Elizabeth Palafox Gallardo

Expediente 543/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 14 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
543/2017
Año
2017
Actuaciones
14
Última actuación
25/05/2017

Partes del expediente

  • Elizabeth Palafox Gallardo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 543/2017-I, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia en el juicio de amparo el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. En ese orden de ideas, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    ...ÚNICO. SE SOBRESEE...

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de abril de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio signado por el Director General de Ejecución de Medidas Adolescentes del Estado de Morelos, por virtud del cual remite diversas copias certificadas de las cuales se advierte que mediante oficio número 1346/2016, signado por el Juez de Control del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, solicitó a la citada autoridad el cumplimiento a la resolución emitida en audiencia intermedia de fecha cuatro de agosto de dos mil dieciséis, a efecto de girar las instrucciones correspondientes a dejar en inmediata libertad, al adolescente Hugo Isaac Rafaela Almazán únicamente en relación a la carpeta judicial CJ-084/2016 en razón de haberse modificado la medida cautelar de prisión preventiva impuesta en su momento al adolescente; atento a lo anterior, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta los efectos legales procedentes. En atención a lo anterior; y, tomando en consideración las constancias que obran en autos de las cuales se advierte lo siguiente: Acto reclamado. La parte quejosa en esencia señaló como actos reclamados lo siguiente: ".De todas las autoridades la INCOMUNICACIÓN de la que esta siendo objeto el directo quejoso en el Centro de Ejecución de Medidas Preventivas de la Libertad para Adolescentes (Cempla) ubicado en el poblado de Alpuyeca, Xochitepec, Morelos." (Sic) Sobreseimiento fuera de audiencia. Luego, de las constancias de cuenta, remitidas por la autoridad responsable se advierte que el cuatro de agosto de dos mil dieciséis, el quejoso Hugo Isaac Rafaela Almazán, egresó del Centro de Ejecución de Medidas Preventivas de la Libertad para Adolescentes (Cempla), circunstancia que en esencia, se acredita mediante la Boleta de Egreso remitida por la referida autoridad. Sentado lo anterior, resulta incuestionable que ha cambiado la situación jurídica reclamada por el promovente, ya que al referir como acto atribuido a las autoridades responsables la incomunicación en el Centro de Ejecución de Medidas Preventivas de la Libertad para Adolescentes (Cempla) ubicado en el poblado de Alpuyeca, Xochitepec, Morelos y al haber sido puesto en libertad, deviene improcedente el juicio de garantías. Esto es así, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del ordinal 61, de la Ley de Amparo, que dice: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." Hipótesis que se actualiza en el presente caso, en virtud de que al solicitar el Juez de Control del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, al Director General de Ejecución de Medidas Adolescentes del Estado de Morelos, el cumplimiento a la resolución emitida en audiencia intermedia de fecha cuatro de agosto de dos mil dieciséis, a efecto de girar las instrucciones correspondientes para dejar en inmediata libertad al entonces adolescente Hugo Isaac Rafaela Almazán únicamente en relación a la carpeta judicial CJ-084/2016, en razón de haberse modificado la medida cautelar de prisión preventiva impuesta en su momento al mismo y en fecha cuatro de agosto de dos mil dieciséis colocarlo en inmediata libertad, se dio un cambio de situación jurídica en relación con el acto reclamado consistente en la incomunicación y las consecuencias de la misma, lo que significa que ya pasó la oportunidad legal para estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, pues al hacerlo se estaría decidiendo sobre una situación diversa a aquella que guardaba el acto reclamado por el promovente, motivo suficiente para considerar que las posibles violaciones alegadas se han consumado de forma irreparable y que no podría emitirse decisión de este juicio sin pasar por alto la nueva situación que guarda. Tiene aplicación al caso, por analogía jurídica, la tesis aislada II.2o.P.20 P (10a.) de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, diciembre de dos mil doce, página mil doscientos ochenta y siete, que a la letra dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). En el sistema penal tradicional la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión, cuando ésta es señalada como acto reclamado, generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hacía improcedente el juicio de garantías. Ahora, en el actual sistema de justicia penal de corte acusatorio acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencia- los mismos efectos que el de formal prisión; por ejemplo, según el caso y al menos indirectamente restringe la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear, destacándose que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción y numeral citados." De igual forma, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, Junio de dos mil ocho, página doscientos setenta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación la jurisprudencia identificada con el número 2ª./J/.10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo antes narrado, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta y tres minutos del ocho de mayo de dos mil diecisiete. Aunado a lo anterior, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI , de la Ley de Amparo. En efecto, dicha causal se actualiza cuando con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, por virtud de una actuación posterior se destruyen todos los efectos y consecuencias del acto reclamado total e incondicionalmente, de modo que las cosas vuelven al estado que tenían antes de él, como si éste nunca hubiera invadido la esfera jurídica del quejoso o, habiéndola interrumpido, no deja ninguna huella. Atento a esas consideraciones, los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando, por alguna causa, el acto reclamado se deroga o revoca y da lugar a una situación idéntica a la que existía con anterioridad a su comisión o cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una nueva situación jurídica que definitivamente destruye a la que motivó la promoción del amparo y restituye al quejoso en el goce del derecho afectado. Tales razones justifican la improcedencia del amparo, porque resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá y que además no dejó ninguna huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el eventual otorgamiento de la protección de la justicia federal. Similares razonamientos sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a./J. 59/99 , de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sobre la base de esas consideraciones, si en el caso, el quejoso se duele de la incomunicación de la que, dice, fue objeto en las instalaciones del Centro de Ejecución de Medidas Preventivas de la Libertad para Adolescentes, pero de autos se advierte que el cuatro de agosto de dos mil dieciséis egresó de dicho centro, como anteriormente se evidenció, por ende, está claro que han cesado los efectos del acto reclamado. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Enrique Encarnación Martínez Sinco, que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 543/2017-I y, I.- FIJACIÓN CLARA Y PRECISA DEL ACTO RECLAMADO. Mediante escrito presentado el cuatro de abril de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, compareció ELIZABETH PALAFOX GALLARDO, señalando como acto reclamado del FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS y otras autoridades, la orden de aprehensión, girada en su contra y su ejecución. II.- VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS ADMITIDAS Y DESAHOGADAS. En este incidente de suspensión, las partes no aportaron medios probatorios. III.- CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PARA NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Las autoridades responsables DIRECTOR DE OPERACIONES TACTICAS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, DIRECTORA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO (denominación correcta a la señalada por el quejoso) y COORDINADORA DE LA FÍSCALÍA DE AGENCIAS FORÁNEAS ZONA METROPOLITANA (denominación correcta a la señalada por el quejoso), al rendir su informe previo negaron el acto reclamado, por tanto, al no haber sido desvirtuada dicha negativa con medio probatorio alguno por la parte quejosa se impone negar la presente medida cautelar que se solicita. Lo anterior tiene apoyo en la tesis aislada visible en el Semanario Judicial de la Federación I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de mil novecientos noventa y ocho, página 356, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, cuyo rubro y texto son de la literalidad siguiente: "INFORME PREVIO. El informe de la autoridad señalada como responsable que niega la existencia del acto reclamado, debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra la que en él se afirma y por tanto, debe negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, no desvirtuado en autos." Por lo expuesto y fundado, con apoyo, en los artículos 125, 138, 140, 143 y 146 de la Ley de Amparo se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA la suspensión definitiva solicitada por ELIZABETH PALAFOX GALLARDO, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta resolución. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.

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