Elizabeth Ruiz Aguirre
Expediente 1585/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1585/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 07/01/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Elizabeth Ruiz Aguirre
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
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Cuernavaca, Morelos, siete de enero de dos mil dieciséis. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1585/2015-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el diez de diciembre de dos mil quince, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
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Cuernavaca, Morelos, diez de diciembre de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio signado por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Décimo Octavo Circuito, mediante el cual remite el oficio que signa el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, así como el juicio de amparo 1585/2015 III promovido por ELIZABETH RUIZ AGUIRRE, constante de doscientos trece fojas útiles que contiene la sentencia terminada de engrosar el siete de diciembre de dos mil quince, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo; en tales condiciones, con fundamento en el punto quinto, del Acuerdo General 10/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Acúsese recibo correspondiente. Asimismo, se ordena glosar el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos de este juicio al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, para los efectos legales a que haya lugar...sentencia que en lo conducente establece: ...PRIMERO. Se sobresee...SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege..
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PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del siete de diciembre del dos mil quince, que en lo conducente dice: SENTENCIA DEFINITIVA V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 1585/2015-III, promovido por Elizabeth Ruiz Aguirre, contra las autoridades y respecto de los actos que más adelante se precisan, por considerarlos violatorios del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, I. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO 1. Mediante escrito presentado el veinte de agosto de dos mil quince en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, Elizabeth Ruiz Aguirre, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y respecto de los actos siguientes: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: 1. Congreso del Estado de Morelos. 2. Gobernador Constitucional del Estado de Morelos. 3. Secretario de Gobierno del Estado de Morelos. 4. Director del Periódico Oficial 'Tierra y Libertad' del Estado de Morelos. 5. Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Morelos. 6. Sub Secretario de Ingresos dependiente de la Secretaría de Finanzas. 7. Director del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos. 8. H. Ayuntamiento Municipal del Municipio de Cuernavaca, Morelos. 9. Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 10. Notario Público número Nueve y Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal. IV. LEY O ACTO RECLAMADO. A) De las autoridades responsables ordenadoras se reclama: 1. El contenido del artículo 77, fracción II, de la Ley de Hacienda del Estado de Morelos, expedida por la cuadragésima novena legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos y publicada en el Periódico Oficial 'Tierra y Libertad' el 05 de julio del año 2006, por el Director del mismo, toda vez que se considera contrario al contenido del artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, como se expondrá en líneas subsecuentes. 2. El contenido del artículo 77, fracción IV, de la Ley de Hacienda del Estado de Morelos, expedida por la cuadragésima novena legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos y publicada en el Periódico Oficial 'Tierra y Libertad' el 05 de julio del año 2006, por el Director del mismo, toda vez que se considera contrario al contenido del artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, como se expondrá en líneas subsecuentes. 3. El contenido del artículo 62 de la Ley de Hacienda del Estado de Morelos, expedida por la cuadragésima novena legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos y publicada en el Periódico Oficial 'Tierra y Libertad' el 05 de julio del año 2006, por el Director del mismo, toda vez que se considera contrario al contenido del artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, como se expondrá en líneas subsecuentes. 4. El contenido del artículo 94 ter de la Ley de Hacienda del Estado de Morelos, expedida por la cuadragésima novena legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos y publicada en el Periódico Oficial 'Tierra y Libertad' el 05 de julio del año 2006, por el Director del mismo, toda vez que se considera contrario al contenido del artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, como se expondrá en líneas subsecuentes. 5. El contenido del artículo 119 de la Ley de Hacienda del Estado de Morelos, expedida por la cuadragésima novena legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos y publicada en el Periódico Oficial 'Tierra y Libertad' el 05 de julio del año 2006, por el Director del mismo, toda vez que se considera contrario al contenido del artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, como se expondrá en líneas subsecuentes. 6. El contenido del artículo 120 de la Ley de Hacienda del Estado de Morelos, expedida por la cuadragésima novena legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos y publicada en el Periódico Oficial 'Tierra y Libertad' el 05 de julio del año 2006, por el Director del mismo, toda vez que se considera contrario al contenido del artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, como se expondrá en líneas subsecuentes. 7. El contenido del artículo 121 de la Ley de Hacienda del Estado de Morelos, expedida por la cuadragésima novena legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos y publicada en el Periódico Oficial 'Tierra y Libertad' el 05 de julio del año 2006, por el Director del mismo, toda vez que se considera contrario al contenido del artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, como se expondrá en líneas subsecuentes. 8. El contenido del artículo 122 de la Ley de Hacienda del Estado de Morelos, expedida por la cuadragésima novena legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos y publicada en el Periódico Oficial 'Tierra y Libertad' el 05 de julio del año 2006, por el Director del mismo, toda vez que se considera contrario al contenido del artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, como se expondrá en líneas subsecuentes. 9. El contenido del artículo 123 de la Ley de Hacienda del Estado de Morelos, expedida por la cuadragésima novena legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos y publicada en el Periódico Oficial 'Tierra y Libertad' el 05 de julio del año 2006, por el Director del mismo, toda vez que se considera contrario al contenido del artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, como se expondrá en líneas subsecuentes. 10. El contenido del artículo 124 de la Ley de Hacienda del Estado de Morelos, expedida por la cuadragésima novena legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos y publicada en el Periódico Oficial 'Tierra y Libertad' el 05 de julio del año 2006, por el Director del mismo, toda vez que se considera contrario al contenido del artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, como se expondrá en líneas subsecuentes. 11. El contenido del artículo 125 de la Ley de Hacienda del Estado de Morelos, expedida por la cuadragésima novena legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos y publicada en el Periódico Oficial 'Tierra y Libertad' el 05 de julio del año 2006, por el Director del mismo, toda vez que se considera contrario al contenido del artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, como se expondrá en líneas subsecuentes. B) De las autoridades responsables ejecutoras se reclama, el ámbito de competencia que le corresponda a cada una: 1. La aplicación del artículo 77, fracción II, de la Ley de Hacienda del Estado de Morelos, expedida por la cuadragésima novena legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos y publicada en el Periódico Oficial 'Tierra y Libertad' el 05 de julio del año 2006, por el Director del mismo, toda vez que se considera contrario al contenido del artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, como se expondrá en líneas subsecuentes. 2. Todos los actos de aplicación que pretendan darle en adelante al artículo citado de dicha ley. 3. El cobro de derechos realizados con motivo de la aplicación de los artículos 77, fracción II, 62, 94 ter, 94 ter 1 al ter 11, 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125 de la Ley de Hacienda del Estado de Morelos, por la cantidad de $19,100.00 (veintiseisdiecinueve (sic) mil cien pesos 00/100 m.n.) retenidos por el Notario Público número Dos y Once Notarias asociadas s.c. de Jojutla, Morelos, con fecha 30 de julio de la presente anualidad, relativo al pago de derechos de registro de la escritura pública 283, 363, la cual contiene la compraventa de un inmueble a mi favor, según la retención que se hizo con fecha 30 de julio del presente año. 4. La aplicación del artículo 77, fracción IV, de la Ley de Hacienda del Estado de Morelos, expedida por la cuadragésima novena legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos y publicada en el Periódico Oficial 'Tierra y Libertad' el 05 de julio del año 2006, por el Director del mismo, toda vez que se considera contrario al contenido del artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, como se expondrá en líneas subsecuentes. 5. Todos los actos de aplicación que pretendan darle en adelante a los artículos citados en dicha ley. 6. El cobro de derechos realizados con motivo de la aplicación del artículo 77, fracción IV, 62, 94 ter, 94 ter 1 al ter 11, 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125 de la Ley de Hacienda del Estado de Morelos, retenidos por el Notario Público número Dos y Once Notarias asociadas s.c. de Jojutla, Morelos, con fecha 30 de julio de la presente anualidad, relativo al pago de derechos de registro de la escritura pública 283, 363, la cual contiene el contrato de apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria." 2. Por auto del veinticuatro de agosto de dos mil quince, el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez, a quien por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda en estudio la admitió a trámite, radicándola con el número 1585/2015-III; además, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Juzgado la intervención legal que le compete, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 19 a 22). 3. Por oficio del veinticinco de agosto posterior el Notario Público número Nueve de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos expresó que él no había expedido la escritura pública 283, 363, además de que no había dado fe de algún acto celebrado por la quejosa, asimismo, hizo notar que el recibo que la promovente había adjuntado con su demanda de amparo fue expedido por las Notarías Dos y Once Asociadas s.c. (foja 40). 4. Tomando en cuenta lo anterior, mediante auto del veintiocho de agosto de la presente anualidad, entre otras cosas, se requirió a la quejosa para que en el plazo de tres días manifestara si era su deseo señalar como autoridades responsables a las Notarías Dos y Once de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos (fojas 41 a 42). 5. En cumplimiento a lo requerido, por escrito presentado el ocho de septiembre de dos mil quince, la quejosa en lo que aquí interesa expresó (foja 83): "(.) Que por medio del presente escrito vengo a dar contestación a la vista que me fue notificada y bajo protesta de decir verdad vengo a señalar como autoridad responsables a las Notarías Dos y Once Notarias Asociadas S.C. de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, ubicada el Jojutla 1, esquinan Rio Balsas, colonia Vista Hermosa, Cuernavaca, Morelos. (.)." 6. Como consecuencia de lo transcrito, por acuerdo del veintitrés de septiembre siguiente, el Juez de Distrito Auxiliado, entre otras cosas, tuvo como nuevas autoridades responsables a los Notarios Públicos Dos y Once de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, por lo que les solicitó su informe justificado y ordenó notificar dicha circunstancia al Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción (fojas 97 a 98). 7. Finalmente, previos diferimientos, la audiencia constitucional tuvo verificativo a las diez horas con trece minutos del tres de noviembre de dos mil quince (foja 180). 8. En cumplimiento a los Acuerdos Generales 10/2008 por el que se crea el Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Estado de Puebla, y los órganos jurisdiccionales que lo integrarán; y 3/2013, punto quinto, inciso 2, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Distritos y Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados el catorce de abril de dos mil ocho y el quince de febrero de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, respectivamente; así como al oficio STCCNO/119/2015, signado por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el órgano jurisdiccional al que se apoyará; el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, remitió los autos del juicio de amparo en que se actúa, a fin de dictar la resolución que en derecho corresponda, los cuales fueron recibidos el trece de noviembre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en esta ciudad, y en esa propia fecha en este órgano federal. 9. Mediante acuerdo del trece de noviembre de dos mil quince, se tuvieron por recibidos los autos que conforman el citado juicio de amparo 1585/2015-III; se ordenó radicar el asunto en este órgano auxiliar con el número electrónico 513/2015; y dictar en su momento la sentencia que en derecho corresponda. II. COMPETENCIA 10. El Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Estado de Puebla, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los Acuerdos Generales 10/2008, por el que se crea el Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Estado de Puebla, así como los órganos jurisdiccionales que lo integrarán; y 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Distritos y Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como con el oficio STCCNO/119/2015, del diecinueve de enero de dos mil quince, signado por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. III. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS 11. Del estudio integral de la demanda de amparo, su ampliación y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo , se precisan como actos reclamados los siguientes: Del Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos, dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones, la aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación de los artículos 62 y 77, fracciones II y IV, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, así como de los diversos 94 ter a 94 ter-11 y 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. Del Secretario de Hacienda, Subsecretario de Ingresos y Director General del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, todos del Estado de Morelos -en sus denominaciones correctas-, la aplicación de los artículos 62 y 77, fracciones II y IV, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, derivado del pago de derechos por la inscripción en el Registro Público de la Propiedad a que se refiere la escritura número 283,363. Del Ayuntamiento y Tesorero, ambos del municipio de Cuernavaca, Estado de Morelos, la aplicación de los artículos 94 ter a 94 ter-11 y 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, derivado del pago del impuesto sobre la adquisiciones bienes inmuebles y del impuesto adicional municipal por la compraventa a que se refiere la escritura número 283,363. De los Notarios Públicos Dos, Once y Nueve de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, la retención de las contribuciones previstas en los artículos que anteceden. IV. INEXISTENCIA RESPECTO DE CIERTOS ACTOS RECLAMADOS 12. Ante todo, resulta pertinente destacar que la interpretación sistemática de los artículos 1°, fracción I, 63, fracción IV, y 75 de la Ley de Amparo, revela que el juicio de garantías es procedente contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, por lo que antes de estudiar otras cuestiones, el juzgador de amparo debe analizar el acervo probatorio y determinar oficiosamente si con él se acredita o no la existencia de los actos reclamados, pues sólo en caso de que así sea, podrá proceder al estudio de las causas de improcedencia respecto del caso concreto y, eventualmente, del fondo del asunto, tal como lo corrobora la tesis aislada CXLVII/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 439 del tomo XXVI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a octubre de 2007 de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. LA OMISIÓN DEL JUZGADOR DE AMPARO DE PRONUNCIARSE SOBRE SU EXISTENCIA, DEBE REPARARLA OFICIOSAMENTE EL TRIBUNAL REVISOR. De los artículos 74, fracción IV, 77, fracciones I y II, y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador de garantías apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. En ese tenor, ante la omisión de realizar ese pronunciamiento en la sentencia recurrida, el tribunal revisor debe subsanarla -aun cuando no exista agravio alguno en tal sentido- y emitir una determinación al respecto, porque no sería jurídicamente congruente abordar en sede de revisión causas de improcedencia o el fondo del asunto si no está probada la existencia de los actos reclamados en el juicio de amparo." 13. Precisado lo anterior, deben tenerse por inexistentes los actos reclamados a los Titulares de la Secretaría de Hacienda y de la Subsecretaría de Ingresos -consistentes en la aplicación del artículo 77, fracción IV, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos-, al Director General del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales -consistente en la aplicación de los artículos 62 y 77, fracciones II y IV, de la legislación referida-, así como al Ayuntamiento y Tesorero, ambos del municipio de Cuernavaca -consistentes en la aplicación de los artículos 94 ter a 94 ter-11 y 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado en comento-, todos del Estado de Morelos, dado que así lo manifestaron al rendir su respectivo informe justificado (fojas 44 a 47, 50 a 51, 74 a 78 y 162 a 171), sin que la parte quejosa hubiera aportado medios de convicción -testimonios o escritos- tendentes a desvirtuar la negativa de las referidas autoridades. 14. En efecto, la quejosa omitió aportar pruebas tendentes a desvirtuar dicha negativa, donde constara fehacientemente que las autoridades en comento hubieren emitido algún acto a través del cual aplicaran las porciones normativas mencionadas; de ahí que no es posible tener por ciertos los aludidos actos de aplicación reclamados, ante su omisión de aportar pruebas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para sustentar tal afirmación, toda vez que la carga de la prueba ante la negativa del acto reclamado corre a cargo de la parte quejosa. 15. Sustentan lo anterior, por identidad de razón jurídica, los siguientes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia ley." (Quinta Época, Registro: 324127, Instancia: Segunda Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, volumen LXXIX, Materia(s): Común, Página: 6673.) "AMPARO IMPROCEDENTE. Si la autoridad responsable, en su informe con justificación, niega el acto reclamado, que se hace consistir en que la misma trata de privar de su libertad al ocurrente, tal acto debe estimarse inexistente, si no aparece que el mismo se hubiera realizado y si el quejoso no aporta prueba alguna conducente a dejarlo establecido; operándose, en consecuencia, la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." (Quinta Época, Registro: 308576, Instancia: Primera Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, volumen LXXII, Materia(s): Común, Página: 2070.) 16. Asimismo, es relevante, en lo conducente, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 56, tomo III, segunda parte - 1, enero a junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." 17. Por otra parte, también debe tenerse por inexistente la aplicación respecto del artículo 62 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, consistente en el pago del impuesto adicional derivado de los derechos contemplados en el artículo 77, fracciones II y IV, de la legislación en comento, atribuida a los Titulares de la Secretaría de Hacienda y de la Subsecretaría de Ingresos del Estado de Morelos, toda vez que si bien al rendir su informe justificado omitieron pronunciarse acerca de su certeza, de las constancias que obran en el presente juicio de amparo no se advierte su aplicación. 18. Asimismo, también deben tenerse por inexistentes los actos reclamados a los Notarios Públicos Nueve y Once de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, pues si bien el primero de ellos no se pronunció acerca de su certeza y el segundo omitió rendir su informe justificado, lo cierto es que de la lectura de la escritura pública 283,363, se advierte que la retención de las contribuciones reclamadas la efectuó el Notario Público número Dos de la demarcación citada (fojas 118 a 122). 19. De igual manera, debe tenerse por inexistente el acto que se atribuye al Notario Público número Dos de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, consistente en la aplicación de los artículos 62 y 77, fracción IV, de la Ley General de Hacienda del Estado en comento, pues a pesar de que omitió pronunciarse acerca de su certeza, de las constancias que obran en autos no se advierte que a la parte quejosa le hubieren sido aplicados dichos preceptos legales. V. EXISTENCIA DE LOS RESTANTES ACTOS RECLAMADOS 20. Son ciertos los restantes actos reclamados al Congreso (fojas 54 a 71), Gobernador (foja 38), Titulares de la Secretaría de Hacienda y de la Subsecretaría de Ingresos -únicamente respecto a la aplicación del artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos- (fojas 44 a 47), Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad"-por ministerio de ley- (foja 39), todos del Estado de Morelos, dado que al rendir su respectivo informe justificado aceptaron su existencia; por tanto, se tienen plenamente demostrados. 21. No se soslaya que el Congreso responsable fue omiso en pronunciarse respecto al proceso legislativo del artículo 62 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos; sin embargo, ello no es obstáculo para tenerlo por cierto, dado que su existencia constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, en tanto se trata de una disposición de carácter general publicada en el periódico oficial del Estado. 22. Finalmente, también deben tenerse por ciertos los restantes actos reclamados al Notario Público número Dos de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, pues si bien no se pronunció acerca de su existencia, hizo manifestaciones que evidencian su certeza. VI. ESTUDIO DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA -FUNDADAS-. 23. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto , ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Ausencia de conceptos de violación respecto del refrendo y publicación de la Ley General de Hacienda y la Ley General de Hacienda Municipal, ambas del Estado de Morelos. 24. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo se aprecia que la parte quejosa señaló como actos reclamados, entre otros, el refrendo y publicación de la Ley General de Hacienda y de la Ley General de Hacienda Municipal, ambas del Estado de Morelos; sin embargo, omitió controvertir por vicios propios tales actos de autoridad, lo que constituye un requisito indispensable en términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo. 25. Al respecto, resulta oportuno recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en repetidas ocasiones, ha sostenido que el estudio de los argumentos expresados por los quejosos en el juicio de amparo no requieren ser expuestos como un silogismo jurídico, ni tienen que ser ubicados en un apartado dedicado específicamente a los conceptos de violación, sino que basta con que se exprese claramente la causa de pedir, entendida ésta como la argumentación que formulen sobre los aspectos del acto reclamado que les causan perjuicios, sin que la liberalidad en el estudio de la demanda implique de manera alguna que puedan hacer manifestaciones sin sustento en relación con la constitucionalidad del acto reclamado. 26. Sirven de sustento a lo anterior, los siguientes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo." "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." 27. Esta metodología que ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación lleva a estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no expresó conceptos de violación para controvertir por vicios propios los actos de refrendo y publicación de la Ley General de Hacienda y de la Ley General de Hacienda Municipal, ambas del Estado de Morelos. 28. Tal determinación encuentra sustento en la jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción V del artículo 116 de la Ley de Amparo, y el Juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede juzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin la existencia de conceptos de violación, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación al artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debiéndose sobreseer en el juicio y no negar el amparo." El Notario Público señalado como autoridad responsable no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. 29. Por otra parte, de oficio se advierte que respecto de los actos reclamados al Notario Público número Dos de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5, fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.). II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." 30. De los preceptos legales transcritos, se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de "autoridad" que violen los derechos humanos de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. 31. Lo anterior pone de manifiesto que el acto de la autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de derechos, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del mismo, contra leyes o actos de autoridad. 32. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las autoridades responsables son aquellos entes que con fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado; por lo cual, debe analizarse en cada caso si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica del quejoso. 33. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118, del Tomo V, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1997, que establece: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." 34. De conformidad con el criterio precedente es factible aseverar que el concepto de autoridad debe concebirse, por regla general, por exclusión de los actos de particulares, puesto que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad, no así respecto de los realizados entre gobernados. 35. Sin embargo, a raíz de la reforma a la Ley de Amparo el dos de abril de dos mil trece, se introdujo un nuevo parámetro para la impugnación de actos por esa vía constitucional, independientemente del carácter de quien produzca la violación, pues ahora se podrán controvertir actos que provengan de particulares, quienes podrán tener la calidad de autoridad responsable, siempre que realicen actos equivalentes a los de autoridad, en el ejercicio de funciones que les hayan sido conferidas por una norma general. 36. Ahora bien, para poder considerar a un particular como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, deben concurrir los siguientes requisitos: a. Que con independencia de su naturaleza formal, realice actos equivalentes a los de autoridad (dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar u omitir actos); b. Que dichos actos afecten los derechos humanos reconocidos y protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y c. Que las funciones del particular estén determinadas por una norma general. 37. Expuesto lo anterior, en el caso concreto se debe tomar en consideración que lo que se reclama al Notario Público número Dos de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos -particular señalado como autoridad responsable-, es la retención de las contribuciones reclamadas. 38. Entonces, la cuestión que se presenta como presupuesto de procedencia consiste en determinar si la citada retención, a pesar de provenir de un particular, constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. 39. Para ello, se debe atender a lo señalado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 451/2012 de su índice, en la que determinó lo siguiente: "De las disposiciones transcritas se desprende lo siguiente: (.). Que los notarios públicos pueden solicitar la inscripción de un acto del que hayan autorizado la escritura de que se trate; Que ya sea de manera física o electrónica, los notarios públicos pueden presentar la solicitud de inscripción ante el registro correspondiente y realizar el pago de los derechos que cause el acto respectivo. Que cuando se celebre algún contrato, convenio u operación que afecte derechos reales que implique la enajenación, transmisión, gravamen o cualquiera otra modalidad legal impuesta a la propiedad raíz, los notarios públicos tienen la obligación de manifestar ante la autoridad municipal en el que se ubique el bien raíz, las operaciones que realicen. Que los servicios que preste la autoridad municipal causarán derechos y los notarios tendrán el carácter de retenedores a los derechos causados por gestiones que realicen. Que el ejercicio del notariado en el Estado de Morelos, es una función de orden público, que corresponde al Estado, quien la ejercita por medio de profesionales del derecho, que obtengan la patente de notarios públicos. Que el Ejecutivo del Estado autorizará la creación y funcionamiento de las notarías, con arreglo a lo dispuesto en la misma. Que los notarios públicos no pueden recibir y conservar sumas de dinero, valores o documentos que representen numerario, con motivo de los actos o hechos en que intervengan, salvo que deban destinarlo al pago de impuestos o derechos causados por las operaciones efectuadas ante ellos. Que las enajenaciones de bienes inmuebles cuyo valor, según avalúo bancario sea mayor de treinta mil pesos y la constitución o transmisión de derechos reales estimados en más de esa suma o que garanticen un crédito por mayor cantidad que la mencionada, deberán constar en escritura pública ante notario, con excepción de las enajenaciones de bienes inmuebles, la constitución o transmisión de derechos reales y la garantía de créditos, que podrán constar en documentos privados. Con base en las anteriores disposiciones, es posible concluir que los notarios públicos tienen el carácter de auxiliares en la recaudación de los derechos por el Registro Público de la Propiedad, previstos en el artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, toda vez que están facultados para presentar la solicitud de inscripción ante el registro correspondiente y realizar el pago de los derechos que cause el acto respectivo, lo que implica que estén facultados para llevar a cabo su retención; hecho lo cual, tienen la obligación de enterarlos ante la Secretaría de Hacienda u oficinas autorizadas. Esa conclusión adquiere mayor sustento si se toma en cuenta que los notarios públicos pueden ser sancionados cuando se omita el pago de una prestación fiscal que corresponda a los actos o contratos que hagan constar en escritura pública. Así, debe concluirse que los notarios públicos son retenedores de los derechos por el Registro Público de la Propiedad que contempla del artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos." 40. Así, de la ejecutoria transcrita, se aprecia, en primer lugar, que el ejercicio del notariado en el Estado de Morelos es una función de orden público que corresponde al Estado, quien la ejercita por medio de profesionales del derecho que obtengan la patente de notarios públicos; y, en segundo lugar, que los fedatarios públicos tienen el carácter de auxiliares en la recaudación de los derechos por inscripción en el Registro Público de la Propiedad, previstos en el artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, toda vez que están facultados para presentar la solicitud de inscripción que corresponda y realizar el pago de los derechos que cause el acto respectivo, lo que implica que están facultados para llevar a cabo su retención; hecho lo cual, tienen la obligación de enterarlos ante la Secretaría de Hacienda u oficinas autorizadas. 41. Entonces, si en el caso concreto la actuación del Notario Público señalado como responsable se limitó a retener y posteriormente enterar ante la Hacienda Pública de ese Estado, las cantidades que la parte quejosa debía cubrir por concepto del pago de las contribuciones que reclama, es claro que dicha actividad no tiene las notas distintivas propias de una autoridad, pues no crea, modifica o extingue alguna situación jurídica del gobernado, sino que únicamente actúa como auxiliar de la administración pública en la efectiva recaudación de las mismas, sin tener facultades coercitivas para exigir su cobro, pues ello queda en la esfera de atribuciones de la autoridad correspondiente. 42. Por tanto, debe sostenerse que tal particular no tiene una relación de supra a subordinación con la parte quejosa, ni su actuación resulta unilateral, sino que su intervención se equipara a la de un particular que actúa como auxiliar de la autoridad recaudadora. 43. En los mismos términos se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 174/2015 y 423/2014, de las que derivaron los criterios, cuyo rubro y texto dicen: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO SON AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO EN LOS CASOS EN QUE CALCULAN, RETIENEN Y ENTERAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, PORQUE ACTÚAN COMO AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 423/2014, determinó que de acuerdo con el artículo 5, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para que un particular pueda ser llamado a juicio en calidad de autoridad responsable se requiere que el acto que se le atribuya: 1) sea equivalente a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido; 2) afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y 3) que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Sobre esa base, cuando el notario público por disposición legal calcula, retiene y entera el impuesto sobre adquisición de inmuebles, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en virtud de que no actúa de manera unilateral y obligatoria sino en cumplimiento de las disposiciones que le ordenan la realización de esos actos, de donde se entiende que actúa como auxiliar del fisco. Ello no implica desconocer que esos actos pueden ser considerados como la aplicación de una norma general para efectos de la promoción del juicio de amparo." (10ª Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, 2ª./J. 127/2015). "ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORES). AL RETENER EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA SUBCUENTA DE RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme al artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos de la fracción indicada, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general que les confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad, esto es, cuando dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Ahora bien, las AFORES que, en cumplimiento a los artículos 109, fracción X, 166 y 170, primer y tercer párrafos, de la Ley del Impuesto sobre la Renta abrogada, así como los párrafos tercero, cuarto, quinto y octavo de la Regla I.3.10.5 de la Resolución de Miscelánea Fiscal para el año 2013, retienen el impuesto sobre la renta derivado de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, no tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en tanto que no actúan de manera unilateral y con imperio en un plano de supra a subordinación con respecto a los trabajadores titulares de las subcuentas, sino como auxiliares del fisco federal y responsables solidarios del cumplimiento de la obligación a cargo de los contribuyentes." (10ª Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, 2ª/J. 112/2015). 44. Como se ve, en ambos criterios la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que los retenedores de contribuciones -independientemente de su naturaleza-, no tienen el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, toda vez que únicamente actúan como auxiliares del fisco federal. 45. En ese tenor, dado que el Notario Público número Dos de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos no tiene el carácter de autoridad para los efectos del presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio respecto de los actos que se le atribuyen consistentes en la retención de las contribuciones cuya regularidad constitucional se combate, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5, fracción II, párrafo primero, de la citada legislación. 46. En virtud de la conclusión anterior, surge entonces la necesidad de determinar si para efectos de la procedencia del juicio constitucional contra normas generales, el acto de aplicación debe necesariamente derivar de una autoridad en sentido estricto, ya que en el presente caso la aplicación de las porciones normativas impugnadas se realizó a través de la retención efectuada por el Notario Público señalado como responsable. 47. Al respecto, es oportuno precisar que el acto de aplicación de las normas cuestionadas no debe necesariamente derivar de una autoridad en sentido estricto, sino que su realización puede provenir de un particular que actúa como auxiliar de la administración pública pues, en estos casos, basta que el acto de aplicación se produzca y cause perjuicio al gobernado, para que éste esté en posibilidad de intentar el juicio de amparo, sin que incluso sea necesario llamar como responsable a quien ejecuta el acto de aplicación en su calidad de auxiliar, ya que lo importante no es quién aplica la norma general, sino que efectivamente exista su aplicación. 48. En resumen, el que se tenga como acto de aplicación al que ejecuta un particular, es sólo para efectos de la procedencia del juicio en contra de la ley impugnada, aunque tal aplicación no provenga de una autoridad para efectos del juicio de amparo, pues sostener lo contrario implicaría que en esos casos no podría promoverse la acción constitucional, a pesar de que se hubiera suscitado el acto de aplicación de la ley, y entonces el gobernado tendría que aguardar a que la autoridad correspondiente, por medio de procedimientos coercitivos, tratara de obtener el cumplimiento forzoso del acto basado en la ley, con todas las molestias y perjuicios inherentes a ello. 49. Al caso, resultan aplicables los siguientes criterios sustentados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone lo siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. LA IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS DE CARÁCTER GENERAL O DECRETOS NO REQUIERE DE UN ACTO DE AUTORIDAD. Del artículo 2o., párrafo segundo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo deriva que el juicio relativo procede contra los decretos y acuerdos de carácter general sin que se requiera que el primer acto de aplicación constituya un acto de autoridad; de ahí que la existencia de éste resulta innecesaria para que proceda el juicio contencioso administrativo, pues basta con que exista un acto de aplicación de dicha norma, el cual puede ser de una autoridad, un particular, o bien, de una autoridad actuando como particular, ya que lo importante no es quién aplica el acuerdo, sino que efectivamente sea una norma de carácter general y exista su aplicación." "LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA, POR ACTOS PROVENIENTES DE UN PARTICULAR QUE ACTÚA POR MANDATO EXPRESO DE LA LEY. La referencia que el artículo 73, fracción VI, de la Ley de Amparo, hace en cuanto a que se requiere que el acto de aplicación de leyes que por su sola expedición no causen perjuicio al quejoso, provenga de una autoridad, no debe tomarse en sentido literal; es decir, el acto de aplicación no debe necesaria y forzosamente efectuarse en forma directa por una autoridad en sentido estricto, sino que su realización puede provenir de un particular que actúa por mandato expreso de la ley. En estos casos el particular se reputa como auxiliar de la administración pública. Basta, pues, que el acto de aplicación se produzca y cause perjuicio al gobernado, para que éste esté en posibilidad de intentar el juicio de amparo, sin que sea necesario llamar como responsable al particular que ejecuta el acto de aplicación en su calidad de auxiliar de la administración pública, pues el juicio de amparo no procede en contra de actos de particulares. En resumen, el que se tenga como acto de aplicación al que ejecuta un particular, es sólo para efectos de la procedencia del juicio en contra de la ley impugnada, aunque tal aplicación no provenga de una autoridad; sostener lo contrario implicaría que en esos casos no podría promoverse el juicio de amparo, a pesar de que se había dado el acto de aplicación de la ley, sino que tuviera que esperarse, en el caso de incumplimiento del obligado, a que la autoridad, por medio de procedimientos coercitivos, tratara de obtener el cumplimiento forzoso del acto basado en la ley, con todas las molestias y perjuicios inherentes a ello. En consecuencia, sólo para efectos de la procedencia del amparo en contra de la ley, se atenderá a la fecha de aplicación de ésta cuando corresponda efectuarla a particulares, sin que sea necesario llamarlos a juicio como autoridades." "LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA, POR ACTOS PROVENIENTES DE UN PARTICULAR QUE ACTÚA POR MANDATO EXPRESO DE LA LEY. La obligación de retener un impuesto a cargo de compradores y posteriormente su entregó a las oficinas hacendarias respectivas, son deberes impuestos a terceros que corresponden a la facultad que el fisco tiene para el más eficaz control de los impuestos y hacer rápida y efectiva su recaudación; esta facultad se encuentra implícita en la fracción IV del artículo 31 constitucional, que al conceder atribuciones a la Federación para establecer contribuciones, no consigna una relación jurídica simple en la que el gobernado tenga sólo la obligación de pagar el tributo y el Estado el derecho correlativo de recaudarlo, sino que de ese precepto se deriva un complejo de derechos, obligaciones y atribuciones, que forman el contenido del derecho tributario, y entre éstas se halla la de imponer medidas eficaces para la recaudación del tributo mediante el señalamiento de obligaciones a terceros. Esta actividad, puede catalogarse como una cooperación o colaboración de los particulares en la realización de los fines del Estado. Falta de señalamiento de la autoridad responsable que aplicó los artículos 94 ter a 94 ter-11 y 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos-: 50. Al respecto, es conveniente recordar que la parte quejosa controvierte los artículos 94 ter a 94 ter-11 y 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, los cuales le fueron aplicados derivado del pago del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y su impuesto adicional, como consecuencia de la compraventa del inmueble identificado como casa número veinticinco, del "Condominio Bella Vista", ubicado en el municipio de Emiliano Zapata, Estado de Morelos. 51. Sin embargo, la quejosa no señaló a la autoridad encargada de la aplicación de dichas porciones normativas, pues si bien señaló como responsables al Ayuntamiento y al Tesorero del municipio de Cuernavaca, Estado de Morelos, lo cierto es que dichas autoridades no intervinieron en el cobro de los citados tributos. 52. En efecto, como quedó apuntado líneas arriba, el bien inmueble materia de la compraventa efectuada por la quejosa se ubica en el municipio de Emiliano Zapata, Estado de Morelos, por lo que fue a las autoridades del mismo a quien correspondió el cobro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y su respectivo impuesto adicional, en específico a su Director del Impuesto Predial, lo cual se corrobora con el recibo de pago con folio 217211 (foja 124); no obstante, como se mencionó, la promovente no señaló a dicha autoridad como responsable. 53. Ante ese escenario, es necesario tener presente que el señalamiento de las autoridades responsables constituye una obligación a cargo de la parte quejosa y no del Juez de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo. 54. De manera tal que si no se llama a juicio a una autoridad por la omisión del quejoso de señalarla con ese carácter, tal como acontece en la especie, esa circunstancia generará que se actualice un obstáculo jurídico que impida al juzgador de amparo emitir pronunciamiento alguno en relación con el acto que se reclame a esa autoridad pues, se insiste, constituye una carga procesal del impetrante del juicio señalar a la autoridad de quien proviene el acto que reclame. 55. Sirven de apoyo a la anterior conclusión los siguientes criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "AUTORIDAD RESPONSABLE. OMISIÓN DE SU SEÑALAMIENTO EN LA DEMANDA. NO ES MOTIVO DE SUPLENCIA DE LA QUEJA, AUNQUE EL QUEJOSO SEA UN TRABAJADOR. Conforme a lo dispuesto en el artículo 116, fracción III, de la Ley de Amparo, el señalamiento de la autoridad responsable es una obligación a cargo de la parte quejosa y no del juez de Distrito. Consecuentemente, si no se llama a juicio a una autoridad por la omisión del quejoso de señalarla como responsable, tal omisión no puede ser suplida en términos del artículo 76 bis de la citada ley, aun cuando el quejoso sea un trabajador, ya que la suplencia de la deficiencia de la queja opera exclusivamente en relación con la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios." "SUPLENCIA DE LA QUEJA. NO PUEDE OPERAR PARA SUBSANAR LA OMISIÓN DE LA PARTE QUEJOSA DE LLAMAR A JUICIO A UNA AUTORIDAD QUE TIENE EL CARACTER DE RESPONSABLE. El señalamiento de las autoridades responsables es una obligación que pesa sobre la parte quejosa y no en el juez de Distrito, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 116, fracción III, de la Ley de Amparo, de manera que la falta del llamado a juicio de una autoridad deriva de la omisión de señalarla como responsable, no puede llevar a establecer que se infringen las normas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio de garantías, ni puede operar la suplencia de la queja para subsanar la omisión, en tanto que la figura de referencia, prevista por el artículo 76 bis de la citada ley, se da en relación con los conceptos de violación o de los agravios hechos valer en el recurso correspondiente, lo que permite perfeccionarlos, aclararlos o completarlos." "AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALAMIENTO DE LA, COMO ELEMENTO DE PROCEDENCIA DEL JUICIO. En el amparo administrativo el quejoso está obligado a señalar en la demanda como responsable a la autoridad de quien provienen los actos reclamados, por ser el juicio de amparo en materia administrativa de estricto derecho, salvo los casos de excepción señalados legalmente; si dicho solicitante del amparo se concreta a señalar en lo conducente a una autoridad que no dictó los actos reclamados de que se trata, es de estimarse que sería contrario a la naturaleza del juicio de garantías entrar al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los citados actos reclamados, sin oír previamente a la autoridad de quien emanaron." 56. En esas condiciones, dado que no se llamó al presente juicio de amparo al Director del Impuesto Predial del municipio de Emiliano Zapata, Estado de Morelos, a quien correspondió la aplicación de los artículos 94 ter a 94 ter 11 y 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, ello se traduce en que tal autoridad no estuvo en aptitud de defender la constitucionalidad del acto reclamado, o bien, de hacer valer las causas de improcedencia que estimare conducentes, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III , ambos de la Ley de Amparo, lo que impide emprender un estudio de fondo respecto a dichas porciones normativas. 57. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis LXXIII/91, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 40, tomo VII, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente mayo de 1991, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN QUE NO SE IMPUGNA POR VICIOS PROPIOS Y SOLO SE SEÑALA COMO RESPONSABLES A LAS AUTORIDADES QUE INTERVINIERON EN EL PROCESO LEGISLATIVO PERO NO A LA EJECUTORA. Cuando se promueve un amparo contra leyes con motivo de un acto concreto de aplicación, el señalamiento de éste cumple, en principio, con una función, a saber, habilitar al quejoso para que impugne la norma aplicada dentro de los quince días siguientes al en que surtió efectos la notificación del referido acto concreto de aplicación. Ahora bien, pese a que en un caso concreto no se reclame la aplicación misma, por vicios propios, es menester señalar como responsable a la autoridad ejecutora pues de lo contrario se le impide plantear causas de improcedencia que desconoce quien defiende la constitucionalidad de la ley, como podría ser el consentimiento de ella. De aquí que si sólo se indica como responsables a las autoridades que intervinieron en el proceso legislativo pero no a la ejecutora, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en los artículos 73, fracción XVIII, en relación con el 74, fracción III y 116, fracción III, de la Ley de Amparo." Falta de interés jurídico y legítimo -causa de improcedencia parcialmente fundada respecto de los artículos 62 y 77, fracción IV, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos-. 58. Por otra parte, el Congreso y los Titulares de la Secretaría de Hacienda y de la Subsecretaría de Ingresos, todos del Estado de Morelos, proponen que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues según su parecer la parte quejosa no acredita que los actos reclamados lesionen -directa o indirectamente- su esfera jurídica. 59. Al respecto, es conveniente apuntar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado profundamente la causa de improcedencia planteada por las citadas autoridades responsables, señalando que el interés jurídico tiene que acreditarse fehacientemente, no inferirse a base de presunciones, conforme a dos elementos, a saber: 1) la existencia de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado, y 2) una afectación real y directa a él, debiendo enfatizarse que para la procedencia del juicio no basta con que el acto de autoridad afecte la esfera jurídica del quejoso, sino que quien promueva el juicio debe ser el titular del derecho vulnerado por el acto de autoridad; es decir, la procedencia del juicio de amparo requiere la demostración de un interés jurídico, que tiene una intensidad mayor al interés legítimo o económico. 60. Mientras que el interés legítimo como presupuesto procesal de la acción de amparo, es aquel que ostentan las personas que, por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser los destinatarios de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio inmediato. 61. Entonces, el interés legítimo es de naturaleza cualificada, lo que implica que, a pesar de las reformas constitucionales, la acción de amparo no le está autorizada a la persona que tenga algún interés simple o meramente económico. 62. En síntesis, el interés legítimo se traduce en una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, lo que se traduce en que se haya ampliado el abanico de posibilidades para acudir al juicio de amparo, pues han quedado proscritas exigencias tales como la acreditación, a cargo del quejoso, de la existencia de un derecho objetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico o la necesidad de probar un daño individualizado susceptible de ser remediado mediante la concesión del amparo. 63. No obstante lo anterior, la reforma constitucional señalada no puede ser traducida en una apertura absoluta para que cualquier persona por cualquier motivo que se le ocurra acuda al juicio de amparo. Dicho en otras palabras, el constituyente permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o, si se quiere, mantuvo la prohibición de que tan solo con ese tipo de interés pueda acudirse al juicio de amparo. 64. De esa forma, el interés legítimo puede definirse como aquel interés personal -individual o colectivo- cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso. Dicho interés deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. 65. Por su parte, el interés simple o jurídicamente irrelevante, es aquel que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal para el interesado. Por la misma razón, el interés simple no supone afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso en ningún sentido. 66. En ese sentido, de conformidad con los parámetros antes mencionados el interés legítimo se constituye en un presupuesto procesal que aun cuando resulta menos exigente para permitir ejercer la acción de amparo, requiere del cumplimiento de ciertas condiciones, tales como ser cualificado, actual, real, jurídicamente relevante y tener por objeto la obtención de un beneficio jurídico en favor del quejoso. 67. Ahora, a fin de dar respuesta a la causa de improcedencia que se aduce actualizada, en primer término, es conveniente precisar que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a controvertir la regularidad constitucional de los artículos 62 y 77, fracciones II y IV, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, en su carácter de heteroaplicativas, esto es, con motivo de su acto de aplicación, concretizado con la retención de contribuciones que realizó el Notario Público número Dos de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, al momento de la celebración de los actos jurídicos consignados en la escritura pública 283,363, pasada ante su fe. 68. En esos casos, para que la acción constitucional sea procedente en contra de leyes heteroaplicativas, o sea, en relación con las que se impugnan por haber existido un acto concreto de aplicación en perjuicio de la parte quejosa, es necesario que se demuestre la existencia misma de dicho acto de aplicación, para así poder demostrar que un determinado ordenamiento legal afecta sus intereses. 69. Ante ese escenario, es indispensable tener presente que las porciones normativas cuestionadas disponen lo siguiente: LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS "CAPÍTULO OCTAVO DEL IMPUESTO ADICIONAL Artículo 62. Este impuesto se causará y pagará a razón de una cantidad equivalente al 25% sobre su base, mismo que se destinará a los programas de educación, industrialización y a favor de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos." "Artículo 77. Los derechos por los servicios de Registro Público de la Propiedad se causarán en los siguientes términos: (.) II. Por la inscripción de documentos, resoluciones judiciales o administrativas y testimonios notariales en los cuales se establezca, declare, transfiera, adquiera o modifique el dominio, o la posesión de bienes inmuebles o derechos reales, incluyendo los fideicomisos traslativos de dominio, así como los relacionados con la propiedad o posesión de buques o aeronaves: $6,000.00. (.) IV. Por contratos de hipoteca celebrados por Instituciones de Crédito, Seguros, o de Fianzas: $6.000.00;" 70. Del contenido del artículo 77, fracciones II y IV, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, se observa, entre otras cosas, que se cobrarán derechos a los gobernados por la inscripción en el Registro Público de la Propiedad, respecto de testimonios notariales en los cuales se establezca, declare, transfiera, adquiera o modifique el dominio o la posesión de bienes inmuebles o derechos reales, así como por la inscripción de contratos de hipoteca celebrados por alguna institución de crédito, seguros o fianzas, por una cantidad fija de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 moneda nacional). 71. Además, el artículo 62 de la multicitada Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, señala que el impuesto adicional por la realización de pagos por concepto de impuestos y derechos estatales previstos en la Ley de Ingresos del Estado de Morelos, o bien, en la propia Ley General de Hacienda del Estado, será del 25% sobre su base, mismo que se destinará a los programas de educación, industrialización y a favor de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 72. Ahora, en el caso concreto, de las constancias que obran en el presente juicio de amparo, específicamente las que remitió el Notario Público número Dos de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, consistentes, entre otras, en la copia certificada del instrumento notarial 283,363 (fojas 118 a 122) y del recibo de pago con folio 2324077 (foja 126), se advierte el interés jurídico que asiste a la parte quejosa para controvertir el artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. 73. Se afirma lo anterior, pues del contenido del recibo con folio 2324077, se aprecia que la promovente pagó la suma de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de derechos por inscripción en el Registro Público de la Propiedad de la compraventa a que se refiere la escritura 283,363. 74. Por lo tanto, con las pruebas documentales antes relacionadas, a las que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2o, es factible considerar que la parte quejosa sí acreditó haber sido sujeta de la aplicación del artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. 75. Sin embargo, como lo refiere el Congreso y los Titulares de la Secretaría de Hacienda y de la Subsecretaría de Ingresos, todos del Estado de Morelos, los citados medios de convicción revelan su insuficiencia para acreditar el interés de la parte quejosa para impugnar los artículos 62 y 77, fracción IV, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, pues para tal efecto resultaba indispensable demostrar que con motivo de la inscripción de una hipoteca se hubiere cobrado una tasa fija de seis mil pesos y, además, que se hubiere cobrado el impuesto adicional estatal, lo que no aconteció. 76. No se soslaya la existencia del recibo con folio 2233966 del veintitrés de junio de dos mil quince, expedido por la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos (foja 49); sin embargo, éste no es apto para demostrar la aplicación de las porciones normativas precisadas en el párrafo que antecede, toda vez que el pago que ampara dicho comprobante, según se desprende de la literalidad del mismo, fue por "cancelación de gravamen", pero no por la inscripción de una hipoteca -derecho contemplado en el artículo 77 fracción IV de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos-; además, por lo que hace al artículo 62 del referido ordenamiento legal, si bien dicho recibo contiene un pago de $128.00 (ciento veintiocho pesos m.n.) por concepto de impuesto adicional, se aprecia que tal contribución no deriva del pago de derechos por la inscripción de una compraventa, que fue lo que la quejosa reclamó, de ahí que tal recibo no sea apto para justificar su interés jurídico. 77. Por lo tanto, lo procedente es concluir que respecto de la impugnación de los artículos 62 y 77, fracción IV, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. 78. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 103, tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a febrero de 1999, que establece: "LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de un dispositivo legal como heteroaplicativo, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, y no acredita su existencia, procede sobreseer en el juicio de garantías, por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." 79. Así como la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 382, tomo VII, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a enero de 1998, de rubro y texto siguiente: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE RECLAMAN POR ACTOS INMINENTES Y NO POR ACTOS CONCRETOS YA REALIZADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. Para que la acción constitucional sea procedente en contra de leyes heteroaplicativas, o sea, en relación con las que se impugnan por haber existido un acto concreto de aplicación en perjuicio del quejoso, es necesario que se demuestre la existencia misma de dicho acto de aplicación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda y, por ende, no basta la inminencia de la aplicación de la ley para que el amparo sea procedente, ya que la referida inminencia no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de garantías, sino que sólo genera la presunción de que tal aplicación ha de realizarse, sin conocerse circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución, lo que impide constatar la existencia misma del perjuicio." 80. En consecuencia, al no acreditarse una afectación -directa o indirecta- en perjuicio de la inconforme, carece de interés para controvertir la regularidad constitucional de los artículos 62 y 77, fracción IV, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, en virtud que con los medios de prueba que ofreció no acreditó el acto concreto de aplicación de dichas porciones normativas; por tanto, lo procedente es sobreseer en el juicio, en términos de los artículos 61, fracción XII, y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. VII. ESTUDIO DE CAUSA DE IMPROCEDENCIA -INFUNDADA- 81. Asimismo, el Congreso del Estado de Morelos manifestó que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo; sin embargo, para la actualización de dicha causa de improcedencia es necesario que se relacione con algún otro precepto legal, sin que la autoridad responsable lo haya hecho, o haya expresado las razones que justifiquen su actualización, por lo que al no advertir de oficio que se configure, por no ser ésta de obvia y objetiva constatación, no es posible abordar su análisis. 82. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 137/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 365, tomo XXIV, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a octubre de 2006, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio." VIII. CONSIDERACIONES JURÍDICAS 83. Ahora, en virtud de que no se advierten de oficio o a petición de parte diversas causas de improcedencia, se procederá abordar los argumentos expuestos por la quejosa en sus conceptos de violación, los cuales medularmente dicen lo siguiente: a) Que el artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos viola los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, ya que establece el pago de un derecho adoptando como base una cuota que se aplica sobre el valor de la operación catastral, avalúo bancario o de factura, que tengan los bienes objeto del contrato, por lo que no se atiende al tipo de servicio prestado, ni a su costo, sino a un elemento ajeno a éste, lo que produce que por un mismo servicio se paguen cantidades distintas, y si bien se establece una cuota fija, en realidad se considera una tarifa de 12 al millar sobre alguno de los tres supuestos citados líneas arriba. 84. El concepto de violación sintetizado resulta ser infundado, y para sostener tal aserto conviene traer a colación el artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos -vigente-, que dice: Artículo 77. Los derechos por los servicios de Registro Público de la Propiedad se causarán en los siguientes términos: (.) II. Por la inscripción de documentos, resoluciones judiciales o administrativas y testimonios notariales en los cuales se establezca, declare, transfiera, adquiera o modifique el dominio, o la posesión de bienes inmuebles o derechos reales, incluyendo los fideicomisos traslativos de dominio, así como los relacionados con la propiedad o posesión de buques o aeronaves: $6,000.00. (.)." 85. De lo transcrito podemos advertir, entre otras cosas, que por la inscripción en el Registro Público de la Propiedad de documentos, resoluciones judiciales o administrativas y testimonio notariales en los cuales se establezca, declare, transfiera, adquiera o modifique el dominio o la posesión de bienes inmuebles o derechos reales, se pagará una cuota de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 m.n.). 86. Lo anterior pone de relieve lo infundo de lo alegado por la quejosa, pues para el cobro de derechos por la inscripción en el Registro Público de la Propiedad, respecto de testimonios notariales en los cuales se establezca, declare, transfiera, adquiera o modifique el dominio o la posesión de bienes inmuebles o derechos reales, no se atiende al valor de los actos que se inscriben o al importe de la operación, ni muchos menos se aplica una tasa de 12 al millar -supuesto contemplado en el artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil catorce-, sino que se cobra una cuota fija de seis mil pesos para todos los contribuyentes. IX. DECISIÓN 87. En primer orden, tomando en consideración que los actos precisados en el punto IV de la presente sentencia resultan inexistentes, procede sobreseer en el juicio respecto a éstos, al actualizarse la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. 88. Por otro lado, procede sobreseer en el presente juicio en términos de lo establecido en la fracción V del numeral 63, de la Ley de Amparo, al estimarse actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracciones III y VIII, todos de la ley de la materia, toda vez que la parte quejosa no expresó conceptos de violación para controvertir por vicios propios los actos de refrendo y publicación de la Ley General de Hacienda ni de la Ley General de Hacienda Municipal, ambas del Estado de Morelos. 89. Asimismo, al ser improcedente el juicio de amparo contra el acto reclamado al Notario Público número Dos de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, también procede sobreseer en el presente juicio, en términos de lo establecido en la fracción V del numeral 63, de la Ley de Amparo, al estimarse actualizada la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5, fracción II, párrafo primero, de la citada legislación. 90. En otro aspecto, al no haberse llamado a juicio al Director del Impuesto Predial de Emiliano Zapata, Estado de Morelos, no es posible analizar la regularidad constitucional de los artículos 94 ter a 94 ter-11 y 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado en comento; de ahí que proceda sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en la fracción V, del artículo 63, por actualizarse la causa de improcedencia contenida en el diverso numeral 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo. 91. Asimismo, al no acreditarse una afectación -directa o indirecta- en perjuicio de la parte inconforme, carece de interés para controvertir la regularidad constitucional de los artículos 62 y 77, fracción IV, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, en virtud que con los medios de prueba que ofreció no acreditó el acto concreto de aplicación de dichas porciones normativas; por lo tanto, lo procedente es sobreseer en el juicio, en términos de los artículos 61, fracción XII, y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. 92. Finalmente, dado que los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa tendentes a controvertir la regularidad constitucional del artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, vigente a partir del uno de enero de dos mil quince, resultaron infundados, lo procedente es negar el amparo y protección constitucional solicitados. 93. En cumplimiento al punto quinto, inciso 6), del Acuerdo General 10/2008 por el que se crea el Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Estado de Puebla, así como los órganos jurisdiccionales que lo integran, remítase este expediente junto con el archivo electrónico de este fallo, al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con domicilio en Cuernavaca, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Segunda Región, a fin de que proceda a la notificación de la sentencia. 94. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se X. RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 1585/2015-III, promovido por Elizabeth Ruiz Aguirre, respecto de los actos precisados en los puntos IV y VI de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Elizabeth Ruiz Aguirre, contra el artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, por los motivos expuestos en el punto VIII del presente fallo. TERCERO. Como está ordenado en la última parte de la sentencia, remítase el expediente de origen 1585/2015-III, y el archivo electrónico de esta sentencia, al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en esta ciudad. Cúmplase. Así lo resolvió y firma Israel Flores Rodríguez, Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Estado de Puebla, hoy siete de diciembre de dos mil quince, en que lo permiten las labores del juzgado, ante Jennifer Bass Herrera, Secretaria quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de octubre de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio que signa el Subprocurador Fiscal Federal de Amparos por conducto del Presidente de la Republica mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintiuno de agosto de dos mil quince; téngase a la autoridad responsable haciendo valer el RECURSO DE REVISIÓN en contra de la misma; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, 86, y 89 de la Ley de Amparo vigente, córrase traslado a las partes con copia del escrito de agravios. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y, una vez que el expediente esté debidamente integrado, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Turno del Décimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso referido, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios, como lo establece el artículo 89 de la ley de la materia. Ahora bien, en virtud de que este juzgado cuenta con el Expediente Electrónico que contiene las diversas actuaciones que se encuentran en el presente juicio de amparo, además existe carencia de tóner para las impresoras y una exorbitante carga de trabajo con la que cuenta este juzgado visible de acuerdo a los datos estadísticos oficiales; por consiguiente se ordena formar el expediente de antecedentes que contenga sólo la copia del escrito de demanda, para que el original expediente del presente juicio de amparo pueda ser remitido al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, al que toque conocer del citado recurso de revisión. Hasta en tanto esté legalmente integrado el juicio de amparo para su remisión al Tribunal de Alzada, para la substanciación del medio de impugnación que hacen valer las autoridades responsables, se ordena agregar a los autos sus escritos originales de agravios. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLE Y AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL ADSCRITO, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, CORRIÉNDOLES TRASLADO CON COPIA SIMPLE DEL ESCRITO DE AGRAVIOS. Así lo proveyó y firma el Licenciado Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
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