Elizabeta Ramos González

Expediente 965/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
965/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
10/02/2023

Partes del expediente

  • Elizabeta Ramos González

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que por auto de trece de diciembre de dos mil veintidós, causó estado el auto de uno de diciembre de dos mil veintidós por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por ******************** a favor de ********************; asimismo, se le dio destino al presente expediente como "depurable" por los motivos expuestos en dicho acuerdo, sin que se haya ordenado su archivo; atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se ordena el archivo del presente juicio como asunto totalmente concluido. Por último, sólo para su conocimiento, se hace saber a las partes que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado el trece de enero de dos mil veintitrés, a partir del día dieciséis de enero del presente año, este Juzgado cambia su denominación a Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y conserva su actual jurisdicción territorial pero con competencia mixta, conforme al artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio proveniente del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, mediante el cual refiere anexar el oficio remitido por la Encargada de Despacho de la Estación Provisional Migratoria en Cancún, del cual aduce rendir su informe en relación con la suspensión de plano decretada dentro del presente asunto, sin embargo, de la certificación secretarial que antecede, se obtiene que del oficio que se atiende no se advierte anexo alguno. No obstante lo anterior, no es el caso hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que del estado de autos se advierte que dicho informe rendido por la autoridad de referencia con residencia en Cancún, en relación al acatamiento a la suspensión de plano decretada, ya obra dentro del presente asunto. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, uno de diciembre de dos mil veintidós. Vista la comparecencia de cuenta, se advierte que ********************manifestó que no era su deseo ratificar la demanda de amparo promovida a su favor por ******************** y que era su deseo desistirse del juicio de amparo en que se actúa. Ahora, de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que el desistimiento planteado por la quejosa surge previo a la admisión de la demanda de amparo, (en virtud de que en proveído de treinta de noviembre del año en curso, se ordenó ratificar la demanda de amparo promovida en favor de la quejosa en los términos ahí precisados). En consecuencia y con fundamento en el artículo 114 fracción I de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo; por tanto, se dejan sin efectos las providencias decretadas en el presente asunto. Por último agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda la constancia suscrita por el Actuario de la adscripción, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para localizar y notificar personalmente el auto de treinta de noviembre de dos mil veintidós a la directa quejosa ********************por las razones ahí expuestas; sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento al respecto en virtud de lo expuesto en los párrafos que anteceden. Notifíquese por lista a la directa quejosa ********************.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida -al parecer- por Elianys Ramos González a favor de Elizabeta Ramos González, contra actos del Titular de la Oficina de Representación en el Estado de Baja California del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad y otras autoridades; sin embargo, dicho escrito se encuentra firmado de manera electrónica por el de nombre Juan Luis Alberto Entebi Hernández; por tanto, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo bajo número 965/2022-A. En ese orden, de la lectura de la demanda se advierte que los actos reclamados destacados por la parte promovente los hizo consistir -al parecer- en: La orden de aseguramiento, alojamiento, deportación, expulsión, o repatriación de la parte quejosa. La restricción a la libertad de tránsito, privación de la libertad, detención e incomunicación. La "inexacta" aplicación del artículo 102 de la Ley de Migración. Lo anterior, porque de los antecedentes bajo protesta de decir verdad la promovente refirió que la directa quejosa Elizabeta Ramos Gonzalez viajó de la ciudad de Cancún, Quintana Roo el día de hoy con la finalidad de llegar al Aeropuerto Internacional de la ciudad de Tijuana; sin embargo, hasta la fecha de presentación de la demanda la promovente al no saber del paradero de su hermana (directa quejosa), teme que haya sido detenida por el hecho de ser extranjera (de nacionalidad cubana). Por tanto, se dará el trámite correspondiente a la referida demanda al encontrarse los actos que reclama dentro del supuesto contemplado por el artículo 15 de la Ley de Amparo. I.- SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO A LA INCOMUNICACIÓN, DETENCIÓN, PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN O CUALQUIER OTRO ACTO PROHIBIDO POR EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE AMPARO O 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Por cuanto hace a los actos reclamados por la parte promovente de amparo consistentes en la incomunicación, o cualquier otro acto prohibido por el artículo 15 de la Ley de Amparo o 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los que dicen ser objeto la directa quejosa Elizabeta Ramos González, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para el efecto de que cesen de inmediato tales actos, en caso de que se estén ejecutando o, en su caso, no se lleven a cabo, si es que se ordenaron. Ahora, con relación a los actos consistentes en la retención de la directa agraviada con fines de deportación o expulsión, así como su ejecución; y, considerando que hasta el momento no se tiene certeza de cuál es la situación migratoria de la directa accionante, a fin de velar por una protección más amplia para los impetrantes, con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los ordinales 1, 15 y 126 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE a Elizabeta Ramos González, la suspensión de plano, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, en los siguientes términos: 1. Se insiste, que al desconocerse en este momento la situación migratoria de la agraviada, se concede para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, en términos del artículo 160 de la Ley de Amparo. 2. No se ejecute ningún acto que traiga como consecuencia la deportación de la agraviada Elizabeta Ramos González, y quede a disposición de este Juzgado de Distrito, sólo en lo que atañe a su libertad personal y a disposición de las autoridades responsables migratorias únicamente para los efectos de la determinación de su situación migratoria, en el sitio en que estime la misma de acuerdo a sus facultades administrativas, y bajo su más estricta responsabilidad deberán observar en todo momento las obligaciones que le impone la Ley de Migración y evitar tratos discriminatorios o violación de derechos, para lo cual están obligadas a respetar la dignidad inherente al ser humano. 3. En el entendido que los efectos de esta suspensión de plano no impiden a las autoridades responsables resolver lo conducente respecto de su situación migratoria. Es decir, la suspensión de plano concedida, únicamente es para el efecto de que no se ejecuten los actos de deportación de la quejosa. 4. De igual manera, en caso de que la referida agraviada se encuentre en las instalaciones de la Estación Migratoria de esta ciudad, no deberá ser trasladada a diversa Estación Migratoria del país; lo anterior, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo, en términos de los numerales 15 y 126 de la Ley de Amparo. Empero, si al resolver la situación migratoria de aquél (sobre lo cual no se concede la medida suspensiva) las autoridades responsables, determinan que no procede la deportación, sino una figura diversa que califique el estatus en que se ubica la extranjera quejosa; e inclusive, a consecuencia de ello, resulte procedente ordenar su libertad, podrán realizarlo, al no abarcar la suspensión concedida tal aspecto, siempre y cuando derive de un proceso migratorio. 5. Así las cosas, si la detención de la agraviada Elizabeta Ramos González, no tiene relación con la comisión de un delito ni con un procedimiento migratorio deberá ser puesta en libertad de inmediato, bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables. II. SUSPENSIÓN DE PLANO EN CASO DE QUE LA QUEJOSA ESTÉ SUJETA A UN PROCEDIMIENTO MIGRATORIO. 6. Se deberá dejar a la quejosa en inmediata libertad, pero sólo en el caso de que ya hayan transcurrido más de las veinticuatro horas a que se refiere el artículo 100 de la Ley de Migración, sin que existiera constancia de que se haya emitido el acuerdo de presentación al momento de la interposición de la demanda, así como las treinta y seis horas que prevé el numeral 68 del referido ordenamiento, como término máximo para ello; lo cual, es acorde con el artículo 21, párrafo cuarto, Constitucional. Tal criterio derivó de la ejecutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en la ciudad de Mexicali, dentro del recurso de queja administrativa 193/2022 de su índice interpuesto dentro del juicio de amparo 559/2022 del índice de este órgano jurisdiccional y se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, indicándole a las autoridades responsables que la seguridad y custodia del directo agraviado queda bajo su más estricta responsabilidad, debiendo además tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para tal efecto, atendiendo a la naturaleza y circunstancias del asunto. 7. Por otra parte, por lo que respecta a los actos reclamados consistentes en la privación de la libertad de la directa agraviada dentro de un procedimiento migratorio, debe destacarse que de una lectura integral al escrito de demanda, el promovente indicó que la quejosa se encuentra en las oficinas de la Estación Migratoria de esta ciudad, al parecer desde esta fecha. Por tanto, tomando en consideración que del ocurso de demanda -de manera indiciaria- se aprecia que la agraviada, hasta esta data en que se resuelve sobre la suspensión de plano solicitada, se encuentra sujetos a un procedimiento administrativo ante las autoridades del Instituto Nacional de Migración, o uno diverso. En este sentido, tomando en cuenta que el juzgador puede adoptar medidas cautelares en los términos de las legislaciones internacionales conforme a los artículos 2 y 5 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en relación con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 101 y 102 de la Ley de Migración y el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a personas migrantes y sujetas a protección internacional emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por tanto, con fundamento en los artículos 129, 131 y 138 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión a Elizabeta Ramos González, del acto consistente en la retención dentro de un procedimiento administrativo, para el efecto de que cese el alojamiento de que son sujetos en la Estación Migratoria de la Ciudad de Tijuana y sea puesto en libertad -siempre y cuando cumpla con los requisitos previstos en el artículo 102 de la Ley de Migración, bajo los siguientes parámetros y sin limitar las facultades reglamentarias de la propia autoridad.- I.- Que la quejosa establezca un domicilio o lugar en esta ciudad en el que permanecerá residiendo. II.- Que se comprometa a permanecer en este domicilio, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio correspondiente. III.- Que se comprometa ante las autoridades responsables del Instituto Nacional de Migración, a presentarse ante ellas, cuantas veces le sea exigido. IV.- Que se presente en favor de la quejosa la solicitud con responsiva firmada por un garante (ya sea ciudadano mexicano u organización social mexicana). V.- Que dicho garante o representante legal, en caso de una persona moral, se presente ante las autoridades migratorias, y ratifique su aceptación. VI.- Que el garante además de satisfacer los requisitos que la propia normatividad que rija a las autoridades responsables exijan, acredite lo siguiente: Su nacionalidad Mexicana. No tener antecedentes penales. Residencia en los municipios de Tijuana, Playas de Rosarito o Tecate, que conforman este Distrito judicial, con una antigüedad mínima de un año anterior a la fecha en que ratifique la aceptación del cargo de garante. Para ello, deberá de presentar ante las propias autoridades responsables, la documentación del domicilio que acredite su estabilidad en el mismo en el periodo indicado. Informar y acreditar la realización de una actividad lícita y lucrativa estable, en un periodo no menor a un año, anterior a la aceptación de su cargo; o bien que cuenta con ingresos constantes y suficientes en el periodo indicado, que revelen su solvencia económica para fungir como aval durante todo el tiempo que dure el juicio de amparo y el procedimiento ante la autoridad responsable. Que al aceptar el cargo, además de afirmar bajo protesta de decir verdad que se conduce con verdad, exprese que acepta el cargo sin ánimo de lucro y con fin altruista. Acredite que cuenta con un lugar amplio y digno, en el que se comprometa a dar alojamiento al directo quejoso, en el caso de que el domicilio que éste señale coincida con el que proporcione el quejoso. Todos los anteriores requisitos deberán ser acreditados ante la autoridad Migratoria. VII.- De igual manera, se conmina a las autoridades responsables migratorias para efecto de que la garantía que en su caso se fije a los directos quejosos, no exceda de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional), ello a fin de que pueda ser asequible para el promovente del amparo y no convertir el alojamiento en la regla general en demerito de la libertad del quejoso. Lo anterior sin perjuicio de que, por un lado, la impetrante pueda acreditar su insolvencia económica ante la autoridad, en cuyo caso ésta deberá resolver sobre la reducción de la garantía o bien eximirlos de presentarla; o bien, si la autoridad recaba información que revele una capacidad económica mayor de los quejosos y advierte otras circunstancias que hagan objetivo el aumento del riesgo de evasión, pueda, fundando y motivando, incrementar esa suma: lo cual deberá hacer saber de inmediato a este tribunal. En caso de que tras la liberación de los quejosos -por haber cumplido los requisitos señalados-, él o su garante moral incumplan o se sepa que incumplen alguno de tales requisitos, la presente medida cautelar quedará sin efectos, ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 167 de la Ley de Amparo, que faculta al órgano jurisdiccional a revocar la libertad otorgada por la medida suspensional cuando incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas para su otorgamiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.20o.A.20 A (10a.), visible en la página 3550, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tom IV, emitida por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro digital 2016410 que señala: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. CONDICIONES QUE PUEDEN ESTABLECERSE PARA SU EFECTIVIDAD. El artículo 147 de la Ley de Amparo establece que, en caso de que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional puede establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida cautelar siga surtiendo efectos. Ahora, en los casos en que el acto reclamado en un juicio de amparo indirecto consista en el alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, respecto del cual proceda la suspensión, deben establecerse como condiciones para su efectividad, medidas idóneas para que el quejoso continúe con su trámite migratorio y así, no quede sin materia el juicio de amparo, las cuales pueden consistir, de manera ejemplificativa, en que: el extranjero comparezca un día a la semana ante el juzgado que proveyó sobre la suspensión, se establezca en un domicilio dentro de la misma demarcación geográfica de la autoridad migratoria en la que esté realizando sus trámites, así como no abandonar ésta. Cabe señalar que no se considera idóneo establecer como condición la erogación de cantidades de dinero, toda vez que el quejoso, al haber estado alojado en una estación migratoria, no tiene ingresos económicos; además, su condición de migrante le impide, en la mayoría de los casos, contar con el apoyo de familiares y amigos para ello, por lo que al estar imposibilitado para sufragar la cantidad que se estableciera como requisito de efectividad, por causas ajenas a éste, se haría nugatoria la medida cautelar otorgada." Además, la suspensión se concede para que en el caso de que la parte quejosa ejerza algún recurso en su defensa, la detención no supere los sesenta días. Lo anterior es así, ya que el artículo 111 de la citada ley dispone que el Instituto deberá resolver la situación migratoria de la extranjera presentada en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de su presentación, sin que el alojamiento en las estaciones migratorias pueda exceder de ese plazo, salvo en los casos en que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su condición migratoria en territorio nacional, supuesto en el que el alojamiento se torna indefinido, hasta en tanto no se resuelva el medio de defensa. Sin embargo, en los demás casos el alojamiento no puede exceder de sesenta días hábiles y, una vez transcurrido, deberá otorgarse la condición de visitante con permiso para recibir remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se otorgó dicha condición de estancia. 7.1 Luego, en el supuesto de que la directa quejosa se encuentre en el supuesto contemplado por el artículo 102 de la Ley de Migración, se solicita a las autoridades responsables a fin de que de manera inmediata informen a este órgano jurisdiccional si en términos del artículo 102 del citado ordenamiento legal han decretado alguna medida de aseguramiento a la parte quejosa, a efecto de estar en aptitud de pronunciarse al respecto, toda vez que la parte promovente refiere en la demanda, que la quejosa al momento de su detención, se encontraban en territorio nacional. La suspensión se concede en el entendido de que la directa agraviada Elizabeta Ramos González, quede a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal y a disposición de las autoridades responsables migratorias por cuanto hace a la continuación del procedimiento migratorio correspondiente. 7.2 Por otra parte, tomando en consideración que de la demanda se aprecia que la directa quejosa -al parecer- es de nacionalidad cubana pues así lo hace mención el promovente por tanto, las autoridades migratorias, deberán valorar si la quejosa cumple con los requisitos solicitados a los extranjeros para internarse en el País establecidos en el artículo 37 de la Ley de Migración, y EN CASO DE SER POSITIVO DEBERÁ SER PUESTA EN LIBERTAD DE INMEDIATO. Con la precisión de que dicha medida cautelar no surte efectos si en contra de la parte quejosa se hubiere emitido una alerta migratoria, al vincularse con el rubro de seguridad nacional. Por tanto hágase del conocimiento a las autoridades responsables que deberán informar, además de lo destacado: Qué calidad migratoria tiene Elizabeta Ramos González. Cuál es el procedimiento específico - al que en su caso- se encuentra sujeta y su fundamento legal. Desde cuándo y cuánto tiempo llevan retenida la agraviada; y, Si en su caso se ubica o no en algunos de los supuestos contemplados en las fracciones del artículo 111 de la Ley de Migración, así como si ya se cumplió con los quince o sesenta días previstos en ese numeral. Si en términos del artículo 109 de la Ley de Migración, le informó a la quejosa los derechos con los que cuenta desde su ingreso a la estación migratoria. Asimismo, hágasele saber a las responsables, que dentro del horario que al respecto se encuentre establecido en la normativa aplicable del procedimiento -que en su caso- se encuentre instaurado en contra de la parte quejosa, deberá permitir a quien comparezca en su carácter de autorizado de éstos, la comunicación que sea necesaria para su defensa. En el entendido de que la medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si el acto reclamado que se analiza es diverso o deriva de hechos distintos a la situación migratoria narrada por la parte quejosa en la demanda de amparo, como podría ser la comisión de un delito o, proviene de autoridades diversas a las señaladas como responsables. De igual materia la medida cautelar aquí decretada no surtirá efectos si con anterioridad a la presentación de la demanda que dio origen al presente asunto en un diverso juicio de amparo existe pronunciamiento de dichos actos reclamados. Asimismo, hágasele saber que la suspensión surtirá sus efectos, siempre y cuando la aquí quejosa, no se encuentre sujeto a un procedimiento de extradición o procedimiento judicial, que amerite su deportación o expulsión del país. Tampoco tendrá por efecto paralizar o suspender algún acto que se haya decretado en un procedimiento diverso al presente. Informes de suspensión de plano. En consecuencia, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio correspondiente, informen sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano; debiendo informar dentro de dicho plazo sobre el cumplimiento dado a la determinación emitida respecto de los actos reclamados o bien informen la imposibilidad jurídica que tenga para ello, apercibidas de que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262 fracción III de la Ley de Amparo, que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. De igual manera se les hace del conocimiento a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el presente auto, se procederá conforme a lo dispuesto por los artículos 209 y 262, fracciones III y IV de la Ley de Amparo y se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación. Resulta aplicable a lo antes decretado, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 25, diciembre de 2015, tomo II, página 1245, materia común, con número de registro 2010702, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INCIDENTE DE VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN POR EXCESO, DEFECTO O INCUMPLIMIENTO. EL ARTÍCULO 209 DE LA LEY DE AMPARO, NO TIENE COMO CONSECUENCIA DIRECTA E INMEDIATA FINCAR SANCIONES NI RESPONSABILIDADES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR LA DESOBEDIENCIA COMETIDA, SINO REQUERIRLAS PARA QUE, EN UNA NUEVA OPORTUNIDAD, REPAREN, SUBSANEN O CUMPLAN CON LA MEDIDA SUSPENSIONAL, Y SÓLO EN CASO DE QUE NO LO HAGAN, DENUNCIARLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, PARA SU PERSECUCIÓN Y SANCIÓN CONDIGNAS. El artículo 209 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, sin correlativo alguno con la abrogada, establece que si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa, o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, deberá ser requerida para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, rectifique los errores en que incurrió al cumplirla, o subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada ante el Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la misma ley; de modo que determina y regula de forma diversa la denuncia de violación a la suspensión, dado que no tiene como consecuencia directa e inmediata fincar sanciones ni responsabilidades a las autoridades responsables por la desobediencia cometida por exceso, defecto, o incumplimiento de la suspensión, sino requerirlas para que, en una nueva oportunidad, reparen, subsanen o cumplan con la medida suspensional, y sólo en el caso de que no lo hagan, hacer efectivo el apercibimiento de denunciarlas ante el Ministerio Público Federal, para su persecución y sanción condignas.". Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio en el que se encuentren ubicadas las autoridades responsables, si éstas se niegan a recibir los comunicados a ellas dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se les aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Ratificación de la demanda. Por otra parte, con apoyo en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a la directamente agraviada Elizabeta Ramos González, para que manifieste si ratifican o no la demanda promovida en su favor, lo que podrán realizar en el acto de la notificación de este proveído o bien dentro de los tres días siguientes, legalmente computados, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, quedando sin efecto las providencias dictadas, para lo cual se comisiona al actuario de este juzgado, a efecto de que proceda a la localización del agraviado en el lugar en que se encuentre detenido (en la Estación Migratoria con residencia en esta ciudad). De igual manera, el actuario de la adscripción deberá hacerle saber a la directamente agraviada lo siguiente: 1. Requerirlo para que en el acto de la notificación o bien dentro del plazo de tres días hábiles contado a partir de que surta efecto, la notificación del presente proveído, manifieste si autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Luis Alberto Entebi Hernández, quien si cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. 2. Hacerle del conocimiento a la directamente agraviada que, para el caso de no nombrar como autorizado al antes mencionado -en los términos limitados del citado numeral-, tiene el derecho de designar en esos términos a diverso profesionista; 3. Y para el caso de que no se encuentre en posibilidad de realizar tal designación, hágasele saber que puede solicitar, se les designe a un Asesor Jurídico, dependiente del Instituto de Defensoría Pública Federal. 4. Asimismo, en virtud de que de la certificación secretarial de cuenta se obtiene que de la búsqueda realizada respecto del usuario "AbogadoFederal73" el cual se encuentra registrado en el Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes (SISE), requiérase a la quejosa para que manifieste sí solicita el acceso electrónico y notificaciones correspondientes al presente expediente a través de dicho usuario. Lo cual podrá hacer del conocimiento del Actuario de la adscripción, al momento de la notificación o por escrito en cualquier etapa del procedimiento. De igual forma, para que señale un domicilio para oír y recibir notificaciones en esta localidad, o según sea el caso, para que manifieste si es su deseo señalar como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, los estrados de este Juzgado; apercibidos que de no hacer manifestación alguna al respecto, con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se le notificarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto Igualmente, de advertirse que Elizabeta Ramos González, se encuentra a disposición de alguna autoridad no señalada como responsable, se instruye al actuario que les requiera para que en el acto de la notificación, manifieste si es su interés ampliar su demanda por la autoridad correspondiente. Petición de la parte promovente. Ahora, en atención a la solicitud de la parte promovente en el sentido de que se instruya al actuario de la adscripción para que una vez que se traslade a la Estación Migratoria de esta ciudad, en el caso de que en dicha estación hubiera algún autobús con la intención de trasladar a diversas personas a diversa estación migratoria del país, solicite a las autoridades responsables se le permita vocear dentro de dicho autobús e instalaciones a la quejosa de referencia con la finalidad de localizarla y notificarle de la demanda promovida a su favor, se comisiona al actuario a fin de que realice dicha diligencia, o bien asiente la imposibilidad que tuvo para llevarla a cabo. Se autoriza a las autoridades responsables para que remitan los informes vía correo electrónico institucional a la dirección 6jdoajf15cto@correo.cjf.gob.mx, el cual deberá contener firma y sello de la autoridad que lo remita, lo anterior, en aras de una pronta impartición de justicia y sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Se comisiona al Actuario Judicial adscrito, para que se constituya en las instalaciones de las autoridades señaladas como responsables, así como en los separos de las mismas a efecto de que verifique que en el caso de que se aplique o continúe aplicándose en perjuicio de Elizabeta Ramos González, algún acto señalado por el numeral 22 constitucional, en relación con el diverso 15 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables cumplan en sus términos la suspensión de plano concedida en este proveído y cesen de inmediato los mismos; además, para que asiente las condiciones físicas y de apariencia de salud en que se encuentran dichos agraviados. Obligatoriedad de recibir oficios. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que conforme lo dispone el artículo 28, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está obligada a recibir los oficios que se les dirijan, en materia de amparo, ya sea en su oficina, en su domicilio o en el lugar en que se encuentre; y que la notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que se entreguen los oficios respectivos, ya sea a las autoridades responsables o al encargado de recibir la correspondencia en sus oficinas; y si se negaren a recibir dichos oficios, se tendrán por hechas las notificaciones y serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que contenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá a la omisa una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Notificación de autoridad vía exhorto. Por otra parte, tomando en consideración de que la residencia de algunas de las autoridades responsables se encuentran en Cancún, Quintana Roo y Chetumal, Quintana Roo; es decir, fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional a fin de evitar mayores dilaciones en el presente procedimiento, con fundamento en los artículos 26, fracción II, inciso a), y 27, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 158, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto vía electrónica a: l.- Juzgado de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, en turno; y II. Juzgado de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, en turno Lo anterior, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda, para que se constituya en los domicilios ubicados de las autoridades responsables: Titular de la Oficina de Representación en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún. Subrepresentante Local A, Agentes Federales y demás funcionarios del Instituto Nacional de Migración, con sede en Cancún, Quintana Roo. Subrepresentante Local B, Agentes Federales y demás funcionarios del Instituto Nacional de Migración, con sede en Cancún, Quintana Roo. Subdirectora de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración adscrita al Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo. Jefe de Departamento de Control Migratorio del Instituto Nacional de Migración, con sede en Cancún, Quintana Roo. Encargado de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en Cancún Quintana Roo. Encargado de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en Chetumal, Quintana Roo. Y haga entrega de los oficios que se libren del presente proveído, a los que se deberá anexar copia del escrito inicial de demanda. En atención principio de expedites en la administración de justicia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de amparo, se autoriza para que de considerarlo necesario, habiliten días y horas inhábiles para la práctica de la notificación a que se refiere el párrafo anterior. De igual manera, se faculta al juez exhortado, a fin de que, de haberse remitido el exhorto de que se trata, a un órgano diferente al que deba prestar el auxilio, lo envíe directamente al que corresponda, si le consta cual es la jurisdicción competente, con la solicitud que de no existir inconveniente al respecto, lo haga del conocimiento de este juzgado. Una vez hecho lo anterior, se solicita de la manera más atenta al Juez exhortado se sirva devolver la comunicación oficial de referencia con las constancias fehacientes de dicha notificación, mediante la misma vía Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Medios electrónicos. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009 Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio "servicios jurisdiccionales", en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, en el que encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que de conformidad con el artículo 14 del acuerdo general del 12/20, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes. Comunicaciones no procesales. Con independencia de lo anterior se hace del conocimiento de las partes que pueden proporcionar un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que este juzgado establezca el contacto respectivo en los casos que estime necesario, esto con apoyo en los artículos 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Se exhorta a promover la tramitación del juicio en línea Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en el artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Transparencia y digitalización. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que quede firme la resolución que en su caso se dicte en este asunto. Asimismo, en atención al Acuerdo General 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como del artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena priorizar la tramitación electrónica y de conformidad con lo establecido en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; se ordena priorizar la tramitación electrónica del juicio en Línea. Finalmente, en cumplimiento a lo ordenado en las disposiciones generales establecidas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, se informa a las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, el horario de atención al público será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos (artículo 6 del primer ordenamiento) y que las listas de acuerdos quedarán a disposición del público para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal; y que tendrán validez legal al ser las mismas que se encuentran en los Estrados de los Juzgados y Tribunales Federales (artículos 209, 209 bis, ídem). Así también, hágase del conocimiento a la parte promovente que de acreditarse que con anterioridad ya se otorgó la suspensión en otro juicio de amparo promovido contra el mismo acto reclamado y contra las propias autoridades, y que de ello tenga conocimiento se hará efectivo el apercibimiento a que alude el precepto 256 de la Ley de Amparo y en caso de acreditarse alguna declaración emitida en falsedad conforme a los hechos narrados en la demanda o que se desprenda algún diverso hecho constitutivo de delito, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para los efectos que a su representación corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 13/2017 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato." Notifíquese personalmente a la directa agraviada Elizabeta Ramos González.

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