Eliud Bautista Gijón

Expediente 1066/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1066/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
18/11/2022

Partes del expediente

  • Eliud Bautista Gijón

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL 1066/20252 MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. 1. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en la audiencia constitucional de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; sin que lo haya hecho, no obstante su notificación el veintiocho de octubre pasado. 2. Firmeza de la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 3. Precisión sobre el plazo de diversas partes. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo para inconformarse de las diversas partes procesales pues, al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 4. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 5. Precisión previa a ordenar el archivo del expediente. Antes de establecer lo procedente sobre el archivo del expediente, comuníquese a las partes que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, no hace precisión respecto del archivo de los expedientes que se tramitan en los órganos del Poder Judicial de la Federación; por tanto, en relación con ese tópico, por el momento, se estará a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 6. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en sentido contrario), 21, inciso a), y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 7. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21 y 24, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es DESTRUIBLE, por lo cual será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, este órgano jurisdiccional destruirá el expediente, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 8. Anotaciones. Por ahora, realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico; hasta en tanto las áreas competentes del Consejo de la Judicatura Federal determinen la estrategia de transición exclusivamente a libros de control electrónicos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 99 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; reformado por el diverso Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, según lo dispone su transitorio decimocuarto. 9. Instrucción a Secretaría. Finalmente, se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, que verifique que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL.1066/2022.MESA-5 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas en acuerdo de trece de este mes para celebrar la audiencia constitucional, el juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ponciano Velasco Velasco, asistido de la secretaria Julissa Nohemí Pérez Salinas, quien da fe, la declara abierta, sin asistencia de las partes. Enseguida, la secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan a) la demanda de amparo promovida ++++, por propio derecho, b) el acuerdo de trece de septiembre de este año y c) el informe justificado del 1) presidente, 2) síndica Procuradora y 3) tesorera, todos del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca. Además, da cuenta con el oficio recibido por correo electrónico institucional, firmado por la presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, con residencia en Tlalixtac de Cabrera, y su anexo, mediante el cual rinde informe justificado; promoción registrada con folio de recepción +++. Asimismo, hace constar que: las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. A lo anterior, se acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de la presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca. Y en relación con la documental anexa al informe, provéase lo correspondiente en la etapa probatoria de esta audiencia. Sin que sea necesario diferir la audiencia para dar margen a que la parte quejosa se imponga del contenido del informe con la anticipación prevista en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; ello, tomando en consideración que, de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos, se estima procedente la resolución de este juicio por celeridad en la impartición de justicia, en razón de haberse advertido que, aun de diferirse, el sentido de la resolución sería el mismo. Además, el diferimiento no implicaría mayor beneficio para la parte quejosa, y sí, por el contrario, una dilación en el ejercicio de la función jurisdiccional. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. Posteriormente, se declara abierto el periodo probatorio, en el cual la secretaria hace constar que las partes ofrecieron las siguientes: Parte quejosa: Exhibió con la demanda copia simple de a) la credencia de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral a favor de ++++ (por duplicado) -fojas 10 y 12- y b) de los acuses de dos escritos de veintidós de julio de dos mil veintidós, dirigidos, el primero -fojas 8 y 9-, a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado -expediente +++++-, y el segundo -foja 11-, al presidente, síndica procuradora y tesorero, todos del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca. Asimismo, ofreció las pruebas presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones. Autoridades responsables. Al rendir informe justificado, el 1) presidente, 2) síndica Procuradora y 3) tesorera, todos del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, exhibieron copia certificada de la respuesta de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, dirigida al quejoso +++++++++, con sus razones de notificación por estrados -fojas 33 a 35-. En tanto que la presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca anexó a su informe copia simple del acuerdo de veinte de octubre de este año, emitido en el expediente laboral 91/2012. Al respecto, se acuerda: Por su propia naturaleza, dichas documentales se desahogan y se tienen por admitidas para ser valoradas al momento de dictarse la sentencia correspondiente. Por cuanto a las pruebas instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, al no tener vida propia, se tomará en consideración la totalidad de las actuaciones de este juicio y se deducirán las presunciones que se aprecien en favor de la parte oferente de la prueba. Enseguida, se declara cerrado el periodo probatorio y se ordena pasar a la etapa de alegatos, en la cual la secretaria informa que ninguna de las partes hizo uso de este derecho. Con lo anterior, se da por concluida esta etapa, se declaran vistos los autos, y se procede a dictar la resolución correspondiente. S E N T E N C I A Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1066/2022, y; RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante demanda depositada el trece de septiembre de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, turnada a este Juzgado en la misma fecha, +++++, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el acto y autoridades que se precisarán en la etapa considerativa. Al respecto, la parte quejosa estima que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 8, 14, 16, 17, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para evidenciarlo, formuló un concepto de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintidós se recibió la demanda de amparo y se radicó con el registro 1066/2022, se admitió a trámite, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio intervención a la agente del Ministerio Público adscrita y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor; 49 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales números 45/2016 y 46/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformaron el diverso 3/2013, por tratarse de un asunto de naturaleza laboral y el acto reclamado se atribuye a autoridades con residencia en lugares en los que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión de acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En ese sentido, del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de la 1) Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca y 2) presidente, 3) síndica Procuradora y 4) tesorero, todos del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca: La omisión de dar respuesta a las peticiones que formuló en los dos escritos de veintidós de julio de este año, presentados, respectivamente, ante las responsables en el mes de agosto del año en curso. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir informe justificado, el 1) presidente, 2) síndica Procuradora y 3) tesorera, todos del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, negaron la existencia del acto reclamado, pues refirieron que sí dieron respuesta a la petición del quejoso, misma que se le notificó mediante los estrados de ese Ayuntamiento, en donde permaneció fijada durante cinco días. Aclarando que la notificación se efectuó por ese medio debido a que en el escrito de petición el promovente señaló un domicilio ubicado en el Municipio de Oaxaca de Juárez, dentro del cual, por competencia territorial, no pueden realizar actos de notificación, dado que serían nulos e invadiría competencias de otros municipios de la misma entidad. El dicho de las autoridad responsables se corrobora con la documental que anexaron al informe, consistente en copia certificada de la respuesta de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, dirigida al quejoso ++++, con sus razones de notificación por estrados (fijación y desprendimiento) -fojas 33 a 35-; a la que se otorga pleno valor probatorio, en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De lo expuesto se aprecia que, efectivamente, no existe el acto reclamado, pues su existencia se analiza en función del momento de presentación de la demanda de amparo. Y en el caso, el escrito de demanda se depositó en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, el trece de septiembre de dos mil veintidós, en tanto que la petición del quejoso se atendió el diecinueve de agosto de dos mil veintidós y se le notificó, por estrados, el veintidós siguiente; de ahí que es incuestionable que al momento en que se presentó la demanda no existía la omisión reclamada. Como apoyo a lo anterior se invoca la jurisprudencia con registro 196072 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado." En consecuencia, ante la inexistencia no desvirtuada del acto reclamado a las autoridades 1) presidente, 2) síndica Procuradora y 3) tesorera, todos del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio por lo que respecta a ellas. Apoya lo anterior la jurisprudencia 284, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Existencia del acto reclamado. En su informe justificado, la presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca manifestó que es parcialmente cierto el acto reclamado, dado que la petición que formuló el quejoso mediante escrito de veintidós de julio de este año se atendió hasta el veinte de octubre del año en curso. Lo anterior se corrobora con la copia simple de la determinación de veinte de octubre de dos mil veintidós, dictada en el expediente laboral 91/2012, la cual se anexó al informe justificado. Por tanto, es evidente que a la fecha en que se presentó la demanda (13-septiembre-2022) existía la omisión reclamada, pues la petición del promovente se acordó con posterioridad (20-octubre-2022). QUINTO. Improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, deben estudiarse en forma preferente y previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, las causales de improcedencia hechas valer por las partes, o bien, que este Juzgado advierta, pues su estudio es de oficio, preferente y de orden público. En la especie, se estima actualizada la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...)" Dicha causal establece la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos por haber desaparecido el motivo que concreta y específicamente originó el juicio de amparo. Para concluir que han cesado los efectos del acto reclamado, es necesario que la contravención alegada por la parte quejosa haya desaparecido totalmente, sea porque la propia autoridad responsable la ha reparado, o porque esto ha acontecido por circunstancias ajenas a ella; esto es, debe constatarse que todos sus efectos hayan desaparecido o se hayan destruido de forma inmediata, total e incondicional, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. En el caso, como ya quedó precisado, la parte quejosa reclama, de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, la omisión de dar respuesta a la petición que formuló en el escrito de veintidós de julio de este año, dirigido al expediente laboral 91/2012, presentado ante la responsable en el mes de agosto del año en curso. En ese sentido, al rendir informe justificado, la autoridad responsable exhibió copia de la determinación de veinte de octubre de dos mil veintidós, dictada en el expediente laboral +++++; a la que se otorga valor probatorio indiciario, de conformidad con lo establecido por los artículos 133, 197 y 207, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de un documento en copia simple del que no se puso en duda su exactitud; y no obstante que no se otorga valor probatorio pleno a esa documental, lo cierto es que se concatena con la presunción legal establecida en el invocado artículo 117 de la Ley de Amparo, esto es, la presunción de que es verdad que en el referido expediente laboral se emitió el citado acuerdo. De dicha constancia se aprecia que el escrito de la parte quejosa se atendió en ese proveído; por ello, se estima que los efectos del acto reclamado han cesado, pues la responsable acredita que abandonó su conducta omisiva y acordó el escrito del promovente en el expediente +++++, con lo cual, evidentemente, se satisface la pretensión de +++++ y se extinguió la violación al derecho fundamental de petición que alegó en la demanda de amparo. De ahí que se le restituyó en el pleno goce del derecho reclamado, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Se invoca en apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sin que sea obstáculo que la autoridad responsable no haya remitido la constancia que acredite la notificación del acuerdo de veinte de este mes, pues el quejoso tendrá conocimiento con la notificación que este juzgado realizará de esta sentencia. En consecuencia, por lo expuesto y fundado, se sobresee en este juicio de amparo en relación al acto reclamado a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, con apoyo en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, así como el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Precisión. Sin que sea impedimento para resolver en este sentido, el hecho de que los escritos de petición del quejoso versen sobre la falta de cumplimiento del laudo, en razón de que los actos reclamados únicamente se hicieron consistir en la falta de respuesta a los escritos de petición, pero no se reclamó la falta de cumplimiento del laudo, de ahí que, en atención al principio de congruencia externa que este órgano jurisdiccional debe observar, es preciso resolver de conformidad con lo pedido en la demanda de amparo y con la contestación dada por las autoridades responsables; de modo que este órgano de control constitucional se encuentra impedido legalmente para analizar actos que no fueron reclamados en la demanda de amparo, ni tampoco puede estudiar las omisiones o dilaciones que, en su caso, se pudieran llegar a actualizar en el trámite del juicio laboral. Así, el quejoso está en posibilidades de acudir nuevamente al amparo para señalar como acto reclamado el que estime actualizado en ese momento procesal. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. CV/2013 (10a.) emitida por la Segunda Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. SEXTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En mérito a lo expuesto y fundado legalmente, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por +++++, por propio derecho, contra la omisión de acordar los escritos de veintidós de julio de este año, presentados en el mes de agosto del año en curso; acto que reclamó del 1) presidente, 2) síndica Procuradora y 3) tesorera, todos del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, y 4) la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca; en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL 1066/2022 MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de octubre de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguese el oficio signado por las autoridades responsables: 1) presidente, 2) síndica Procuradora y 3) tesorera, todos del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, mediante el cual rinden informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus derechos convenga. Prueba documental. De conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental de las responsables la copia certificada de la respuesta de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, dirigida al quejoso ***, con sus razones de notificación por estrados. Constancia que se desahoga en razón de su propia naturaleza, y será valorada en el momento procesal oportuno. Diferimiento de audiencia. De la certificación de cuenta se advierte que la autoridad responsable, Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, quedó notificada de la petición de informe justificado el veinte de septiembre de este año (como se aprecia de la constancia que obra en el expediente electrónico). Por ello, como se hizo constar en la certificación de cuenta, a la fecha se encuentra transcurriendo el término de quince días hábiles previsto en el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para rendir el informe solicitado. En esas condiciones, no es posible desahogar la audiencia constitucional señalada para hoy, misma que se difiere para las once horas con cuarenta y cinco minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL.203/2022. MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que las autoridades, 1) jefe del Departamento de Pensiones de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2) encargado de la Subdelegación de Prestaciones y 3) encargado del Departamento de Pensiones, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca no han informado lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, como se les requirió en proveído de veinticuatro de agosto del año en curso, no obstante haber quedado notificadas de esa petición el veintinueve de agosto último, respectivamente. 2. Requerimiento de cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a las referidas autoridades, para que, dentro del plazo de tres días, siguiente al de su notificación, cumplan con la sentencia de amparo o, en su caso, informen el impedimento que tengan para ello. 2.1. Apercibimiento. Apercibidas que de no acatar lo ordenado, se les impondrá multa por la cantidad de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos 258 y 238 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de este Décimo Tercer Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para seguir el trámite de inejecución. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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