Eliseo Miguel Álvarez o Álvares.

Expediente 642/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 30 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
642/2019
Año
2019
Actuaciones
30
Última actuación
11/05/2022

Partes del expediente

  • Eliseo Miguel Álvarez o Álvares.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Incidental

    INC.642/2019.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de mayo de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, en proveído de tres de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio principal del que deriva este incidente de suspensión, se agregó el oficio firmado por la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, al que anexó copia certificada del testimonio de la ejecutoria por el que se confirmó la sentencia ahí emitida; por ello, desde esa fecha dejó de surtir efectos la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa. 2. Archivo del expediente. En esas condiciones y toda vez que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu) y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en vigor a partir del día siguiente, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. 3. Destino del original del expediente (depurable). Se comunica a las partes que por haberse concedido la suspensión definitiva a la parte quejosa respecto de los actos reclamados, conforme en el punto 7.1.1., 2, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso numeral 18 del citado Acuerdo General, el original de este expediente será depurable; ello, una vez que transcurran tres años, conservándose en el archivo de este órgano jurisdiccional durante dicho plazo; y fenecido dicho plazo, dentro de los noventa días siguientes, deberá depurarse este expediente y, en su oportunidad, remitirse el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. 4. Destino del duplicado (destruible). Respecto al duplicado de este incidente de suspensión, no se realizó pronunciamiento en la resolución respectiva; por tanto, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a), del mismo acuerdo general, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que se dictó la interlocutoria (veinte de agosto de dos mil diecinueve), procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión dentro de los treinta días siguientes. 5. Instrucción al(a) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 6. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente, así como en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL.642/2019.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de septiembre de dos mil veintiuno. 1. Se declara consentido el cumplimiento. Vistos los autos y como de la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de quince días que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran el recurso de inconformidad previsto en el diverso 201, fracción I, de la Ley de Amparo, contra el proveído de trece de julio del año en curso, mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este expediente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, sin que lo hubieran hecho en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara consentido el referido auto; hágase saber tal circunstancia a las partes para los efectos legales consiguientes. 2. Archivo del expediente. Como se advierte de la certificación que antecede, que en este expediente no existe asunto pendiente por diligenciar; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14 15 (interpretado contrario sensu) y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 3. Destino (depurable). Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado acuerdo, este expediente es depurable; por ello, una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la fecha de este proveído, procédase a lo dispuesto en el penúltimo y último párrafo del artículo 18 del acuerdo mencionado. 4. Archivo reciente. Se comunica a las partes que, en atención a lo dispuesto en el artículo 18 del multicitado acuerdo, este expediente será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional depurará el expediente y, una vez terminado el proceso de depuración se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente consten la leyenda de que el mismo es depurable. 5. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y constate que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 6. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno respectivo. 7. Se informa a la mesa I de amparo de este órgano jurisdiccional. Finalmente, en cumplimiento al auto de diez de agosto del año actual, mediante oficio, infórmese a la mesa I de amparo esta determinación, a efecto de que en el momento procesal oportuno dentro del juicio de amparo 622/2021, tenga a bien remitir al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuicatlán, Oaxaca el duplicado de la causa penal 4/2019 (que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado). Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL 642/2019-6A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de julio de dos mil veintiuno. Antecedentes. Vistos los autos, de los mismos se advierte que se encuentra pendiente de calificar si está cumplida o no la sentencia dictada en este asunto; por ello, se procede a analizar en los términos siguientes: Mediante sentencia de catorce de julio de dos mil veinte, engrosada el dieciséis siguiente, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Eliseo Miguel Álvarez, para los efectos siguientes: ". Efectos de la concesión. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73, 74 y 77, fracción I, todos de la Ley de Amparo, debe concederse el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Eliseo Miguel Álvarez, para efecto que la autoridad responsable, juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca: 1) Deje insubsistente la resolución de veintinueve de junio de dos mil diecinueve (fojas 335 a 376, anexo I), en la que se dictó auto de formal prisión contra el referido quejoso, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de feminicidio, previsto por el artículo 411, fracciones I, II, III y IV, y sancionado por el numeral 412, párrafo primero, ambos del Código Penal del Estado, cometido en agravio de la menor de edad D.M.V.M. 2) Previo al dictado, de ser procedente, del acto privativo de libertad, ordene dar vista al Ministerio Público competente, para que se realice la investigación correspondiente, respecto a las manifestaciones del referido quejoso, realizadas por escrito, en las que, dice, fue objeto de tortura, toda vez que a esa autoridad le corresponde la investigación de los delitos. Ello, independientemente de haber ordenado dar vista a la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca (foja 330, del anexo I). 3) Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, dentro del término de tres días, conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, acorde a los razonamientos vertidos en esta sentencia, pronuncie otra resolución, en la que deberá atender lo siguiente: 3.1) Al analizar el cuerpo del delito, otorgue el valor probatorio correspondiente al testimonio de Víctor Vásquez Gómez (padre de la víctima); asimismo, establezca qué es lo que de esa declaración se obtiene o qué hecho comprueba. 3.2) Valore de manera motivada el dictamen químico emitido el tres de junio de dos mil quince (foja 155, del anexo I), pues, como se indicó en el contexto de esta sentencia, ese dictamen no acredita, como lo dice, que la víctima fue privada de la vida, sino diversa cuestión. 3.3) Al analizar el elemento del cuerpo del delito que hizo consistir en que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; es decir, que el ataque haya sido por razón de género (foja 349, del anexo I), valore el dictamen de necropsia, con terminación 305/2015, de treinta de mayo de dos mil quince, suscrito por la doctora Erika del Rocío Ortíz Patiño, perito médico adscrita al Instituto de Servicios Periciales. Y en el diverso elemento del cuerpo del delito consistente en "que se hayan infligido heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, mutilaciones, con implicaciones sexuales o que generen sufrimiento"; otorgue valor probatorio a la diligencia de inspección, descripción, fe y levantamiento de cadáver, llevada a cabo el treinta de mayo de dos mil quince (foja 350, del anexo I). Además, precise qué es lo que, en específico, se acredita con cada una de esas probanzas, a fin de que la parte quejosa conozca los motivos que le permitieron concluir que la conducta reprochada al aquí quejoso se realizó por cuestión de género. 3.4) Al analizar el elemento del cuerpo del delito que hizo consistir en que existan indicios o antecedentes de amenazas, acoso o maltrato del sujeto activo contra la víctima, la autoridad responsable deberá establecer qué es lo que se acredita de los testimonios de Lucina Crisanto Martínez, Itzel Fernanda Vásquez Camacho, Maritza Vásquez Orozco y René Ortíz Hernández (foja 350 vuelta a 354, del anexo I); y cuál es la conducta que, en concreto, realizó el sujeto activo previo a la consumación del hecho delictivo; es decir, amenazas, acoso o maltrato contra la víctima. En el entendido que deberá exponer los motivos, circunstancias y razones particulares que revelen que el actuar delictivo tuvo su origen en el desprecio hacia el género femenino, atendiendo a la mecánica de los hechos y así determinar si con las pruebas aportadas por la representación social, efectivamente, se encuadra la conducta delictiva o diverso ilícito -calificado o agravado-. 3.5) En el apartado relativo a la probable responsabilidad, en vía de motivación, exprese por qué determina que la declaración del ahora quejoso Eliseo Miguel Álvarez reviste el carácter de confesión calificada divisible y, en su caso, con libertad de jurisdicción, se pronuncie sobre su valor probatorio y trascendencia. Ello, en acatamiento a los derechos fundamentales de debido proceso y acceso pleno a la administración de justicia, que establecen los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 4) Realizado lo anterior, resuelva lo que en derecho proceda." En auto de tres de agosto de dos mil veinte se tuvo al tercero interesado Víctor Vásquez Gómez interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de amparo; y, en acuerdo de nueve de octubre de esa anualidad se remitió el citado medio de impugnación al Tribunal de alzada relativo. El tres de mayo de dos mil veintiuno se agregó la copia certificada del testimonio de la ejecutoria pronunciada el treinta de marzo de este año, en el amparo en revisión 169/2020, en la que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito confirmó la sentencia recurrida; por ello, en el mismo auto se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma. En acuerdo de dieciocho de mayo de esta anualidad se agregó el oficio signado por el juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan Bautista, Cuicatlán, Oaxaca, mediante el cual remitió copia certificada de la resolución de trece de mayo de esta anualidad dictada en la causa penal 4/2019, de su índice, de la que se advierte lo siguiente: Insubsistencia de resolución. 1) Dejó insubsistente la resolución de veintinueve de junio de dos mil diecinueve, en la que se dictó auto de formal prisión contra el quejoso Eliseo Miguel Álvarez o Alvares, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de feminicidio, cometido en agravio de la menor D.M.V.M. Se da vista al agente del Ministerio Público por tortura. 2) Previo al análisis de las constancias de autos, para resolver sobre la situación jurídica del indiciado, con fundamento en los artículos 1, 21 y 22 de la Constitución General de la República, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1, 2, 6 y 8, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, mandó dar vista inmediatamente al agente del Ministerio Público adscrito para que, conforme a sus atribuciones, iniciara la investigación correspondiente para determinar la existencia del delito de tortura que denunció el aquí quejoso en su escrito de veintiocho de junio de dos mil diecinueve; bajo la óptica ineludible de investigar los hechos denunciados y de surtirse el supuesto, se establezca como delito, así como realice de manera diligente las investigaciones necesarias para establecer la responsabilidad de los intervinientes en su comisión. Análisis del cuerpo del delito (valor probatorio del testimonio de Víctor Vásquez Gómez). 3.1) Respecto al testimonio de Víctor Vásquez Gómez que transcribió en los incisos b) y f), de su resolución, como se precisó en la sentencia, estableció el valor probatorio correspondiente; es decir, le otorgó valor indiciario en términos del artículo 352 y 354 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, ya que argumentó que dicho testimonio y los diversos expuestos por distintos menores de edad, dieron noticia cierta, que la víctima tenía la necesidad de trasladarse de una comunidad a otra, a pie en caminos de terracería; por tanto, dijo, se condujeron con imparcialidad, sin dudas ni reticencias, claros y precisos, con base al artículo 355, fracción VI, del referido código; sin obstar que haya sido padre de la ofendida, pues no advirtió que se haya conducido con mendacidad por algún pago o dadiva. Ante ello, dijo, se desprendía que la conducta no fue originada por la víctima del delito, pues el hecho de haberse trasladado de una comunidad a otra sola, no implicaba que diera motivo al activo para que le causara el daño que hizo. En el inciso f) de su resolución, en el que analizó el elemento relativo a "Que el cadáver de la víctima haya sido enterrado u ocultado", estimó que el testimonio Víctor Vásquez Gómez reunía los requisitos exigidos por el artículo 355, fracción VI, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, por haber sido emitido por persona hábil para declarar, pues no hay prueba que acredite lo contrario, que por su edad y ocupación se advierte que cuenta con el criterio necesario para juzgar que el hecho que declaró; además, no se cuenta con datos que hagan dudar de su imparcialidad, pues dada la mecánica de los hechos, se advierte que tuvo conocimiento directo del lugar donde fue encontrado oculto el cuerpo de la víctima del delito en estudio; por lo que se aprecia que tuvo conocimiento de los hechos sobre los que depuso por medio de sus sentidos y no por inducciones ni referencias de otros, que su versión es clara y precisa sobre la substancia del hecho, apreciándose congruencia interna y externa en cada uno de ellos; asimismo, que no había prueba alguna que demostrara que tal testigo hubiera sido obligado a declarar por fuerza o medio, ni impulsado por error, engaño o soborno; por consiguiente, a tal testimonio le otorgó valor indiciario de conformidad con lo establecido por el artículo 354 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca. Valoración de dictamen químico de tres de junio de dos mil quince. 3.2) En cuanto a la valoración respecto al dictamen químico emitido el tres de junio de dos mil quince (foja 155, del anexo I), fue correcto que prescindiera de valorarlo en el elemento relativo a la privación de la vida, pues ese dictamen no acreditaba que la víctima fuera privada de la vida, sino diversa cuestión. Valoración del dictamen de necropsia y de la diligencia de inspección, descripción, fe y levantamiento de cadáver. Respecto al dictamen de necropsia, con terminación 305/2015, de treinta de mayo de dos mil quince, suscrito por la doctora Erika del Rocío Ortiz Patiño, perito médico adscrita al Instituto de Servicios Periciales, le otorgó valor probatorio indiciario de conformidad con el artículo 68, en relación con el numeral 354, ambos del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado; ya que en el mismo se describió detalladamente el lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida de la víctima, la posición en que fue localizado el cuerpo, las lesiones que presentaba, y su vestimenta. Con dicho material probatorio, el juez responsable manifestó que quedó demostrado que, ciertamente, la víctima del delito presentaba signos de violencia sexual y estas fueron en razón del género, porque el activo probablemente aprovechó la corta edad de la pasivo, y el hecho de ser mujer para que no pudiera resistirse al ataque. Y en cuanto a la diligencia de inspección, descripción, fe y levantamiento de cadáver, llevada a cabo el treinta de mayo de dos mil quince, le otorgó valor indiciario de conformidad con el artículo 68, en relación con el numeral 354, ambos del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, porque en su desahogo se observaron los requisitos previstos por los artículos 26, 31, 31 Bis, 68 y 356, fracción X, 370 y 372, del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado; es decir, en la diligencia se describieron detalladamente las lesiones externas que presentaba el cuerpo sin vida localizado entre la vegetación en el lugar de los hechos, las cuales tienen connotación de índole sexual. En cuanto al análisis del cuerpo del delito que hizo consistir en que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; es decir, que el ataque hubiera sido por razón de género, estableció se acreditaba con la necropsia de treinta de mayo de dos mil quince, a la cual otorgó valor probatorio indiciario conforme al artículo 68, en relación con el numeral 354, ambos del Código de Procedimientos Penales en el Estado, por haberse observado los requisitos previstos por los artículos 26, 31, 31 Bis, 68 y 356, fracción X, 370 y 372 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado; y dijo se reforzaba con el dictamen de mecánica de lesiones, emitido el siete de septiembre de dos mil quince; los cuales dijo se obtuvieron dentro de los lineamientos previstos por los artículos 396, 403 y 404, del Código de Procedimientos Penales en el Estado. Así también, la autoridad responsable estableció que dichos dictámenes encontraban sustento en el diverso de criminalística de treinta de junio de dos mil quince, lo cual constituía un indicio en términos del artículo 354 del referido ordenamiento legal. Elemento del cuerpo del delito consistente en: que existan indicios o antecedentes de amenazas, acoso o maltrato del sujeto activo contra la víctima. 4) Respecto a los testimonios de Lucina Crisanto Martínez, Itzel Fernanda Vásquez Camacho y Maritza Vásquez Orozco, les otorgó valor probatorio indiciario en términos del artículo 352 y 354 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, pues estableció, que los atestes refirieron hechos que apreciaron directamente, porque narraron de viva voz de manera clara y precisa cómo el activo del delito había estado acosando a las niñas que asisten a la telesecundaria de San Andrés Teotilalpan, Cuicatlán, Oaxaca, y que se hospedan en el albergue de esa comunidad por impedimento para trasladarse a sus comunidades, dentro de ellas, la ofendida en este asunto; por lo que es evidente que sí existieron actos previos al atentado que sufrió la pasivo de acoso por parte del activo; pues de acuerdo con el artículo 352 del mismo ordenamiento legal antes invocado, son personas capaces de declarar, ya que si dijeron contar con edades de catorce y quince años, respectivamente, esa circunstancia no les resta valor probatorio, dado que en términos del artículo 413 del Código de Procedimientos Penales en vigor, por su capacidad física e intelectual, se estima que tienen el criterio necesario para juzgar del hecho sobre el que declararon; sus deposiciones fueron imparciales, ya que narraron los hechos que percibieron a través de sus sentidos de manera clara y precisa, sin mostrar algún aleccionamiento, miedo o fuerza en su voluntad para declarar en la forma en que lo hicieron. Conducta del activo. Asimismo, la autoridad judicial indicó que con dichos testimonios se acredita fehacientemente el elemento consistente en: que existan indicios o antecedentes de amenazas, acoso o maltrato del sujeto activo contra la víctima, ya que fueron claros y precisos en detallar que el activo merodeaba por la escuela y el albergue para molestar a las alumnas de la escuela telesecundaria, les insinuaba cosas o las pretendía para andar con él, a pesar de ser un hombre casado. Encuadramiento de la conducta delictiva. La autoridad judicial responsable indicó que posiblemente el actuar de Eliseo Miguel Álvarez fue consumado en forma dolosa; es decir, en términos de la fracción I del artículo 8 del Código Penal en vigor, porque es quien ya merodeaba la escuela y el albergue donde la occisa acudía para realizar sus estudios de secundaria y acosaba a otras estudiantes para andar con él; además, de que tenía pleno conocimiento que la menor de edad (ahora victima) transitaba sola por el camino rumbo a su comunidad. Así también, indicó que, hasta ese momento, no estaba probada a favor del indiciado Eliseo Miguel Álvarez ninguna de las causas de exclusión del delito, previstas en el artículo 14 del Código Penal en vigor, como su falta de voluntad para ejecutar el acto ilícito que se le recrimina; menos aún se encontraba justificado que hubiera actuado con consentimiento de la ofendida, por lo que estableció que existen datos suficientes que hacen probable que el aquí quejoso cometió el delito de feminicidio perpetrado en agravio de la menor de edad D.M.V.M. Probable responsabilidad. 3.5) En el apartado relativo a la probable responsabilidad, específicamente, en la declaración del ahora quejoso Eliseo Miguel Álvarez, el juez responsable le otorgó valor probatorio de indicio en términos del artículo 354 del Código instrumental de la materia, puesto que la realizó debidamente asistido por su abogado defensor, tuvo conocimiento y accedió mediante lectura a las constancias de la indagatoria y, contrario a lo aducido por la defensa en su pliego de alegatos, no se aprecia que la haya realizado bajo coacción o violencia, cumpliéndose con el contenido de los artículos 20 de la Constitución Federal y 22 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. Resolución. 4) Finalmente, el trece de mayo de esta anualidad decretó auto de formal prisión a Eliseo Miguel Álvarez en la causa penal 4/2019, por su probable responsabilidad penal en el delito de feminicidio, perpetrado en agravio de la menor de edad D.M.V.M. En ese tenor, atento a las relatadas consideraciones expuestas por la autoridad responsable, se estima que la tutela constitucional quedó satisfecha. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo, por no existir, además, excesos ni defectos en su cumplimiento. Tal cumplimiento notifíquese personalmente a la parte quejosa, acorde a lo dispuesto en la jurisprudencia 2ª/J9/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 203, Tomo XIII, Febrero de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRAMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA". En cuanto a las manifestaciones de la parte quejosa, en el sentido de que no está cumplida la sentencia, ya que la autoridad judicial sigue siendo omisa en fundamentar y motivar fehacientemente por qué considera que se tienen acreditados los elementos del tipo penal de feminicidio y no diverso delito; se estiman infundadas; lo anterior es así, pues, como ya se precisó, la autoridad judicial fundó y motivo su determinación, al valorar cada una de las probanzas ofrecidas por la representación social, pues describió cada una de ellas a efecto de acreditar los elementos que conforman el cuerpo del delito de feminicidio cometido en agravio de D.M.V.M.; así como la probable responsabilidad, tal como se estableció en la sentencia dictada en este juicio. De ahí lo infundado de sus manifestaciones y que conlleva a estimar que está cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo. Sin que ello implique prejuzgar en cuanto a la comisión del delito, pues esta determinación no limita a que con posterioridad, con base en los datos enunciados por la autoridad, se analice nuevamente la determinación dictada. 2. Se agrega oficio. Finalmente, agréguese el oficio signado por la secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional; en atención a su contenido, se deja a su disposición, en la secretaría que lleva el trámite del juicio el expediente en que se actúa (642/2019), así como su tomo anexo que se encuentra bajo el resguardo de esta secretaría, el cual no deberá devolverse a la autoridad responsable, hasta en tanto se realice el estudio respectivo en diverso juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA.- PRAL 642/2019-6A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de julio de dos mil veintiuno. Antecedentes. Vistos los autos, de los mismos se advierte que se encuentra pendiente de calificar si está cumplida o no la sentencia dictada en este asunto; por ello, se procede a analizar en los términos siguientes: Mediante sentencia de catorce de julio de dos mil veinte, engrosada el dieciséis siguiente, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Eliseo Miguel Álvarez, para los efectos siguientes: ". Efectos de la concesión. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73, 74 y 77, fracción I, todos de la Ley de Amparo, debe concederse el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Eliseo Miguel Álvarez, para efecto que la autoridad responsable, juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca: 1) Deje insubsistente la resolución de veintinueve de junio de dos mil diecinueve (fojas 335 a 376, anexo I), en la que se dictó auto de formal prisión contra el referido quejoso, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de feminicidio, previsto por el artículo 411, fracciones I, II, III y IV, y sancionado por el numeral 412, párrafo primero, ambos del Código Penal del Estado, cometido en agravio de la menor de edad D.M.V.M. 2) Previo al dictado, de ser procedente, del acto privativo de libertad, ordene dar vista al Ministerio Público competente, para que se realice la investigación correspondiente, respecto a las manifestaciones del referido quejoso, realizadas por escrito, en las que, dice, fue objeto de tortura, toda vez que a esa autoridad le corresponde la investigación de los delitos. Ello, independientemente de haber ordenado dar vista a la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca (foja 330, del anexo I). 3) Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, dentro del término de tres días, conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, acorde a los razonamientos vertidos en esta sentencia, pronuncie otra resolución, en la que deberá atender lo siguiente: 3.1) Al analizar el cuerpo del delito, otorgue el valor probatorio correspondiente al testimonio de Víctor Vásquez Gómez (padre de la víctima); asimismo, establezca qué es lo que de esa declaración se obtiene o qué hecho comprueba. 3.2) Valore de manera motivada el dictamen químico emitido el tres de junio de dos mil quince (foja 155, del anexo I), pues, como se indicó en el contexto de esta sentencia, ese dictamen no acredita, como lo dice, que la víctima fue privada de la vida, sino diversa cuestión. 3.3) Al analizar el elemento del cuerpo del delito que hizo consistir en que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; es decir, que el ataque haya sido por razón de género (foja 349, del anexo I), valore el dictamen de necropsia, con terminación 305/2015, de treinta de mayo de dos mil quince, suscrito por la doctora Erika del Rocío Ortíz Patiño, perito médico adscrita al Instituto de Servicios Periciales. Y en el diverso elemento del cuerpo del delito consistente en "que se hayan infligido heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, mutilaciones, con implicaciones sexuales o que generen sufrimiento"; otorgue valor probatorio a la diligencia de inspección, descripción, fe y levantamiento de cadáver, llevada a cabo el treinta de mayo de dos mil quince (foja 350, del anexo I). Además, precise qué es lo que, en específico, se acredita con cada una de esas probanzas, a fin de que la parte quejosa conozca los motivos que le permitieron concluir que la conducta reprochada al aquí quejoso se realizó por cuestión de género. 3.4) Al analizar el elemento del cuerpo del delito que hizo consistir en que existan indicios o antecedentes de amenazas, acoso o maltrato del sujeto activo contra la víctima, la autoridad responsable deberá establecer qué es lo que se acredita de los testimonios de Lucina Crisanto Martínez, Itzel Fernanda Vásquez Camacho, Maritza Vásquez Orozco y René Ortíz Hernández (foja 350 vuelta a 354, del anexo I); y cuál es la conducta que, en concreto, realizó el sujeto activo previo a la consumación del hecho delictivo; es decir, amenazas, acoso o maltrato contra la víctima. En el entendido que deberá exponer los motivos, circunstancias y razones particulares que revelen que el actuar delictivo tuvo su origen en el desprecio hacia el género femenino, atendiendo a la mecánica de los hechos y así determinar si con las pruebas aportadas por la representación social, efectivamente, se encuadra la conducta delictiva o diverso ilícito -calificado o agravado-. 3.5) En el apartado relativo a la probable responsabilidad, en vía de motivación, exprese por qué determina que la declaración del ahora quejoso Eliseo Miguel Álvarez reviste el carácter de confesión calificada divisible y, en su caso, con libertad de jurisdicción, se pronuncie sobre su valor probatorio y trascendencia. Ello, en acatamiento a los derechos fundamentales de debido proceso y acceso pleno a la administración de justicia, que establecen los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 4) Realizado lo anterior, resuelva lo que en derecho proceda." En auto de tres de agosto de dos mil veinte se tuvo al tercero interesado Víctor Vásquez Gómez interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de amparo; y, en acuerdo de nueve de octubre de esa anualidad se remitió el citado medio de impugnación al Tribunal de alzada relativo. El tres de mayo de dos mil veintiuno se agregó la copia certificada del testimonio de la ejecutoria pronunciada el treinta de marzo de este año, en el amparo en revisión 169/2020, en la que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito confirmó la sentencia recurrida; por ello, en el mismo auto se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma. En acuerdo de dieciocho de mayo de esta anualidad se agregó el oficio signado por el juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan Bautista, Cuicatlán, Oaxaca, mediante el cual remitió copia certificada de la resolución de trece de mayo de esta anualidad dictada en la causa penal 4/2019, de su índice, de la que se advierte lo siguiente: Insubsistencia de resolución. 1) Dejó insubsistente la resolución de veintinueve de junio de dos mil diecinueve, en la que se dictó auto de formal prisión contra el quejoso Eliseo Miguel Álvarez o Alvares, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de feminicidio, cometido en agravio de la menor D.M.V.M. Se da vista al agente del Ministerio Público por tortura. 2) Previo al análisis de las constancias de autos, para resolver sobre la situación jurídica del indiciado, con fundamento en los artículos 1, 21 y 22 de la Constitución General de la República, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1, 2, 6 y 8, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, mandó dar vista inmediatamente al agente del Ministerio Público adscrito para que, conforme a sus atribuciones, iniciara la investigación correspondiente para determinar la existencia del delito de tortura que denunció el aquí quejoso en su escrito de veintiocho de junio de dos mil diecinueve; bajo la óptica ineludible de investigar los hechos denunciados y de surtirse el supuesto, se establezca como delito, así como realice de manera diligente las investigaciones necesarias para establecer la responsabilidad de los intervinientes en su comisión. Análisis del cuerpo del delito (valor probatorio del testimonio de Víctor Vásquez Gómez). 3.1) Respecto al testimonio de Víctor Vásquez Gómez que transcribió en los incisos b) y f), de su resolución, como se precisó en la sentencia, estableció el valor probatorio correspondiente; es decir, le otorgó valor indiciario en términos del artículo 352 y 354 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, ya que argumentó que dicho testimonio y los diversos expuestos por distintos menores de edad, dieron noticia cierta, que la víctima tenía la necesidad de trasladarse de una comunidad a otra, a pie en caminos de terracería; por tanto, dijo, se condujeron con imparcialidad, sin dudas ni reticencias, claros y precisos, con base al artículo 355, fracción VI, del referido código; sin obstar que haya sido padre de la ofendida, pues no advirtió que se haya conducido con mendacidad por algún pago o dadiva. Ante ello, dijo, se desprendía que la conducta no fue originada por la víctima del delito, pues el hecho de haberse trasladado de una comunidad a otra sola, no implicaba que diera motivo al activo para que le causara el daño que hizo. En el inciso f) de su resolución, en el que analizó el elemento relativo a "Que el cadáver de la víctima haya sido enterrado u ocultado", estimó que el testimonio Víctor Vásquez Gómez reunía los requisitos exigidos por el artículo 355, fracción VI, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, por haber sido emitido por persona hábil para declarar, pues no hay prueba que acredite lo contrario, que por su edad y ocupación se advierte que cuenta con el criterio necesario para juzgar que el hecho que declaró; además, no se cuenta con datos que hagan dudar de su imparcialidad, pues dada la mecánica de los hechos, se advierte que tuvo conocimiento directo del lugar donde fue encontrado oculto el cuerpo de la víctima del delito en estudio; por lo que se aprecia que tuvo conocimiento de los hechos sobre los que depuso por medio de sus sentidos y no por inducciones ni referencias de otros, que su versión es clara y precisa sobre la substancia del hecho, apreciándose congruencia interna y externa en cada uno de ellos; asimismo, que no había prueba alguna que demostrara que tal testigo hubiera sido obligado a declarar por fuerza o medio, ni impulsado por error, engaño o soborno; por consiguiente, a tal testimonio le otorgó valor indiciario de conformidad con lo establecido por el artículo 354 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca. Valoración de dictamen químico de tres de junio de dos mil quince. 3.2) En cuanto a la valoración respecto al dictamen químico emitido el tres de junio de dos mil quince (foja 155, del anexo I), fue correcto que prescindiera de valorarlo en el elemento relativo a la privación de la vida, pues ese dictamen no acreditaba que la víctima fuera privada de la vida, sino diversa cuestión. Valoración del dictamen de necropsia y de la diligencia de inspección, descripción, fe y levantamiento de cadáver. Respecto al dictamen de necropsia, con terminación 305/2015, de treinta de mayo de dos mil quince, suscrito por la doctora Erika del Rocío Ortiz Patiño, perito médico adscrita al Instituto de Servicios Periciales, le otorgó valor probatorio indiciario de conformidad con el artículo 68, en relación con el numeral 354, ambos del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado; ya que en el mismo se describió detalladamente el lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida de la víctima, la posición en que fue localizado el cuerpo, las lesiones que presentaba, y su vestimenta. Con dicho material probatorio, el juez responsable manifestó que quedó demostrado que, ciertamente, la víctima del delito presentaba signos de violencia sexual y estas fueron en razón del género, porque el activo probablemente aprovechó la corta edad de la pasivo, y el hecho de ser mujer para que no pudiera resistirse al ataque. Y en cuanto a la diligencia de inspección, descripción, fe y levantamiento de cadáver, llevada a cabo el treinta de mayo de dos mil quince, le otorgó valor indiciario de conformidad con el artículo 68, en relación con el numeral 354, ambos del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, porque en su desahogo se observaron los requisitos previstos por los artículos 26, 31, 31 Bis, 68 y 356, fracción X, 370 y 372, del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado; es decir, en la diligencia se describieron detalladamente las lesiones externas que presentaba el cuerpo sin vida localizado entre la vegetación en el lugar de los hechos, las cuales tienen connotación de índole sexual. En cuanto al análisis del cuerpo del delito que hizo consistir en que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; es decir, que el ataque hubiera sido por razón de género, estableció se acreditaba con la necropsia de treinta de mayo de dos mil quince, a la cual otorgó valor probatorio indiciario conforme al artículo 68, en relación con el numeral 354, ambos del Código de Procedimientos Penales en el Estado, por haberse observado los requisitos previstos por los artículos 26, 31, 31 Bis, 68 y 356, fracción X, 370 y 372 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado; y dijo se reforzaba con el dictamen de mecánica de lesiones, emitido el siete de septiembre de dos mil quince; los cuales dijo se obtuvieron dentro de los lineamientos previstos por los artículos 396, 403 y 404, del Código de Procedimientos Penales en el Estado. Así también, la autoridad responsable estableció que dichos dictámenes encontraban sustento en el diverso de criminalística de treinta de junio de dos mil quince, lo cual constituía un indicio en términos del artículo 354 del referido ordenamiento legal. Elemento del cuerpo del delito consistente en: que existan indicios o antecedentes de amenazas, acoso o maltrato del sujeto activo contra la víctima. 4) Respecto a los testimonios de Lucina Crisanto Martínez, Itzel Fernanda Vásquez Camacho y Maritza Vásquez Orozco, les otorgó valor probatorio indiciario en términos del artículo 352 y 354 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, pues estableció, que los atestes refirieron hechos que apreciaron directamente, porque narraron de viva voz de manera clara y precisa cómo el activo del delito había estado acosando a las niñas que asisten a la telesecundaria de San Andrés Teotilalpan, Cuicatlán, Oaxaca, y que se hospedan en el albergue de esa comunidad por impedimento para trasladarse a sus comunidades, dentro de ellas, la ofendida en este asunto; por lo que es evidente que sí existieron actos previos al atentado que sufrió la pasivo de acoso por parte del activo; pues de acuerdo con el artículo 352 del mismo ordenamiento legal antes invocado, son personas capaces de declarar, ya que si dijeron contar con edades de catorce y quince años, respectivamente, esa circunstancia no les resta valor probatorio, dado que en términos del artículo 413 del Código de Procedimientos Penales en vigor, por su capacidad física e intelectual, se estima que tienen el criterio necesario para juzgar del hecho sobre el que declararon; sus deposiciones fueron imparciales, ya que narraron los hechos que percibieron a través de sus sentidos de manera clara y precisa, sin mostrar algún aleccionamiento, miedo o fuerza en su voluntad para declarar en la forma en que lo hicieron. Conducta del activo. Asimismo, la autoridad judicial indicó que con dichos testimonios se acredita fehacientemente el elemento consistente en: que existan indicios o antecedentes de amenazas, acoso o maltrato del sujeto activo contra la víctima, ya que fueron claros y precisos en detallar que el activo merodeaba por la escuela y el albergue para molestar a las alumnas de la escuela telesecundaria, les insinuaba cosas o las pretendía para andar con él, a pesar de ser un hombre casado. Encuadramiento de la conducta delictiva. La autoridad judicial responsable indicó que posiblemente el actuar de Eliseo Miguel Álvarez fue consumado en forma dolosa; es decir, en términos de la fracción I del artículo 8 del Código Penal en vigor, porque es quien ya merodeaba la escuela y el albergue donde la occisa acudía para realizar sus estudios de secundaria y acosaba a otras estudiantes para andar con él; además, de que tenía pleno conocimiento que la menor de edad (ahora victima) transitaba sola por el camino rumbo a su comunidad. Así también, indicó que, hasta ese momento, no estaba probada a favor del indiciado Eliseo Miguel Álvarez ninguna de las causas de exclusión del delito, previstas en el artículo 14 del Código Penal en vigor, como su falta de voluntad para ejecutar el acto ilícito que se le recrimina; menos aún se encontraba justificado que hubiera actuado con consentimiento de la ofendida, por lo que estableció que existen datos suficientes que hacen probable que el aquí quejoso cometió el delito de feminicidio perpetrado en agravio de la menor de edad D.M.V.M. Probable responsabilidad. 3.5) En el apartado relativo a la probable responsabilidad, específicamente, en la declaración del ahora quejoso Eliseo Miguel Álvarez, el juez responsable le otorgó valor probatorio de indicio en términos del artículo 354 del Código instrumental de la materia, puesto que la realizó debidamente asistido por su abogado defensor, tuvo conocimiento y accedió mediante lectura a las constancias de la indagatoria y, contrario a lo aducido por la defensa en su pliego de alegatos, no se aprecia que la haya realizado bajo coacción o violencia, cumpliéndose con el contenido de los artículos 20 de la Constitución Federal y 22 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. Resolución. 4) Finalmente, el trece de mayo de esta anualidad decretó auto de formal prisión a Eliseo Miguel Álvarez en la causa penal 4/2019, por su probable responsabilidad penal en el delito de feminicidio, perpetrado en agravio de la menor de edad D.M.V.M. En ese tenor, atento a las relatadas consideraciones expuestas por la autoridad responsable, se estima que la tutela constitucional quedó satisfecha. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo, por no existir, además, excesos ni defectos en su cumplimiento. Tal cumplimiento notifíquese personalmente a la parte quejosa, acorde a lo dispuesto en la jurisprudencia 2ª/J9/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 203, Tomo XIII, Febrero de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRAMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA". En cuanto a las manifestaciones de la parte quejosa, en el sentido de que no está cumplida la sentencia, ya que la autoridad judicial sigue siendo omisa en fundamentar y motivar fehacientemente por qué considera que se tienen acreditados los elementos del tipo penal de feminicidio y no diverso delito; se estiman infundadas; lo anterior es así, pues, como ya se precisó, la autoridad judicial fundó y motivo su determinación, al valorar cada una de las probanzas ofrecidas por la representación social, pues describió cada una de ellas a efecto de acreditar los elementos que conforman el cuerpo del delito de feminicidio cometido en agravio de D.M.V.M.; así como la probable responsabilidad, tal como se estableció en la sentencia dictada en este juicio. De ahí lo infundado de sus manifestaciones y que conlleva a estimar que está cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo. Sin que ello implique prejuzgar en cuanto a la comisión del delito, pues esta determinación no limita a que con posterioridad, con base en los datos enunciados por la autoridad, se analice nuevamente la determinación dictada. 2. Se agrega oficio. Finalmente, agréguese el oficio signado por la secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional; en atención a su contenido, se deja a su disposición, en la secretaría que lleva el trámite del juicio el expediente en que se actúa (642/2019), así como su tomo anexo que se encuentra bajo el resguardo de esta secretaría, el cual no deberá devolverse a la autoridad responsable, hasta en tanto se realice el estudio respectivo en diverso juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

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