Elizabeth Jimenez Velazquez

Expediente 1235/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1235/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
14/10/2021

Partes del expediente

  • Elizabeth Jimenez Velazquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que la notificación de la sentencia dictada el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, se realizó a las partes por medio de lista autorizada que se fijó en los estrados de este Juzgado Federal, el día veintisiete de septiembre siguiente; consecuentemente, ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer y segundo puntos resolutivos, se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18, fracciones a) y b), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por analogía de razón, se indica que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, ya que se concedió la suspensión de oficio y de plano; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el expediente al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación en los Libros de Gobierno. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las nueve horas con nueve minutos del veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de la Secretaria licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, con quien actúa y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional, sin la asistencia personal de las partes ni representante legítimo de ellas. Seguidamente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, el Juez declara abierta la audiencia y la Secretaria hace una relación de autos dando lectura de ellos y da cuenta con los informes justificados rendidos por el Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República en Yucatán (registrado con el número de promoción 12140) y Comandante de Cuartel en turno de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Kanasín, Yucatán (registrado con el número de promoción 12232), los cuales ya obran agregados a estos autos. Al respecto, el Juez acuerda: Se tienen por rendidos en tiempo y forma para considerar en su oportunidad los informes de cuenta y celébrese la audiencia. ABIERTO EL PERIODO DE PRUEBAS: La Secretaria da cuenta con las constancias remitidas por el Subdelegado Sustantivo y Fiscal Titular de la UIL encargado del Despacho de la Delegación Estatal Yucatán de la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad, con su oficio número DEY/3438/2021, las cuales obran glosadas a este expediente. A lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas las documentales remitidas por la aludida autoridad responsable, mismas que ya obran agregadas en autos, las que en atención a su propia y especial naturaleza se tienen por desahogadas para todos los efectos legales correspondientes, con lo que SE DECLARA CERRADO EL PERIODO DE PRUEBAS. De igual manera, SE ABRE EL PERIODO DE ALEGATOS: La Secretaria hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho; con lo anterior, el Juez acuerda: en atención a lo informado por la Secretaria, SE DECLARA CERRADO EL PERIODO DE ALEGATOS. Acto continuo, no habiendo diligencias por desahogar, ni pedimento formulado por la Agente del Ministerio Público de la Federación, el Juez que preside esta audiencia, pronuncia la resolución que corresponde, en los siguientes términos: VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1235/2021-V-A, promovido por Carlos Alberto Chablé Contreras, a favor de Elizabeth Jiménez Velázquez, respecto de los actos que atribuyó al Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República en Yucatán (en su correcta denominación) y otra autoridad. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito de demanda presentado el nueve de julio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y turnado ese mismo día a este Juzgado Federal, compareció Carlos Alberto Chablé Contreras, a favor de Elizabeth Jiménez Velázquez, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra actos reclamados al Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República en Yucatán y Comandante de Cuartel en turno de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Kanasín, Yucatán (en sus correctas denominaciones). SEGUNDO. Admisión de la demanda. Previo auto que decretó la suspensión de plano de los actos reclamados y ordenó la ratificación de la demanda (nueve de julio de dos mil veintiuno), por acuerdo de doce de julio siguiente, entre otras cuestiones, se admitió la demanda, la que quedó previamente registrada con el número 1235/2021-V-A; se hizo la aclaración de que no se tramitaría el incidente de suspensión respectivo, toda vez que ya se había decretado la suspensión de oficio y de plano respecto de los actos reclamados consistentes en la privación de la libertad fuera de procedimiento (ilegal detención), incomunicación y malos tratos. También, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, acorde a lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción XII, Constitucionales; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, procede precisar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda, se desprende que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en lo siguiente: La detención, incomunicación y malos tratos de la directa quejosa. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Comandante de Cuartel en turno de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Kanasín, Yucatán, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado (registrado con el número de promoción 12232), sin que la parte quejosa aportara prueba alguna que desvirtuara dicha negativa. Igualmente, no son ciertos los actos reclamados al Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República en Yucatán, consistentes en la incomunicación y malos tratos a la quejosa, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado (registrado con el número de promoción 12140), sin que la parte quejosa aportara prueba alguna que desvirtuara dicha negativa. En tales condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio respecto de dichos actos reclamados por la quejosa, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por identidad de criterio la jurisprudencia 310, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 209, que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan ésta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza del acto reclamado. Respecto del acto que hace consistir la quejosa en la detención, es cierto el acto reclamado al Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República en Yucatán, no obstante, lo hubiese negado al rendir su informe justificado (registrado con el número de promoción 12140). Sin embargo, del contenido del informe relativo a la suspensión de plano y del oficio número DEY/3438/2021, ambos rendidos por el Subdelegado Sustantivo y Fiscal Titular de la UIL encargado del Despacho de la Delegación Estatal Yucatán de la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad; se evidencia su existencia. Cobra aplicación, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV-julio, Octava Época del semanario Judicial de la Federación, cuyo texto indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." QUINTO. Análisis de las causas de improcedencia. Resulta de explorado derecho que el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo son de orden público y su estudio es preferente, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y de la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo, como en seguida se pasa a demostrar. Al respecto, el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;." [.]." En la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo, por virtud de cambio de situación jurídica respecto del acto reclamado por la aquí quejosa Elizabeth Jiménez Velázquez. Lo anterior es así, toda vez que en el presente asunto, la nombrada peticionaria del amparo, señaló como acto reclamado la detención. Sin embargo, de lo informado y de las constancias remitidas por el Subdelegado Sustantivo y Fiscal Titular de la UIL encargado del Despacho de la Delegación Estatal Yucatán de la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad, con su informe relativo a la suspensión de plano y a su oficio número DEY/3438/2021. A las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia de amparo. Se advierte que realizó una diligencia de cateo obsequiada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control, de la cual resultó puesta a disposición la directa quejosa por su probable responsabilidad en la comisión del delito contra la salud previsto en el artículo 194 del Código Penal Federal. Que el nueve de julio de dos mil veintiuno, le fue notificado a la directa quejosa Elizabeth Jiménez Velázquez, el acuerdo relativo de su legal retención por la probable comisión de un delito contra la salud, en autos de la carpeta de investigación número FED/YUC/MER/0000289/2021. Y que por acuerdo de treinta de agosto de dos mil veintiuno, con motivo de la sentencia de procedimiento abreviado dictada el treinta de agosto pasado, en autos de la causa penal 44/2021, se inició a la aquí quejosa Elizabeth Jiménez Velázquez, el Procedimiento Ordinario de Ejecución de Sanciones Penales 57/2021. Por tanto, se advierte que ha cambiado la situación jurídica de la quejosa en el procedimiento de origen, como consecuencia del inicio del Procedimiento Ordinario de Ejecución de Sanciones Penales 57/2021, el cual se encuentra relacionado con la causa penal 44/2021, derivada de la carpeta de investigación FED/YUC/MER/0000289/2021. Por lo que deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones que en su caso se hubieren cometido con la ejecución de la privación de la libertad reclamada, porque no se puede decidir sobre dicho acto, sin afectar la nueva situación jurídica, aunque persistieran las violaciones que se aducen. Esto es así, porque como ya se vio el acto reclamado no está dentro de alguna de las excepciones que contempla el párrafo segundo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, esto es, los numerales 19 y 20 constitucionales. Bajo esa circunstancia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía de razón, la Jurisprudencia establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo XXVII, Junio de 2008, Tesis 1a./J. 17/2008, en la página 270 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." SEXTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 73 al 77, 124 y 217 de Ley de Amparo; se: R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Carlos Alberto Chablé Contreras, a favor de Elizabeth Jiménez Velázquez, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República en Yucatán, con sede en esta ciudad, y Comandante de Cuartel en turno de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Kanasín, Yucatán, respecto de los actos precisados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Carlos Alberto Chablé Contreras, a favor de Elizabeth Jiménez Velázquez, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República en Yucatán, con sede en esta ciudad, en los términos precisados en el considerando quinto de este fallo. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el oficio número DEY/3438/2021, signado por el Subdelegado Sustantivo y Fiscal Titular de la UIL Encargado del Despacho de la Delegación Estatal Yucatán de la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad, por medio del cual cumple con el requerimiento efectuado por acuerdo de veintitrés de agosto del año en curso. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes de dicho oficio, así como de su anexo y relaciónense en la audiencia constitucional relativa. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma la licenciada Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la Licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de las constancias remitidas por el Subdelegado Sustantivo y Fiscal Titular de la UIL Encargado del Despacho de la Delegación Estatal, con sede en esta ciudad, con su informe relativo a la suspensión de plano, se advierte que el día nueve de julio de dos mil veintiuno, le fue notificado a la directa quejosa Elizabeth Jiménez Velázquez, el acuerdo de su legal retención por la probable comisión de un delito contra la salud, en autos de la carpeta de investigación número FED/YUC/MER/0000289/2021; siendo que dicha retención feneció el día once de julio del presente año. Por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Fiscalía General de la República Delegación Yucatán, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, remita a este Juzgado Federal, copia certificada las constancias que acrediten la situación jurídica actual de la quejosa Elizabeth Jiménez Velázquez; o bien, comunique el impedimento que tiene para ello; lo anterior, a fin de resolver lo que en derecho corresponda en el presente asunto. Apercibida que de no hacerlo dentro del término fijado, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos, sin centavos, moneda nacional) conforme a lo dispuesto en el artículo 259, de la Ley de la Materia y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy, y se señala como nueva fecha y hora para su celebración, el día VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, A LAS NUEVE HORAS CON NUEVE MINUTOS. Notifíquese y cúmplase.

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