Eliezer Osorio Villegas

Expediente 414/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
414/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
26/04/2023

Partes del expediente

  • Eliezer Osorio Villegas

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintiséis de abril de dos mil veintitrés.********************Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por el Juez Tercero de Distrito en La Laguna, con sede en Torreón, al que transcribe el proveído de dieciocho de abril del año en curso, del que se advierte, en lo conducente, que insiste en sostener la incompetencia legal del presente juicio de amparo; por lo que ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en Torreón, en turno, para que determine a qué juzgado corresponde conocer de la demanda que dio origen al presente juicio.********************En otro aspecto, glósese a los autos el diverso comunicado signado electrónicamente por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en Torreón, al que transcribe el proveído de veinticuatro de abril del año en curso, por el cual informa radicó el conflicto competencial suscitado entre el Juez Tercero de Distrito en La Laguna, con sede en Torreón y la suscrita, mismo que fue registrado con el número de expediente 9/********************.********************De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.********************Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a doce de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio 10773/2023 y anexos que remite el Juez Tercero de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, al que adjunta el expediente original del juicio amparo ********************, promovido por ********************, contra actos del Juez Cuarto de lo Penal, en esta ciudad, fórmese expediente físico y electrónico, regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 414/2023-G. Expídase acuse de recibo respectivo. No se acepta competencia. En principio, debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a analizar si acepta o no competencia legal para conocer de la demanda de amparo, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. En el caso concreto, la suscrita considera, de manera respetuosa, que en la especie no asiste razón al órgano jurisdiccional declinante, por lo que no se acepta la competencia planteada, en atención a las consideraciones siguientes: El quejoso señala como actos reclamados los siguientes: -La omisión de dar contestación al escrito presentado el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, en el que solicitó se le informara el nombre del defensor público que lo asiste en la causa penal ********************. -La omisión de entregarle las copias de sentencia dictada en la causa penal ******************** del índice del Juzgado Cuarto de lo Penal en esta ciudad. Asimismo señala como autoridad responsable: - Juzgado Cuarto de lo Penal en esta ciudad. Luego, el Juez declinante para sostener su postura, consideró que en el caso, se actualiza el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados por el quejoso son de naturaleza omisiva, pero tienen efectos positivos, en virtud de que traen aparejada una ejecución material aunado que la competencia para conocer del juicio recae en el órgano jurisdiccional que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce el proceso penal de origen por tanto, al tener ejecución los actos reclamados dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional deviene su incompetencia. Sin embargo, como se adelantó no se comparte el criterio adoptado por el declinante. El artículo 37 de la Ley de Amparo desarrolla las bases de competencia para el conocimiento de los juicios de amparo que se tramitan ante los Jueces de Distrito, al disponer: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De lo anterior, se obtienen las siguientes reglas para determinar la competencia por territorio para conocer de un juicio de amparo: 1. Si el acto reclamado es de ejecución material, será competente el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto deba ejecutarse, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2. Si el acto reclamado tiene ejecución material en más de un distrito o habiendo comenzado a ejecutarse en uno de ellos continúa ejecutándose en otro, será competente el juez que conozca primero de la demanda, es decir, ante quien se presente esta; y 3. Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, será competente el juez ante el que se presente el amparo. Ahora, es pertinente establecer que para efectos de explicar de manera clara la naturaleza de los actos omisivos, la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puntualizó que para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta. Es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión, es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la parte quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta, pasando por alto la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido. Bajo ese contexto legal, quien resuelve considera que en la especie se surte la regla de competencia contenida en el tercer párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo, referente a que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez ante quien se presentó la demanda. Lo anterior porque se estima que los actos reclamados tienen la naturaleza jurídica de omisivos, que no requieren de ejecución material alguna, en la medida en que no es posible establecer que, en el estadio procesal en el que se encuentra el juicio de amparo, exista una obligación de actuar por parte de la autoridad responsable de la forma que refiere el quejoso en la demanda, porque dicho actuar, en todo caso, está supeditado a la existencia de los actos reclamados, lo cual es propio de la tramitación del juicio. Es así, ya que la "ejecución material", como criterio de preeminencia para fincar competencia al Juez de Distrito, debe entenderse que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que produzcan un cambio material, ya sea por si´ mismo o que sus efectos conlleven a esa situación, esto es, la ejecución no atiende solo al contenido del acto reclamado en sentido de que establezca una orden, mandato, cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que en lo determinante comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir. Entonces, por encontrarse el quejoso sujeto a la jurisdicción del estado, en la especie se encuentra involucrado el derecho humano de acceso a la justicia consagrado en ordinal 17 de la Carta Magna, pues el solicitante de amparo se duele en esencia de las omisiones de dar contestación a dos escritos en los cuales solicitó se le informara el nombre del defensor público que lo asiste y copias de la sentencia dictada en la causa penal ******************** del índice del autoridad responsable Juzgado Cuarto de lo Penal en esta ciudad. En efecto, dichos actos no requieren ejecución material y tampoco puede considerarse la posibilidad que dichas omisiones tengan efectos positivos en el escenario de que se otorgue el amparo al quejoso, pues en todo caso, el efecto del amparo que en su caso se otorgue será que la autoridad responsable abandone la postura pasiva y dé contestación a sus solicitudes. Así, en el caso la competencia para conocer de la demanda de amparo se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, dado que los actos omisivos reclamados no requieren ejecución material. No se soslaya, que para avalar su postura, el Juzgado declinante, cite la tesis jurisprudencial a./J 24/2021 (10ª), emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la federación, Undécima Época. Libro 5, septiembre de 2021, Tomo II, página 1873, que establece: "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL)¨ No obstante, se considera que la misma no es aplicable en el caso concreto, en atención a que ahí se analizó una omisión referente a no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable, y dicho acto fue clasificado por el máximo tribunal del país, como un acto con ejecución material, en atención a la obligación jurídica de la autoridad responsable de actuar en la forma en la que la parte quejosa indica, bajo el argumento de que el dictado de la sentencia en un proceso penal, sí es una obligación de hacer al disponerse en la Carta Magna, un parámetro de tiempo para tal fin. Bajo las consideraciones expuestas, se estima suficiente en esta etapa procesal, para sostener que el presente asunto encuadra en el supuesto de la regla a que alude el tercer párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo, es decir, se estima que al tratarse de actos carentes de ejecución es competente el órgano en el que se presentó la demanda, en el caso, Juez Tercero de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón. Sirve de apoyo a lo anterior, las razones que informa la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, Tomo I, mayo de dos mil catorce, página quinientos de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIO´N MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIO´N SE PRESENTO´ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIO´N DEL ARTI´CULO 37, PA´RRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". En las relatadas condiciones, como se adelantó, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia planteada por el Juez Tercero de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, y se ordena devolver. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo para constancia legal. Notifíquese.

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