Elizabeth Cosgalla Santos

Expediente 536/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
536/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
11/07/2023

Partes del expediente

  • Elizabeth Cosgalla Santos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, once de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que la notificación de la sentencia dictada el veintidós de junio de dos mil veintitrés, se realizó a la parte quejosa por lista de estrados el día veintitrés de junio del año en curso; consecuentemente, ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo, se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General sin número, de diez de mayo de dos mil veintitrés, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ser un juicio de amparo sobreseído, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se proceda a la destrucción del presente cuaderno, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 536/2023-V-B, promovido por ***, contra los actos que reclama de la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, Jueza Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado y actuario de su adscripción, todos con sede en esta ciudad; y, ... TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados a la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, Jueza Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado y actuario de su adscripción, todos con sede en esta ciudad, pues así lo manifestaron expresamente al rendir sus informes justificados; sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado dichas negativas con prueba en contrario Máxime, que en virtud de las documentales que adjuntaron la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán y Jueza Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado junto con sus informes de ley, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia de amparo, se advierte que la Secretaria General de Acuerdos responsable, indicó que el once de julio de dos mil veintidós, mediante oficio PJ-TSJ-PRE-AGEXC-UESOL/1213/2022, recibió del secretario de estudio y cuenta de primera instancia en funciones de Jefe de Departamento de la Unidad de Gestión de Exhortos de Primera Instancia de Solidaridad, Quintana Roo, el exhorto número 124/2022. Exhorto que mediante oficio número 7474 de trece de julio del año inmediato anterior, envió al Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado para su debida diligenciación, siendo que posteriormente en treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, mediante oficio número 1447 al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, devolvió sin diligenciar el exhorto de referencia. Por su parte, la Jueza responsable indicó que recibió el exhorto en cuestión al cual le asignó el diverso 98/2022 de su índice, dio trámite al mismo, siendo que mediante acuerdo de diez de agosto de dos mil veintidós, ordenó notificar y emplazar al demandado en el juicio de origen en el domicilio señalado, diligencia que no pudo ser realizada tal y como se indica en la razón actuarial levantada en diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Ante ello, la Jueza responsable por acuerdo de veintinueve de agosto siguiente, dio vista a la aquí quejosa a fin de que impulsara la diligenciación del exhorto en cuestión, con el apercibimiento de que no hacerlo, sería devuelto a su lugar de origen; vista que contestó la quejosa y por acuerdo de veintisiete de septiembre último, ordenó nuevamente notificar y emplazar a la parte demandada, siendo que dicha diligencia tampoco pudo llevarse a cabo. Por último, la Jueza Cuarto nuevamente dio vista de lo anterior a la parte aquí quejosa a efecto de impulsar el trámite del exhorto, sin que contestara la misma, motivo por el cual la Jueza responsable mediante oficio 134/2023 de nueve de enero de dos mil veintitrés, devolvió sin diligenciar a la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado el exhorto y ésta a su vez regresó el mismo a su lugar de origen en la fecha ya mencionada; razones por las cuales se desprende que el acto aquí reclamado no existe. En consecuencia, al ser inexistente el acto reclamado, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV de la citada Ley de Amparo, y la Tesis de Jurisprudencia número 284, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". En tales circunstancias, ello impide a este Juzgador a realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." CUARTO. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SEXTO. Equivalencia de las constancias que integran el expediente electrónico a copias certificadas. Hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, en contra de los actos que reclama de la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, Jueza Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado y actuario de su adscripción, todos con sede en esta ciudad; por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, el oficio número 6147 signado por la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; y anexo que acompaña, cumpliendo con el requerimiento que le fuera hecho en acuerdo de veinticuatro de mayo pasado y, en atención a su contenido se acuerda: Téngase por hecha las manifestaciones que hace la Secretaria General de Acuerdos mencionada, por la cual indica el impedimento que tiene a efecto de remitir las constancias que le fueron solicitadas en acuerdo de veinticuatro de mayo pasado. Por otro lado, en lo concerniente a las diversas constancias que remite junto con su oficio de cuenta; relaciónense en alcance a su informe justificado y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo dese vista a las partes del mismo. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que del informe justificado, rendido por la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; se desprende que la responsable adjuntó el oficio número 1447 de fecha dos de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual devolvió el exhorto 124/2022 al Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo; sin embargo, de las constancias remitidas no se advierte que la autoridad exhortante en el juicio de origen hubiese recibido el oficio en cuestión. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo y a efecto de mejor resolver, solicítese a la Secretaria General de Acuerdos, remita copias certificadas de las constancias posteriores al oficio de dos de febrero último; en donde se advierta que la autoridad exhortante en el juicio de origen haya acusado de recibido el oficio ya mencionado, o en su caso, manifieste el impedimento que tiene para hacerlo. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, que refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, en relación con lo que disponen los numerales 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia; equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, sin centavos, monada nacional). Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 17/97, del Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108, del Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro número 199454, que dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy, y se señala como nueva fecha y hora para su celebración, el día VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS A LAS DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS. Notifíquese y cúmplase.

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