Elisa Velazquez Renteria
Expediente 1281/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1281/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Elisa Velazquez Renteria
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, el veintidós de agosto de dos mil veintitrés, y remitido el mismo día a este Juzgado Federal por razón de turno, compareció la referida parte quejosa a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos atribuidos a: a) Congreso del Estado de Yucatán b) Gobernador del Estado de Yucatán. c) Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. d) Agente adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán (Miguel Ángel Sánchez Pérez). e) Agencia de Administración Fiscal del Estado de Yucatán. Todos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, se registró la demanda de amparo con el número 1281/2023-VI-A, y se previno a la parte quejosa a fin de que proporcionara una copia más del escrito de demanda; a lo que dio cumplimiento mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el veinticinco siguiente. En consecuencia, por acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de que se trata; se dio la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se pidió su informe justificado a las autoridades responsables; y, finalmente, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que los actos reclamados, lo hizo consistir la parte quejosa en: a) Del Congreso del Estado de Yucatán y del Gobernador del Estado de Yucatán, la expedición de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, específicamente el artículo 79, fracción II; así como del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán. b) Del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y agente de su adscripción (Miguel Ángel Sánchez Pérez), los actos de aplicación de los numerales acabados de señalar, consistentes en la emisión de la boleta de infracción número 784096 de cinco de agosto de dos mil veintitrés; así como la suspensión de su licencia de conducir. c) De la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, el cobro de la boleta de infracción 784096, por la cantidad de $11,982.00 (once mil novecientos ochenta y dos pesos, cero centavos). TERCERO. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Gobernador del Estado, Congreso del Estado, Secretario de Seguridad Pública y agente de su adscripción Miguel Ángel Sánchez Pérez, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados. En tal virtud deberán tenerse por existentes al tenor de lo señalado en la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por su parte, el Director Jurídico de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, residente en esta ciudad, negó el acto reclamado, sin embargo, a continuación hizo manifestaciones que evidencian la certeza del mismo; en consecuencia, se desvirtúa dicha negativa y deberá tenerse como cierto dicho acto. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV-julio, Octava Época del semanario Judicial de la Federación, cuyo texto indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Además de que el acto reclamado se hace consistir en leyes, en tal virtud, su notoria existencia no está sujeta a prueba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles. Resulta aplicable en lo conducente, el criterio que sostenido en la jurisprudencia 2ª/J.65/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de dos mil, página 260, que establece: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." También resulta aplicable la tesis visible en la página 205, del tomo XV-I, febrero de 1995, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal, la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas." CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. Previo al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causales de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de la materia en vigor. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de Nuestro Máximo Tribunal, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, el Congreso del Estado, por conducto de su Directora Jurídica, aduce que se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 108, fracción VI, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa únicamente realizó afirmaciones generales e imprecisas como conceptos de violación. En ese sentido, es menester mencionar que de los preceptos señalados se advierte que uno de los requisitos esenciales que debe contener la demanda de amparo, es el de expresar los conceptos de violación; así también, se establece que la improcedencia del juicio puede derivar de alguna disposición constitucional o de la propia Ley de Amparo. Ahora, con el propósito de determinar lo que se entiende por concepto de violación y por no contraponerse a las disposiciones de la ley de la materia, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia P./J. 68/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página: 38, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR." En la jurisprudencia que se cita, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que deben tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que con tal contenido aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo ni guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, mencionando la lesión o agravio que el quejoso considera le causa el acto y los motivos que lo originaron. Los conceptos de violación, deben considerarse como la expresión razonada que se ha de establecer entre los actos desplegados por las autoridades responsables y los derechos públicos subjetivos que se estimen violados, expresando, en el caso, la causa de pedir, misma que se configura con la manifestación de la ley o acto que se impugnan, los preceptos constitucionales que se consideran vulnerados y los motivos o razones que acreditan. En síntesis, es evidente que los conceptos de violación en el juicio de amparo se caracterizan por la concurrencia de tres elementos que la parte quejosa debe observar indefectiblemente al momento de formular su demanda de amparo, a saber: a) La ley o acto que impugna en el proceso de control constitucional que excita ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. b) La lesión o afectación jurídica concreta y particular que estima le produce los actos reclamados en la esfera de sus derechos públicos subjetivos que la ley fundamental le reconoce; y, c) Las razones o motivos particulares mediante los cuales considera que efectivamente los actos que impugna devienen en una violación a sus derechos fundamentales. Bajo estas premisas, de la demanda de amparo se aprecia claramente que la parte quejosa reclama el artículo 79, fracción II de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado, así como el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado, bajo la consideración de que dichos preceptos trasgreden sus derechos de seguridad, audiencia previa y debido proceso en el que cumplan las formalidades esenciales de todo procedimiento, previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. De ahí que resulte infundada la causal propuesta, pues contrario a lo que aseveró la autoridad responsable, la parte quejosa expresó conceptos de violación suficientes para que puedan ser analizados en el presente juicio de amparo. Por otra parte, el Gobernador del Estado de Yucatán, por conducto del Consejero Jurídico, señala que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del numeral 61 de la Ley de Amparo, pues refiere que la parte quejosa carece de interés jurídico para promover el presente juicio constitucional. Resulta infundada la causal de improcedencia en comento, pues de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se desprende que la boleta de infracción 784093 de cinco de agosto de dos mil veintitrés, fue expedida efectivamente a nombre de la hoy impetrante del amparo Eliza Velázquez Rentería; de ahí que, contrario a lo que señala la citada autoridad responsable, deviene inconcuso que dicho acto reclamado afecta los intereses de la quejoso, al haberse impuesto la multa a ésta de manera directa. Finalmente, aduce la Agencia de Administración Fiscal del Estado, que se actualiza la diversa causal de improcedencia contenida en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, atendiendo a que la ahora quejosa no agotó el principio de definitividad, pues contra la multa por infracción de tránsito reclamada, debió agotar el medio de defensa previsto en el artículo 482 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, o bien, juicio contencioso administrativo contemplado en la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán. Resulta infundada dicha causal de improcedencia hecha valer, habida cuenta que en la propia legislación de la materia, en concreto en el numeral 61, fracción XIV, párrafo tercero, se contempla una excepción al principio de definitividad en tratándose de amparo contra leyes, al otorgarle al promovente del amparo la posibilidad de promover juicio de amparo en contra del primer acto de aplicación de la norma impugnada de forma inmediata, o bien, agotar el recurso o medio de defensa que pueda modificar, revocar o anular el acto de aplicación de la norma. De ahí que si la parte promovente no agotó el medio de impugnación previsto en la ley contra el primer acto de aplicación de las normas impugnadas, no pueda considerarse que inobservó el principio aludido, precisamente por el carácter potestativo de esa impugnación contemplado en la Ley de Amparo. QUINTO. Inexistencia de diversas causas de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de diversa causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción, además de que ello no le causa perjuicio a la peticionaria de amparo, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Análisis de la litis constitucional en relación a los artículos 79, fracción II de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado, y al Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado, tildados de inconstitucionales. En sus conceptos de violación, la parte quejosa aduce que el referido precepto y ordenamientos legales, vulneran en su perjuicio sus derechos de seguridad, audiencia previa y debido proceso, previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, porque impiden el ejercicio de sus derechos constitucionales para la tutela judicial efectiva, ya que no se le da oportunidad de que, previo al acto privativo como es la multa, se le notifique la presunta infracción y escuche en su defensa, a fin de que pueda alegar y aportar pruebas, siguiéndole un procedimiento en el que se cumplan las formalidades esenciales. Dichos motivos de inconformidad, resultan infundados, sin que en el caso proceda la suplencia de la queja al no encuadrar el caso en alguno de los supuestos a que alude el artículo 79 de la Ley de Amparo, razón por la que deberá negarse el amparo y protección de la justicia de la unión que solicita. En efecto, los artículos 79, fracción II de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado, tildado de inconstitucional, establece: Artículo 79. Las sanciones que se aplicarán por contravenir las disposiciones a esta Ley y las demás reglamentarias, serán las siguientes: I.- Amonestación o apercibimiento; II.- Multa; III.- Arresto hasta por treinta y seis horas; IV.- Suspensión de licencia o permiso de conducir; V.- Revocación de licencia o permiso de conducir; VI.- Retención de vehículos, y VII.- Las demás que determine el Reglamento. El Reglamento de esta Ley, establecerá los parámetros para la aplicación de las sanciones establecidas en esta Ley. Ahora, es pertinente reproducir lo establecido en el artículo 14, párrafo segundo, Constitucional, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 14... Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho..." En relación con el citado precepto Constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos precedentes que el derecho fundamental de audiencia involucra cuatro subgarantías, a saber: a) Que la privación se realice mediante juicio, es decir, a través de un procedimiento que se sustancie ante un órgano estatal; b) Que el juicio se tramite ante los tribunales previamente establecidos; c) Que en el juicio correspondiente se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; y, d) Que la privación se realice conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Cabe precisar que tratándose de facultades conferidas por el legislador a las autoridades administrativas, ese Alto Tribunal también ha determinado que el derecho fundamental de audiencia se satisface cuando aquéllas siguen un procedimiento semejante a un juicio en el que se escuche al interesado y se le otorgue oportunidad de defensa, de modo que dichas autoridades se constituyan en auténticos tribunales. Ahora bien, del análisis de la propia Constitución se advierten situaciones en las que no rige el derecho fundamental de audiencia, por ejemplo, del artículo 33 se desprende que el titular del Ejecutivo de la Unión está facultado para expulsar del país a cualquier extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente, sin necesidad de sujetarlo a un juicio previo donde se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, esto es, sin que deba satisfacerse el requisito de ser oído y vencido en juicio. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de contribuciones, el derecho fundamental de audiencia que se debe otorgar a los contribuyentes es siempre posterior a la determinación de éstas, pues es cuando existe la posibilidad de que los interesados impugnen ante las propias autoridades el monto y el cobro correspondiente. De lo expuesto, se pone de manifiesto que el derecho fundamental de audiencia no es absoluto, sino encuentra su límite en lo que dispone la propia Constitución, pues como quedó demostrado existen supuestos previstos en ésta en los que dicho derecho fundamental si bien debe observarse en lo esencial, esto es, oír al afectado, el momento de otorgarse puede válidamente ser posterior a la emisión del acto de autoridad correspondiente. Criterio que resulta aplicable al ejercicio de la potestad sancionadora de la administración pública establecida en el artículo 21, párrafo cuarto, Constitucional, que versa sobre la aplicación de sanciones por infracción a los reglamentos gubernativos y de policía, penas que únicamente pueden consistir en multa, o trabajo a favor de la comunidad, dado el carácter ejecutorio de esas determinaciones. También, cabe precisar que el fundamento de la potestad sancionadora de la Administración Pública deriva del carácter ejecutorio de sus determinaciones, en tanto que cuando se imponen deberes y restricciones a los particulares, pueden hacerse efectivos aun contra su voluntad; lo anterior es así, porque la sanción constituye la consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber produce en relación con el obligado. Es pertinente puntualizar que toda obligación impuesta en una ley, debe estar provista de medios adecuados con qué exigir al obligado el debido y oportuno cumplimiento de sus obligaciones, entre esos medios se encuentran las sanciones en caso de incumplimiento, pues de lo contrario el cumplimiento a la obligación sería potestativo y no obligatorio para el particular. Ahora bien, los artículos tildados de inconstitucionales, establecen en términos generales, que las personas que contravengan las disposiciones de Tránsito y Vialidad, serán acreedoras a diversas sanciones, entre ellas, la retención del vehículo automotor. De ahí que no opere el derecho de previa audiencia tratándose de la imposición de multas con motivo de la infracción a disposiciones de la Ley o del Reglamento en cuestión, pues se encuentran vinculadas en forma directa, con obligaciones cuyo incumplimiento fue determinado por la autoridad administrativa a través de sus facultades de supervisión. De tal manera que basta con que el afectado sea escuchado en defensa con posterioridad al acto de autoridad, habida cuenta que de no considerarlo así, se afectarían gravemente las funciones que realizan los agentes de tránsito, tendentes a verificar que los conductores de los vehículos particulares se apeguen a la normatividad de la materia. Máxime que se restringiría su potestad sancionadora al tener que instaurarse un procedimiento previo a la imposición de la multa donde se cumplieran las formalidades esenciales del procedimiento, lo que incluso no sería acorde al carácter ejecutorio de esos actos administrativos. Las consideraciones que anteceden tienen apoyo en la tesis I.150.A.148 A, sostenida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "MULTA POR INFRACCIÓN A REGLAMENTOS DE TRÁNSITO DE VEHÍCULOS. RESPECTO DE SU DETERMINACIÓN, NO NECESARIAMENTE TIENE QUE REGIR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos precedentes que la mencionada prerrogativa, consagrada en el párrafo segundo del artículo 14 constitucional, no es de carácter absoluto, sino que existen supuestos en los que por la naturaleza de la actividad administrativa y su impacto en la esfera jurídica de los particulares, el derecho fundamental de ser oído y vencido en juicio, puede otorgarse con posterioridad a la emisión del acto de autoridad correspondiente. Criterio que resulta aplicable al ejercicio de la potestad sancionadora de la administración pública establecida en el artículo 21, párrafo cuarto, constitucional, que versa sobre la aplicación de sanciones por infracción a los reglamentos gubernativos y de policía, penas que únicamente pueden consistir en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o trabajo a favor de la comunidad, dado el carácter ejecutorio de esas determinaciones, en tanto que imponen deberes y restricciones a los particulares, que deben hacerse efectivos aun contra su voluntad. En ese tenor, tratándose de la determinación de infracciones a los reglamentos de tránsito de vehículos e imposición de las sanciones correspondientes, no necesariamente debe regir la garantía de audiencia previa, por lo que el afectado puede ser escuchado en su defensa con posterioridad a la emisión del acto de autoridad máxime que de no considerarse así, se afectarían gravemente las funciones relativas de la autoridad, al tener que instaurar, en todos los casos, un procedimiento previo, lo que incluso no sería acorde con la naturaleza ejecutoria de esos actos administrativos." En un diverso motivo de inconformidad, aduce la impetrante del amparo que el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado, vulnera el principio de seguridad jurídica tutelado por el artículo 16 Constitucional, pues señala, debió prever criterios de evaluación, procedimientos de calibración y verificación aplicados a los instrumentos de medición de alcohol, para garantizar la objetividad y fiabilidad de las pruebas que con ellos se practican. De igual manera, refiere que dichos procedimientos deben fijarse con el propósito de que se preste un servicio adecuado conforme a sus cualidades metrológicas como lo exige la Norma Oficial Mexicana NOM-214/1-SCFI-2018, Instrumentos de Medición-Alcoholímetros Evidenciales- Especificaciones y Métodos de Prueba, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de julio de dos mil dieciocho, cuyo campo de aplicación se extiende a todos los instrumentos de medición de alcohol que se importen o comercialicen en el territorio nacional y que se utilizan para la detección o cuantificación de alcohol en fluidos. Resultan igualmente infundados dichos motivos de disenso, pues el hecho de que no se prevean de forma expresa en el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán criterios de evaluación, procedimientos de calibración y verificación aplicados a los instrumentos de medición de alcohol, no genera por sí mismo afectación al artículo 16 Constitucional. Ello es así, pues el Reglamento en comento, no debe establecer expresamente los parámetros que regulan la utilización y empleo de los alcoholímetros, pues existe una disposición secundaria que así lo prevé. En efecto, la Norma Oficial a la que hace referencia la parte quejosa, así como la NOM-214/2-SCFI-2018, Instrumentos de Medición- Alcoholímetros Referenciales- Especificaciones y Métodos de Prueba, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de julio de dos mil dieciocho, son precisamente las disposiciones en las que sí se prevén los criterios de desempeño y métodos de prueba, métodos de evaluación y procedimiento de verificación para los Alcoholímetros Referenciales. Asimismo, dicha Norma Oficial refiere que los dispositivos de medición de alcohol utilizan fluidos corporales para detectar la presencia de 0.095 mg de alcohol por litro de aire o más, con suficiente exactitud para fines de evaluación sobre el consumo de alcohol de una persona. Así como que las especificaciones y requisitos previstos en la misma son principalmente para ser aplicadas en las pruebas de conformidad de los Alcoholímetros Referenciales que se comercializan en el territorio nacional. Por tanto, se reitera, al existir disposiciones oficiales que permiten el uso de los alcoholímetros, regulan su funcionamiento y establecen los lineamientos que permiten su evaluación, calibración y verificación, no existe una evidente violación real al derecho fundamental del que se duele la parte quejosa. En consecuencia, no se está ante un verdadero problema de constitucionalidad, sino de mera legalidad, y por ende, es inoperante para derrotar la presunción de constitucionalidad que goza el ordenamiento impugnado. Apoya la anterior consideración, por el principio que contiene, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página veinticinco, Tomo VIII, Julio de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 195856, de rubro y texto: "INFONAVIT. LA CONTRADICCIÓN PLANTEADA ENTRE LA LEY DE DICHO INSTITUTO, REFORMADA POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997, Y LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN CUANTO AL LÍMITE SUPERIOR SALARIAL Y A LOS CONCEPTOS QUE SE EXCLUYEN DEL SALARIO PARA EFECTOS DEL PAGO DE APORTACIONES PATRONALES, NO CONSTITUYE UN PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD, SINO DE LEGALIDAD. El planteamiento relativo a que los artículos 29, fracción II, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1997, y quinto transitorio de dicho decreto, contravienen los artículos 143 y 144 de la Ley Federal del Trabajo al diferir en la regulación de los conceptos que se excluyen como integrantes del salario y prever diferentes límites superiores salariales para efectos del pago de aportaciones patronales, no constituye un problema de constitucionalidad, sino de mera legalidad consistente en determinar si existe o no la contradicción de leyes planteada y, en su caso, cuál debe ser aplicada, pues la inconstitucionalidad de una ley sólo puede derivar de su contradicción con los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero no con ordenamientos secundarios de igual jerarquía normativa, ello con independencia de que, como consecuencia de la contradicción aducida, se invoquen como violadas las garantías de legalidad y seguridad jurídica, pues es sólo en vía de consecuencia y no una violación directa a un artículo constitucional. En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación esgrimidos respecto al artículo y ordenamiento tildados de inconstitucionales, se niega al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicita. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación en relación al acto de aplicación (boleta de infracción). Resultan fundados los conceptos de violación hechos valer por la parte impetrante del amparo, por lo que deberá concederse el amparo y protección de la justicia de la unión que solicita. En el caso, toda vez que no se consideraron inconstitucionales los artículos reclamados por la parte quejosa, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por vicios propios respecto al acto de aplicación. Es aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 71/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Primeramente, cabe señalar que la parte quejosa en sus conceptos de violación aduce que la boleta de tránsito transgrede sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 16 Constitucional, toda vez que no se encuentra debidamente motivada, pues el agente de tránsito omitió justificar las razones que lo llevaron a imponer la sanción máxima, con lo que transgrede sus derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, dejándola en un estado de incertidumbre jurídica. Dicho argumento resulta fundado en atención a las siguientes consideraciones: El artículo 16 Constitucional impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, entendiéndose por lo primero, la obligación de la autoridad que emite el acto, de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que apoye la determinación adoptada, y por lo segundo, la expresión de una serie de razonamientos lógicos y jurídicos sobre por los cuales consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa, que precisamente sustentan el acto de molestia. Sobre este contexto, en relación a la boleta de infracción 784093, el agente responsable impuso dos infracciones: La primera, prevista en el artículo 328, párrafo primero, del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, consistente en multa de 100 unidades de medida y actualización, por conducir un vehículo presentando tasa de alcohol en la sangre (BAC) superior a 0.080 miligramos por cien mililitros o de alcohol en aire traspirado (BrAC) superior a 0.40 miligramos/litro; que de acuerdo al Anexo I del catálogo de sanciones, en su apartado 4-A del citado Reglamento, contempla sanciones de 90 a 100 unidades de medida y actualización, señalando el criterio para la determinación de la sanción en que la primera en un año, será de 90 unidades de medida y actualización; la segunda en un año, 95 unidades de medida y actualización; y, la tercera sanción en un año, 100 unidades de medida y actualización. La segunda, establecida en el artículo 75, párrafo primero del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, consistente en multa de 15 unidades de medida y actualización, por no entregar la tarjeta de circulación; que de acuerdo al Anexo I del catálogo de sanciones, en su apartado 2-D del citado Reglamento, contempla sanciones de 13 a 15 unidades de medida y actualización, señalando el criterio para la determinación de la sanción en que la primera en un año, será de 13 unidades de medida y actualización; la segunda en un año, 14 unidades de medida y actualización; y, la tercera sanción en un año, 15 unidades de medida y actualización. Ahora bien, en el caso concreto, si bien es cierto que está fundado el acto reclamado, pues la autoridad citó que se infringieron los artículos 328, párrafo primero y 75, párrafo primero del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, por lo que impuso las sanciones correspondientes al grupo 4-A y 2-D de la tabla de sanciones del Anexo I; también lo es, que no motivó por qué impuso la sanción máxima para las infracciones señaladas. Esto es, las actas de infracción deben ser cuidadosamente motivadas, de manera que de su contenido pueda advertirse claramente cuál fue la versión de los hechos afirmada por el agente de tránsito, para determinar con un relativo margen de seguridad legal la aplicabilidad de la sanción. Se afirma lo anterior, en razón de que tal y como consta en la boleta de infracción 784093 de cinco de agosto de dos mil veintitrés, documento público que tiene valor probatorio pleno de conformidad con los ordinarios 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en la especie conforme a lo que establece el numeral 2 de la ley reglamentaria; no se aprecia que el agente Miguel Ángel Sánchez Pérez, hubiere realizado la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que así se considere, exponiendo los hechos relevantes y un argumento mínimo, pero idóneo, para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado. Lo cual como se ha visto en el párrafo que antecede sí es necesario, pues es un requisito indispensable para la debida motivación del acto reclamado cuando se impone una sanción superior a la mínima, por lo que al no realizarlo la autoridad responsable contraviene el principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 16 Constitucional. Lo anterior, pues en forma alguna precisó cómo llegó a la conclusión de que la conductora, aquí quejosa, se encontraba en el supuesto correspondiente a la tercera sanción en un año para imponerle como multa 100 y 15 unidades de medida y actualización, respectivamente, tal y como establece la tabla de sanciones del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado. Asimismo, fue completamente omiso en determinar el procedimiento con el que verificó que la ahora quejosa efectivamente se encontraba en estado de ebriedad, pues no existe dato alguno que permita conocer, en primer término, el tipo de prueba realizada para tal efecto (sangre y/o espirado), así como el resultado que de la misma se hubiere obtenido. Finalmente, se advierte una indiscutible incongruencia en la boleta de infracción en análisis, pues en el apartado relativo a la conducta infractora consistente en no entregar la tarjeta de circulación, se desprende que por una parte, el agente responsable clasificó dicha infracción como leve, no obstante ello, impuso la sanción máxima correspondiente a la misma, esto es, 15 Unidades de Medida y Actualización, lo que resulta evidentemente contradictorio. De manera que para considerar el acto reclamado suficientemente fundado y motivado, se debieron expresar en forma sucinta tales cuestiones, a fin de que el sujeto receptor de la infracción tuviera conocimiento pleno de los hechos por los que se ubicó en la hipótesis en la que se fundó. De ahí, que en esta parte de la infracción reclamada el acto no se encuentre motivado. Sirve de apoyo a lo anterior, lo sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "TRANSITO, MULTAS DE. Las infracciones levantadas a los conductores por cruzar la línea de alto después de cambio de luz, derivan de una apreciación muy subjetiva del conductor y del agente de tránsito, pues se trata de fracciones de segundo en que se debe apreciar si la distancia de la línea, la velocidad del auto y la duración de la luz ámbar da oportunidad o no de detener el vehículo antes de la línea sin crear una situación de peligro, y si la luz ámbar da oportunidad de terminar de cruzar antes de la luz roja. Y en esas condiciones, ante la ineludible disyuntiva en que se coloca el juzgador entre aceptar una versión u otra, y ante los evidentes peligros de error que hay en aceptar una de las versiones, lo menos que puede exigirse es que las actas de infracción sean cuidadosamente motivadas en estos casos, de manera que de ellas se desprende claramente cuál fue la versión de los hechos afirmada por el agente de tránsito, quien resulta Juez y parte en la imposición de la multa, para determinar con un relativo margen de seguridad legal la aplicabilidad de la sanción prevista en la forma relativa. Y si el acta de infracción es demasiado lacónica y no proporciona elementos de juicio al respecto para que el Juez forme su criterio, no puede sino estimarse que hay una falta de motivación que se traduce en una violación del artículo 16 constitucional, conforme al cual se deben exponer los motivos que actualizan la hipótesis normativa y hacen aplicable la consecuencia pertinente. Y aunque esto implica una carga legal para los agentes de tránsito, ello se justifica, en primer lugar, porque se trata de una carga que les impone la Constitución Federal y, en segundo lugar, porque la prevalencia de su dicho puede dar lugar a arbitrariedades, que se deben tratar de reducir al mínimo posible." Igualmente, tiene aplicación a lo anterior en interpretación contraria, la tesis aislada IV.1o.A.30 A (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "BOLETA DE INFRACCIÓN DE LA SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRÁNSITO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. SE ENCUENTRA FUNDADA Y MOTIVADA, SI LA AUTORIDAD CITA LOS HECHOS QUE CONSIDERÓ MOTIVO DE INFRACCIÓN, ASÍ COMO LA HIPÓTESIS EN QUE ENCUADRÓ LA CONDUCTA CON EL SUPUESTO DE LA NORMA. El artículo 16 constitucional establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar sus actos y dicha obligación se satisface, desde el punto de vista formal, cuando se expresen las normas legales aplicables y los hechos que hacen que el caso encaje en las hipótesis normativas. Ahora bien, de los artículos 1, 2, fracción IV y 9 del Reglamento de Vialidad y Tránsito del Municipio de Monterrey, Nuevo León, se advierte que el territorio de ese Municipio deberá ceñirse a lo establecido por el citado reglamento para la regulación de las cuestiones de vialidad y tránsito que se susciten; asimismo, que los oficiales de tránsito son los servidores públicos facultados para la aplicación de dicho reglamento y los supuestos en los cuales los servidores públicos pueden imponer las multas cuando se cometan infracciones. De lo anterior se obtiene que para que una boleta de infracción se encuentre fundada y motivada, es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que así se considere, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo, pero idóneo, para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado. En ese tenor, si la responsable cumple con lo anterior, no se debe exigir mayor extensión en los argumentos vertidos para sustentar el acto reclamado, además de que sus actos gozan de la presunción de legalidad, para cumplir con la garantía prevista en el numeral 16 de la Constitución Federal." Por lo anterior, se advierte claramente que la imposición de la sanción consistente en la multa efectuada a la parte quejosa en la boleta de infracción 784093, vulnera el derecho fundamental de seguridad jurídica previsto por el artículo 16 de la Carta Magna, toda vez que no se encuentra debidamente motivada, por lo que debe otorgarse el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la responsable: la deje insubsistente, quedando sin efectos todas las consecuencias legales de dichas infracciones; en ese sentido, en vía de consecuencia, deberá realizar la devolución de lo pagado y dejar sin efectos la suspensión de la licencia de conducir de la aquí quejosa y proceda a la devolución de la misma. OCTAVO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. NOVENO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. DÉCIMO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ELISA VELÁZQUEZ RENTERÍA, en relación al acto reclamado al Congreso del Estado y Gobernador Constitucional del Estado, ambos con sede en esta ciudad, consistente en la inconstitucionalidad del artículo 79, fracción II de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, así como del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, en términos del considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ELISA VELÁZQUEZ RENTERÍA, en relación al acto reclamado al Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, y agente de su adscripción Miguel Ángel Sánchez Pérez, consistente en la boleta de infracción 784093, de cinco de agosto de dos mil veintitrés, y todas sus consecuencias jurídicas, por los motivos y para los efectos expuestos en el considerando séptimo de este fallo. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando octavo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando noveno de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, el día de hoy, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, fecha en que lo permitieron las labores del Juzgado, con la Licenciada Jennifer Pérez González, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.
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A lo que el Juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial que antecede y por rendidos en tiempo y forma los informes justificados de las responsables. Abierto el período de pruebas, la Secretaria da cuenta al Juez con las documentales que la parte quejosa exhibió con su escrito inicial de demanda. Asimismo, con las copias certificadas que la autoridad responsable Secretario de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, remitió en apoyo a su informe justificado, por conducto de su Director Jurídico. A lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y desahogadas las pruebas de referencia para todos los efectos legales correspondientes, por lo que se declara cerrado este periodo. De igual manera, se abre el de alegatos y la Secretaria hace constar que las partes no los formularon, ni la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita realizó pedimento alguno. Atento a lo anterior, el Juez acuerda: Toda vez que no hay alegatos que acordar, también se cierra este periodo. Por último, al no haber diligencias por desahogar, el Juez declara visto el expediente y se procede a dictar la siguiente resolución. Acto seguido, el Juez da por concluida la presente audiencia, y al no existir promoción pendiente de acuerdo, se procede a dictar la siguiente resolución; de lo cual se levanta el acta correspondiente que firman los que en ella intervinieron. Doy fe.
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Mérida, Yucatán, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los presentes autos para los efectos legales correspondientes, el informe justificado rendido por el Policía Primero adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, Miguel Ángel Sánchez Pérez, con sede en esta ciudad. Al efecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
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Mérida, Yucatán, diez de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que los actos reclamados por la parte quejosa los hizo consistir, esencialmente en: La expedición de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, específicamente el artículo 79, fracción II, y el numeral 448 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán; los actos de aplicación de los numerales acabados de señalar, consistentes en la emisión de la boleta de infracción número ********************de cinco de agosto de dos mil veintitrés; así como la suspensión de su licencia de conducir, y el cobro de la referida boleta de infracción, por la cantidad de $********************(once mil novecientos ochenta y dos pesos, cero centavos). Ahora bien, la parte impetrante del amparo, le atribuyó a ********************, agente adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el acto consistente en la emisión de la boleta de infracción número ******************** de cinco de agosto de dos mil veintitrés. En ese sentido, mediante oficio recibido el diecinueve de septiembre último, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, rindió informe justificado en representación del Titular de la citada dependencia, así como del citado agente de su adscripción; ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 263, fracción VI del Reglamento del Código de la Administración Pública del Estado, el cual dispone: "Artículo 263. El Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública tendrá las siguientes facultades y obligaciones: [.] VI. Rendir y suscribir los informes previo y justificado en los juicios de amparo en los que se señale como autoridad responsable al Secretario, cuando éste se encuentre fuera del recinto oficial atendiendo asuntos de su competencia o en actos oficiales y los términos para rendirlos estén corriendo; en estas circunstancias particulares y sólo cuando se trate de juicios de amparo, el Director Jurídico suplirá la ausencia por horas del Secretario. A falta del Director Jurídico, suscribirá los informes el Jefe del Departamento de Asuntos Contenciosos y a falta de éste, el de Sanciones, Remisión y Trámite, y a falta de estos dos últimos, el Coordinador General de la Dirección Jurídica.". De lo anterior se desprende, que el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con la facultad de rendir los informes previos y justificados dirigidos al Titular de la Secretaría en cita; no así respecto a los agentes adscritos a la misma. Por otro lado, es menester señalar el contenido de la fracción I del artículo 13 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado: "Competencia de los agentes Artículo 13. Los agentes, en el ámbito de su competencia, tendrán las siguientes facultades y obligaciones en materia de Tránsito y Vialidad: I. Vigilar el cumplimiento de la Ley y de este Reglamento, interviniendo en la prevención y sanción de las infracciones a los mismos." En ese sentido, se estima necesario que ********************, agente adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, rinda su respectivo informe justificado relativo al acto que a él se le atribuye, esto es, se reitera, la emisión de la boleta de infracción de que se trata, a fin de que se encuentre en aptitud de efectuar una defensa de sus intereses, al haber realizado dicho acto en virtud de la competencia que le otorga el reglamento en cita. Máxime que en el presente caso, la parte quejosa señaló como acto reclamado destacado la emisión de la boleta de infracción de que se trata, la cual constituyó el primer acto de aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales, a la cual le atribuye vicios propios, pues refiere que la misma carece de la debida fundamentación y motivación. En consecuencia, prevéngase a la citada autoridad responsable ********************, agente adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes a la fecha de notificación del presente proveído rinda, por sí, su informe justificado en los términos antes señalados; subsistiendo el apercibimiento decretado en proveído de veintiséis de noviembre del año en curso. En mérito de lo anterior, a fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se señalan DIEZ HORAS CON VEINTISÍES MINUTOS DEL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, como nueva fecha y hora para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
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