Elizabeth Burgos Carrillo

Expediente 719/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
719/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
09/12/2020

Partes del expediente

  • Elizabeth Burgos Carrillo

Actuaciones

  1. Principal

    pral.719/2020 mesa 4 $ San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de diciembre de dos mil veinte. 1. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término conferido para hacer valer el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, contra el auto de trece de noviembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, sin que lo hubiese interpuesto. 2. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación. 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto de desechamiento estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Relevancia. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 6. Destino (destrucción). Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 7. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. 8. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 9. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. 10. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente consten las leyendas referidas en los apartados que anteceden (relevancia documental, conservable, depurable o destruible, según corresponda). Notifíquese.

  2. Principal

    pral.719/2020 mesa 4 $ San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de noviembre de dos mil veinte. 1. Razón actuarial. Vista la razón de dieciocho de noviembre actual, asentada por el actuario adscrito a este Juzgado, por el cual manifiesta que no le fue posible notificar personalmente a la parte quejosa la resolución de trece de noviembre del año en curso, en virtud que en la calle González Ortega, del centro de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, no localizó el domicilio marcado con el número 1145 (señalado en la demanda de amparo para recibir notificaciones). 2. Notificación por lista. En consecuencia, ante la imposibilidad señalada, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena efectuar la notificación de dicha determinación mediante lista de acuerdos; así también, las subsecuentes notificaciones a la parte quejosa, aun las de carácter personal. Notifíquese. Número de expediente: 719/2020 Acuerdo: pral.719/2020 mesa 4 $ San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de noviembre de dos mil veinte. 1º. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo depositada el doce de este mes en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, recibida en este Juzgado el trece siguiente, promovida por ***, por propio derecho, contra un acto del jefe del Departamento Comercial de Suministros de Servicios Básicos de la Zona Centro, Oaxaca, de la Comisión Federal de Electricidad; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 719/2020. 2º. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3o Desechamiento de la demanda de amparo. Marco legal. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, debe desecharse la demanda de amparo cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es decir, que se advierta en forma patente, notoria y clara; y se tenga la certeza y convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que se actualiza la causa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la citada ley, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". La causa de improcedencia prevista en ese precepto no establece un motivo concreto, pues requiere complementarse con otra norma jurídica o, en su caso, con la jurisprudencia del Pleno, de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito. En ese sentido, los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. ...." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. ." Como se advierte del análisis conjunto de los preceptos transcritos, el objeto de estudio del juicio de amparo son las leyes o actos de autoridad que vulneren derechos humanos, en el entendido que, para efectos del juicio, es autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado en forma unilateral y obligatoria, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concebido como autoridad responsable para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, al ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; esto es, todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De donde se sigue que el juicio de amparo sólo procede contra actos u omisiones de los poderes públicos o de particulares que emitan actos de autoridad en los términos relatados y, en ese sentido, para distinguir un acto de otro, se debe atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supra ordinación. De acuerdo con ello, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se haga justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. 3.2 Caso concreto. Precisado lo anterior, destaca del análisis de la demanda de amparo que la quejosa *** reclama del jefe del Departamento Comercial de Suministros de Servicios Básicos, de la Zona Centro, Oaxaca, de la Comisión Federal de Electricidad: ( La inminente orden verbal o escrita para realizar el corte de suministro eléctrico en su domicilio, sito en la calle García Vigil 802 (ochocientos dos), Centro, Oaxaca. Al respecto, bajo protesta de decir verdad, refirió que se enteró por conducto del dicho de sus vecinos, que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) iba a realizar el corte de suministro de luz en su domicilio, en caso de no pagar cierta cantidad por concepto de ajuste de facturación. Sin embargo, lo anterior no constituye una actuación de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, debido a que el acto reclamado no tiene su origen en una relación de supra a subordinación, sino en una relación de coordinación, donde ambos actúan en un plano igualitario, esto es, el organismo descentralizado de la administración pública federal denominado Comisión Federal de Electricidad, como prestador del servicio de energía eléctrica, y la quejosa, como usuaria; relación que deriva del contrato de suministro de electricidad celebrado entre ellos. Por tanto, no debe considerarse autoridad para efectos del juicio de amparo al jefe del Departamento Comercial de Suministros de Servicios Básicos de la Zona Centro, Oaxaca, de la Comisión Federal de Electricidad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 532, libro 53, abril de 2018, tomo I, Décima Época, registro 2016656, de rubro y texto: 3.3. Actualización de diversa causal de improcedencia. Aunado a lo expuesto, en caso de que existiera la orden de corte de suministro de energía eléctrica reclamada emitida por la autoridad señalada como responsable -y se le considerara como tal-, también se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dado que la quejosa no agotó el principio de definitividad que aquélla exige para la procedencia del juicio constitucional; numeral que, en lo conducente, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:- (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." Al respecto, los artículos 1 y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y 14, fracción XI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, disponen: LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO "Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos, y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo. Este ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, ni al ministerio público en ejercicio de sus funciones constitucionales. En relación con las materias de competencia económica, prácticas desleales de comercio internacional y financiera, únicamente les será aplicable el título tercero A. Para los efectos de esta Ley sólo queda excluida la materia fiscal tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquéllas." "Administrativo, Sirve de apoyo la tesis con registro 2007678 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITE EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE OTORGA EN EXCLUSIVA, PROCEDE EL RECURSO DE REVISIÓN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, SIN PERJUICIO DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMEN NORMAS GENERALES [INTERRUPCIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 167/2011 (9a.), 2a./J. 168/2011 (9a.), 2a./J. 43/2014 (10a.) Y 2a./J. 44/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interrumpe las tesis de jurisprudencia aludidas en las que estableció, en esencia, que la relación entre la Comisión Federal de Electricidad y los particulares en lo relativo al suministro de energía eléctrica es de coordinación, originada por un acuerdo de voluntades donde ambas partes adquieren derechos y obligaciones recíprocos dentro de un ámbito privado. Lo anterior en razón de que, en términos del artículo 1o. del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, esta última es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, es decir, constituye un ente del Estado que tiene como objeto fundamental y principal, conforme a los numerales 25, administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; sin perjuicio de la procedencia del juicio de amparo cuando se reclamen normas generales." 3.4 Determinación. Por lo expuesto, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XXII y XXIII, en relación con el numeral 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, se desecha, de plano, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por *** por derecho propio. 3.5 Acceso a la justicia. La actualización de las causales de improcedencia en estudio no implica negar acceso a la justicia, ya que se interpretaron de manera estricta, sin que implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, pues el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". 4º. Domicilio y personas autorizadas. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que indica en su demanda. Se autoriza únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, sin las facultades amplias previstas en el numeral 12 de la Ley de Amparo, a 1) ****; debido a que, como se hizo constar en la certificación de cuenta, no se encontró cédula profesional a su favor que los faculte a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho. Aunado a que en la demanda tampoco se señalaron datos con los que tales personas acrediten su profesión de licenciados en derecho o abogados; sin embargo, una vez que acrediten tal carácter con la información o documental idónea, 5. Precisión. Hágase del conocimiento de la parte promovente que respecto a las cuestiones relativas a la a) atención al público, b) funcionamiento de buzones judiciales, c) publicación de lista de acuerdos, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, deberá estarse a lo indicado en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado en su periodo de vigencia por su similar 25/2020. 6. Exhortación para continuar la tramitación del juicio en línea mediante el uso de Firel o e.firma (antes Fiel). Independientemente del sentido de esta resolución, con fundamento en los artículos 22 y 29 del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a la parte quejosa para que, de convenir a sus intereses, continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL) u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal; lo que podrá llevar a cabo en cualquier momento. 7. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Dada la situación de contingencia sanitaria ocasionada en el país por el virus covid-19, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 9º. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, de acuerdo a sus propias funciones, supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos. 10. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    para.984/2017 mesa 3 $ San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de noviembre de dos mil veinte. 1. Se agrega oficio. Agréguese el oficio firmado por el encargado del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-OAXACA", residente en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; mediante el que, en atención al auto de veintiséis de octubre del año en curso, informa que el veintiuno de junio del año en curso el quejoso recibió atención médica por un especialista en psiquiatría, remitiendo las constancias respectivas. Sin embargo, no se realiza mayor pronunciamiento, toda vez que en el acuerdo de veintiséis de octubre del año en curso sólo se le hizo del conocimiento de las manifestaciones realizadas por el quejoso, en el sentido que no se le ha proporcionado los medicamentos psiquiátricos, a efecto de que proveyera o realizara lo correspondiente, sin que, en el caso, se le haya efectuado algún requerimiento. 2. Estado de autos. Por otra parte, se advierte que en proveído de cuatro de noviembre del año en curso se requirió a la agente del Ministerio Público de la Federación, orientadora II de la Unidad de Atención Inmediata en el Estado de Oaxaca, para que, una vez que cuente con las evaluaciones psicológicas realizadas al quejoso en la carpeta de investigación FED/OAX/OAX/0002448/2018, las remita a este órgano jurisdiccional, sin que, a la fecha, dicha autoridad haya remitido las referidas constancias. 2. Diferimiento de audiencia de pruebas y alegatos. En esas condiciones, se difiere la audiencia de pruebas y alegatos a que se refiere el numeral 208, fracción III, de la Ley de Amparo, y se señalan para que tenga verificativo las trece horas con cuarenta y tres minutos del diez de diciembre de dos mil veinte. Fecha que se fija de esa manera, a efecto de evitar múltiples diferimientos, pues, por la contingencia sanitaria que se vive en el país, existe dificultad en las comunicaciones entre las autoridades. Notifíquese. .

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