Elizabeth Vázquez Ayona
Expediente 1539/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1539/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 12/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Elizabeth Vázquez Ayona
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, doce de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1539/2017, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el nueve de febrero de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el único punto resolutivo determinó negar el amparo y protección de la justicia federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se negó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1539/2017-IV, promovido por ********************, contra actos de la Directora del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS MORELOS", con residencia en Coatlán del Río, Morelos, y otra autoridad; y RESULTADO: [1] PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el primero de septiembre de dos mil *****o Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, copias certificadas de los autos del diverso juicio de amparo ********************, del índice del Juzgado Quinto ****de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona. [27] Siendo importante destacar que el derecho a la salud, no sólo se encuentra reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también en diversos instrumentos internacionales, como lo son el artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre, en su artículo XI; y, los Principios y Buenas ****médica y al obtener un diagnostico final, el experto en la materia, indico los medicamentos adecuados en los tiempos específicos, ello con el único propósito de proteger, restaurar y garantizar su salud; esto en concordancia con el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de ***ormación normal, Metraplasia+Reepitelizacion/inflamación; por lo que se le prescribió un tratamiento médico cervico-vaginitis, mismo que le fue entregado ese día, tal y como consta en la hoja de control de medicamento en estancia por ppl (foja 54). [38] Por otra parte, del estudio colposcopia subsecuente de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, también se advierte que la quejosa fue programada para un control colposcopico dentro del plazo de cuatro meses, y se encuentra en la lista de espera para programación de cirugía uroginecolgogica tot. [39] Asimismo, de las copias certificadas del expediente clínico de la quejosa, se advierte que las autoridades señaladas como responsables le han brindado atención médica antes como después de la presentación de la demanda, ya que obra las notas médicas de diez de febrero de dos mil diecisiete (foja 79), ocho de febrero de dos mil diecisiete (foja 80), así como el estudio colposcopico de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete (foja 82); así como las ya narradas. [40] En ese contexto, si bien la quejosa sostiene en su demanda reclama ********************, lo cierto es que, los médicos que han tratado a la quejosa dentro de las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social Número 16, no consideró que se presentara ante los especialistas y no consideraron necesarios realizar algún estudio especial, ya que como ha quedado demostrado en los párrafos que anteceden, se le ha proporcionado la atención médica necesaria y los medicamentos correspondientes, para atender a las enfermedades que presenta la impetrante de amparo; por lo que no puede imponerse a capricho de la interna, que le sea concedida algún tratamiento en específico, sino que debe ser coherente con lo que se ha dictaminado por el médico general, respetando su derecho humano a la salud en armonía con la regulación normativa que exige el centro de reclusión en el que se encuentra la quejosa. [41] En lo conducente, se orienta lo anterior de la tesis que emitió el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la Décima Época, con registro 2012470, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, viernes 02 de septiembre de 2016 10:11 h, en Materia Constitucional, Tesis I.8o.A.2 CS (10a.), que dispone: "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. SU INSTRUMENTACIÓN RESPECTO DE INDIVIDUOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD, DEBE OPERAR EN EL CONTEXTO REGULATORIO DE LOS CENTROS DE RECLUSIÓN EN DONDE SE ENCUENTREN. De conformidad con el artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección de la salud, esto es, sin importar su situación personal o jurídica. En estas condiciones, la privación de la libertad de un individuo no es una circunstancia que justifique el desconocimiento de la oportunidad con la que cuenta, como cualquier persona, para la atención eficiente de su salud, aspecto que impone a la autoridad penitenciaria la obligación de emplear todos los recursos a su alcance para garantizar el bienestar y preservar la vida de los internos; sin embargo, en estos casos, no debe pasarse por alto que dicha prerrogativa se encuentra inserta en un marco normativo más amplio, cuya base constitucional deriva del artículo 18 de la Carta Magna, el cual tiene como finalidad esencial la reinserción de los procesados, así como la estabilidad de la seguridad pública. Por tanto, la instrumentación del derecho mencionado debe operar en el contexto regulatorio de los centros de reclusión en donde se encuentren, el cual admite las previsiones que, por razón de seguridad, adopten los órganos del Estado. Esta conclusión es congruente con el primer precepto constitucional citado, al determinar que la protección a la salud se desarrollará conforme a las bases y modalidades que defina la normativa aplicable, así como con lo establecido en los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, adoptados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en la Resolución 45/111, de 14 de diciembre de 1990, en cuanto a que si bien los individuos sujetos a encarcelamiento gozan de todos los derechos reconocidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos, su implementación debe ajustarse a las condiciones que sean evidentemente necesarias para atender su situación de reclusión." [42] En ese sentido es inconcuso que las autoridades responsables no han trasgredido en modo alguno el derecho fundamental a la salud de la quejosa reconocido en el artículo 4º Constitucional, y que le han brindado una adecuada atención médica general y especializada en estricto apego a los numerales 9, 34, 76, 78, 79 y 80 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. [43] En tales condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación la Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, en contra de los actos que reclamó de la Directora General y Encargada del Departamento de Servicios Médicos, ambas del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS-FEMINIL MORELOS". [44] SEXTO. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Protección de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suprímase en la versión pública la información legalmente considerada como reservada y confidencial, y de conformidad con el artículo segundo transitorio de ese ordenamiento, suprímanse los datos personales, en términos del artículo 8 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en virtud de que se estima que sigue vigente la porción normativa del artículo 8 de la ley abrogada así como el precepto del reglamento en tanto que no existe normatividad en materia de datos personales, lo anterior, a efecto de que estén a disposición del público para su consulta en la página oficial de internet del Poder Judicial de la Federación, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia. Por lo expuesto y fundado; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, respecto del acto reclamado a la Directora General y la Encargada del Departamento de Servicios Médicos, todas del Centro Federal de Readaptación Social número 16 CPS Femenil Morelos, consistentes en falta de atención médica respecto de atención médica general y especializada en odontológica, por los motivos expuestos y para los efectos precisados en el considerando sexto. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, hasta el día de hoy veintidós de enero de dos mil dieciocho, que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de diez de octubre de dos mil diecisiete, a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento del informe justificado rendido por las autoridades responsables, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo En consecuencia, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por licencia del titular, concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/3765/2017 de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, quien actúa ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de octubre de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual, en atención al requerimiento de diez de octubre actual remite copia certificada del oficio JE4/1091/2017, por el cual solicita el informe de autoridad al Ayuntamiento de Temixco, Morelos referente al expediente laboral ********************, con su respectivo acuse de notificación; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. En tales condiciones, se advierte que la autoridad responsable se encuentra realizando actos tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, requiérase a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de CINCO DÍAS siguientes en que se notifique el presente acuerdo, remita copia certificada del acuerdo recaído al informe rendido por el Ayuntamiento de Temixco, Morelos; asimismo, haga del conocimiento a este órgano jurisdiccional qué pruebas están pendientes por desahogarse en el juicio natural. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...
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