Elizabeth del Carmen Chi Lamk
Expediente 120/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 120/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 27/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Elizabeth del Carmen Chi Lamk
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. Visto el escrito de cuenta de *********, autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, agréguese a sus autos para que obre como en derecho corresponda. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, expídansele al ocursante las copias que solicita, debiéndose recabar la constancia correspondiente a su entrega. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte de los mismos que mediante proveído de ocho de febrero de dos mil dieciocho, se dio vista a la quejosa Elizabeth del Carmen Chi Lamk con lo informado por la autoridad responsable Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Yucatán, con sede en esta ciudad, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho acuerdo se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El auto de mérito se notificó a la quejosa el quince de febrero del año en curso, sin que hiciera manifestación alguna al respecto; por tanto, este Juzgado Federal procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. En sentencia de nueve de mayo de dos mil diecisiete, al estimarse sustancialmente fundados los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa en su demanda de amparo, se le concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, declarado inconstitucional no se aplique a la quejosa y, por tanto, para que el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal Yucatán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dejara sin efectos el acto de aplicación consistente en el oficio ISS.100.31.300.1.0214.01.2017 de fecha dieciséis de enero de dos mil diecisiete y todas sus consecuencias, por consiguiente quedaba obligado el referido subdelegado a devolver a la peticionaria del amparo las cantidades que indebidamente se le reintegraron o dejó de pagar. En contra de dicha sentencia, el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Yucatán, con sede en esta ciudad, interpuso recurso de revisión, el cual fue resuelto por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el diez de enero de dos mil dieciocho, confirmando la sentencia recurrida. Por auto de diecisiete de enero del año en curso, se tuvo por recibida la ejecutoria de mérito y se requirió al Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Yucatán, con sede en esta ciudad, su cumplimiento. Es importante señalar que para cumplir con la citada ejecutoria de amparo las autoridades responsables denominadas Cámaras de Diputados y de Senadores, ambos del Congreso de la Unión, así como el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, todas con sede en la Ciudad México, no tienen que ejecutar acto alguno pues se les reclamaron actos legislativos como son, respectivamente, la discusión, aprobación, expedición y promulgación de la ley reclamada, la cual no puede quedar insubsistente, por tratarse de una disposición de orden público, de carácter general y por lo mismo impersonal. Norma el anterior criterio la jurisprudencia 2ª.CXV/97, sustentada por la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal, consultable en la página 414, del Tomo VI, Octubre de 1997, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERÓN FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." Por tanto, resultaría ocioso pretender el cumplimiento de la ejecutoria correspondiente, porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, pues como ya se dijo, los efectos de la concesión del amparo en este caso, fueron para que no se aplicara en perjuicio de la quejosa, la disposición declarada como inconstitucional. Ahora bien, con la finalidad de cumplir con el fallo protector, mediante oficio sin número de fecha seis de febrero del año en curso, signado por el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, informó y acreditó el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; pues de éste se desprende que dejó insubsistente el oficio ISS.100.31.300.1.0214.01.2017, de fecha dieciséis de enero de dos mil diecisiete, así como determinó que no se aplicaría a la quejosa en el presente y en lo futuro el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y además, que no existía pago pendiente de realizar a la pensión por concubinato por muerte del pensionado de la cual la quejosa es beneficiaria. Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, se advierte que la autoridad responsable Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Yucatán, con sede en esta ciudad, se encontraba obligada a dejar insubsistente el oficio reclamado, esto es el ISS.100.31.300.1.0214.01.2017 de fecha dieciséis de enero de dos mil diecisiete, y todas sus consecuencias, así como que no se aplicará a la quejosa el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y además quedaba obligada a devolver a la peticionaria del amparo las cantidades que indebidamente se le reintegraron o dejó de pagar, lo que efectivamente realizó como se advierte del oficio sin número de fecha seis de febrero del año en curso; por tanto, se estima que el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Yucatán, con sede en esta ciudad, cumplió con lo ordenado en la ejecutoria de amparo; de ahí que se consideren destruidos los actos atribuidos a dicha autoridad responsable, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional, en cumplimiento al fallo protector. En tales condiciones, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, consagrados en el artículo 123 apartado B, fracción XI, inciso a) Constitucional; lo anterior, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Por otro lado, por lo que toca al original y duplicado del cuaderno incidental, se ordena remitir por cuerda separada al archivo, anexándole para tal efecto copia autorizada del presente proveído. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los Libros de Gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA DE CONFORMIDAD CON LOS ARITUCLOS 27 Y 29 D ELA LEYD E AMPARO Mérida, Yucatán, veintidós de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte de los mismos que mediante proveído de ocho de febrero de dos mil dieciocho, se dio vista a la quejosa + + +con lo informado por la autoridad responsable Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Yucatán, con sede en esta ciudad, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho acuerdo se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El auto de mérito se notificó a la quejosa el quince de febrero del año en curso, sin que hiciera manifestación alguna al respecto; por tanto, este Juzgado Federal procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. En sentencia de nueve de mayo de dos mil diecisiete, al estimarse sustancialmente fundados los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa en su demanda de amparo, se le concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, declarado inconstitucional no se aplique a la quejosa y, por tanto, para que el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal Yucatán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dejara sin efectos el acto de aplicación consistente en el oficio ISS.100.31.300.1.0214.01.2017 de fecha dieciséis de enero de dos mil diecisiete y todas sus consecuencias, por consiguiente quedaba obligado el referido subdelegado a devolver a la peticionaria del amparo las cantidades que indebidamente se le reintegraron o dejó de pagar. En contra de dicha sentencia, el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Yucatán, con sede en esta ciudad, interpuso recurso de revisión, el cual fue resuelto por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el diez de enero de dos mil dieciocho, confirmando la sentencia recurrida. Por auto de diecisiete de enero del año en curso, se tuvo por recibida la ejecutoria de mérito y se requirió al Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Yucatán, con sede en esta ciudad, su cumplimiento. Es importante señalar que para cumplir con la citada ejecutoria de amparo las autoridades responsables denominadas Cámaras de Diputados y de Senadores, ambos del Congreso de la Unión, así como el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, todas con sede en la Ciudad México, no tienen que ejecutar acto alguno pues se les reclamaron actos legislativos como son, respectivamente, la discusión, aprobación, expedición y promulgación de la ley reclamada, la cual no puede quedar insubsistente, por tratarse de una disposición de orden público, de carácter general y por lo mismo impersonal. Norma el anterior criterio la jurisprudencia 2ª.CXV/97, sustentada por la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal, consultable en la página 414, del Tomo VI, Octubre de 1997, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERÓN FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. Por tanto, resultaría ocioso pretender el cumplimiento de la ejecutoria correspondiente, porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, pues como ya se dijo, los efectos de la concesión del amparo en este caso, fueron para que no se aplicara en perjuicio de la quejosa, la disposición declarada como inconstitucional. Ahora bien, con la finalidad de cumplir con el fallo protector, mediante oficio sin número de fecha seis de febrero del año en curso, signado por el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, informó y acreditó el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; pues de éste se desprende que dejó insubsistente el oficio ISS.100.31.300.1.0214.01.2017, de fecha dieciséis de enero de dos mil diecisiete, así como determinó que no se aplicaría a la quejosa en el presente y en lo futuro el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y además, que no existía pago pendiente de realizar a la pensión por concubinato por muerte del pensionado de la cual la quejosa es beneficiaria. Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, se advierte que la autoridad responsable Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Yucatán, con sede en esta ciudad, se encontraba obligada a dejar insubsistente el oficio reclamado, esto es el ISS.100.31.300.1.0214.01.2017 de fecha dieciséis de enero de dos mil diecisiete, y todas sus consecuencias, así como que no se aplicará a la quejosa el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y además quedaba obligada a devolver a la peticionaria del amparo las cantidades que indebidamente se le reintegraron o dejó de pagar, lo que efectivamente realizó como se advierte del oficio sin número de fecha seis de febrero del año en curso; por tanto, se estima que el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Yucatán, con sede en esta ciudad, cumplió con lo ordenado en la ejecutoria de amparo; de ahí que se consideren destruidos los actos atribuidos a dicha autoridad responsable, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional, en cumplimiento al fallo protector. En tales condiciones, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, consagrados en el artículo 123 apartado B, fracción XI, inciso a) Constitucional; lo anterior, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Por otro lado, por lo que toca al original y duplicado del cuaderno incidental, se ordena remitir por cuerda separada al archivo, anexándole para tal efecto copia autorizada del presente proveído. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los Libros de Gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de febrero de dos mil dieciocho. Visto: agréguese a estos autos el oficio sin número del Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en esta capital, así como la certificación que acompaña, que remite en cumplimiento a la sentencia ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista de lo anterior a la parte quejosa por el término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación que se le haga de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la citada autoridad responsable. Notifíquese personalmente.
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