Elizabeth Cardenas Parga y Otros.
Expediente 383/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 383/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Elizabeth Cardenas Parga y Otros.
- D. I. R. C. y Otros.
- D. I. R. C.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua a trece de noviembre de dos mil veintitrés. Visto para resolver el juicio de amparo 383/2023-III, promovido por ********************, por si y en representación de los niños de iniciales D.I.R.C. y S.R.C. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el cuatro de abril de dos mil veintitrés, turnado a este Juzgado el día hábil siguiente, ********************, por si y en representación de sus menores hijos de iniciales **************** promovió demanda de amparo contra actos de las autoridades y actos señalados en el considerando segundo de la presente sentencia. SEGUNDO. Derechos fundamentales que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa consideró transgredidos los previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por proveído de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo, la que se registró bajo el expediente 383/2023-III, se solicitaron informes justificados a las responsables, el tercero interesado compareció al presente juicio, se designó asesor jurídico a los quejosos menores de edad, y se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien se abstuvo de formular pedimento. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107 de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que este asunto se refiere a la inconstitucionalidad de un acto cuya ejecución tuvo lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que conforman el juicio, se desprende que la parte quejosa, reclama de las autoridades y actos siguientes: "III.-AUTORIDAD RESPONSABLE. a) JUEZ SEGUNDO DE LO FAMILIAR POR AUDIENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, como Autoridad Ordenadora, quien puede ser notificada en domicilio conocido, ubicado en Avenida Eje Vial Juan Gabriel y Aserraderos, Ciudad Juárez, Chih. México. b) OFICINA CENTRAL DE ACTUARIOS Y MINISTROS EJECUTORES DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS EN CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA, como Autoridad Ejecutora, quien puede ser notificada en domicilio conocido Eje Vial Juan Gabriel Y Aserraderos, Ciudad Juárez, Chih. México. IV.- ACTO RECLAMADO. a). - Del JUEZ SEGUNDO DE LO FAMILIAR POR AUDIENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, reclamo el auto de fecha 15 de febrero del 2023, publicado en lista el día 16 de febrero del presente año, mismo que me fue notificado el día 13 de marzo del presente año, toda vez que me causa agravio a mí, como a mis menores hijos de iniciales ********************ya que se ordena la desocupación del inmueble donde habitamos en un término de cinco días, acuerdo que viola el derecho de habitación de mis menores hijos como de la suscrita; aunado a que el mismo auto, se admitió en vía de apremio en ejecución de sentencia, donde no se me da un término para manifestar lo que a mi derecho corresponda, sin embargo, a la parte promovente se le admite como incidente de ejecución de sentencia y se le admiten las pruebas ofrecidas, cuando a la suscrita únicamente se me hace saber el término que tengo para la desocupación del inmueble en el que habito junto a mis hijos, dejándome sin derecho alguno a ofrecer pruebas o a manifestar lo que a mi interés convenga." Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, Juez Segundo de lo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, y del Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, puesto que así lo refirieron al rendir sus informes justificados, y de su contenido se advierte su existencia. Certeza que se corrobora con las documentales que anexó la responsable ordenadora antes señalada a su informe justificado, las cuales la autoridad ejecutora hizo suyas en su informe, consistente en copia certificada de constancias relativas al siguiente proceso: Juicio oral ordinario familiar con número de expediente 513/2022, del índice del Juzgado Segundo Familiar por Audiencias, promovido por ********************, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales ********************en contra de ********, quien es hoy tercero interesado, de quien reclamó la Guarda y Custodia y Pensión Alimenticia a favor de los citados menores, así como visita y convivencia del demandado con sus menores hijos. Documentos que cuentan con valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2º de esta última. Es aplicable al respecto, la tesis formulada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: XII, Noviembre de 1993, Página: 342. que indica: "DOCUMENTOS NO OBJETADOS, SU VALOR PROBATORIO. Si el documento privado ofrecido como prueba por una de las partes, no es objetado en cuanto a su autenticidad, tiene valor probatorio pleno para acreditar el hecho respectivo.". Además, en las constancias que anteriormente se describieron, se advierte el auto de quince de febrero de dos mil veintitrés, en el cual se ordenó abrir la vía de apremio en ejecución de convenio, y requerir a la hoy quejosa para que en el término de cinco días cumpliera con la cláusula quinta del convenio celebrado en dicho expediente, por lo que hace a la entrega y recepción del inmueble motivo de convenio al hoy tercero interesado Rodrigo Iván Rodríguez Jiménez. Por lo tanto, el acto reclamado, consistente en el auto de quince de febrero de dos mil veintitrés, así como la notificación del mismo mediante diligencia de trece de marzo de misma anualidad, la que se realizó de manera personal a la hoy quejosa ********************, se tienen como existentes, pues lo expuesto se deriva de las constancias que remitió la autoridad, en copia certificada del juicio natural, las cuales cuentan con valor probatorio pleno, conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por servidores públicos, dotados de fe pública y en ejercicio de sus funciones, como lo es el Secretario del Juzgado Segundo Familiar por Audiencias, del Distrito Judicial Bravos. CUARTO. Antecedentes. A efecto de dar claridad al asunto y proceder al análisis de los motivos de disenso, es conveniente destacar algunos antecedentes del caso en estudio, siendo los que a continuación se sintetizan: 1. El nueve de mayo de dos mil veintidós, se recibió en la oficialía de turno de los Juzgados en Materia Familiar por Audiencias, del Distrito Judicial Bravos, la demanda promovida por ********************, por su propio derecho y en representación de los niños de iniciales *********., en contra de Rodrigo Iván Rodríguez Jiménez, de quien reclamó la guarda y custodia así como pensión alimenticia a favor de los citados menores, así como visita y convivencia del demandado con sus menores hijos. 2. Por auto de trece de mayo de dos mil veintidós, el Juzgado Segundo de lo Familiar por Audiencias registró la demanda con el número de expediente 513/2022, la admitió a trámite y, entre otras cosas, ordenó emplazar al hoy tercero interesado en el domicilio proporcionado por la parte actora. 3. Mediante escrito recibido en el juzgado de origen el diecisiete de junio de dos mil veintidós, compareció a juicio por su propio derecho, el hoy tercero interesado ***************, quien en tiempo y forma contestó la demanda encausada en su contra. 4. El nueve de agosto de dos mil veintidós, comparecieron las partes ante el juzgado de origen, dando por terminado el asunto por convenio total, en el que la actora ********************, así como la parte demandada Rodrigo Iván Rodríguez Jiménez, se encontraron asesorados por los licenciados Bertha Elizabeth Cervantes Domínguez y Edgar Eduardo Rodríguez Rodríguez, respectivamente, y después de haber dialogado con asistencia de la Secretaria Judicial los comparecientes manifestaron que es su deseo dar por terminada la controversia en el juicio, celebrando convenio en virtud de que han llegado a un acuerdo para solucionar el conflicto, dándose por satisfechos de las prestaciones reclamadas en la vía principal, y en virtud de que han llegado a un acuerdo para solucionar el conflicto y sujetando esta transacción judicial; en lo conducente en la CLÁUSULA QUINTA las partes convinieron textualmente; "En este acto acuerdan que el C. Rodrigo Iván Rodríguez Jiménez otorga el derecho de habitación a la C. ******************** por un término de seis meses contados a partir del presente convenio, por lo que la C. ********************, se compromete a salir del domicilio del C. Rodrigo Iván Rodríguez Jiménez el día nueve de febrero del año dos mil veintitrés, y a su salida acuerdan ambas partes que la C. ********************, se llevará consigo los bienes muebles consistentes en una lavadora, una secadora, una recamara, una estufa, utensilios de cocina y una recamara de sus menores hijos.". 5. Por auto de quince de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo a *************, promoviendo en ejecución de sentencia en contra de la señora ********************, solicitó la ejecución del convenio celebrado el nueve de agosto del dos mil veintidós, respecto a la cláusula quinta del convenio relativo a la desocupación del inmueble por parte de la señora ********************; ordenando requerir a esta última, con domicilio en Calle Oasis de Mojave número 1080- 21, Fraccionamiento Praderas de Los Oasis en esta Ciudad, a fin de que al término de cinco días cumpliera con la CLÁUSULA QUINTA del convenio celebrado dentro del expediente 513/2022, respecto a la entrega y desocupación del inmueble al señor R*******************. 6. En cumplimiento a lo anterior, el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a dicho Juzgado, en diligencia actuarial del trece de marzo de dos mil veintitrés, notificó de manera personal a ******************** el auto de fecha quince de febrero de dos mil veintitrés, sin que manifestara nada al respecto en el término concedido. 7. Posteriormente, en auto de treinta de marzo de dos mil veintitrés, tomando en consideración los derechos de los menores de iniciales *********, ante la obligación de la Juzgadora de origen de valorar en función del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, previno a la señora ********************, a fin de que en un plazo máximo de treinta días naturales, diera cumplimiento a lo pactado en la cláusula quinta del convenio celebrado el día nueve de agosto de dos mil veintidós; apercibida de que de no hacerlo en el citado término, aquel Tribunal procedería con lo dispuesto por los artículos 383, fracción I, 391, del Código de Procedimientos Familiares del Estado, referentes a la desocupación del mismo, empleando como apremio el rompimiento de cerraduras y el uso de la fuerza pública. 8. Posterior a ello se turnaron los autos a la Unidad de Notificación del Distrito Judicial Bravos, a fin de que le fuera notificada dicha determinación a ********************, en el domicilio ubicado en calle Oasis de Mojave número 1080-21, fraccionamiento Praderas de los Oasis de esta Ciudad; sin que a la fecha de inicio del presente juicio de amparo se haya llevado a cabo la misma. QUINTO. Actualización de una hipótesis de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 814, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 553, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Ahora bien, dado que las partes no formularon causas de improcedencia y no se advierte de oficio actualizada alguna, se procede a resolver la inconstitucionalidad planteada en la demanda de amparo por la parte quejosa. SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. Establecido lo anterior, conviene estudiar los conceptos de violación que hace valer la quejosa ********************, ello, sin necesidad de transcribir los mismos, los cuales se tienen aquí por reproducidos para evitar repeticiones innecesarias, máxime que ningún artículo de la Ley de Amparo, exige su transcripción; lo anterior conforme a la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, tomo XXXI, Mayo de dos mil diez, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Materia Común, página: 830, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Una vez lo anterior, procede dar contestación a los conceptos de violación esgrimidos por la peticionaria de amparo. En primer término, es necesario precisar que al encontrarse involucrados menores de edad, el presente asunto debe resolverse atendiendo al interés superior de los mismos. En ese sentido, es oportuno mencionar que con la reforma de diez de junio de dos mil once, al artículo 1º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se integraron al sistema de protección de los derechos fundamentales, aquéllos reconocidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, erigiéndose el principio pro persona como criterio interpretativo para el desarrollo de la función protectora en materia de derechos fundamentales, por lo que, en todo tiempo, debe favorecerse la protección más amplia para las personas. Asimismo, el artículo 4o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de octubre de dos mil once, en lo que interesa, dispone: "Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. (.) En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez." Ahora bien, el artículo 3, de la Convención Sobre los Derechos del Niño, establece: "Convención sobre los derechos del niño" Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. (.). Así, debe decirse que, el interés superior del niño es un criterio orientador en la toma de decisiones en aquellos asuntos en que se involucre su bienestar, por tanto, en estos casos, las autoridades jurisdiccionales deben realizar una interpretación sistemática que tenga en cuenta los deberes de protección, así como los derechos especiales de los niños, previstos tanto en la Constitución, como en los Tratados Internacionales y en las leyes de protección a la niñez, a efecto de dotar de sentido a la norma o a la institución que sirva para resolver el caso concreto, siempre en beneficio de los menores, mas no en función de los intereses de sus padres. Luego, en cada caso concreto el juzgador habrá de adoptar, en atención a la norma o institución jurídica de que se trate, aquellas medidas que resulten necesarias y proporcionales a fin de que prevalezcan las condiciones que posibiliten el desarrollo integral del menor, acorde con su edad, situación y circunstancias personales, con el único fin de garantizar su desarrollo con base en una formación familiar y social integral. Ahora bien, la parte quejosa, en su concepto de violación marcado como número uno, aduce que la autoridad responsable, en el auto de quince de febrero de dos mil veintitrés, la dejó en un total estado de indefensión, pues en el escrito que le dio origen, la parte promovente, hoy tercero interesado, solicitó la apertura de incidente de ejecución de sentencia; sin embargo, la responsable le dio trámite como vía de apremio en ejecución de sentencia, sin establecer si se admitía o no el incidente planteado por su promovente. Así, aduce la quejosa se generó una confusión procesal, pues se le privó de su derecho de ofrecer pruebas en el incidente promovido por el hoy tercero interesado. Es infundado el concepto de violación expresado por la parte quejosa. Lo anterior se asevera toda vez que, el hoy tercero interesado Rodrigo Iván Rodríguez Jiménez, mediante escrito recibido por el juzgado responsable el diez de febrero de dos mil veintitrés, en vía de apremio, solicitó la apertura de "incidente de ejecución de sentencia y/o convenio", celebrado por las partes en el expediente de origen, promoción en la que en su parte conducente expresó lo siguiente: "Que por medio del presente ocurso y en la VÍA DE APREMIO, vengo a promover INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y/O CONVENIO en contra de la C. ********************, quien podrá ser emplazada en el domicilio ubicado en calle Oasis De Mojave número 1080-21, fraccionamiento Praderas de los Oasis, Ciudad Juárez, Chihuahua y/o en su fuente de trabajo en la empresa BEL MANUFACTURERA S.A. DE C.V., que se ubica en calle Santiago Blancas número 551, Terrazas del Valle, de esta Ciudad, demandándole las siguientes: PRESTACIONES: A. El cumplimiento de la CLÁUSULA "QUINTA." que fue aprobada mediante resolución judicial dictada el nueve de agosto de del año dos mil veintidós dentro del expediente 513/2022 del índice de ese Juzgado; por lo motivos que expondré en el apartado de HECHOS contenido en el presente documento. Con el fin de que se haga cumplir la resolución judicial que se dicte en el presente incidente, solicito a ese Órgano Jurisdiccional que emplee cualquiera de las medidas de apremio que estime pertinentes y/o adopte las providencias especiales y/o adopte las medidas de intimación o presión necesarias conforme a la ley, lo anterior conforme a lo que dispones los artículos 96 y 373 del Código de Procedimientos Familiares vigente en el Estado de Chihuahua. B. El pago de gastos y costas que se originen en el presente juicio." Dicha solicitud la realizó de conformidad con los artículos 96 y 373 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua, los cuales establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 96. Para hacer cumplir las determinaciones el tribunal puede emplear cualquiera de las siguientes medidas de apremio que estime pertinentes, sin que para ello sea necesario seguir el orden que a continuación se señala: Amonestación. Multa de hasta 100 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El uso de la fuerza pública. Arresto hasta por treinta y seis horas. En casos graves o urgentes, cateo por orden escrita. Si agotado el medio de apremio no se obtuviera el cumplimiento de la resolución que lo motivó, se dará vista al ministerio público. La resolución que imponga un medio de apremio será irrecurrible. Además de las medidas anteriores, el juez o jueza podrá adoptar las siguientes providencias especiales: a) Prohibir en los casos de sustracción y retención de niñas, niños o adolescentes, alimentos y violencia familiar, la salida del territorio nacional. b) Solicitar a la autoridad competente la negativa de expedición del pasaporte o la suspensión o retención, si ya se hubiere expedido. c) Variar de oficio la guarda y custodia, régimen de convivencia o visitas, cuando quien la ejerce incumpla la orden judicial en la que se fijó dicha medida. d) Cualquier otra medida que estime necesaria. ARTÍCULO 373. La ejecución de sentencia que haya causado ejecutoria, así como de las transacciones y de los convenios judiciales, se hará por el juzgado a quien se encomiende dicha función. Las diligencias practicadas para la ejecución de una sentencia conforme a este capítulo, se denominan vía de apremio. En cualquier etapa del proceso y para el cumplimiento de sus providencias, el juzgado, de oficio o a petición de parte, podrá adoptar las medidas de intimación o presión necesarias conforme a la ley. Las intimaciones económicas se fijarán por el juzgado en una cantidad en dinero a pagar por cada día que demore el cumplimiento. El juzgado dispondrá la liquidación de las mismas una vez transcurrido un plazo prudencial. La cuenta pasará al actuario o actuaria, que embargará bienes de la deudora suficientes para cubrirla; el juzgado los hará tasar por persona perito y los rematará en los dos tercios de su valor avalúo, de lo que dará cuenta. Las cantidades se fijarán teniendo en cuanta el monto o la naturaleza del asunto y las posibilidades económicas de la parte obligada, de tal manera que signifiquen una efectiva constricción al cumplimiento dispuesto. El juzgado podrá en cualquier momento, de oficio o a pedido de parte, aumentar, moderar o suprimir la conminación establecida. Las intimaciones personales consistirán en el traslado al tribunal con la fuerza pública a los intervinientes que no concurran espontáneamente una vez convocados, incluso testigos; así mismo, en el arresto, que no podrá exceder de treinta y seis horas, en los casos que expresamente fije la ley y para la entrega de elementos necesarios para la ejecución dispuesta en la respectiva etapa del proceso. Además de lo anterior, el tribunal podrá dar vista al ministerio público, si estimare que la resistencia a la orden judicial puede encuadrar en alguna figura penal." Precisado lo anterior, cabe apuntar que el promovente de la acción procesal, en su escrito inicial, señaló su solicitud como "incidente de ejecución de sentencias y/o convenio"; sin embargo, el artículo 11, de la legislación procesal familiar en cita, establece que procede la acción intentada pese a que se señale equivocadamente la misma, dicho numeral establece lo siguiente: "ARTÍCULO 11. La acción es única e indivisible por ser su finalidad idéntica, cualquiera que sea la pretensión que en ella se haga valer. Consecuentemente, la acción procede aun cuando no se exprese el nombre de la pretensión perseguida o se exprese equivocadamente, con tal de que se determine con claridad la clase de prestación que se exija del demandado y el título o causa para reclamarla." Corrobora lo anterior, el criterio establecido en la tesis bajo registro digital: 2014687, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Civil, Tesis: 1a. LXXVIII/2017 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, página 55, Tipo: Aislada, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACCIÓN. EL ARTÍCULO 2o. DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO QUE PREVÉ SU PROCEDENCIA, AUN CUANDO NO SE EXPRESE SU NOMBRE O SE EXPRESE EQUIVOCADAMENTE, NO VIOLA EL DERECHO DE AUDIENCIA DEL DEMANDADO. El precepto citado, al establecer que la acción procede en juicio, aun cuando no se exprese su nombre o se exprese equivocadamente y, con esto, se admita la posibilidad de que el juez corrija el nombre de la acción, no viola el derecho de audiencia del demandado, ya que dicha corrección está condicionada, en el propio precepto, a que en la demanda se determine con claridad la clase de prestación exigida y el título o la causa de la acción, es decir, el petitum y la causa petendi expresados en las prestaciones reclamadas y los hechos en que se funda el derecho a éstas; las cuales, junto con los sujetos, constituyen los elementos relevantes para la identificación de las acciones, pues concurren a configurar su esquema lógico, por lo que sirven de base al juzgador para identificar cuál es la acción que verdaderamente se hizo valer, según el derecho aplicable; y lo que se funda, además, en el principio según el cual, a las partes corresponde dar los hechos y al juez, el derecho (da mihi factum, dabo tibi ius), así como de aquel que presume en el juez pericia en el conocimiento del derecho (iura novit curia). Así, al quedar expresados los elementos de la acción desde la demanda, con la cual se corre traslado al demandado al ser emplazado a juicio, éste se encontrará en condiciones de defenderse de ellas mediante la oposición de excepciones o defensas, así como el ofrecimiento de pruebas y la expresión de alegatos. Por tanto, se trata sólo de la determinación correcta de la acción ejercida, sin que implique algún cambio en las prestaciones o los hechos en que se funda la demanda, ya que éstos deben permanecer inalterados durante el proceso, esto es, mientras al identificar la acción no se modifique lo pedido y la causa de pedir, ni represente algún cambio en las defensas que pudieran hacerse valer, se respetará el derecho de audiencia del demandado, porque habrá estado en condiciones de posicionarse frente a ellos." Por lo anterior, es que la juez responsable al admitir la promoción realizada por el hoy tercero interesado Rodrigo Iván Rodríguez Jiménez, correctamente le dio el trato que legalmente le correspondía a la solicitud, esto es, ejecución de sentencia en vía de apremio, toda vez que del escrito mediante el cual se formuló la pretensión, se establece claramente el motivo de la misma, el expediente de origen, la fecha del convenio celebrado, la identificación de las partes así como los preceptos legales en los cuales fundamentó su petición. Auto en el que la responsable determinó lo siguiente: "Ahora bien respecto a la EJECUCIÓN DE SENTENCIA que solicita la promovente, téngasele promoviendo en la VÍA DE APREMIO en Ejecución de Convenio, mismo que se aprobó y elevó a categoría de cosa juzgada por acuerdo de fecha nueve de agosto del dos mil veintidós, dentro del expediente [513/2022], mediante la cual se aprobó el convenio celebrado por las partes; vía que se reclama el cumplimiento de la CLAUSULA QUINTA del convenio de referencia, El celebrado por los señores [RODRIGO IVAN RODRIGUEZ JIMENEZ) Y [ELIZABETH CARDENAS PARGA]. - - Con fundamento en los artículos 373 y 374 del Código de Procedimientos Familiares. Se admite y se ordena abrir la VIA DE APREMIO en ejecución de convenio, y se ordena requerir a [ELIZABETH CADENAS PARGA], quien tiene su domicilio en CALLE OASIS DE MOJAVE NÚMERO 1080-21, FRACCIONAMIENTO PRADERAS DE LOS OASIS EN ESTA CIUDAD] a fin de que al término de CINCO DIAS cumpla con la CLÁUSULA QUINTA del convenio celebrado dentro del expediente [513/2022], respecto a la entrega y desocupación del inmueble al señor [RODRIGO IVAN RODRIGUEZ JIMENEZ]." En ese tenor, es que se estima infundado el concepto de violación en estudio, toda vez que como se precisó, la autoridad responsable, en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 11 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua, antes transcrito, enderezó la solicitud del hoy tercero interesado y en auto de quince de febrero de dos mil veintitrés, al admitir la misma, le dio la nomenclatura correspondiente y ordenó las diligencias correspondientes a su ejecución. Por lo que hace a los conceptos de violación señalados por la quejosa como número dos y tres, los mismos devienen de igual manera infundados, por las consideraciones siguientes. En el auto reclamado en el presente juicio, la jueza responsable en vía de apremio acordó la ejecución del convenio celebrado entre las partes ante ella misma el nueve de agosto de dos mil veintidós, el cual fue celebrado estando las partes debidamente asistidas por sus representantes legales, es decir, sin mediar coacción de ningún tipo, lo cual fue corroborado por la Secretaria Judicial del Juzgado Segundo Familiar por Audiencias, por lo cual, fue elevado a categoría de cosa juzgada en esa misma fecha. Al respecto, el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua, en su artículo 38, establece la imposibilidad de los jueces de conocer las cuestiones ya resueltas por los actos judiciales que tengan fuerza de cosa juzgada, numeral que establece lo siguiente. "ARTÍCULO 38. Las sentencias ejecutoriadas, las transacciones y pagos judiciales y cualquier otro acto procesal que tenga fuerza de cosa juzgada, impiden que se entable o continúe un nuevo juicio sobre las cuestiones resueltas. Si de hecho se promoviere o continuare, podrá hacerse valer la excepción de cosa juzgada en cualquier estado de los autos y en cualquier instancia. Si la excepción se opone antes de la celebración de la audiencia preliminar, sin suspender el procedimiento, será en ella donde se resuelva. Si es opuesta después de la celebración de dicha audiencia, se sustanciará y decidirá con arreglo a las disposiciones que este código establece para los incidentes." En ese sentido, toda vez que, como se apuntó con antelación, el convenio de nueve de agosto de dos mil veintidós, obtuvo la fuerza de cosa juzgada en esa misma data, por lo cual, la jueza responsable se encontraba impedida para conocer de las cuestiones ya resueltas en el mismo. Por lo que a la jueza responsable, únicamente le correspondió pronunciarse respecto de la solicitud de ejecución del convenio en vía de apremio, esto es, en ningún momento violentó los derechos de los menores hoy quejosos, pues ese tema no fue materia del auto reclamado en esta instancia. Lo anterior es así ya que el derecho a la vivienda a que alude la quejosa en su concepto de violación, se encuentra comprendido en la figura de los alimentos, los cuales fueron materia del convenio celebrado entre las partes, por lo que en ninguna manera los niños hijos de la quejosa y del tercero interesado quedaron desprovistos de ese derecho, toda vez que el mismo se encuentra garantizado por ambos progenitores en base al convenio celebrado ante el juez de origen. Asimismo, en dicho convenio se dispuso que la hoy quejosa quedaría en posesión de los muebles así como del menaje que se encontraba al interior del inmueble de referencia, aunado a que el tercero interesado se obliga a otorgar un porcentaje de su salario por dicho concepto a favor de sus menores hijos. Así, el derecho de habitación de los niños, que forma parte de los alimentos, es distinto del derecho de uso que sus padres defienden en el juicio de origen, por lo que en estos casos la autoridad jurisdiccional no se encuentra constreñida a realizar ningún pronunciamiento sobre el impacto de la determinación en el interés superior de la infancia, ya que no existe disputa respecto de los derechos de niños, niñas o adolescentes, sino únicamente versa en el cumplimiento al convenio celebrado entre aquellos ante el juez de origen. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo registro digital: 2023695, Instancia: Primera Sala, Undécima Época, Materias(s): Civil, Constitucional, Tesis: 1a./J. 21/2021 (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Octubre de 2021, Tomo II, página 1632, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DERECHO DE ALIMENTOS (HABITACIÓN) DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD. ES DISTINTO DEL DERECHO DE USO QUE SUS PROGENITORES DEFIENDEN EN UN JUICIO DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE COMODATO RESPECTO DEL INMUEBLE DONDE HABITAN, POR LO QUE EN DICHO JUICIO NO PROCEDE ANALIZAR EL ASUNTO A LA LUZ DEL INTERÉS SUPERIOR DE LA INFANCIA. Hechos: El padre y la madre de dos personas menores de edad fueron demandados por la abuela de éstas en un juicio sobre terminación de contrato verbal de comodato, respecto de un inmueble que ocupaban aquéllos como casa habitación. En primera y segunda instancia se determinó la improcedencia de la acción planteada por la abuela; razón por la cual esta última promovió juicio de amparo. El Tribunal Colegiado concedió protección constitucional para que la autoridad responsable emitiera una nueva resolución, en la que valorara debidamente las pruebas desahogadas en el juicio. Los padres de las menores de edad presentaron un recurso de revisión en el que alegaron que el Tribunal Colegiado debió analizar el impacto que tendría la concesión del amparo en los derechos humanos de sus hijas quienes habitaban el domicilio y por lo tanto se podrían ver desalojadas de dicho inmueble. Criterio jurídico: El derecho de alimentos de las hijas o hijos menores de edad (que comprende la habitación), es distinto del derecho de uso que sus padres, como parte en el proceso, defienden en un juicio de terminación de contrato de comodato, por lo que en estos casos la autoridad jurisdiccional no se encuentra constreñida a realizar ningún pronunciamiento sobre el impacto de la determinación en el interés superior de la infancia, ya que no existe disputa respecto de los derechos de niños, niñas o adolescentes. Justificación: A pesar de la estrecha relación funcional que guarda el derecho de habitación de una persona menor de edad, respecto del satisfactor material (inmueble) que se emplea para colmar ese derecho, cuando la litis en el juicio natural versa sobre la determinación judicial de restitución de la posesión de un inmueble, mas no sobre el alcance, subsistencia y/o modificación del derecho de alimentos (habitación) de las personas menores de edad, el caso no amerita ser apreciado a la luz de su interés superior, ni con perspectiva de infancia. Lo anterior, aun tomando en consideración el alcance que jurisprudencialmente se ha dado al interés superior de la infancia y al derecho de participación de niños, niñas y adolescentes en los procedimientos en donde se ventilen sus derechos, pues no es posible atender a una eventual e incierta situación de hecho que en el futuro pudiera afectar de manera indirecta a las personas menores de edad involucradas. Lo definitivo en estos casos es que no existe una contraposición jurídica entre el derecho de propiedad y posesión que ostenta la parte actora en el juicio de origen y el derecho de alimentos (habitación) de las personas menores, pues lejos de estar vinculado directamente con el inmueble litigioso, está ligado jurídicamente al deber de proporcionar alimentos a cargo de las personas responsables de tal obligación." De ahí lo infundado de los conceptos de violación en estudio. En tales condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo procedente es negar a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito al juzgado responsable, en virtud de que no se atribuyeron vicios propios. Al respecto, tiene aplicación la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital, 207616, [TA]; 8a. Época; 3a. Sala; S.J.F.; Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988; Pág. 357, la cual dice: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." Finalmente, cabe precisar que los criterios que han sido citados, se estiman aplicables al caso en estudio, en virtud a lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que dispone lo siguiente: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 63, 73, 74, 75, 76 y 77, demás relativos de la Ley de Amparo; se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, por si y en representación de los niños de iniciales ********************en contra de los actos y autoridades señaladas en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica, personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Eduardo Quiroz Álvarez, hoy trece de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
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Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de julio de dos mil veintitrés. Agréguese los autos el oficio enviado por el Titular de la Delegación Chihuahua, del Instituto Federal de la Defensoría Pública, mediante el cual informa que nombro al licenciado *******, como asesor jurídico, a fin de que asista a los menores de iniciales ******* y *******. En ese sentido, se tiene como nombrado al licenciado *******, a fin de que asesore a los menores antes mencionados. Por otro lado, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito por el cual, el licenciado *******, Asesor Juridico Federal del Instituto Federal de Defensoría Pública, protesta y acepta el cargo conferido como asesor jurídico los menores de iniciales ******* y *******. Autorizados y domicilios En términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se autoriza en términos amplios a las licenciadas *******, ******* y *******, toda vez que se encontraron en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se autoriza en los términos restringidos del artículo 24 de la ley de la materia, a *******, *******, *******, ******* y *******. Además, según lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones el mencionado en su escrito de aceptación de cargo. Autorización acceso expediente electrónico En atención a que el autorizado aparece registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con el nombre de usuario "*******", y toda vez que el referido autorizado cuenta con certificado digital de firma electrónica, bajo el usuario que indica, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracciones II y III de la Ley de Amparo, así como ordinales 55 a 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se provee: 1. Se acuerda de conformidad su petición sobre la consulta del expediente a través del juicio en línea. 2. Se faculta al autorizado para que las promociones que presenten en este asunto, pueda formularlas mediante el uso de tecnologías de información, a través de su firma electrónica. 3. Como consecuencia de lo anterior, se ordena practicar las notificaciones en este asunto vía electrónica, incluso las de carácter personal. Asimismo, hágasele del conocimiento, que cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo y se advierta una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, por vía impresa, de este Juzgado Federal, o bien, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. Posteriormente, en atención a lo solicitad o por la referida parte procesal, se le hace del conocimiento que en términos de lo previsto en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones I y II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le ordenen practicar en el presente asunto, se tendrán por realizadas una vez que haya accesado al expediente electrónico respectivo en el Sistema Electrónico, por sí o por conducto de cualquiera de las personas que hubiere autorizado para consultar ese expediente, al visualizar el texto del acuerdo correspondiente, lo que dará lugar a la generación de la constancia prevista en la citada fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que este tipo de notificaciones surtirá sus efectos cuando se genere aquella constancia de consulta realizada, o bien, transcurrido el plazo de dos días hábiles siguientes, por no haber ingresado al sistema. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la Titular, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de febrero de dos mil veintitrés, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación al numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo, que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe. .
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Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito y anexos presentados, vía electrónica, por el licenciado *******, autorizado del tercero interesado. Respecto a su solicitud para que se le dé de alta en el presente expediente a los servicios del juicio en línea del Poder Judicial de la Federación con el usuario "*******", dígasele en atención a la solicitud toda vez que el tercero interesado aparece registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y toda vez que cuenta con certificado digital de firma electrónica, bajo el usuario que indica, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se provee: 1. Se acuerda de conformidad su petición sobre la consulta del expediente a través del juicio en línea. 2. Como consecuencia de lo anterior, se ordena practicar las notificaciones a la parte actora vía electrónica, incluso las de carácter personal. Asimismo, hágasele del conocimiento, que cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo y se advierta una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, por vía impresa, de este Juzgado Federal, o bien, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. Posteriormente, en atención a lo solicitado por la referida parte procesal, se le hace del conocimiento que en términos de lo previsto en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones I y II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le ordenen practicar en el presente asunto, se tendrán por realizadas una vez que haya accesado al expediente electrónico respectivo en el Sistema Electrónico, por sí o por conducto de cualquiera de las personas que hubiere autorizado para consultar ese expediente, al visualizar el texto del acuerdo correspondiente, lo que dará lugar a la generación de la constancia prevista en la citada fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que este tipo de notificaciones surtirá sus efectos cuando se genere aquella constancia de consulta realizada, o bien, transcurrido el plazo de dos días hábiles siguientes, por no haber ingresado al sistema. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la Titular, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de febrero de dos mil veintitrés, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación al numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo, que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
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Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que en auto de veintinueve de junio del año en curso se requirió al Delegado del Instituto Federal de Defensoría Pública, en Chihuahua Capital, para que dentro del plazo de tres días, computados legalmente, designe un asesor jurídico para los menores de iniciales ******* sin que hasta el momento haya transcurrido dicho plazo. Ahora, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia y se señalan las diez horas con cuarenta minutos del dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, para su desahogo. En ese sentido, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto, el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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