Eliseo Miguel Álvarez
Expediente 622/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 21 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 622/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 22/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Eliseo Miguel Álvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Incidental
INC.622/2021.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. 1. Ejecutoria de Colegiado. Agréguese el oficio 1277, de la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, al que acompaña a) el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 622/2021, promovido por Eliseo Miguel Álvarez y b) testimonio de la ejecutoria de diecinueve de octubre del año en curso, correspondiente a la sesión ordinaria virtual dictada en el incidente en revisión 184/2021, del índice de dicho Tribunal; acúsese recibo vía interconexión y se tienen por radicados nuevamente los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 622/2021. 2. Comunica a las partes la resolución del órgano revisor. Hágase del conocimiento de las partes que el órgano revisor confirmó la interlocutoria dictada el veintidós de junio de dos mil veintiuno, en la que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados a la parte quejosa. 3. Destrucción del cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto. Con fundamento en el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez transcurridos seis meses, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, se proceda a la destrucción del cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del envió del juicio de amparo al Tribunal Colegiado; desglosándose únicamente de ese cuaderno las actuaciones realizadas a partir de la fecha de ese envío para ser glosadas al juicio de amparo. 4. Archivo del expediente. Respecto al archivo de este cuaderno incidental, dése cumplimiento al acuerdo de treinta de septiembre de este año en el que se determinó lo procedente sobre el referido archivo. 5. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.622/2021.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. 1. Estado de autos. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión contra la sentencia autorizada el treinta y uno de agosto del año en curso, que negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, sin que hubiese interpuesto ese medio de impugnación en dicho plazo. 2. Causa ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida sentencia se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. 5. Destino. Conforme al artículo 18, del acuerdo en cita, este expediente es depurable, mientras, será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años; una vez cumplido ese plazo, dentro de los noventa días siguientes será depurable, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, previa digitalización. 6. Instrucción a Secretaría. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, según corresponda. 7. Destino del incidente de suspensión. Del auto inicial se advierte que se ordenó formar por duplicado el incidente de suspensión; por tanto, acuérdese lo conducente en la referida pieza incidental, si resulta procedente. 8. Remisión de documental a responsable. Toda vez que por acuerdo de diez de septiembre del año en curso, se ordenó que una vez que causara ejecutoria la sentencia de amparo, se devolviera la causa penal 4/2019, a la autoridad judicial responsable, que aunque no fue remitida como justificación de su informe que rindió en este juicio de amparo, se tuvo a la vista para resolver el asunto, por encontrarse como tomo anexo al diverso juicio de amparo 642/2019 del índice de este Juzgado. En esas condiciones, se ordena devolver dicha documental al juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca, ya que se estima innecesaria su permanencia en este órgano jurisdiccional, al haberse ordenado el archivo de este juicio de amparo como asunto concluido. 9. Devolución de documental. Como la parte quejosa exhibió con la demanda de amparo diversas documentales; con fundamento en el artículo 21, párrafo segundo, del Acuerdo General invocado, se requiere a dicha parte para que en el plazo de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger esas constancias, para lo cual deberá obtener el código qr con el que tendrá acceso al edifico sede en el que se encuentra este órgano jurisdiccional; con apercibimiento que, si no se presenta para tal fin, la misma será destruida, sin previo acuerdo. 10. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Incidental
INC.622/2021.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. 1. Se agrega copia a este expediente. Vistos los autos, como se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, por acuerdo dictado en esta fecha, causó ejecutoria la sentencia dictada en ese juicio, del que se agrega copia a este expediente, por lo que deja de surtir efectos la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa. 2. Archivo del expediente. Y como en este incidente de suspensión y en la caja de valores no existe asunto pendiente por diligenciar, ni documentos originales exhibidos por las partes, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu), 18 y 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. 3. Instrucción sobre certificación. Y en atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verificara que tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL, como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. 4. Destino (incidente original depurable). Y por haberse negado, por una parte, y concedido, por otra, la suspensión definitiva de los actos reclamados, el original de este expediente será depurable, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del referido acuerdo general; conservándose en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido; una vez fenecido ese plazo, dentro de los siguientes noventa días, el órgano jurisdiccional depurará el expediente y posteriormente se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 5. Destino del duplicado (destruible). En tanto que, respecto del destino del duplicado del incidente de suspensión, se ordenó lo procedente en interlocutoria emitida el veintidós de junio de este año. 6. Sello en carátula. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente, tanto original como duplicado, conste el sello de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, según corresponda. 7. Anotaciones. Hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.62/2021.MESA-1 Sentencia. Vistos, para resolver el juicio de amparo 622/2021; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito remitido en línea y recibido el siete de junio de dos mil veintiuno, por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y turnado en la misma fecha a este órgano jurisdiccional, Marcos Iván Palma Martínez, en su carácter de abogado defensor de Eliseo Miguel Álvarez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el auto de formal prisión dictado por su probable responsabilidad en la comisión del delito de feminicidio, en agravio de la menor de edad D.M.V.M, el trece de mayo de dos mil veintiuno, en el proceso penal 4/2019, por el juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca. La parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14, 19 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de ocho de junio de dos mil veintiuno se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número respectivo 622/2021; se admitió a trámite, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento; solicitándose de la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de Víctor Vásquez Gómez y del agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado responsable, en su calidad de parte tercera interesada; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza penal, y el acto de ejecución se lleva a cabo en un paraje de Cuicatlán, Oaxaca, lugar donde se encuentra el reclusorio en el que está interno el quejoso y sobre el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Defensor promovente del amparo. En términos del artículo 14 de la Ley de Amparo quedó demostrada la calidad de defensor de Marcos Iván Palma Martínez, con las actuaciones del proceso penal 4/2019, en el que fue designado con tal carácter del encausado, aquí quejoso. Tercero. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca, al rendir su informe justificado, convino en la existencia del acto que se le atribuye. Al respecto, manifestó que dictó auto de formal prisión contra el quejoso, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de feminicidio, en agravio de la menor de edad D.M.V.M, el trece de mayo de dos mil veintiuno, en el proceso penal 4/2019. Que ello fue en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo 642/2019, del índice de este Juzgado. Y como justificación de su informe refirió que se consideraran las actuaciones que conforman dicho proceso y que se encontraban como tomo anexo a este último juicio de amparo -642/2019. Motivo por el cual, en acuerdo de veintinueve de junio del año en curso, se ordenó traer a la vista tal expediente. Cuarto. Causa de improcedencia. Previo al estudio de la cuestión planteada, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que se adviertan de oficio o las hagan valer las partes, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, el juez Mixto de Primera Instancia de Cuicatlán, Oaxaca, y el tercero interesado, Víctor Gómez Vásquez, señalaron que el auto de formal prisión que reclama el quejoso fue dictado en cumplimiento a una sentencia de amparo dictada en el juicio 642/2019, que se resolvió en este Juzgado de Distrito. Atendiendo sus manifestaciones, la hipótesis de improcedencia que invoca se relaciona con la establecida en la fracción IX del numeral 61 de la ley invocada, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Fracción IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas". Esa causal de improcedencia se refiere a aquellas resoluciones que emiten las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les da lineamientos para cumplir con el fallo protector, por lo que la responsable no tiene libertad de decisión y, por ello, la nueva determinación debe emitirse conforme a los efectos que se precisen en la sentencia ejecutoriada. Por lo que esa nueva resolución ya no puede ser sujeta a un nuevo juicio de amparo, dado que derivó de una decisión definitiva que fue materia de análisis en un juicio anterior. Sin embargo, si se dejara a la responsable libertad de jurisdicción para que resolviera en el sentido que estimara procedente, entonces sí procedería un nuevo juicio de amparo, ya que no se tomó una decisión definitiva sobre el problema jurídico planteado. En el caso, se advierte que en el juicio de amparo 642/2019, del índice de este Juzgado, promovió Eliseo Miguel Álvarez o Álvares, contra el auto de formal prisión dictado el veintinueve de junio de dos mil diecinueve, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de feminicidio, en la causa penal 4/2019. Previo trámite del procedimiento, el dieciséis de julio de dos mil veinte, se dictó sentencia en la que se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para los efectos siguientes: 1) La responsable dejara insubsistente la resolución de veintinueve de junio de dos mil diecinueve, en la que se dictó auto de formal prisión contra el referido quejoso, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de feminicidio, previsto por el artículo 411, fracciones I, II, III y IV, y sancionado por el numeral 412, párrafo primero, ambos del Código Penal del Estado, cometido en agravio de la menor de edad D.M.V.M. 2) Con libertad de jurisdicción valorara diversas pruebas respecto de la demostración del cuerpo del delito. 3) Expresara por qué determinaba que la declaración del quejoso revestía el carácter de confesión calificada divisible y, con libertad de jurisdicción, se pronunciara sobre su valor probatorio y trascendencia. 4) Resolviera lo que conforme a derecho procediera. Sentencia que confirmó el Tribunal Colegiado, por lo que, mediante acuerdo de tres de mayo de dos mil veintiuno, se requirió su cumplimiento a la responsable, misma que el trece de mayo siguiente emitió resolución al respecto y por auto de trece de julio de este año se declaró cumplida la sentencia de amparo. De ahí que el auto de formal prisión que se reclama en esta instancia constitucional, dictada el trece de mayo del año en curso, fue emitida en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, pero que no la sujetó a resolver en determinado sentido, sino le dejó plenitud de jurisdicción para que decidiera lo que en derecho procediera; por lo que al no abordar el problema jurídico, es procedente ahora este juicio de amparo. Se invoca en apoyo, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 171753. Instancia: Segunda Sala Novena Época. Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 140/2007 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Agosto de 2007, página 539. Tipo: Jurisprudencia IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR, O EN EJECUCIÓN DE ÉSTE. NO SE ACTUALIZA CUANDO EN LA SENTENCIA DE GARANTÍAS NO HUBO COSA JUZGADA EN RELACIÓN CON EL TEMA DE FONDO Y SE DEJÓ PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo al establecer que el juicio de garantías es improcedente "contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas" se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les da lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de decisión, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, de manera que al actuar la responsable en ese sentido, emitiendo una resolución en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de ésta, el nuevo amparo que se intente resulta improcedente porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior, pues admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. Sin embargo, esta causal de improcedencia no se actualiza cuando el fallo concesorio deja plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, porque ello significa que en el juicio de amparo no se tomó una decisión definitiva sobre el problema jurídico, es decir, no impera el principio de cosa juzgada, por lo cual la nueva resolución que emita la autoridad responsable no obedece al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de la misma, atendiendo a lineamientos precisos del órgano federal y, en consecuencia, en este supuesto procede el nuevo juicio de garantías". De ahí que resulte infundada la causa de improcedencia de que se trata, por lo que procede estudiar el asunto. Quinto. Análisis de los conceptos de violación. El defensor del quejoso vertió diversos conceptos de violación, mismos que no se transcribirán literalmente, al no existir disposición de la Ley de Amparo que obligue hacerlo, ni se le deja en estado de indefensión, atento a la jurisprudencia 2ª./J.58/2010, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 830 del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 164618, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Estudio de la resolución reclamada. El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que rige en el dictado del auto de formal prisión que ahora se reclama, establece los lineamientos a los que la autoridad judicial debe sujetar su proceder para ello. Por ello, esa resolución debe satisfacer los siguientes requisitos: a). Que sea emitida por autoridad judicial; b). Que se exprese el delito que se le imputa al indiciado; c). Así como el lugar, tiempo y circunstancias de su ejecución y datos bastantes que establezcan que se cometió un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. I. El primer requisito constitucional quedó justificado, en el caso, porque la resolución reclamada fue emitida por el juez Mixto de Primera Instancia de Cuicatlán, Oaxaca; autoridad judicial de conformidad con el artículo 4, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. II. El segundo requisito también quedó demostrado, porque la responsable señaló en la resolución reclamada que el delito imputado al procesado, aquí quejoso, es el de feminicidio, cometido en agravio de una menor de edad. III. Ahora, por cuanto a si aparece el lugar, tiempo y circunstancias de su ejecución, y datos bastantes que permitan comprobar que se cometió un hecho que la ley señala como delito, se determina lo siguiente: La autoridad responsable estableció que los medios probatorios son: 1. Inspección, descripción, fe y levantamiento de cadáver, de treinta de mayo de dos mil quince. En esa diligencia se hace constar que a orilla del camino en el paraje Zacatal, en San Andrés Teotilalpam, Cuicatlán, Oaxaca, como a veinticinco metros en descendente, se encontró en la vegetación un cadáver de una persona del sexo femenino, con un cronotanatodiagnóstico de treinta y ocho a cuarenta horas de haber ocurrido su muerte, presentaba equimosis de coloración rojo violácea, que abarca la región frontal de predominio del lado derecho con escoriaciones de un centímetros y cinco milímetros en el párpado superior izquierdo, escoriaciones que abarcan el puente nasal y ambas regiones alares de la nariz, escoriación de tres centímetros de longitud en la región maxilar superior del lado izquierdo, abrasiones múltiples en la cavidad oral, equimosis difusa en la región del mentón abarcan la región del cuello en su cara anterior en la parte superior, escoriaciones dérmicas que abarcan ambos hombros, ambas regiones claviculares, escoriación de forma lineal de un centímetro de longitud ubicada en el pabellón auricular del lado derecho y una de un centímetro en el cuello en su parte posterior del lado derecho y una de un centímetro en el cuello, en la parte posterior, lado derecho, con presencia de equimosis perilesional, escoriaciones dérmicas que abarcan del hombro del lado derecho, cara posterior del brazo derecho y codo derecho, escoriaciones que abarcan la cara lateral derecha del abdomen, escoriaciones en ambos glúteos, tercio proximal cara posterior lateral interna del muslo derecho, tercio distal de la pierna izquierda, así como en la falange distal de los dedos de ambas manos. 2. Necropsia emitida el treinta de mayo de dos mil quince, emitida por la perito médico legista adscrita al Instituto de Servicios Periciales de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca. En la misma se hizo constar que el cuerpo presentado se trata de una femenina, registrada con el nombre de D.M.V.M., de quince años de edad, misma que presenta todos los signos de muerte real y a la exploración se encontró en el exterior, equimosis de coloración rojo violácea que abarca la región frontal de predominio del lado derecho con escoriaciones de un centímetros y cinco milímetros en el párpado superior izquierdo, escoriaciones que abarcan el puente nasal y ambas regiones alares de la nariz, escoriación de tres centímetros de longitud en la región maxilar superior del lado izquierdo, abrasiones múltiples en la cavidad oral, equimosis difusa en la región del mentón abarcan la región del cuello en su cara anterior en la parte superior, escoriaciones dérmicas que abarcan ambos hombros, ambas regiones claviculares, escoriación de forma lineal de un centímetro de longitud ubicada en el pabellón auricular del lado derecho y una de un centímetro en el cuello en su parte posterior del lado derecho y una de un centímetro en el cuello, en la parte posterior, lado derecho, con presencia de equimosis perilesional, escoriaciones dérmicas que abarcan del hombro del lado derecho, cara posterior del brazo derecho y codo derecho, escoriaciones que abarcan la cara lateral derecha del abdomen, escoriaciones en ambos glúteos, tercio proximal cara posterior lateral interna del muslo derecho, tercio distal de la pierna izquierda, así como en la falange distal de los dedos de ambas manos; en cráneo encontró infiltrados hemorrágicos difuso de los tejidos blandos, sin hallar datos de fracturas ni infiltrados hemorrágicos, hallando el encéfalo edematizado y zonas hemorrágicas difusas, el parénquima cerebral congestivo se observó fractura e infiltrados hemorrágicos del piso medio de la base del cráneo; a la exploración ginecológica presentaba genitales presenta genitales externos de acuerdo a la edad y sexo, con vello público de distribución ginecoide, labios mayores cubriendo a los menores y estos adosados entre sí, región bulbar rojizo normal, horquilla vaginal sin lesiones, introito vaginal se apreció un himen de forma anular no integro, con desgarros himeneales a las seis y nueve, de acuerdo a las manecillas del reloj, de características de ser recientes con los bordes irregulares, hemorrágicos, laceración e hiperemia -enjorecimiento- con datos de penetración reciente; y determinó que la causa de muerte se debió a traumatismo profundo de cráneo con fractura de piso medio secundaria a las lesiones que sufrió. 3. Copia certificada del acta de defunción relativo a la muerte de D.M.V.M., de fecha treinta de mayo de dos mil quince, expedida por la médico legista. 4. Copia del acta de defunción de fecha treinta de mayo de dos mil quince, expedida por el presidente municipal de San Andrés Teotilalpam, Cuicatlán, Oaxaca. 5. Identificación de cadáver realizada el treinta de mayo de dos mil quince, por Víctor Vásquez Gómez, padre de la víctima. Al respecto, señaló que su hija vivía en su casa, en el domicilio de la Agencia municipal de Lucrecia de Matamoros, municipio de San Andrés Teotilalpam, municipio de San Andrés Teotilalpam, distrito de Cuicatlán, Oaxaca, pero de lunes a viernes se quedaba a vivir en el albergue de la escuela telesecundaria de San Andrés Teotilalpam, Cuicatlán, Oaxaca, y el veintiocho de mayo de ese año, su hija y compañeras Lucina Crisanto Martínez e Itzel Esperanza Vázquez Camacho salieron de ese lugar para dirigirse hacia Lucrecia de Matamoros, alrededor de las tres o cuatro de la tarde, se fueron caminando por una vereda que une a las dos poblaciones, que es un tramo aproximado de nueve kilómetros de distancia, pero su hija ya no llegó a casa. Por ello le preguntó a sus compañeras sobre tal situación, mismas que le indicaron que cuando iban caminando por el camino de terracería a quinientos metros de distancia de San Andrés Teotilalpam, antes de entrar a la vereda que conduce a Lucrecia de Matamoros, fueron alcanzadas por Eliseo Miguel Álvarez, quien iba a bordo de su motocicleta y les ofreció llevarlas hasta Lucrecia de Matamoros, llevándose a dichas compañeras, pero su hija avanzó caminando, cuando el activo y las menores llegaron por la tranca de guarda de ganado que está en el camino para llegar a su comunidad, ahí las dejó y se regresó con dirección a San Andrés Teotilalpam, y diez o quince minutos después, vieron Lucina e Itzel a Eliseo que se asomaba de una curva pero que iba sin la moto y se regresó pero no vieron la motocicleta, lo que se les hizo raro. Así procedieron a la búsqueda de esa menor el viernes treinta de mayo de dos mil quince, por el camino y vereda que conduce de Lucrecia de Matamoros a San Andrés Teotilalpam, y a una distancia aproximada de un kilómetro y medio, fue que se encontraron la mochila a orilla del camino y la sombrilla sobre unos arbustos, por lo que en el barranco, a orilla del camino de terracería, por lo que buscaron por ese lugar, y aproximadamente a treinta metros, dos jóvenes voluntarios, Cristóbal Allende Carrisosa y Heriberto Lezama Moreno encontraron a su hija, muerta y con sangre en la cara, por lo que se dio aviso a la autoridad municipal. 6. Copia certificada del acta de nacimiento de la víctima, expedida por el oficial del Registro Civil itinerante en San Andrés Teotilalpam, Cuicatlán, Oaxaca, en la que aparece que en la época de los hechos, la víctima tenía quince años. 7. Testimonio de la menor de edad Lucina Crisanto Martínez, de treinta de mayo de dos mil quince. En su declaración señaló que la víctima era su prima, ambas estudiaban en la telesecundaria de San Andrés Teotilalpam, Cuicatlán, Oaxaca, que los viernes se iban para sus casas, desde el camino de terracería, cortándole por una vereda, así fue el jueves veintiocho de mayo de dos mil quince, en compañía de su prima y amiga Itzel Fernanda Vázquez Camacho, se vieron en el campo que está abajo del albergue, y esperaron a su prima, porque había ido por sus cosas al albergue, cuando ya habían salido pasó Eliseo Miguel Álvarez en su motocicleta color rojo, al que conoce porque es hermano de un amigo de su papá, persona que merodea por la escuela y el albergue para molestar a las alumnas de esa institución, pues les insinúa cosas o las pretende, para andar con él, pese a que es un hombre casado, mismo que se detuvo por donde estaban paradas con la intención de llevarlas, pues les dijo que si las llevaba, aceptando, porque le dolía su cadera, subiendo con su compañera, pero su prima no quiso subir y se fue caminando por la vereda para cortar camino. Que al llegar por donde está la tranca o guarda ganado que se encuentra en Zacatal, antes de llegar a su pueblo, donde se quedaron para esperar a su prima, y a los pocos minutos que se había ido Eliseo Miguel Álvarez en su motocicleta, regresó hacia donde ellas estaban, pero caminando, dejando su moto más arriba, preguntándoles si habían visto a su hermano, y como le dijeron que no, se volvió a ir. Enseguida ellas se fueron, sin que le dijera a su mamá que habían dejado a su prima sola; al otro día, su tío Víctor llegó y le preguntó sobre el paradero de su primera, contándole lo ocurrido y que no sabía de ella, pero ese mismo día apareció muerta, a treinta metros debajo de la carretera 8. Testimonio de la menor de edad Itzel Fernanda Vásquez Camacho, de treinta de mayo de dos mil quince. Misma que se condujo en términos similares a Lucina Crisanto Martínez. 9. Testimonio de la menor de edad Maritza Vásquez Orozco, de diez de junio de dos mil quince. En la que refirió que junto con la víctima y otras jóvenes estudiaban en la telesecundaria de San Andrés Teotilalpam, Cuicatlán, Oaxaca, y como no tenían dinero, caminaban por una vereda para trasladarse a ese lugar, acompañada de la víctima, ya que estudiaban en el mismo grado y era su familiar; que en el mes de febrero de dos mil quince, cuando se encontraba cerca del albergue porque había ido a ensayar, se le aproximó un joven moreno, delgado, del que no sabía su nombre, quien le preguntó cómo se llamaba y que adónde iba, pero le dio miedo y como atrás de ella caminaba la víctima y René, lo que hizo fue regresarse hacia donde estaban ellos; esa situación se la comentó al director de la escuela, por lo que él mismo hizo el favor de acompañarla a la secundaria, pero ese joven ya no la molestó. Que esto también se lo dijo a su mamá Irma Orozco Jiménez, por lo que esta última fue a casa de quien después supo se llama Eliseo Miguel Álvarez, para decirle que dejara de molestarla, pero no encontró a sus padres, solamente a su hermano, al que le comentó sobre tal situación, quien a la vez regañó a aquél. Quince días después ese joven al verlas a ella y sus compañeras, les mandaba besos desde su casa, movía la mano, les decía adiós y se reía; en varias ocasiones, cuando andaba en su moto de color rojo, donde las veía se paraba y les decía "adiós", mandándoles besos. Que la víctima le dijo que, cuando iba sola, en varias ocasiones Eliseo aprovechaba para decirle lo mismo que a ella; que el jueves veintiocho de mayo de dos mil quince, le tocó ensayo, sin que la víctima se quedara, yéndose con Itzel y Lucina. Como a las seis de la tarde, cuando iba a bordo de un taxi y en compañía de su mamá Irma Orozco Jiménez, habían avanzado aproximadamente veinte minutos, cuando se toparon con una moto roja que manejaba Eliseo Miguel, pero iba tan rápido, que el chofer del taxi tuvo que abrirse en el camino para no chocar con él, no obstante que iba de subida; viendo que atrás de la moto llevaba hierbas; y que cuando encontraron muerta a la víctima, Eliseo Miguel se fue del pueblo con toda su familia. 10. Comparecencia del menor René Ortiz Hernández, de once de junio de dos mil quince. Mismo que señaló que estudia en la escuela telesecundaria de San Andrés Teotilalpam, Cuicatlán, Oaxaca, y conocía a la víctima y demás compañeras; que el jueves los dejaron salir porque los maestros iban a ir a marchar a Oaxaca; que se puso a jugar maquinitas con su amigo, cuando llegaron sus compañeras, la víctima, Fernanda y Lucina, y se quedaron a ver, retirándose a los pocos minutos, a quienes les dijo que los esperaran para irse los tres juntos, pero contestaron que no; cuando se fue para su casa, junto con su amigo, vio una moto que se les aproximaba, misma que iba manejada por Eliseo Miguel, quien les dijo que había a traer flor mala al Zacatal, y cuando le pidió que le diera un raid, le dijo que no; por lo que siguió su camino y se encontró a don Concho Miguel, quien había ido al campo, al que le preguntó por sus compañeras, respondiéndole que sólo había visto a una güerita, pero que ya había pasado el río amarillo; más tarde se encontraron con Eliseo Miguel. Después, se enteró que la víctima había desaparecido y la encontraron muerta. 11. Dictamen de criminalística de campo, de fecha treinta de junio de dos mil quince, emitida por el perito en criminalística del Instituto de Servicios Periciales de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca. Se concluyó que en el lugar donde se localizaron el mayor número de indicios asociativos es posible establecer que corresponde a un lugar de investigación, clasificado como lugar abierto. El cadáver del sexo femenino fue levantado por el agente del Ministerio Público. Se llevó a cabo en el paraje denominado El Zacatal, ubicado en el camino de terracería que conduce a la agencia de Policía Lucrecia de Matamoros, perteneciente a San Andrés Teotilalpam, Oaxaca. 12. Dictamen de mecánica de lesiones, emitido por la perito médico legista, el siete de septiembre de dos mil quince. Se estableció que la paciente del delito recibió golpes y heridas en diferentes partes del cuerpo, siendo más acentuadas las de la cara y cráneo, desde diferentes ángulos de incidencias y trayectorias, que fueron primeramente de frente, de adelante con los puños, estando la pasivo y el activo en posición de bidepedestación, provocándole el activo lesiones en la cara, en sus regiones frontal, nasal, bucal y en la cabeza, en su región temporal derecho; posteriormente sufre caída de su propia altura y es donde el sujeto activo en posición de bipedestación y ella en posición de decúbito dorsal, se le encima y le empieza a producir más lesiones con sus puños en la cara, la pasivo trata de evitar ser agredida, defendiéndose con sus extremidades superiores y en particular con sus manos y extremidades inferiores y al mismo tiempo provocándose la pasivo, por el forcejeo, lesiones en los hombros, abdomen y glúteos con la tierra, ramas y basura del piso, considerándose de defensa, a al tratar de evitar seguir siendo lesionada por el activo; al perder la fuerza y el conocimiento por las lesiones recibidas en la cara y la cabeza y ser sometida por el sujeto activo, le provocó traumatismo craneoencefálico profundo y al ver que la pasivo ya no opuso resistencia y estando encima de la misma, aprovecha para bajarle sus prendas de vestir y su ropa íntima y la ataca sexualmente, esto se corrobora con la serie fotográfica tomada en el lugar de investigación a la pasivo, en la parte posterior de su cuerpo, donde se observa su mallón y ropa interior hacia abajo, por debajo de la pelvis, dejando descubiertas las zonas glúteas y que muestran tierra y basuras pegadas; para luego retirarse del lugar, dejando tirada a la pasivo en el piso, inconsciente, y al no ser auxiliada para recibir atención médica, provoca alteraciones de los sistemas nerviosos y vascular del encéfalo, así como fractura e infiltrado hemorrágico del piso medio de la base del cráneo y como consecuencia la muerte de forma inmediata. Que las lesiones recibidas en el cráneo y cara afectaron las funciones de los sistemas nervioso y vascular de encéfalo que le provocaron la muerte. Que al encontrarse introito vaginal himen de forma anular no íntegro con desgarros características de ser recientes con los bordes irregulares, hemorrágicos, laceración e hiperemia -enrojecimiento- son datos de penetración reciente, y el ataque sexual fue realizado estando la pasivo todavía con vida, por las características encontradas en el himen, como son los bordes irregulares, hemorrágicos, laceración e hiperemia, de lo contrario, se encontraría ausencia de esos signos. 13. Declaración de Cristóbal Allende Carrisosa, de treinta de mayo de dos mil quince. 14. Declaración de Heriberto Lezama Moreno, de treinta de mayo de dos mil quince. Quienes fueron coincidentes en señalar que el veintinueve de mayo de dos mil quince, la víctima, que estudiaba en la telesecundaria de San Andrés Teotilalpam, Cuicatlán, Oaxaca, estuvo desaparecida, por lo que procedieron a su búsqueda, encontrando su mochila a la orilla del camino de terracería que lleva a esa población, y una sombrilla atorada entre las ramas de un árbol, viendo que hacia el barranco se veían ramas quebradas, como que acababan de bajar por ahí, viendo un rastro y treinta metros más adelante, encontraron el cuerpo sin movimientos de dicha menor, con sangre en el rostro. Así, la autoridad judicial señaló que el ilícito de feminicidio se encuentra previsto por el artículo 411, fracciones I, II y IV, y sancionado por el numeral 412, párrafo primero, del Código Penal del Estado de Oaxaca, que dice: "Artículo 411. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razón de género cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias: I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; II. A la víctima se le hayan infligido heridas, escoriaciones, contusiones, dislocaciones, quemaduras, mutilaciones con implicaciones sexuales o que le genere sufrimiento. III. Existan antecedentes o indicios anteriores de amenazas, acoso o maltrato del sujeto activo en contra de la víctima; IV. El cadáver o restos de la víctima haya sido enterrados u ocultados; "Artículo 412. A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrá una sanción de cuarenta a sesenta años de prisión y multa de quinientos a mil salarios mínimos" Y estableció que sus elementos son: a) Privar de la vida a una mujer. b) Que dicha conducta sea ajena a la víctima. c) Que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. d) Que se le hayan infligido heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, mutilaciones con implicaciones sexuales o que le genere sufrimiento. e) Existan antecedentes o indicios anteriores de amenazas, acoso o maltrato del sujeto activo en contra de la víctima; y, f). Que el cadáver de la víctima haya sido enterrado u ocultado. El primer elemento lo tuvo por acreditado con: 1. Inspección, descripción, fe y levantamiento de cadáver, de treinta de mayo de dos mil quince. 2. Necropsia emitida el treinta de mayo de dos mil quince, emitida por la perito médico legista adscrita al Instituto de Servicios Periciales de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca. 3. Copia certificada del acta de defunción relativo a la muerte de D.M.V.M., de fecha treinta de mayo de dos mil quince, expedida por la médico legista. 4. Copia del acta de defunción de fecha treinta de mayo de dos mil quince, expedida por el presidente municipal de San Andrés Teotilalpam, Cuicatlán, Oaxaca. 5. Identificación de cadáver realizada el treinta de mayo de dos mil quince, por Víctor Vásquez Gómez, padre de la víctima. 6. Copia certificada del acta de nacimiento de la víctima, expedida por el oficial del Registro Civil itinerante en San Andrés Teotilalpam, Cuicatlán, Oaxaca, en la que aparece que en la época de los hechos, la víctima tenía quince años. Probanzas con las que, dijo, quedaba demostrado que el sujeto activo del delito era una mujer, adolescente de quince años de edad, dedicada a estudios de secundaria y que por necesidad tenía que trasladarse de una comunidad a otra, por veredas y caminos de terracería, comúnmente poco transitados; situación que pudo haber sido propicia para que el activo consumara su conducta ilícita. Segundo elemento. 1. Testimonio de Víctor Vásquez Gómez, de treinta de mayo de dos mil quince. 2. Testimonio de la menor de edad Lucina Crisanto Martínez, de treinta de mayo de dos mil quince. 3. Testimonio de la menor de edad Itzel Fernanda Vásquez Camacho, de treinta de mayo de dos mil quince. 4. Testimonio de la menor de edad Maritza Vásquez Orozco, de diez de junio de dos mil quince. 5. Comparecencia del menor René Ortiz Hernández, de once de junio de dos mil quince. Con los que la autoridad judicial señaló había quedado demostrado que la víctima era una menor de edad, que por necesidad de superación acudía a recibir instrucción escolar en la telesecundaria de la comunidad de San Andrés Teotilalpa, Cuicatlán, Oaxaca, trasladándose de su comunidad de origen, Lucrecia de Matamoros, a ese lugar, en un trayecto de nueve kilómetros, que realizaba a pie, por falta de transporte, por lo que tal situación no era atribuible a la pasivo, por el contrario, al realizar ese traslado, sola, se puso en riesgo, pues evitaba tener alguna relación con el activo, al no aceptar el raid en motocicleta. Así, dijo, la conducta no fue originada por la víctima, pues el hecho de haberse trasladado de una comunidad a otra, sola, no implica que diera motivo al activo para que le causara daño. Tercer elemento. 1. Necropsia emitida el treinta de mayo de dos mil quince, emitida por la perito médico legista adscrita al Instituto de Servicios Periciales de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca. 2. Dictamen de mecánica de lesiones, emitido por la perito médico legista, el siete de septiembre de dos mil quince. 3. Dictamen de criminalística de campo, de fecha treinta de junio de dos mil quince, emitida por el perito en criminalística del Instituto de Servicios Periciales de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca. Y refirió que quedó demostrado que la víctima presentaba signos de violencia sexual y éstas son en razón de género, que por la edad y por ser mujer, no pudo resistir el ataque, no obstante que opuso resistencia en defensa de su integridad y de su vida, pues presenta diversas lesiones calificadas por la perito médico como de defensa y de resistencia. Cuarto elemento. 1. Inspección, descripción, fe y levantamiento de cadáver, de treinta de mayo de dos mil quince. 2. Dictamen de mecánica de lesiones, emitido por la perito médico legista, el siete de septiembre de dos mil quince. 3. Dictamen de la criminalística de campo y serie fotográfica tomada durante la diligencia de levantamiento de cadáver en el lugar de la investigación. Con los queda establecido, dijo, que se atacó a la pasivo con golpes, principalmente, en la cara y a raíz de los golpes diversos que le causó lesiones en la cabeza, le provocó la muerte por traumatismo profundo de cráneo con fractura de piso medio secundaria a las lesiones que sufrió, quedando abandonada. Quinto elemento. 1. Testimonio de la menor de edad Lucina Crisanto Martínez, de treinta de mayo de dos mil quince. 2. Testimonio de la menor de edad Itzel Fernanda Vásquez Camacho, de treinta de mayo de dos mil quince. 3. Testimonio de la menor de edad Maritza Vásquez Orozco, de diez de junio de dos mil quince. Pruebas con las que, señaló la responsable, quedó acreditado que el activo merodeaba por la escuela y el albergue para molestar a las alumnas de la escuela telesecundaria, les insinuaba cosas o las pretendía para andar con él, a pesar de ser un hombre casado. Sexto elemento. 1. Testimonio de Víctor Vásquez Gómez, de treinta de mayo de dos mil quince. 2. Declaración de Cristóbal Allende Carrisosa, de treinta de mayo de dos mil quince. 3. Declaración de Heriberto Lezama Moreno, de treinta de mayo de dos mil quince. 4. Inspección, descripción, fe y levantamiento de cadáver, de treinta de mayo de dos mil quince. 5. Dictamen de criminalística de campo, de fecha treinta de junio de dos mil quince, emitida por el perito en criminalística del Instituto de Servicios Periciales de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca. Medios con los que tuvo por demostrado que el cadáver fue ocultado entre los árboles, arbustos y hierba, a una distancia de aproximadamente treinta metros de una pendiente descendente, sobre el camino de terracería que conduce a la Agencia de Lucrecia de Matamoros, San Andrés Teotilalpam, Oaxaca, pendiente ascendiente cubierta por vegetación abundante, con dirección al norte y a orilla del camino sobre la pendiente descendente en un área cubierta por vegetación abundante, la cual consta de árboles con una altura de aproximadamente quince o veinte metros, conocidos como árboles de tepejilote, huajinicuil y arbustos. Conceptos de violación. Respecto de la justificación de esos elementos con las pruebas respectivas, por parte de la autoridad judicial responsable, señaló el quejoso, vía conceptos de violación, lo siguiente: Que la responsable realizó indebida valoración a las diligencias que aparecen en la averiguación previa para tener por demostrados los elementos del tipo penal de homicidio, pues son deficientes, vulnerando la seguridad y certeza jurídica en su contra. Precisó el quejoso que, respecto del ataque que fue considerado se realizó por razón de género, el dictamen de necropsia de ley, de fecha treinta de mayo de dos mil quince, es dogmático, por carecer de formalidad y estructura, pues no existe planteamiento del problema objeto de estudio, ya que sólo hace mención a la petición que le realizó el director de Servicios Periciales. Además, se desconoce la metodología que se emplea en el referido estudio, carece de consideraciones técnicas y análisis, clasificación de lesiones que presenta el cadáver, y cronología. Tampoco identifica anatómicamente el tipo de fractura en el piso medio, tamaño y localización. Carece también, dice, de metodología respecto del examen ginecológico y proctológico, así como de material y métodos e instrumentos que utilizó, no refiere la toma de muestra biológicas en alguna parte del cuerpo, específicamente la vía vagina, o traspaso mediante cadena de custodia a otro servicio, no obstante que se refirió penetración vaginal reciente en el caso de feminicidio, como lo establece el Protocolo de Investigación para el delito de Feminicidio, expedido por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, o fuentes bibliográficas para sostener sus conclusiones. Luego, establece la definición del concepto "dictamen" e invoca las tesis de rubros "DICTAMEN PERICIAL. SI NO APORTA ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE JUSTIFIQUEN LOS CONOCIMIENTOS ESPECIALES REQUERIDOS POR EL JUZGADOR PARA RESOLVER, DEBE TENERSE POR DOGMATICO Y CARENTE DE EFICACIA PROBATORIA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Y refiere que las apreciaciones que deriven del dictamen deben ser desestimadas. Incluso, señala que la doctora que emitió el mismo, establece que hay datos de penetración reciente, pero según la bibliografía médico legal, un desgarro es reciente si ocurrió dentro de diez días y será antiguo después de ese tiempo, para lo cual invoca los nombres de los autores y las citas respectivas. Y, en el caso concreto, la penetración pudo haber sido realizada del veintiuno al treinta de mayo de dos mil quince, pero en el dictamen se determinó que la víctima había sido penetrada el veintiocho de mayo de ese año, sin que estableciera la temporalidad de las lesiones, cronología, ni dato objetivo que permita establecer que hubo violencia sexual previo a la privación de la vida. Ello, porque no hace referencia a la toma de muestras biológicas, específicamente vía vaginal, o en alguna otra parte del cuerpo, como de la vía anal, rapado de uñas, lechos ungueales o examen de la pantaleta de la víctima. Contrariamente, dice, existe el dictamen químico de tres de junio de dos mil quince, que no sustenta aquel dictamen y de criminalística, careciendo de los requisitos a que se refieren los artículos 21 bis y 403 del Código de Procedimientos Penales vigente en la época de los hechos; 47 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y 57 de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, e invoca las tesis de rubro: "FEMINICIDIO, DILIGENCIAS QUE LAS AUTORIDADES SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A REALIZAR EN SU INVESTIGACIÓN", "FEMINICIDIO, LAS LAUTORIDADES ENCARGADAS DE LA INVESTIGACIÓN DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES TIENEN LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR LAS DILIGENCIAS CORRESPONDIENTES CON BASE EN UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO" y "FEMINICIDIO, SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS, (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL", "FEMINICIDIO. EN CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN LA SENTENCIA DICTADA EN EL CASO GONZALEZ Y OTRAS (CAMPO ALGODONERO) VS MEXICO. LOS DATOS DE VIOLENCIA PREEVIA Y CONCOMINANTE AL ASESINATO DE UNA MUJER, SON ELEMENTOS QUE DEBEN CONDUCIR A LA CALIFICACION DE LOS HECHOS EN ESTE DELITO". En el caso, dice el quejoso, hubo deficiente investigación, sin apego al protocolo relativo, pues la penetración reciente a que se refiere el dictamen, no aparece si fue violenta o consensuada, ni existe dato de que la víctima estuviera inmersa en un mundo de violencia; además, la perito de manera vaga estableció cómo realizó la exploración. Que el tipo penal de feminicidio no se encuentra en el título de "Delitos contra la vida y la integridad corporal", sino en el de "Delitos contra el derecho a una vida libre de violencia", en el Código Penal del Estado, con características propias; pese a ello, la responsable indebidamente otorgó valor probatorio a la pericial médica, sin considerar los argumentos expuestos en la exposición de motivos de la reforma legislativa (los transcribe). Así, en el dictamen de necropsia que carece de la mecánica de hechos, no obstante que en la inspección, descripción, fe y levantamiento de cadáver realizada el treinta de mayo de dos mil quince, se hizo constar que se contaba con la presencia del perito en criminalística, pero no corresponde al perito médico; aunado a que no existen fotografías a color, originales, por lo que la perito de que se trata trabajó sobre fotografías blanco y negro, sin certificar. En tanto que el dictamen en fotografía forense contiene copias simples, en blanco y negro, de las fotografías, por lo que no se puede determinar con certeza qué es lo que se acredita con esas fotos. Dictamen con el que tampoco puede acreditarse el elemento "que se hayan inflingido heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, mutilaciones con implicaciones sexuales o que generen sufrimiento". En relación con el elemento "que existan antecedentes o indicios anteriores de amenazas, acoso o maltrato del sujeto activo en contra de la víctima" se acreditó, por parte del juez responsable, con las testimoniales de los testigos de los hechos. Que aunque la responsable no establece qué es lo que se entiende por "acoso", se acude al protocolo de que se trata y a los criterios del Poder Judicial de la Federación, de los que se advierte que son aplicables las técnicas de investigación para demostrar las hipótesis aún vigentes, como lo es la del acoso. Así, sostiene, de la declaración de Lucina Crisanto Martínez, no se advierte qué es lo que entiende por merodear, molestar, insinuar cosas, pretender andar con él; además, no refiere una conducta en concreto del quejoso que haya desplegado contra la víctima, porque refiere genéricamente de las alumnas de la telesecundaria y del albergue. Por cuanto al testimonio de Itzel Fernanda Vásquez Camacho, no refiere qué es lo que entiende por molestar o enamorar, ni menciona la conducta concreta desplegada contra la víctima, sólo dice que molestaba a todas, pero no da el nombre de la seis jóvenes. En relación con la declaración de Maritza Vásquez Orozco, que se dijo fue emitida supuestamente con asistencia de un perito en psicología, inició a las veintidós horas y terminó a las veintitrés horas con cuarenta y cinco minutos, horario contrario a lo que establecen los lineamientos para la toma de declaraciones de menores de edad, sin que tenga relación con algún otro medio de prueba, como lo sería el papá de la víctima, pues en su declaración no hace referencia de que su hija hubiere estado en alguna situación de acoso; que, además, refiere que le preguntó su nombre y eso le dio mucho miedo, pero no aporta información que contextualice una situación verdaderamente intimidante o acosante, contra la víctima. Por cuanto a la declaración del menor René Ortiz Hernández, no proporciona información respecto de algún tipo de acoso. En relación con la versión de las menores Lucina Crisanto Martínez e Itzel Fernanda Vásquez Camacho, no reúnen los requisitos a que se refieren los artículos 352, 354 y 355, fracción VI, del Código de Procedimientos Penales, porque no tienen la capacidad de declarar, que tengan el criterio necesario de acuerdo a su edad para juzgar el hecho, que no hubiera indicios de inducciones de terceros, que no hubiera coacción, ni reticencias, puesto que en sus declaraciones no estuvieron asistidas de un especialista en niños, como lo sería un psicólogo o trabajador social, pues ya sabían que a la víctima "la habían matado", por lo que era indispensable que estuvieran asistidas de un especialista en niños, como lo ordenan los instrumentos nacionales e internacionales que previenen la declaración de niños, niñas y adolescentes en un proceso penal. Máxime que, dice, los niños pertenecen a un grupo vulnerable, por lo que en su declaración deben estar asistidos de sus padres y de un especialista en niños, a efecto de que en su atestado se protejan sus derechos, pues deben estar tranquilos, cooperadores, congruentes, sus manifestaciones flexibles, para obtener resultados confiables e idóneos. Así, los atestados de Lucina Crisanto Martínez e Itzel Fernanda Vásquez Camacho, no existe certeza de que hayan expresado de manera libre y cómoda sus versiones, que sabían el alcance de su intervención en el proceso penal, no se cuidó de una revictimización que afecte su dicho, pues aunque no presenciaron el hecho, la representación social trata de sostener que son las que tuvieron un acercamiento con la víctima menor, por lo que se debió haber garantizado que su dicho sea confiable, atendiendo los parámetros internacionales y nacionales en materia de niños, niñas y adolescentes testigos, acorde a los artículos 19 del Derecho a la Información de los Niños Víctimas y Testigos y sus Padres; 25 de la Observación General número 12; 12, 21 y 25, de la Convención de los Derechos del Niño (los transcribe). Aunado a que las menores no expresaron el motivo por el cual salieron el día jueves del albergue, si de costumbre salían los días viernes; su dicho estuvo supeditado a un regaño de sus padres, en tanto que uno de los testigos refirió que los maestros iban a marchar, por eso los dejaron salir el jueves, pero debe tomarse en cuenta que es la única manifestación al respecto, ni siquiera el director del albergue hizo mención sobre tal aspecto e invoca la tesis de rubro: "DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA, LINEAMIENTOS PARA SU EJERCICIO". Por cuanto a la testimonial de Maritza Vásquez Orozco, no debe dársele valor probatorio, ya que las condiciones no eran las adecuadas para que una menor de edad rinda su declaración, casi a medianoche, existiendo factores de cansancio que pueden incidir en la veracidad de su dicho, por lo que no estaba en condiciones cómodas que permitieran emitir su versión de forma libre y espontánea. En tanto que la autoridad judicial no expresa la base objetiva por la cual afirma que los menores tienen capacidad física e intelectual, cuando no hay constancia de ello. Los menores de edad no estuvieron asistidos de un psicólogo, trabador social o experto en niños, que se hubieren cerciorado que entienden el alcance de su declaración, que era su deseo declarar, y de que sus progenitores estuvieran presentes; incluso, dice, se deduce que las menores testigos y la víctima no tenían por qué haber salido el jueves de la escuela, motivo por el cual se deduce que las menores no rindieron su declaración de manera espontánea y libre, pues estaban presentes sus progenitoras y existe una razón de por qué ellas salieron el jueves y no el viernes que no quisieron proporcionar. Que el elemento "que el cadáver de la víctima haya sido enterrado y ocultado" con la inspección, descripción, fe y levantamiento de cadáver, y con el dictamen de treinta de junio de dos mil quince, la primera es insuficiente para ello, porque se trata de una narrativa y, el segundo, está integrado de copias simples en blanco y negro de fotografías. Incluso, en la diligencia de inspección no especifica si el lugar donde se levantó el cadáver corresponde al lugar de los hechos, de enlace o de hallazgo, por lo que debe quedar claro en la investigación de domicilio, para determinar si el cadáver fue ocultado o no; lo que se considera trascendental, pues los conceptos respectivos tienen un sustento criminalístico como se advierte del glosario de criminología, criminalística y victimologia criminal de Wael Hikal, así como en el Protocolo de Investigación para el delito de feminicidio expedido por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca (lo transcribe). De ahí que, dice, si no queda precisado el tipo de lugar en el que se levantó el cadáver, tampoco se puede aseverar objetivamente que estaba ahí con la finalidad de ocultarlo, máxime que la perito criminalista cita en su dictamen el glosario de criminología, criminalística y victimología criminal de Wael Hikal, autor que proporciona la diferencia entre el lugar de los hechos, de enlace y hallazgo. Incluso, las fotografías que dicen son a color, fueron presentadas en blanco y negro, no certificadas, las que, dice, fueron alteradas en cuanto a su tamaño para que pudieran caber en las hojas tamaño oficio. Estudio de los conceptos de violación. 1) Respecto del dictamen de necropsia de ley, de fecha treinta de mayo de dos mil quince, no es dogmático, como lo afirma el quejoso. En efecto, la perito señaló en el dictamen relativo, que se trataba de un dictamen médico de necropsia, para ello tuvo a la vista a una persona del sexo femenino, en decúbito dorsal y que, por la temperatura parecida a la del medio ambiente, correspondían a cronotanadiagnóstico de treinta y ocho a cuarenta horas de haber ocurrido la muerte; luego, describió sus características, y la exploró de forma ginecológica y proctológica. Además, esa persona, al discernirse del cargo, dijo se trataba de una perito médico legista. Motivo por el cual se cumplió con lo establecido en el Protocolo de Actuación Ministerial, Pericial y Policial en el delito de Feminicidio para el Estado de Oaxaca, ya que se cumplió con las bases para el procedimiento de investigación e integración del delito de que se trata, por parte del Ministerio Público y los peritos adscritos a la Dirección de Servicios Periciales, como lo establece el inciso A del capítulo I de dicho protocolo. De ahí que no sea aplicable la tesis de rubro: "DICTAMEN PERICIAL. SI NO APORTA ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE JUSTIFIQUEN LOS CONOCIMIENTOS ESPECIALES REQUERIDOS POR EL JUZGADOR PARA RESOLVER, DEBE TENERSE POR DOGMATICO Y CARENTE DE EFICACIA PROBATORIA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Razonamientos que encuentran apoyo, por tratar sobre el tema, en la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2016484. Instancia: Primera Sala Décima Época. Materias(s): Civil Tesis: 1a. XXX/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 52, Marzo de 2018, Tomo I, página 1094. Tipo: Aislada DICTAMEN PERICIAL EN MATERIA MÉDICA. EL VALOR PROBATORIO DEL RENDIDO POR UN MÉDICO GENERAL FRENTE AL EMITIDO POR UN MÉDICO ESPECIALISTA SE DETERMINA POR LA IDONEIDAD DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA APORTADA Y SU UTILIDAD PARA LA SOLUCIÓN DE LA CONTROVERSIA. En relación con el valor de la prueba pericial en general, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CCXCIV/2013 (10a.), señaló que cuando un dictamen sea rendido por un perito cuyo campo de especialización carezca de vinculación o proximidad con la materia de la prueba, éste carecerá de alcance probatorio; por el contrario, cuando el campo en el que se encuentra reconocido como experto posea un cierto grado de vinculación con la materia en torno a la cual versa el peritaje, podrá generar convicción en el órgano jurisdiccional, pero ello dependerá del grado de proximidad, así como de un análisis estricto del contenido del dictamen; así, entre mayor sea el grado de especialización del perito sobre la materia a dictaminar, mayor será el grado de convicción que puede generar en el juzgador. Sin embargo, si bien la especialización como cualidad de los peritos, en principio, conlleva la aportación de conocimientos de mayor calidad científica sobre algún tema en específico, ello no implica que el juzgador deberá otorgar en automático pleno valor probatorio a este tipo de dictámenes frente al rendido por alguien que no tenga dicha especialización, ni tampoco que deba negarle cualquier tipo de valor convictivo a este último, sino simplemente que superada la idoneidad del perito para ejercer el cargo, entre menor sea la proximidad del grado de experticia con relación al objeto de la prueba pericial, el juzgador deberá realizar un examen más escrupuloso de razonabilidad sobre dicho dictamen a efecto de determinar su valor convictivo. Lo anterior resulta aplicable a la pericial médica, pues el solo hecho de que un dictamen se emita por un médico que no es especialista no implica que carezca de valor probatorio, pues en términos del artículo 346 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, dicho perito, en tanto cuente con un título profesional que lo acredite como médico, puede emitir un dictamen en materia médica; por lo que ante la concurrencia de su dictamen con los emitidos por médicos especialistas, el juzgador deberá realizar un análisis más escrupuloso de razonabilidad sobre el rendido por aquél, a efecto de verificar que la información brindada resulte útil e idónea para la solución del caso, para lo cual deberá exponer las razones por las cuales considera que dicho dictamen tiene valor probatorio a pesar de la menor proximidad entre la capacidad científica del perito y la materia de la prueba; de ahí que el valor probatorio de los dictámenes periciales en materia médica no viene determinado necesariamente por la especialización de los peritos, sino fundamentalmente por la idoneidad de la información científica aportada y su utilidad para la solución de la controversia, lo cual deberá valorar el juzgador en cada caso concreto". 2) Por cuanto a lo que alega el quejoso, de que la doctora que emitió el dictamen, establece que hay datos de penetración reciente, pero según la bibliografía médico legal, un desgarro es reciente si ocurrió dentro de diez días y será antiguo después de ese tiempo, para lo cual invoca los nombres de los autores y las citas respectivas, por lo que la penetración pudo haber sido realizada del veintiuno al treinta de mayo de dos mil quince, pero en el dictamen se determinó que la víctima había sido penetrada el veintiocho de mayo de ese año, sin que estableciera la temporalidad de las lesiones, cronología, ni dato objetivo que permita establecer que hubo violencia sexual previo a la privación de la vida. Ello, porque, agrega, no hace referencia a la toma de muestras biológicas, específicamente vía vaginal, o en alguna otra parte del cuerpo, como de la vía anal, rapado de uñas, lechos ungueales o examen de la pantaleta de la víctima. Es de señalarse respecto a esa manifestación de inconformidad que, como lo refiere, en ese dictamen no se expresaron tales datos, pero sí se señaló que por la temperatura del cuerpo había fallecido de treinta y ocho a cuarenta horas antes del examen, en tanto que en el diverso dictamen de mecánica de lesiones, la perito oficial refirió que el ataque sexual fue realizado estando la pasivo con vida, por las características encontradas en el himen, que deducen de los bordes irregulares, hemorrágicos, laceración e hiperemia (enrojecimiento); de lo contrario, no existirían esos signos. Como se ve, como lo refirió la autoridad responsable, con los dictámenes quedó demostrado que antes de la privación de la vida, existió violencia sexual en la víctima. 3) Por cuanto a que el dictamen químico de tres de junio de dos mil quince, determina que no se encontró enzima de la fosfatasa ácida de origen seminal humano en la región de fondo de saco vaginal y anal de la menor, espermatozoides, o algún tipo de tejido biológico en la región de lechos unguiales de las manos del cadáver; se establece que en la exploración ginecológica a que se refiere el dictamen de necropsia, se apreciaron desgarros himeneales, características de ser recientes con los bordes irregulares hemorrágicos, laceración y enrojecimiento; por tanto, existió penetración en la víctima. Al respecto, se estima apegada a derecho la valoración que realizó la responsable, pues se satisfizo lo dispuesto por el artículo 403 del Código de Procedimientos Penales vigente en la época de los hechos; incluso, por lo señalado en los diversos preceptos 47 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y 57 de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a que se refiere el quejoso, porque en la época de los hechos, dos mil quince, intervinieron peritos de diversas materias, adscritos a la Dirección de Servicios Periciales de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, cumpliéndose, por tanto, con lo que señalan las tesis que invoca el quejoso, de rubros: "FEMINICIDIO, DILIGENCIAS QUE LAS AUTORIDADES SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A REALIZAR EN SU INVESTIGACIÓN", "FEMINICIDIO, LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE LA INVESTIGACIÓN DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES TIENEN LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR LAS DILIGENCIAS CORRESPONDIENTES CON BASE EN UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO" y "FEMINICIDIO, SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS, (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL", " FEMINICIDIO. EN CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN LA SENTENCIA DICTADA EN EL CASO GONZALEZ Y OTRAS (CAMPO ALGODONERO) VS MEXICO. LOS DATOS DE VIOLENCIA PREVIA Y CONCOMINANTE AL ASESINATO DE UNA MUJER, SON ELEMENTOS QUE DEBEN CONDUCIR A LA CALIFICACION DE LOS HECHOS EN ESTE DELITO". 4) Y en relación a que el tipo penal de feminicidio no se encuentra en el título de "Delitos contra la vida y la integridad corporal", sino en el de "Delitos contra el derecho a una vida libre de violencia", en el Código Penal del Estado, con características propias; pese a ello, dice, la responsable indebidamente otorgó valor probatorio a la pericial médica, en a que no siguieron los lineamientos para la investigación de tal delito, pero se debieron considerar los argumentos expuestos en la exposición de motivos de la reforma legislativa (los transcribe). No asiste razón al quejoso. Ello, porque en los razonamientos que realizó la autoridad judicial responsable en la resolución reclamada, se advierte que expresó se encontraban satisfechos los elementos del cuerpo del delito de feminicidio, por las heridas que se infligieron en el cuerpo de la mujer, pues de acuerdo con las constancias de la averiguación previa, efectivamente, se investigaron las causas que provocaron la muerte de la menor. Argumentos que aparecen en la exposición de motivos para la reforma y adición en el Código Penal Federal, para tipificar el feminicidio, al señalar que la investigación debe ser efectiva. 5) Por otra parte, alega el quejoso que la mecánica de hechos deriva del dictamen de necropsia y, como ésta fue dogmática, es como si no existiera dicho dictamen en mecánica de hechos; ello, no obstante que en la inspección, descripción, fe y levantamiento de cadáver realizada el treinta de mayo de dos mil quince, se hizo constar que se contaba con la presencia del perito en criminalística, pero no corresponde al perito médico; aunado a que no existen fotografías a color, originales, por lo que la perito de que se trata trabajó sobre fotografías blanco y negro, sin certificar. En tanto que el dictamen en fotografía forense contiene copias simples, en blanco y negro, de las fotografías, por lo que no se puede determinar con certeza qué es lo que se acredita con esas fotos. Es infundado ese argumento, ya que los expertos señalaron qué era lo que se acreditaba con las fotografías; sin que el quejoso aportara prueba alguna para desvirtuar lo expuesto en dichos dictámenes, por tanto, hasta la etapa procesal en que se dictó el auto reclamado, prevalece lo ahí señalado. Al respecto, se invoca la tesis de rubro; "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 257465 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Séptima Época. Materias(s): Penal Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 1, Sexta Parte, página 57. Tipo: Aislada FORMAL PRISION, PRUEBAS PARA EL AUTO DE. Es material y jurídicamente imposible valorar y calificar en su plenitud las pruebas aportadas durante el término constitucional; será en la instrucción del proceso correspondiente, donde el juzgador, en su caso, confrontará los datos aportados de cargo y los de descargo. Este criterio se corrobora en la tesis sostenida por el más Alto Tribunal de la Nación, en la ejecutoria visible en la página 1249 del Tomo XCVIII del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "... Lo que exige el artículo 19 constitucional, como uno de los elementos esenciales para el auto de formal prisión, es que haya datos bastantes que puedan hacer probable la responsabilidad del acusado; por lo cual es manifiesto que el precepto constitucional no exige un análisis total del valor probatorio de los elementos, ya que es suficiente con que los datos hagan probable la responsabilidad". 6) En relación a que no quedó demostrado el acoso, porque la testigo Lucina Crisanto Martínez no expresa qué es lo que entiende por merodear, molestar, insinuar cosas, pretender andar con él; además, que no refirió una conducta en concreto del quejoso que haya desplegado contra la víctima, porque refiere genéricamente de las alumnas de la telesecundaria y del albergue. En tanto que Itzel Fernanda Vásquez Camacho no refiere qué es lo que entiende por molestar o enamorar, ni menciona la conducta concreta desplegada contra la víctima, sólo dice que molestaba a todas, pero no da el nombre de las seis jóvenes. Se estima infundada su manifestación, porque no era necesario que explicaran cada uno de los términos en que se condujeron, ya que, por su edad y encontrarse en el nivel secundaria, se advierte del conocimiento que tienen para expresarse de esa forma; sin que el quejoso aportara prueba alguna, durante la preinstrucción, para desvirtuar esas declaraciones. Por cuanto a que Maritza Vásquez Orozco, que se dijo emitió su declaración con asistencia de un perito en psicología, misma que inició a las veintidós hora y terminó a las veintitrés horas con cuarenta y cinco minutos, horario contrario a lo que establecen los lineamientos para la toma de declaraciones de menores de edad; existiendo factores de cansancio que pueden incidir en la veracidad de su dicho, por lo que no estaba en condiciones cómodas que permitieran emitir su versión de forma libre y espontánea. En el caso, no asiste razón en tal alegato, ya que son apreciaciones subjetivas, sin que exista algún dato que demuestre que ese horario influyó en su versión emitida ante el Ministerio Público. Y que en la declaración del papá de la víctima, no hace referencia de que su hija hubiere estado en alguna situación de acoso, sin aportar información que contextualice una situación verdaderamente intimidante o acosante, contra la víctima. Es infundado su alegato, ya que parte de una premisa falsa, en tanto la declaración del papá de la víctima no fue considerada para demostrar ese elemento relativo a la existencia de antecedentes o indicios anteriores de acoso. Lo mismo sucede con la declaración del menor René Ortiz Hernández, pues aunque no proporciona información respecto de algún tipo de acoso, como lo afirma el quejoso, esa testimonial no fue considerada para acreditar tal elemento. 7) En relación a que la versión de las menores Lucina Crisanto Martínez e Itzel Fernanda Vásquez Camacho no reúnen los requisitos a que se refieren los artículos 352, 354 y 355, fracción VI, del Código de Procedimientos Penales, porque no tienen la capacidad de declarar, que tengan el criterio necesario de acuerdo a su edad para juzgar el hecho, que no hubieran indicios de inducciones de terceros, que no hubiera coacción, ni reticencias, puesto que en sus declaraciones no estuvieron asistidas de un especialista en niños, como lo sería un psicólogo o trabajador social, pues ya sabían que a la víctima "la habían matado", por lo que era indispensable que estuvieran asistidas de un especialista en niños, como lo ordenan los instrumentos nacionales e internacionales que previenen la declaración de niños, niñas y adolescentes en un proceso penal. Máxime que, dice, los niños pertenecen a un grupo vulnerable, por lo que en su declaración deben estar asistidos de sus padres y de un especialista en niños, a efecto de que en su atestado se protejan sus derechos, pues deben estar tranquilos, cooperadores, congruentes, sus manifestaciones flexibles, para obtener resultados confiables e idóneos. Así, dice, no existe certeza de que Lucina Crisanto Martínez e Itzel Fernanda Vásquez Camacho hayan expresado de manera libre y cómoda sus versiones, que sabían el alcance de su intervención en el proceso penal, no se cuidó de una revictimización afecte su dicho, pues aunque no presenciaron el hecho, la representación social trata de sostener que son las que tuvieron un acercamiento con la víctima menor, por lo que se debió haber garantizado que su dicho sea confiable, atendiendo los parámetros internacionales y nacionales en materia de niños, niñas y adolescentes testigos, acorde a los artículos 19 del Derecho a la Información de los Niños Víctimas y Testigos y sus Padres; 25 de la Observación General número 12; 12, 21 y 25, de la Convención de los Derechos del Niño (los transcribe). Incluso, dice, que esas menores no expresaron el motivo por el cual salieron el día jueves del albergue, si de costumbre salían los días viernes; su dicho estuvo supeditado a un regaño de sus padres, en tanto que uno de los testigos refirió que los maestros iban a marchar, por eso los dejaron salir el jueves, pero debe tomarse en cuenta que es la única manifestación al respecto, ni siquiera el director del albergue hizo mención sobre tal aspecto e invoca la tesis de rubro: "DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA, LINEAMIENTOS PARA SU EJERCICIO". Es infundada esa manifestación. En efecto, el hecho de que no estuvieran apoyadas las menores de edad, de un psicólogo o trabajador social al declarar ante el Ministerio Público, no les resta credibilidad a su declaración, ya que Lucina Crisanto Martínez estuvo asistida de su progenitora, e Itzel Fernanda Vásquez Camacho de su progenitor, sin que aparezca su oposición a declarar, de ninguno de ellos, por tanto, no se vulneró regla alguna en la recepción de esas testimoniales, aunado a que el quejoso no aportó prueba alguna para desvirtuar la versión que dieron dichas menores. En relación a que la autoridad judicial no expresa la base objetiva por la cual afirma que los menores tienen capacidad física e intelectual, cuando no hay constancia de ello; es infundada esa manifestación, porque la responsable refirió que su capacidad para declarar (pese a contar con la edad de quince y catorce años), no les restaba valor probatorio, y habían narrado de manera clara y precisa la manera en que el activo del delito acosaba a las niñas que asisten a la telesecundaria. También dice el quejoso que las menores testigos y la víctima no tenían por qué haber salido el jueves de la escuela, motivo por el cual se deduce que las menores no rindieron su declaración de manera espontánea y libre, pues estaban presentes sus progenitoras y existe una razón de por qué ellas salieron el jueves y no el viernes, que no quisieron proporcionar. Es infundado ese argumento, pues el hecho de que salieran el jueves de la escuela y no el viernes, no desvirtúa el hecho de que la víctima haya sido objeto de violencia sexual y privación de la vida. Además, contrario a lo que sostiene el quejoso, no existe prueba alguna que demuestre que la declaración de esas menores no fue espontánea o libre, por tanto, el solo hecho de que estuvieran sus progenitores acompañándolas al rendir su declaración, no aparece influyera en sus versiones. Así, conforme a lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 8, inciso d), 9, inciso a), 16 y 26, incisos a) y b), de las Directrices sobre la justicia para los niños víctimas y testigos de delitos, el testimonio de un menor tiene validez si se lleva a cabo observando el protocolo nacional e internacional en la materia; se observó una serie de condiciones, siendo recaba su información de manera óptima, sin producir algún menoscabo en su persona, pues estuvieron asistidos de sus padres y, como consecuencia, como lo señaló la responsable, su declaración fue clara en relación con los hechos sobre los que emitieron la versión relativa; ello, atento a la tesis de rubro: "TESTIGOS MENORES DE EDAD. PARA LA VALIDEZ Y EFICACIA DE SUS DECLARACIONES MINISTERIALES DEBEN ESTAR ASISTIDOS POR ABOGADO O DEFENSOR PÚBLICO, ASÍ COMO POR SUS PADRES O TUTOR". En tanto la declaración de uno fue corroborada con la versión del otro, como lo sostuvo la autoridad judicial. Lo que, además, encuentra apoyo en la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2007739 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Penal Tesis: 1a. CCCXLV/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, página 621 Tipo: Aislada VALORACIÓN PROBATORIA. CASOS EN LOS QUE UN MEDIO DE PRUEBA CORROBORA LO ACREDITADO CON OTRO. En el ámbito de la valoración de las pruebas es necesario determinar en qué casos puede decirse que una prueba corrobora la información proporcionada por otra. En amplio sentido, puede decirse que existe corroboración cuando una prueba hace más probable que sea verdadera la información proporcionada por otro medio de prueba. Al respecto, pueden distinguirse tres situaciones donde un medio de prueba "corrobora" la información aportada sobre algún hecho por otro medio de prueba: (1) hay "corroboración propiamente dicha", cuando existen dos o más medios de prueba que acreditan el mismo hecho (por ejemplo, cuando dos testigos declaran sobre la existencia de un mismo acontecimiento); (2) existe "convergencia" cuando dos o más medios de prueba apoyan la misma conclusión (por ejemplo, cuando de la declaración de un testigo y de una prueba pericial se infiere que determinada persona cometió un delito); y finalmente (3) hay "corroboración de la credibilidad" cuando una prueba sirve para apoyar la credibilidad de otro medio de prueba (por ejemplo, cuando otro testigo declara que el testigo de cargo no ve muy bien de noche y la identificación tuvo lugar en esas circunstancias)". 8) Que el elemento "que el cadáver de la víctima haya sido enterrado y ocultado" demostrado con la inspección, descripción, fe y levantamiento de cadáver, y con el dictamen de treinta de junio de dos mil quince, la primera es insuficiente para ello, porque se trata de una narrativa, en tanto que el segundo está integrado de copias simples en blanco y negro de fotografías. Incluso, dice, en la diligencia de inspección no especifica si el lugar donde se levantó el cadáver corresponde al lugar de los hechos, de enlace o de hallazgo, por lo que debe quedar claro en la investigación de domicilio, para determinar si el cadáver fue ocultado o no; lo que se considera trascendental, pues los conceptos respectivos tienen un sustento criminalístico como se advierte del glosario de criminología, criminalística y victimologia criminal de Wael Hikal, así como en el protocolo de investigación para el delito de feminicidio expedido por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca (lo transcribe). De ahí que, dice, si no queda precisado el tipo de lugar en el que se levantó el cadáver, tampoco se puede aseverar objetivamente que estaba ahí con la finalidad de ocultarlo; máxime que la perito criminalista cita en su dictamen el glosario de criminología, criminalística y victimología criminal de Wael Hikal, autor que proporciona la diferencia entre lugar de los hechos, de enlace y hallazgo. Incluso, dice, las fotografías que dicen son a color, fueron presentadas en blanco y negro, no certificadas, las que, dice, fueron alteradas en cuanto a su tamaño para que pudieran caber en las hojas tamaño oficio. Es infundada esa apreciación, ya que de acuerdo con el dictamen de mecánica de hechos, la víctima se encontraba a treinta metros, por la parte baja de la carretera de terracería que existe entre el lugar en el que se ubica la escuela telesecundaria y el lugar donde residía, en tanto su mochila estaba sobre esa carretera y una sombrilla en un árbol, por lo que no se encontraba a simple vista. Tan es así que, de acuerdo con esa mecánica de hechos y la declaración del papá de la víctima y de diversos atestes, fueron varias personas las que estuvieron buscándola porque no aparecía, hasta que se dieron cuenta que sobre la carretera estaba la mochila y en unos arbustos la sombrilla, indicios que los llevaron a buscar hacia la parte inferior de esa carretera, donde encontraron el cadáver. Entonces, contrario a lo que manifestó el quejoso, estuvo en lo correcto el juez responsable al valor esas pruebas en los términos en que lo hizo, ya que se reunieron los extremos que exigen los artículos 26, 31, 31 bis, 68, 352, 354, 355, fracción VI, 356, 370, 372, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, con lo que quedaron demostrados los elementos del cuerpo del delito de feminicidio. Probable responsabilidad. La autoridad responsable tuvo por acreditada la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del delito de feminicidio, con las mismas probanzas con las que se justificaron los elementos del cuerpo de ese ilícito, que realizó en un reenvío, esencialmente, con la declaración de los testigos de los hechos, Lucina Crisanto Martínez, Itzel Fernanda Vásquez Camacho, Maritza Vásquez Orozco, René Ortiz Hernández, en los que se advierte que el quejoso merodeaba por la escuela donde estudiaba la víctima y albergue donde pernocataba, para molestar a las alumnas de la escuela telesecundaria, las que les insinuaba cosas o las pretendía para que anduvieran con él, a pesar de ser un hombre casado; persona que iba en su moto el veintiocho de mayo de dos mil quince, y al ver a las menores, entre ellas la víctima, les dijo que si las llevaba, una de las cuales aceptó y acompañada de la otra menor se fueron en esa moto, no así la víctima, que se fue caminando por la vereda para cortar camino; que llegaron hasta la tranca o guarda ganado que está en el paraje El Zacatal, antes de llegar a su pueblo, y se dispusieron a esperar a la víctima, pero a los pocos minutos en que se fue el procesado, regresó en su motocicleta, y las alcanzó pero caminando, dejando su moto más arriba, preguntándoles si habían visto a su hermano, contestándole que no, por lo que se volvió a ir. Lo que quedó corroborado con la declaración de Víctor Vásquez Gómez, Octavio Sánchez Cortésv Félix Tejada Juan, Daniel Méndez Ramírez, Salvador Jorge Sánchez Manuel, Gerardo Zárate Allende, Javier Casimiro Lezama. Así como con la declaración de Eliseo Miguel Álvarez, de treinta de mayo de dos mil quince, quien refirió que el veintiocho de ese mes de mayo, a las quince horas con treinta minutos, pasaba con su motocicleta marca Italika, color rojo, por el campo que está por el albergue de los alumnos de la telesecundria, cuando vio que tres chicas de esa escuela, al verlo pasar, lo llamaron y le pidieron un raite; que sólo subió a dos y una se fue caminando por la vereda y se dirigió rumbo a la población de Lucrecia de Matamoros, a diez kilómetros de distancia aproximadamente de San Andrés Teotilalpam, Oaxaca; que veinte minutos después se detuvo en un guardaganado o tranca, en el paraje El Zacatal, casi llegando a Lucrecia de Matamoros, donde dejó a las chicas y se regresó a buscar zacate para sus conejos; media hora después regresó donde había dejado a las jóvenes, pues había escuchado una motosierra y pensó que se trataba de su hermano Celestino, por lo que dejó su motocicleta en una curva y caminó, encontrándolas sentadas en un árbol y les preguntó por su hermano, pero le contestaron que no lo había visto; nuevamente se regresó a buscar las hojas que les da a sus conejos, hasta llegar a un río donde sale un camino o vereda, encontrándose a la otra joven que había visto en el campo del albergue, viéndola pasar, sin saludarla; trayecto en el cual vio una motocicleta estacionada a la orilla del campo, de color azul, y después de recoger la hierba se fue a su casa. Después se enteró que esa joven la habían encontrado muerta en el paraje El Zacatal, y que sospechan de que él pudo haberla matado y violado, pero que eso lo negaba, porque no fue el único que pasó por ese lugar en esa fecha y hora, ya que la vio a doscientos metros aproximadamente, e iba un matrimonio con tres niños y llegando a San Andrés vio en sentido contrario un taxi, dos motocicleta y una camioneta blanca, todos por separado. Lo que se encuentra corroborado con la diligencia de inspección, descripción, fe y levantamiento de cadáver, en la que se apreció que en la orilla de lado norte del camino de terracería se localizan unos platanares, que en la parte inferior las hierbas localizadas presentan un aplastamiento no común con dirección descendente al norte. Así, los elementos de prueba entrelazados de una manera natural y lógica, valorados conforme a las reglas de justipreciación contenida en el artículo 354 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, permiten concluir, en un grado probable, que Eliseo Miguel Martínez cometió el hecho como autor material, en términos del artículo 11, fracción II, del Código Penal del Estado de Oaxaca; su actuar fue doloso, como lo establece la fracción I del numeral 8º de dicho código, porque es quien merodeaba en la escuela y el albergue donde la occisa acudía para realizar sus estudios de secundaria y acosaba a otras estudiantes para andar con él, y tenía conocimiento de que la víctima transitaba sola por el camino rumbo a su comunidad, por tanto, quiso y ejecutó su realización de manera voluntaria. Sin que esté probada causa de exclusión del delito, a que se refiere el artículo 14 del Código Penal del Estado de Oaxaca. Ahora, el quejoso refiere, vía concepto de violación, lo siguiente: Que la autoridad responsable, indebidamente, tuvo por acreditada su probable responsabilidad en el delito de feminicidio, pues parte de medios de prueba cuyo contenido es ilícito, violatorio de derechos fundamentales del imputado y de los niños testigos, que impacta en el derecho de defensa al generar incertidumbre jurídica, pues se desconoce las condiciones en que se recabó la información. 1. Declaración de las menores Lucina Crisanto Martínez e Itzel Fernanda Vásquez Camacho. Dijo el quejoso que hacía valer los mismos argumentos que realizó respecto del cuerpo del delito, que pidió se tuvieran por reproducidos. 2. Declaración de la menor Maritza Vásquez Orozco, no debió dársele valor probatorio, ya que las condiciones no eran las adecuadas para que un menor rindiera declaración. 3. Declaración del menor René Ortiz Hernández, carece de valor probatorio, porque miente al referir que el jueves veintiocho de mayo de dos mil quince salieron temprano, porque los maestros marcharían a Oaxaca, pero el director de la escuela no confirma esta información, por lo que si miente en una parte, miente en todo. 4. Declaración de Octavio Sánchez Cortés, no debió justipreciarse, porque no es un testigo objetivo e imparcial, ya que no se sabe cómo supo de lo que declaró Maritza, pese a que confirma su versión, y no expresa la razón de su dicho, ni exhibió la supuesta acta que se levantó con motivo del acoso que supuestamente realizó. 5. Declaración de Félix Tejada Juan, carece de valor probatorio, porque no aparece la razón por la cual sólo estampó sus huellas digitales, si expresó que sí sabía firmar; además de que, al terminar esa diligencia, manifestó que ratificaba la misma, previa su lectura, pero no se asentó que el personal actuante hubiere dado lectura a la misma, sino que él la leyó, pero no era posible, porque no sabe leer. 6. Declaración de Cristóbal Allende Carizosa y Heriberto Lezama Moreno, únicamente narran el momento en que encontraron el cadáver, pero no mencionan al imputado. 7. Declaración de Daniel Méndez Ramírez, quien no es objetivo o parcial, pues sólo realiza conjeturas y suposiciones posteriores al hecho que declara. 8. Declaración de Gerardo Zárate Allende, es inverosímil, dice, porque no se advierte la razón por la cual no acudió ante la autoridad respectiva a dar el aviso de lo que dijo haber visto; además de que declaró tres meses después del acontecimiento de los hechos, y no explicó el motivo por el cual no acudió inmediatamente después de que se enteró de la muerte de la víctima, por lo que su versión no reúne los requisitos a que se refiere el artículo 354 de la ley procesal, ante la falta de inmediatez y veracidad. Porque, además, dicho testigo mencionó que le dijo al papá de la víctima, lo que había visto, pero esto último no lo expresó dicha persona. Y no se encuentra relacionado con ningún otro elemento probatorio. 9. Declaración de Víctor Vásquez Gómez, no es un testigo de los hechos, pues su versión deriva de lo narrado por dos de las testigos, ni puede considerársele testigo de oídas, porque carece de eficacia probatoria lo relatado por las dos menores de edad. Tampoco refirió que su hija le hubiere expresado que sufría de acoso. Y, por otra parte, refiere que esa declaración sí refuerza lo que expresó dicho quejoso, en el sentido de que la víctima y testigos debieron salir el viernes del albergue y no el jueves, sin referir el motivo por el cual salieron ese día, estando presentes los progenitores, por lo que su declaración no fue espontánea o libre. La ropa de la menor le fue entregada a dicho testigo, sin que se realizara una pericial, asegurándose únicamente la pantaleta, además hace mención que se preservó el lugar de los hechos, pero es un campesino de educación primaria, por lo que, dice, no es creíble que conociera el concepto técnico de "preservar el lugar de los hechos". Y no refiere los eventos que mencionó el testigo Gerardo Zárate Allende. Esos argumentos resultan infundados, por lo siguiente: 1. La declaración de las menores Lucina Crisanto Martínez e Itzel Fernanda Vásquez Camacho, no carecen de eficacia probatoria, porque no era necesario, como lo sostiene el quejoso, que explicaran cada uno de los términos en que se condujeron, ya que, por su edad y encontrarse en el nivel secundaria, se advierte del conocimiento que tienen para expresarse de esa forma; sin que se aportara prueba alguna, durante la preinstrucción, para desvirtuar esas declaraciones. 2. Por cuanto a que Maritza Vásquez Orozco, que se dijo emitió su declaración con asistencia de un perito en psicología, misma que inició a las veintidós hora y terminó a las veintitrés horas con cuarenta y cinco minutos, horario contrario a lo que establecen los lineamientos para la toma de declaraciones de menores de edad; existiendo factores de cansancio que pueden incidir en la veracidad de su dicho, por lo que no estaba en condiciones cómodas que permitieran emitir su versión de forma libre y espontánea. En el caso, no asiste razón al quejoso, ya que son apreciaciones subjetivas, sin que exista algún dato que demuestre que ese horario influyó en su versión emitida ante el Ministerio Público. 3. Declaración del menor René Ortiz Hernández, carece de valor probatorio, porque miente al referir que el jueves veintiocho de mayo de dos mil quince salieron temprano, porque los maestros marcharían a Oaxaca, pero el director de la escuela no confirma esta información, por lo que si miente en una parte, miente en todo. No existe dato alguno de que mintiera en este aspecto, pues aunque el director de la escuela telesecundaria no confirmó esa información, tampoco dijo que no era verdad. 4. Declaración de Octavio Sánchez Cortés, no debió justipreciarse, porque no es un testigo objetivo e imparcial, ya que no se sabe cómo supo de lo que declaró Maritza, pese a que confirma su versión, y no expresa la razón de su dicho, ni exhibió la supuesta acta que se levantó con motivo del acoso que supuestamente realizó. Sin embargo, ello no le resta valor a su testimonio, pues, como lo dijo la responsable, es un indicio que se enlaza con lo dicho por Irma Orozco Jiménez y Maritza Vásquez Orozco, sin que existiera imparcialidad o intención de perjudicar al indiciado. 5. Declaración de Félix Tejada Juan. 6. Declaración de Cristóbal Allende Carizosa y Heriberto Lezama Moreno. 7. Declaración de Daniel Méndez Ramírez. 8. Declaración de Gerardo Zárate Allende. Como lo refirió la autoridad responsable, de forma correcta, el valor probatorio es de forma indiciaria, pues aportaron datos como hechos básicos, de los cuales derivaron presunciones y, en su conjunto, se estableció una verdad; esto es, lo ubicaron como la persona que merodeaba por la escuela donde estudiaba la víctima y el albergue donde se hospedaba, para molestarla a ella y a otras alumnas de la secundaria. Sin que exista prueba alguna que desvirtúe sus imputaciones, por tanto, prevalecen aquéllas. 9. Declaración de Víctor Vásquez Gómez, no es un testigo de los hechos, pues su versión deriva de lo narrado por dos de las testigos, ni puede considerársele testigo de oídas, porque carece de eficacia probatoria lo relatado por las dos menores de edad. En este caso, la responsable señaló que tenía valor indiciario, porque era un testigo de oídas, pues no vio ni oyó directamente los hechos, sino que los conoció por haberlos escuchado directamente de las compañeras de escuela de la ahora víctima, que sí conocieron en forma directa. Y respecto de que esa declaración sí refuerza lo que expresó dicho quejoso, en el sentido de que la víctima y testigos debieron salir el viernes del albergue y no el jueves, sin referir el motivo por el cual salieron ese día, estando presentes los progenitores, por lo que su declaración no fue espontánea o libre. Ello es infundado, porque el motivo de haber salido un día antes de la fecha en que se habituaba salir de la escuela, no se traduce en que se pudiera ejercer violencia sexual y privación de la vida contra la víctima. En relación a que la ropa de la menor le fue entregada a dicho testigo, sin que se realizara una pericial, asegurándose únicamente la pantaleta; además, hace mención que se preservó el lugar de los hechos, pero es un campesino de educación primaria, por lo que, dice, no es creíble que conociera el concepto técnico de "preservar el lugar de los hechos". Es de señalarse que la entrega de esa ropa no es una atribución propia, por lo que no le resta credibilidad a su dicho tal situación. Por otra parte, el quejoso afirma sin sentido que por el hecho de ser campesino era increíble que conociera el concepto "preservar el lugar de los hechos", pues para ello debió aportar prueba alguna de que realmente desconoce ese término; aspecto que, durante la etapa de preinstrucción, no probado, por lo que prevaleció su declaración. 10. Declaración de Eliseo Miguel Álvarez. A dicha declaración, la responsable lo consideró como un indicio, porque, como se advierte de la diligencia relativa, estuvo asistido de una defensora que él mismo designó, tuvo conocimiento y accedió mediante lectura a las constancias de la averiguación previa, y emitió su versión, sin que exista prueba de que hubiere sido bajo coacción o violencia, pues dijo que declara voluntariamente, en calidad de presentado, con lo que se cumplieron los requisitos exigidos por el artículo 20 constitucional y 22 del Código de Procedimientos Penales del Estado. De ahí que resulten infundados sus argumentos al respecto, y por la misma razón, también respecto de su diversa manifestación de inconformidad, en el sentido de que en el acuerdo de treinta de mayo de dos mil quince no se cumplió con lo establecido por la fracción I del artículo 22 del Código de Procedimientos Penales, alegando que no existe información circunstanciada, clara y precisa sobre la detención, ni se hicieron saber sus derechos constitucionales y procesales de manera clara y comprensible, al no asentarse que los haya comprendido, ya que es de ocupación campesino, y no existe constancia alguna en que se le haya permitido consultar el expediente ni que haya entendido fehacientemente sus derechos e invoca en apoyo a lo anterior, la tesis de rubro: "PRUEBAS ILÍCITAS EN EL SISTEMA PENAL TRADICIONAL. SI EL MINISTERIO PÚBLICO OBTUVO LA CONFESIÓN DEL INDICIADO EN LA COMISIÓN DEL DELITO, PORQUE COMPARECIÓ ANTE ÉL POR ESTAR DETENIDO CON MOTIVO DE DIVERSA AVERIGUACIÓN PREVIA, Y LA DETENCIÓN EN ESTA FUE ILEGAL, LAS PRUEBA DERIVADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE DE DICHA DETENCIÓN, TIENEN AQUEL CARÁCTER Y DEBEN EXCLUIRSE DE VALORACIÓN". Además, contrario a lo que refiere el quejoso, esa declaración no fue valorada por la responsable como confesional. Y por cuanto a que aparece una certificación de treinta de mayo de dos mil quince, en la que se hizo constar que no presentó lesiones recientes en su corporeidad y se da fe que "supuestamente" se retiraba de las oficinas ministeriales, sin asentar la hora de ello; pero que, según constancias de la averiguación previa, fue remitida al perito químico para la extracción de muestras de saliva, como aparece en el dictamen respectivo, sin asentarse si fue con su consentimiento o en presencia de un defensor, ni su derecho a no incriminación. Es infundada tal manifestación, ya que no se advierte que ello incidiera en la declaración que realizó, acompañado de su defensora. 11. En relación a que el síndico municipal refiere que el veintinueve de mayo de dos mil quince entrevistó a diversas personas que señalaban al quejoso como presunto culpable del homicidio de la menor, pero no remite las diligencias. Ello es inoperante, en la medida que no fueron consideradas esas diligencias para tener por demostrada su probable responsabilidad en la comisión del delito de que se trata. 12. Respecto de que, con la puesta a disposición, se remitió un certificado médico por el que se advierte que el procesado no presentó lesiones que lo vinculen con la mecánica de lesiones que hizo la perito médico oficial, cuando refiere que la víctima trataba de defenderse del agresor. Incluso, dice, la ratificación del oficio por parte del síndico municipal fue a las diecisiete horas con treinta y cinco minutos del treinta de mayo de dos mil quince, y la declaración del encausado fue a las veintiuna horas con treinta minutos, pero que hubo actos de tortura que se investigan. Ello, por el momento, no desvirtúa las imputaciones que existen en su contra, ya que, aunque aún no se tiene por demostrada la existencia de tortura, en el caso, no confesó haber realizado el hecho que se le imputa y, como consecuencia, su declaración no fue la que prevaleció, para el juez responsable, para justificar su probable responsabilidad en la comisión del delito de feminicidio. Se invoca en apoyo, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2015603 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Penal Tesis: 1a./J. 101/2017 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 323 Tipo: Jurisprudencia TORTURA. ES INNECESARIO REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO NO EXISTA CONFESIÓN DE LOS HECHOS IMPUTADOS O CUALQUIER ACTO QUE CONLLEVE AUTOINCRIMINACIÓN DEL INCULPADO. En el criterio emitido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 10/2016 (10a.), (1) de rubro: "ACTOS DE TORTURA. LA OMISIÓN DEL JUEZ PENAL DE INSTANCIA DE INVESTIGAR LOS DENUNCIADOS POR EL IMPUTADO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE TRASCIENDE A SU DEFENSA Y AMERITA LA REPOSICIÓN DE ÉSTE.", se establece que la omisión de la autoridad judicial de investigar una denuncia de tortura como violación a derechos fundamentales con repercusión en el proceso penal, constituye una violación a las leyes que rigen el procedimiento, que trasciende a las defensas del quejoso en términos de los artículos 173, fracción XXII, de la Ley de Amparo, 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1, 6, 8 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y, consecuentemente, debe ordenarse la reposición del procedimiento de primera instancia para realizar la investigación correspondiente y analizar la denuncia de tortura, únicamente desde el punto de vista de violación de derechos humanos dentro del proceso penal, a efecto de corroborar si existió o no dicha transgresión para los fines probatorios correspondientes al dictar la sentencia. No obstante, en aquellos casos en que no exista confesión o algún otro acto que implique autoincriminación como consecuencia de los actos de tortura alegados, no resulta procedente ordenar la reposición del procedimiento de conformidad con la jurisprudencia antes citada, pues en esos supuestos la violación a derechos humanos derivada de la tortura carece de trascendencia en el proceso penal por no haber impacto; sin embargo, fuera de esos supuestos de excepción, deberá procederse como se describe en el criterio jurisprudencial de referencia. Es decir, que la jurisprudencia a que se alude tendrá aplicación siempre que se trate de asuntos en los que, como consecuencia de la tortura, se haya verificado la confesión o cualquier manifestación incriminatoria del inculpado, porque en tal caso, la autoridad jurisdiccional estará obligada a realizar una investigación a fin de determinar si se actualizó o no la tortura y, de corroborarse ésta, deberá ceñirse a los parámetros constitucionales fijados en relación con las reglas de exclusión de las pruebas ilícitas, esto es, que de no acreditarse el señalado supuesto de excepción, el citado criterio jurisprudencial operará en sus términos". 13. Que cuando se recibe a un detenido se le debe certificar medicamente por parte del representante social, lo que no se hizo, en cambio, existe la certificación ministerial que no presentó lesiones recientes visibles, de ahí que no existen lesiones que lo vinculen con el homicidio de la menor, razón por la cual nunca existió dictamen de mecánica de hechos. Es infundado tal argumento, pues estaba en calidad de presentado, y el hecho de que no presentara lesiones recientes visibles, no se traduce en que desvirtúe el dictamen de mecánica de hechos, en el que se dijo, en el aspecto que interesa, que la víctima trató de defenderse; esto es, de manera alguna refiere que con esa defensa lesionó al inculpado, aquí quejoso. 14. Por cuanto a que esos argumentos se hicieron valer ante la autoridad judicial responsable, sin que fueran consideradas, es inoperante, pues carecería de efectos el concederle la protección constitucional para que la responsable se pronunciara sobre tales expresiones, si las mismas las hizo valer vía conceptos de violación, realizándose el pronunciamiento relativo. Así, como hasta la etapa procesal en que se pronunció el auto de formal prisión reclamada, las pruebas recabadas, fueron debidamente apreciadas, según los principios de la valoración de la prueba contenidos en el Código de Procedimientos Penales del Estado, se estiman suficientes para tener por acreditados los elementos del cuerpo del delito de que se trata, así como la probable responsabilidad del quejoso en su comisión. Cabe destacar que para dictar un auto de formal prisión, el artículo 19 de la Constitución Federal, que regula su emisión, no exige pruebas plenas sobre la responsabilidad de los inculpados, sino que de las recabadas se desprenda su probable responsabilidad en la comisión del delito que se les imputa. Apoya la consideración anterior la jurisprudencia número 55, visible en la página 40, tomo II, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el rubro y texto siguientes: "AUTO DE FORMAL PRISION. Para motivarlo, la ley no exige que se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad del reo; requiere únicamente, que los datos arrojados por la averiguación, sean bastantes para comprobar el cuerpo del delito, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del evento delictivo que hagan probable la responsabilidad del acusado." Por las consideraciones anteriores, después de realizarse un estudio oficioso del auto de formal prisión, no se advierte queja por suplir a favor de la parte quejosa, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, por lo que se niega al quejoso Eliseo Miguel Álvarez la protección constitucional solicitada. Sexto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, se: R e s u e l v e: Primero. La Justicia Federal no ampara ni protege a Eliseo Miguel Álvarez, contra el auto de formal prisión dictado por su probable responsabilidad en la comisión del delito de feminicidio, en agravio de la menor de edad D.M.V.M, el trece de mayo de dos mil veintiuno, en el proceso penal 4/2019, por el juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca; en términos del considerando quinto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hoytreinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado. .
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