Elizabeth Rodriguez Gutierrez

Expediente 1076/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1076/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
22/02/2023

Partes del expediente

  • Elizabeth Rodriguez Gutierrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1076/2022, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Además, se instruye al actuario de la adscripción, para que dé cumplimiento a la notificación encomendada por medio de la presente determinación y proceda a subirla y vincularla al expediente electrónico, así como de cualquier otra diligencia de notificación pendiente de desahogo, o de vinculación, por tanto, en el supuesto de que no se hayan practicado, inmediatamente den cumplimento a lo encomendado, ello, a fin de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos del juicio de amparo 1076/2022-V promovido por ********************; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el veintitrés del mismo mes y año en este órgano jurisdiccional, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del Juez Único de Ejecución Penal del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos con residencia en Atlacholoaya. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado y se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, por reclamarse la conducta omisiva de la autoridad que ejercen sus funciones dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y del análisis integral de la demanda, se precisa que el acto reclamado consiste en: La omisión de cumplir la resolución de trece de febrero de dos mil veintidós dictada en la audiencia de traslado de excepción involuntario, en la que ante la ilegalidad del mismo, se ordenó el regreso de la quejosa al Centro Estatal de Reinserción Social, Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Negativa que se corrobora con la constancia remitida como complemento de tal informe, consistente en un disco óptico de los índices del juzgado oficiante. Documental a las que se les confiere pleno valor probatorio de conformidad con lo que disponen los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de conformidad con el diverso 2 de la Ley de Amparo, al constituir actuaciones realizadas por la referida autoridad con motivo y en el ejercicio de sus funciones. Es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Dicho disco óptico adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; ello, conforme a lo señalado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". Resulta importante reseñar los antecedentes del asunto: El once de febrero de dos mil veintidós la quejosa fue trasladada del Centro Estatal de Reinserción Social, Atlacholoaya. Xochitepec, Morelos al Centro Federal de Readaptación Social número dieciséis, CPS Femenil, con sede en Coatlán del Río, Morelos. Según se advierte del disco óptico, en atención al oficio ********************del Director General de Reinserción Social, el trece de febrero del mismo año el Juez de Ejecución Alejandro Becerra Arroyo celebró la audiencia de traslado de excepción involuntaria, en la que se pronunció respecto al traslado de diversas personas privadas de su libertad, entre ellas la quejosa. Dicha audiencia se desarrolló como a continuación se esquematiza: Minuto Actuación 00:09:14 El juez informa que hará un pase de lista para que las personas privadas de su libertad designen defensor público o particular. 00:16:12 El Juez menciona a la quejosa, pero la misma no se encuentra en la sala de audiencias del Centro Penal Federal. 00:29:42 El Juez precisa el nombre de las personas que deberán estar en la audiencia que en ese momento se está desarrollando e indica que el resto de las procesadas deberán abandonar la sala. 00:34:35 El juez precisa que la audiencia también fue programada para la quejosa y otra dos personas ausentes y requiere a personal del centro penitenciario que las presente. 00:48:05 La quejosa se presenta en la sala de audiencias y se le toma lista. 00:53:46 Se desarrolla la audiencia con la intervención del sistema penitenciario y la defensa. 02:31:38 Se da intervención a las personas privadas de su libertad. 03:14:09 Se da el uso de la voz a la quejosa quien manifiesta: ".al igual que mis demás compañeras deseo, así como las demás lo han dicho, considere estos traslados ilegales, pero asimismo, es mi deseo quedarme aquí, eso es todo." 03:18:18 El juez señala que tiene competencia para decretar la legalidad del traslado. 03:18:42 El juez refiere que la determinación que recaiga sobre la posible ilegalidad del traslado no aplicará a la quejosa. ".en el uso de la voz que se les dio a las trasladadas privadas de libertad.********************quienes han manifestado de manera voluntaria y quienes están asesoradas por su defensor público o particular según sea el caso.pero sin embargo fue una manifestación voluntaria. manifiestan quedarse y por lo tanto al querer las mismas quedarse en dicho centro penitenciario nos estamos asemejando a la figura homóloga al artículo 50 de traslado voluntario toda vez que aunque ellas no pidieron ser trasladadas de manera voluntaria a dicho centro penitenciario, las mismas han manifestado de viva voz que pretenden quedarse en dicho centro penitenciario, por lo que respecto de estas personas privadas de la libertad no habría controversia alguna que dilucidar en la presente audiencia, por lo que la resolución que se emita en la presente audiencia no las abarcaría si fuera contraria. Es decir, si se decretará.el ilegal traslado, no les aplicaría a estas personas porque han manifestado su voluntad de quedarse en el centro penitenciario en el cual se encuentran ahora y que han sido trasladadas en un inicio de manera involuntaria, pero que han manifestado su voluntad de quedarse. Eso se les dice desde este momento, pues no habrá materia para analizar el traslado de las mismas por haber manifestado su voluntad." 04:14:36 Se determinó la ilegalidad del traslado del resto de las personas privadas de la libertad: ".el acuerdo que hoy se somete a mi consideración para el traslado realizado por vía de excepción no reúne los requisitos de traslado voluntario de excepción que se refiere el artículo 52 por todas y cada una de las consideraciones vertidas en la presente resolución, por lo que en este acto este juzgador concluye en términos de los requisitos legales antes citados declarar de ilegal el acuerdo que ordena el traslado por vía de excepción de las personas mencionadas en esta audiencia, el cual es aplicable únicamente a las que no fueron mencionadas al principio." 04:17:28 El juez ordena el reingreso de las personas cuyo traslado calificó de ilegal, supuesto en el que no se encuentra la quejosa. ".toda vez que no fueron trasladas de manera legal. tienen que ser reingresadas al centro penal de Atlacholoaya, excepto las personas que han manifestado ser su voluntad de quedarse en el centro penal federal, quienes son. ********************, que han manifestado de manera expresa quedarse en aquel centro penitenciario..." De las transcripciones se tiene que la quejosa estuvo presente en la audiencia celebrada el trece de febrero de dos mil veintidós en la que el juez de ejecución determinó que el traslado realizado por vía de excepción, sometido a su consideración, no reunió los requisitos de traslado voluntario de excepción que refiere el artículo 52 de la Ley de Ejecución Penal y por tanto declaró su ilegalidad. Sin embargo, durante el desarrollo de la audiencia el Juez también señaló que dicha determinación no abarcaría a la quejosa y a quienes manifestaron querer permanecer en el centro al que fueron trasladadas, pues respecto de ellas no había controversia que dilucidar, ya que su manifestación se asemejaba a la figura homologa de traslado voluntario contemplada en el artículo 50 de la Ley de Ejecución Penal, toda vez que si bien no pidieron su traslado, las mismas señalaron de viva voz querer quedarse. De ahí que, si en el presente asunto la quejosa reclama la omisión de devolverla a su anterior centro de reclusión, en atención a lo ordenado en resolución de trece de febrero de dos mil veintidós, lo cierto es que dicha omisión es inexistente, pues al haber manifestado su deseo de permanecer en el centro de reclusión, el juez de ejecución no calificó de ilegal su traslado sino lo homologó a un traslado voluntario, por lo que no existe determinación respecto de ella en el sentido que aduce. Es decir, respecto a la quejosa no existió una orden de retorno al centro estatal, ya que dicha orden únicamente se dio para las personas cuyo traslado fue calificado de ilegal. No pasa desapercibida la manifestación de la quejosa realizada en la razón actuarial de once de octubre de dos mil veintidós, en el sentido de "...quiero regresar a mi penal a atlacholoaya morelos ya que sería por sercania familiar asi mismo soy yo el sustento de mi familia por lo que ratifico la promoción de la demanda de amparo" (sic). No obstante, esta juzgadora se encuentra impedida para atenderla, pues lo relativo a su retorno al centro estatal no es materia del juicio de amparo; no obstante, se dejan a salvo sus derechos para hacerlos valer ante el Juez de Ejecución conforme a la Ley de Ejecución Penal. Por consiguiente, al no quedar demostrada la existencia del acto reclamado que se analiza, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por los motivos y razones expuestos en el tercer considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente a la quejosa por conducto de su asesor jurídico, en términos de la jurisprudencia 1a./J. 104/2022 (11a.). Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, fecha en que las labores del juzgado lo permitieron, quien actúa asistida de María Elena González Blas, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a trece de octubre de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial que antecede, suscrita por el Actuario adscrito a este Órgano Jurisdiccional, en la que notifica al quejoso el auto de siete de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual ratifica la promoción de la demanda de amparo; en su atención se tienen por hechas las manifestaciones que vierte la parte promovente, sin perjuicio de relacionarse al momento procesal oportuno. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se desprende que la quejosa reclama el retardo en el cumplimiento a la resolución de trece de febrero de dos mil veintidós por el Juez de Primera Instancia Especializado en Ejecución en el Estado de Morelos al referir que se calificó de ilegal su traslado del Centro Estatal de Readaptación Social "Morelos" en Atlacholoaya, siendo que actualmente se encuentra privada de la libertad en el "CPS 16 Morelos". Así, al rendir el informe justificado la responsable negó el acto reclamado al referir que en la audiencia de trece de febrero del año en curso, la quejosa manifestó expresamente lo siguiente: ".al igual que las demás compañeras deseo así como las demás lo han dicho considere estos traslados ilegales, pero asimismo, es mi deseo quedarme aquí, eso es todo." Lo anterior se corrobora con el disco versátil digital (DVD) remitido como complemento al informe, de cuya reproducción se tiene que a las 3:14:09 (tres horas, catorce minutos y nueve segundos) la quejosa expresó su deseo de quedarse en el lugar donde se encuentra recluida. En mérito de lo anterior, dado que manifestó su deseo de permanecer en el lugar donde se encuentra interna, se instruye a una de las personas Actuarias de le adscripción para que se constituya en el CPS 16 Femenil y requieran a la quejosa para que manifieste si ratifica la promoción de la demanda de amparo o en su caso desea desistirse. Para dar tiempo a lo anterior, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las once horas con diez minutos del veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, sin la asistencia de las partes. Ello en atención a que conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo no se exige la presencia de las partes lo que permite la celebración de la audiencia constitucional; lo cual incluso favorece la protección de su salud ante la emergencia sanitaria ya indicada. En caso de que alguna de las partes manifieste que requiere estar presente en el desahogo de dicha diligencia como lo establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se utilizará la videoconferencia como regla general para su desahogo, sin la presencia física de las personas en este recinto judicial; y de ser así, deberán hacerlo del conocimiento a este juzgado de manera expresa dentro del término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proporcionando un correo electrónico, para realizar las gestiones necesarias ante Dirección General de Tecnologías de la Información del Consejo de la Judicatura Federal, a través del Coordinador Técnico Administrativo de la adscripción, para que proporcione los elementos técnicos necesarios para establecer el enlace simultáneo de imágenes y sonidos y sean citadas las partes para su debido desahogo. Apercibido que de no realizar manifestación alguna se celebrará la audiencia de ley en la fecha y hora indicada, privilegiando en todo momento el trabajo a distancia. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

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