Eliseo Rivera Ibarra

Expediente 810/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 24 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
810/2019
Año
2019
Actuaciones
24
Última actuación
14/11/2019

Partes del expediente

  • Lic. Omar Luna Luna Herrera, Juez de Control Especializado En Ejecucion En el Estado de Baja California, En Tecate
  • Eliseo Rivera Ibarra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Oficio. La Administradora Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Baja California "2" realiza lo siguiente: 1) Informa las gestiones tendentes para hacer efectiva la multa interpuesta en auto de veintidós de octubre del año en curso [fojas 168 a 171] a Erika Estrada Varela y Joel Chaidez Bustillos. 2) Hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que la información que proporciona tiene el carácter de reservada y/o confidencial. Se toma conocimiento. Este Juzgado de Distrito toma conocimiento de lo informado y con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2, se ordena agregar el oficio de cuenta a los autos. Información reservada y/o confidencial. Asimismo, toda vez que la información proporcionada tiene el carácter de reservada, atendiendo a las manifestaciones de la autoridad oficiante, se ordena tomar las medidas necesarias para su debido resguardo. Por tanto, con fundamento en el artículo 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública a efecto de salvaguardar la seguridad de la información de terceros ajenos a esta litis que se pudiere encontrar en el oficio de cuenta, se determina que en ningún caso la información recibida podrá ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. No obstante, este juzgado federal, previo análisis de la solicitud que al efecto se presente por escrito donde se ponderen los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el presente asunto, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la información remitida únicamente cuando resulte esencial para su defensa; debiendo en todo momento adoptarse todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2015 (10a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, registro 2009916, de rubro y texto siguientes: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo." [Énfasis añadido]. Se ordena girar oficio. En ese contexto, se ordena girar oficio a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Baja California "2" a efecto de que se encuentre en posibilidad de dar cumplimiento al requerimiento que le fue efectuado en auto de veintidós de octubre de dos mil diecinueve [fojas 168 a 171], por lo que para tal efecto se adjunta copia simple del oficio de cuenta en sobre cerrado, haciéndole de su conocimiento que la información que se le remite tiene el carácter de reservada y/o confidencial, por lo que deberá tomar las medidas necesarias para su resguardo, atento a lo manifestado en párrafos que anteceden. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, seis de noviembre de dos mil diecinueve. Oficio. La Subadministradora Desconcentrada de Recaudación de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Baja California 2 realiza lo siguiente: 1) Solicita la Clave del Registro Federal de Contribuyentes, domicilio y el original o copia certificada del oficio que da origen a la sanción pecuniaria interpuesta a Erika Estrada Varela y Joel Chaidez Bustillos. 2) Informa que la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Baja California 2 es la autoridad encargada de integrar, actualizar y operar el Padrón del Registro Federal de Contribuyentes y la cuenta Tributaria. Se toma conocimiento. De lo anterior, este Juzgado de Distrito toma conocimiento y con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2, se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta. Se ordena girar oficio. En ese contexto, se ordena girar oficio a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Baja California "2", y a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Baja California "2" para que en el ámbito de sus facultades indaguen las claves del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y demás datos necesarios de Erika Estrada Varela y Joel Chaidez Bustillos, a fin de que estén en aptitud de hacer efectivas las multas impuestas, equivalentes a cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, lo que equivale a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con lo ordenado en auto de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, por lo que para tal efecto se adjunta copia certificada del mismo. Requerimiento. Con respecto a lo anterior, se les requiere para que dentro del plazo de tres días contado a partir de que reciba la comunicación respectiva, informen a este órgano judicial las gestiones tendentes para hacer efectivas las mencionadas multas. Apercibimiento. En el entendido que de no dar cumplimiento a lo anterior, o no informar el impedimento legal que tengan para hacerlo, se les impondrá una multa multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, lo que equivale a la cantidad de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 50/100 moneda nacional), lo anterior conforme a los artículos 236 y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    hago constar, que en esta fecha notifiqué a la parte quejosa Eliseo Rivera Rivera Estrada, la determinación de treinta de octubre de dos mil diecinueve, por medio de lista que se fijó a las nueve horas del día de hoy, en un lugar visible y de fácil acceso de este juzgado, en términos de los artículos 26, fracción III, en relación con el numeral 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, misma que en síntesis dice "...ÚNICO.- Se sobreseee en el presente juicio de garantías....

  4. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 810/2019-VIII; y, R E S U L T A N D O S PRIMERO. Mediante escrito presentado el ocho de julio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, Eliseo Rivera Ibarra, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto señalado en la demanda de amparo. SEGUNDO. Trámite del juicio. El nueve de julio de dos mil diecinueve, la demanda se radicó, bajo el número de expediente 810/2019-VIII, y se admitió. Luego, seguidos los trámites de ley, se celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, al realizarse una lectura integral de la demanda y constancias allegadas al juicio, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto y autoridad que enseguida se precisan: Autoridad responsable Acto reclamado Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate Omisión de resolver su petición relativa al otorgamiento del beneficio denominado remisión parcial de la pena. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. En ese sentido, la autoridad responsable rindió su informe con justificación, tal como se precisa a continuación: Autoridad responsable Sentido del informe Foja(s) Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate Niega pero realiza manifestaciones. 30 Como se ve, la autoridad responsable, negó el acto reclamado al rendir su informe justificado, pero, realizó manifestaciones que evidencian su certeza, de ahí que se tenga por cierto. Apoya lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, Materia Común, página 391, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Certeza que se corrobora con los registros de audio y video que contienen las audiencias de diecisiete de julio de dos mil dieciocho y la diversa de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, que cuentan con valor probatorio pleno, sin necesidad de una diligencia especial de reproducción, por tener el carácter de documentales públicas de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso 2°, del propio ordenamiento legal. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2004362, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, que es del tenor siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." A lo que se suman las documentales del cuaderno de ejecución 275/2018 que permiten corroborar la certeza del acto, ya que en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, adquieren el carácter de documento público, con valor probatorio pleno. Sirve de apoyo, la jurisprudencia sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación (que resulta aplicable de acuerdo con el artículo sexto transitorio la Ley de Amparo vigente), consultable en la página ciento cincuenta y tres, Tomo VI, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, no obstante la certeza del acto reclamado, no se está en el caso de analizar la constitucionalidad de los mismos, en virtud de que quien aquí resuelve estima que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo; y debe sobreseerse en el juicio, acorde al numeral 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. En principio, resulta oportuno transcribir la porción normativa donde se prevé la causa que impide la procedencia del presente juicio y que es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]." De una interpretación sistemática de lo dispuesto por la referida fracción del arábigo citado, permite establecer que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del motivo de afectación, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional. La improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia, consistente en la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado en el caso se traduce en que la omisión de resolver la petición relativa al otorgamiento del beneficio de remisión parcial de la pena por parte de la responsable, dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Esto es así, porque del disco compacto que contiene la audiencia de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, se obtiene que se resolvió la solicitud concediéndole dicho beneficio y, en consecuencia, se ordenó su libertad respecto de la causa penal 504/2003 de la que derivó el cuaderno de ejecución 275/2018. La narrativa precedente, al devenir de un documento que tienen pleno valor probatorio en términos del artículo 202 de la legislación adjetiva civil federal, supletoria en la substanciación del juicio de protección de derechos fundamentales, permiten concluir a este órgano jurisdiccional de que el acto omisivo reprochado a la autoridad responsable, ha quedado debidamente subsanado, pues ya existe un pronunciamiento en relación a la petición hecha por el solicitante de la protección de la justicia de la Unión, al resolver sobre el beneficio de Libertad Anticipada de Remisión Parcial de la Pena. Cierto, si se atiende a las razones contenidas en la tesis I.3o.C.110 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro, "ACTOS RECLAMADOS DE NATURALEZA OMISIVA. SU ACREDITAMIENTO QUEDA SUJETO A QUE NO SE ALLEGUE AL JUICIO DE GARANTÍAS EL MEDIO PROBATORIO POR EL QUE SE ACREDITE EL HECHO POSITIVO QUE DESVIRTÚE LA OMISIÓN", es factible concluir que si en una demanda de amparo se reclama la conducta omisiva de una autoridad, es menester que en la prosecución del juicio de protección de derechos fundamentales no se advierta acción de la autoridad que resulte contrario a lo sostenido por el solicitante de la protección constitucional. Por todo lo expuesto, es inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado en esta vía constitucional, pues aquella situación jurídica, consistente en la omisión de resolver su petición de beneficio de Libertad Anticipada de Remisión Parcial de la Pena, se destruyó en todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo y con fundamento en la fracción V, del precepto 63 de la legislación invocada, se sobresee en el presente juicio por el acto antes reclamado. En apoyo a lo anterior, resulta orientador el criterio jurisprudencial 2a./J. 205/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página seiscientas cinco del Tomo XXIX, enero de dos mil nueve, en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Igualmente, resulta aplicable por las razones que informa, la tesis (IV Región)2o.15 K (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con registro electrónico 2020019, consultable en la publicación semanal efectuada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación a las diez horas con trece minutos del viernes siete de junio de dos mil diecinueve, que es de la literalidad siguiente: "PLAZO RAZONABLE. ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU EXISTENCIA, CUANDO SE RECLAMA AFECTACIÓN DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL Y, COMO CONSECUENCIA, VIOLACIÓN A LOS ARTÍCULOS 8o., 14 Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), consideró que de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables", deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, por regla general, cuando un particular aduce exclusivamente que hubo en su contra una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento cuando se presentan dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite, caso en el cual el juicio de amparo sería improcedente. Sin embargo, existe una excepción a dicha regla y acontece cuando de la demanda o de las constancias de autos, el Juez de amparo advierte que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso, el juicio de amparo será procedente, y para justificar esa excepción debe atenderse a los conceptos "abierta dilación del procedimiento" o "paralización total del procedimiento", considerando el derecho fundamental al "plazo razonable", como parte del debido proceso, que deben entenderse como aquel retardo que muestra que el camino procesal se ha prolongado de forma que su desarrollo sea superior al normal que debe llevarse en todo proceso jurisdiccional, lo que implica que para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un juicio, debe tomarse en cuenta: a) La complejidad del asunto, ya sea técnica, jurídica o material; b) La actividad procesal del interesado, esto es, los actos que haya desplegado para darle seguimiento, si con ello dificulta, obstaculiza o impide su pronta respuesta; c) La conducta de las autoridades jurisdiccionales, es decir, los actos que la propia autoridad llevó a cabo para agilizar la pronta respuesta a su petición, así como sus cargas de trabajo; d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso; e) El análisis global del procedimiento, que consiste en el conjunto de actos relativos a su trámite, que implica analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para establecer si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. Por tanto, para precisar el "plazo razonable" en la resolución de los asuntos en que se reclama una dilación procesal, debe atenderse al caso particular, conforme a criterios de normatividad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para determinar si se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada sin justificación, puede constituir, por sí misma, una violación a los derechos fundamentales contenidos en el artículo 17 constitucional citado." En mérito de las consideraciones precedentes, no existe viabilidad técnica para estudiar los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, al configurarse la citada causa de improcedencia que generó el sobreseimiento del presente juicio de amparo. Nutre esa determinación, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49 del Tomo 24 Tercera Parte, Materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de voz y texto: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Eliseo Rivera Ibarra, por derecho propio, en contra del acto y autoridad precisados en el considerando segundo de la presente sentencia. Notifíquese en términos de ley. Así lo resolvió y firma Judith Viviana Juárez Vázquez, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante el Secretario Isaac Fabela León, quien firma y da fe. Doy fe.

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