal Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto del acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Valoración del incidente de suspensión El incidente de suspensión, es susceptible de depuración, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del mencionado Acuerdo General, así como con la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación, por haberse concedido la suspensión definitiva solicitada, esto en un plazo de tres años. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo. Valoración de la información En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Asimismo, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese en lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público tercero interesado. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la Titular, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de febrero de dos mil veintitrés, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo, que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ********** Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que el sobreseimiento fuera de audiencia, dictado en este juicio de amparo el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, no fue notificado de forma personal a los terceros interesados, al agente del Ministerio Público que intervino en la causa penal de la cual derivaron los actos reclamados, quien tiene el carácter de tercero interesado, ni al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; lo anterior, pues se omitió ordenar expresamente la práctica de dichas notificaciones, de manera personal, en el referido auto. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso f), de la Ley de Amparo, se comisiona a la Actuaría de este Juzgado, para que realice las notificaciones personales indicadas en el párrafo que antecede. Notifíquese en lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA, EL PROVEÍDO DE VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE; Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que el sobreseimiento fuera de audiencia, dictado en este juicio de amparo el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, no fue notificado de forma personal a los terceros interesados, al agente del Ministerio Público que intervino en la causa penal de la cual derivaron los actos reclamados, quien tiene el carácter de tercero interesado, ni al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; lo anterior, pues se omitió ordenar expresamente la práctica de dichas notificaciones, de manera personal, en el referido auto. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso f), de la Ley de Amparo, se comisiona a la Actuaría de este Juzgado, para que realice las notificaciones personales indicadas en el párrafo que antecede. Notifíquese en lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de marzo de dos mil veintitrés. Vistos el estado que guardan los autos en el presente juicio de amparo, en específico de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado en el presente controvertido constitucional, es el siguiente: IV. ACTO RECLAMADO: A. ORDENADORA: LA RESOLUCIÓN EMITIDA ORALMENTE EN AUDIENCIA DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LA CAUSA PENAL ********************/2023 DEL ÍNDICE DE ASUNTOS DEL TRIBUNAL DE CONTROL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL BRAVOS DONDE LA JUEZA DE CONTROL CAMBIA LA MEDIDA CAUTELAR A PRISIÓN PREVENTIVA INJUSTIFICADAMENTE. B. EJECUTORA: LA EJECUCIÓN DEL ACTO QUE TENGA COMO FIN DAR CUMPLIMIENTO A LA RETENCIÓN ORDENADO POR LA LIC. BRISA YADIRA MERAZ MENDOZA JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, EN FUNCIONES DE JUEZ DE CONTROL, DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, INTERNANDO AL QUEJOSO EN EL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL NÚMERO 3 DE ESTA CIUDAD. Luego, de constancias que obran en el sumario se advierte que en proveído de veintidós de marzo de la anualidad en curso, se tuvo a la licenciada ********************, Defensor Público del Distrito Judicial Bravos, así como a la licenciada ********************, Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, remitiendo oficio en el que informaron, ambas, que el día quince de marzo del presente año, se aprobó el acuerdo reparatorio celebrado entre las partes ********************y los ofendidos ********************y ********************, ante el Instituto de Justicia Alternativa de este Distrito Judicial, bajo una modificación, de conformidad con el artículo 187 al 189 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese contexto, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario constitucional se evidencia una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el presente juicio; ello en virtud de que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.] Se afirma lo anterior, ya que se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este sumario constitucional; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor literal establece: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, para darle la oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. En ese tenor, se tiene que en la especie, como se dijo en líneas que anteceden, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Dicho precepto legal establece que los controvertidos constitucionales devienen improcedentes cuando el acto de autoridad que se considera lesivo de los derechos fundamentales del quejoso, cesó en sus efectos; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Sobre dicho tópico la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En ese sentido, el citado Tribunal constitucional refirió que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, expone la referida Sala del Máximo Tribunal de este país que la improcedencia que se invoca se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija; por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, concluye la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Las consideraciones expuestas tienen como sustento en la ejecutoria que originó la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, página 38, correspondiente a Junio de 1999, de rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el particular, de las documentales aportadas tanto por la licenciada ********************, Defensor Público del Distrito Judicial Bravos, y a la licenciada ********************, Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, se tiene que el quince de marzo del presente año, se aprobó el acuerdo reparatorio celebrado entre las partes ********************y los ofendidos ********************y ********************, ante el Instituto de Justicia Alternativa de este Distrito Judicial, bajo una modificación, de conformidad con el artículo 187 al 189 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego de la constancia actuarial de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, levanta por la Actuaria Judicial de la adscripción, se tiene que al constituirse en las instalaciones del Centro de Reinserción Estatal número tres, con sede en esta ciudad, esto con el fin de notificar al directo quejoso ********************, el proveído de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, dictado en los autos de este juicio de amparo, fue atendido por ********************, del área jurídica de dicho centro, quien le informó bajo protesta de decir verdad que el buscado ya no se encontraba recluido en dicho centro carcelario, pues el quince de marzo de la anualidad en curso fue puesto en libertad. En estas condiciones, la relatada cesación de efectos implica que la responsable ha dejado de afectar la esfera jurídica del peticionario de amparo, siendo patente lo innecesario que resultaría examinar su legalidad o ilegalidad; aunado a que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del justiciable que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. A mayor abundamiento, cabe precisar que el juicio de amparo solo puede promoverse si existe una afectación al interés jurídico de la parte quejosa, lo cual en el caso no acontece, esto al haberse celebrado un convenio que concluyó el juicio natural ********************/2023 (causa penal). Consecuentemente, al haberse actualizado de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, deviene incontrovertible que en el presente juicio de amparo debe sobreseerse, con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para las doce horas del tres de abril de dos mil veintitrés. Notifíquese en lista electrónica, personalmente al quejoso y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
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