Elio Cesar Sanchez Gonzalez
Expediente 587/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 29 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 587/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 24/01/2022
Partes del expediente
- Elio Cesar Sanchez Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Cuenta. En esta misma fecha, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede a las partes el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio. Causa ejecutoria. Con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse decretado el sobreseimiento respecto de todos los actos reclamados, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años meses a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Cuaderno incidental original. Se precisa que el original del incidente de suspensión es destruible; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis prevista en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, capítulo 8, punto 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos" serie 3, al haberse concedido la suspensión provisional pero negado la suspensión definitiva; por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años destrúyase el expediente original del incidente de suspensión. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al ubicarse en el supuesto previsto en el inciso a), fracción II del artículo 20 del Acuerdo antes referido; por lo que se ordena dejar por separado del cuaderno principal y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Magali María Díaz Villarreal, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Lares Carrillo, que da fe. Doy fe. Caro* Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede a las partes el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio. Causa ejecutoria. Con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse decretado el sobreseimiento respecto de todos los actos reclamados, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años meses a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Cuaderno incidental original. Se precisa que el original del incidente de suspensión es destruible; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis prevista en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, capítulo 8, punto 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos" serie 3, al haberse concedido la suspensión provisional pero negado la suspensión definitiva; por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años destrúyase el expediente original del incidente de suspensión. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al ubicarse en el supuesto previsto en el inciso a), fracción II del artículo 20 del Acuerdo antes referido; por lo que se ordena dejar por separado del cuaderno principal y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Apertura. En Tijuana, Baja California, a las diez horas con treinta minutos del veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 587/2021-VI, promovido por Elio Cesar Sánchez González, estando en audiencia Aarón Abraham Rodríguez Agúndez, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho por vacaciones concedidas a la titular, mediante oficio CCJ/ST/5095/2021 de trece de diciembre de dos mil veintiuno emitido por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Marco Antonio Lares Carrillo, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes.Certificación. En este acto el Secretario certifica: que mediante proveído de veintinueve de septiembre del año en curso, se tuvo al quejoso desistiéndose de las autoridades que denominó como: "Juez de Control Daniel Aguilar Patino adscrito al Centro de Justicia Penal Oral, Tijuana, Baja California y Juez de Control, Felipe de Jesús Méndez Betancourt, adscrito al Centro de Justicia, Penal, Oral, Tijuana, Baja California", por lo que se ordenó suspender toda comunicación con las mismas. Acuerdo. Vista la certificación secretarial anterior, y conforme al auto de veintinueve de septiembre del año en curso, se tuvo al quejoso desistiéndose de las autoridades que denominó como: "Juez de Control Daniel Aguilar Patino adscrito al Centro de Justicia Penal Oral, Tijuana, Baja California y Juez de Control, Felipe de Jesús Méndez Betancourt, adscrito al Centro de Justicia, Penal, Oral, Tijuana, Baja California", en consecuencia, no se hará pronunciamiento alguno respecto a las citadas autoridades en la presente resolución. Certificación de relación de constancias. Asimismo, el Secretario certifica que se dio lectura de las constancias que obran en el presente expediente. Por otra parte, el Secretario certifica: Que con fundamento en el artículo 3, fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, que las promociones y determinaciones que se encuentran glosadas a este expediente físico -al día de hoy- se encuentran digitalizadas e integradas al expediente electrónico y estos son coincidentes entre sí. Acuerdo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, el Secretario Encargado del Despacho tiene por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el expediente. Es aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, septiembre de 2018, Tomo II, página 1345, Décima Época, registro 2017786, que dispone: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA CUMPLIR EL REQUISITO FORMAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ QUE "ABIERTA LA AUDIENCIA SE PROCEDERÁ A LA RELACIÓN DE CONSTANCIAS", BASTA QUE EN AQUÉLLA SE CERTIFIQUE QUE SE DIO LECTURA A LAS CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE. El artículo 124, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece, en lo conducente, que "abierta la audiencia, se procederá a la relación de constancias". Si se parte de dicha referencia normativa, no puede afirmarse que se configure una transgresión a las formalidades esenciales del procedimiento en el juicio de amparo indirecto, cuando al celebrarse ese acto procesal únicamente se precise que se da lectura a las constancias del expediente y que se tienen por reproducidas, sin que queden plasmadas por escrito en esa diligencia, pues ello constituye un requerimiento extremo no previsto en los artículos 107, párrafo primero, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 124 indicado pues, por el contrario, si se atiende a los principios que emanan de los artículos 17, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Federal, 2, numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se concluye que en la resolución de los asuntos jurisdiccionales, las autoridades deben privilegiar, por encima de los aspectos formales, la resolución de fondo, toda vez que esta prevención evitará que en un juicio o procedimiento seguido en forma de juicio se impongan obstáculos entre la acción de las autoridades y las pretensiones de los justiciables, o bien, límites a las funciones de las autoridades en la decisión de fondo del conflicto; lo que deriva en que basta que en la audiencia constitucional se certifique que se dio lectura a las constancias del expediente para entender que fueron relacionadas dentro de esa actuación procesal. Además, lo trascendente es que los actos desarrollados en la primera fase del acto mencionado (invocación de constancias, pruebas, alegatos y la intervención de las partes) se vean asentados en forma congruente en el fallo que ponga fin al acto unitario (audiencia constitucional y sentencia)." Pruebas. A continuación, se abre el periodo probatorio y el Secretario hace constar que en el sumario no se ofrecieron medios de convicción y que el expediente está debidamente integrado. Acuerdo. Sin pruebas pendientes de acordar ni de desahogo, el Secretario Encargado del Despacho da por concluida la etapa probatoria. Alegatos. Enseguida, se apertura el periodo de alegatos y el Secretario hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho. Acuerdo. Con fundamento en el numeral 124 de la ley de la materia, toda vez que las partes no formularon alegatos, el Secretario Encargado del Despacho tiene por precluido ese derecho, y da por concluida la presente etapa. Cierre de la audiencia. Con lo expuesto, se tienen por cumplidas las etapas precedentes de la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar el fallo que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 587/2021-VI; y, R E S U L T A N D O S PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, Elio Cesar Sánchez González, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra de los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en la demanda de amparo. SEGUNDO. Trámite del juicio. En auto de dieciocho de agosto del año en curso, se admitió y se solicitó su respectivo informe justificado a las autoridades responsables; asimismo, mediante proveído de veintinueve de septiembre del presente año, se tuvo a la parte quejosa ampliando su escrito inicial de demanda en el capítulo de autoridades responsables. Luego, seguidos los trámites de ley, previos diferimientos, se celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, al realizarse una lectura integral de la demanda y de las constancias allegadas al juicio, se advierte que el quejoso solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de las autoridades y por los actos que enseguida se precisan: No. Autoridades responsables (En su denominación correcta) Actos reclamados 1 Juez de Control, Jorge Alberto Aranda Díaz, adscrito al Centro de Justicia Penal, Oral, Tijuana, Baja California. La orden de aprehensión, arresto, detención, presentación o cualquier acto que afecte la libertad, esfera jurídica y su cumplimiento del quejoso Elio Cesar Sánchez González. 2 Juez de Control, Verónica Carolina Cataño González, adscrito al Centro de Justicia, Penal Oral, Tijuana, Baja California. 3 Juez de Control, Jorge Osbaldo Flores Ruiz adscrito al Centro de Justicia, Penal, Oral, Tijuana, Baja California. 4 Juez de Control, Fidel García Villanueva, adscrito al Centro de Justicia, Penal, Oral, Tijuana, Baja California. 5 Juez de Control, Leticia Larrañaga Vizcarra, adscrito al Centro de Justicia, Penal, Oral, Tijuana, Baja California. 6 Juez de Control, Martha Elvia Luna Vargas, adscrito al Centro de Justicia, Penal, Oral, Tijuana, Baja California. 7 Juez de Control, Fanny Martínez Reyes, adscrito al Centro de Justicia, Penal, Oral, Tijuana, Baja California. 8 Juez de Control, Adán Méndez Castro, adscrito al Centro de Justicia, Penal, Oral, Tijuana, Baja California. 9 Juez de Control, José Guadalupe Sigala Andrade, adscrito al Centro de Justicia, Penal, Oral, Tijuana, Baja California. 10 Juez de Control, Francisco Alberto Molina Hernández, adscrito al Centro de Justicia, Penal, Oral, Tijuana, Baja California. 11 Fiscal General del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 12 Agente del Ministerio Público Titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida, ciudad. 13 Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida, ciudad. 14 Comandancia de Zona (Tijuana) de la Policía Ministerial, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California, también conocida como Comandante de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Baja California. 15 Comandante de la Policía Ministerial del Estado. 16 Dirección de Policía y Tránsito Municipal del XXIII Ayuntamiento de Baja California, también conocida como Dirección General de Policía y Tránsito Municipal, del XXIII Ayuntamiento de Baja California. 17 Secretaría de Seguridad Pública Municipal del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. 18 Comandancia de la Agencia Estatal de Investigación adscrito al Municipio de Tijuana. 19 Comandante de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación. 20 Tania Guadalupe Vega Gordillo, Juez de Control, adscrita al Centro de Justicia Penal Oral con residencia en Tijuana, Baja California. 21 Claudia Pamela Tom Jiménez, Juez de Control, adscrita al Centro de Justicia Penal Oral con residencia en Tijuana, Baja California. 22 Leonor Garza Chávez, Juez de Control, adscrita al Centro de Justicia Penal Oral con residencia en Tijuana, Baja California. 23 Griselda Rabago Lara, Juez de Control, adscrita al Centro de Justicia Penal Oral con residencia en Tijuana, Baja California. 24 Jaime Galindo Hernández, Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Oral con residencia en Tijuana, Baja California. 25 María Elizabeth Castro Rodríguez, Juez de Control, adscrita al Centro de Justicia Penal Oral con residencia en Tijuana, Baja California. 26 Omar Luna Herrera, Juez de Control, adscrita al Centro de Justicia Penal Oral con residencia en Tijuana, Baja California. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos reclamados en el presente asunto, ya que en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. En ese sentido, las autoridades responsables, en su denominación correcta, rindieron su informe con justificación, tal como se precisa a continuación: No. Autoridad responsable Sentido del informe Fojas 1 Director General de Policía y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Niega 35 y 36 2 Comandante de la Agencia Estatal de Investigación adscrito al Municipio de Tijuana. Niega 37 a 40, 110 3 Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada Contra la Vida y la Integridad, ciudad. Niega 41 y 43 4 Titular del Departamento Jurídico adscrito a la Secretaría Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Niega 47 5 Jorge Alberto Aranda Díaz, Jorge Osbaldo Flores Ruiz, Fidel García Villanueva, Martha Elvia Luna Vargas, Fanny Martínez Reyes, Adán Méndez Castro, José Guadalupe Sigala Andrade y Francisco Alberto Molina Hernández, Jueces de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, ciudad. Niega 48 6 Consejero Jurídico de la Fiscalía General del Estado de Baja California, Mexicali. Niega 53 7 Verónica Carolina Cataño González y Leticia Larrañaga Vizcarra, Juezas de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, ciudad. Niega 111 8 Tania Guadalupe Vega Gordillo, Claudia Pamela Tom Jiménez, Leonor Garza Chávez, José Guadalupe Sigala Andrade, Griselda Rabago Lara, Jaime Galindo Hernández, María Elizabeth Castro Rodríguez y Omar Luna Herrera, Jueces de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, ciudad. Niega 129 9 Asesor Jurídico de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación adscrito a la Consejería Jurídica de la Fiscalía General del Estado de Baja California, Mexicali. Niega 136 De esta manera, se advierte que las autoridades responsables indicadas al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa haya aportado prueba idónea para desvirtuar tales negativas. En ese sentido, si el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, establece la obligación de la parte quejosa de probar los hechos constitutivos de su acción; por tanto, es innegable que la carga de la prueba tendente a acreditar la existencia de los actos reclamados a las autoridades en cita corresponde al solicitante del amparo. Por consiguiente, lo conducente es sobreseer en el presente juicio de derechos fundamentales en torno a dichas autoridades, acorde a lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Así como la tesis VI.2o.A.4 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Segundo Circuito, que literalmente dispone: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Elio Cesar Sánchez González, en contra de los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo de la presente sentencia. Notifíquese.
- Principal
Cuenta. En esta misma fecha, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que a la fecha transcurre el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Asesor Jurídico de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación adscrito a la Consejería Jurídica de la Fiscalía General del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, con el cual se dio vista en proveído de diecinueve de noviembre del año en curso. Diferimiento de audiencia. Por tanto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional fijada para el día de hoy y se programan las diez horas con treinta minutos del veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la misma. Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo ordenado en el auto de admisión, así como a la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese.
- Incidental
Audiencia. En Tijuana, Baja California, siendo las nueve horas con veinticinco minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, día y hora señalados para que tenga verificativo la celebración de la audiencia incidental a que refieren los artículos 141 y 144 de la Ley de Amparo, estando en audiencia pública la licenciada Magali María Díaz Villarreal Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistida de Tania Aguilar Herrera, Secretaria que da fe, declara abierta la audiencia en la presente incidencia, sin la comparecencia de las partes. Certificación. En este acto la Secretaria certifica: que mediante proveído de veintinueve de septiembre del año en curso, se tuvo al quejoso desistiéndose de las autoridades que denominó como: "Juez de Control Daniel Aguilar Patino adscrito al Centro de Justicia Penal Oral, Tijuana, Baja California y Juez de Control, Felipe de Jesús Méndez Betancourt, adscrito al Centro de Justicia, Penal, Oral, Tijuana, Baja California", por lo que se ordenó suspender toda comunicación con las mismas. Acuerdo. Vista la certificación secretarial anterior, y conforme al auto de veintinueve de septiembre del año en curso, se tuvo al quejoso desistiéndose de las autoridades que denominó como: "Juez de Control Daniel Aguilar Patino adscrito al Centro de Justicia Penal Oral, Tijuana, Baja California y Juez de Control, Felipe de Jesús Méndez Betancourt, adscrito al Centro de Justicia, Penal, Oral, Tijuana, Baja California", en consecuencia, no se hará pronunciamiento alguno respecto a las citadas autoridades en la presente resolución. Lectura de constancias. A continuación, la Secretaria da lectura de las constancias existentes en autos, entre las que se encuentran el escrito inicial de demanda e informes previos rendidos por las autoridades responsables. Acuerdo. Se tiene por hecha la relación de constancias que se indican para los efectos legales conducentes. Pruebas. Seguidamente, se abre el periodo probatorio, y la Secretaria hace constar que las partes no ofrecieron medios de convicción; por lo que se cierra dicho periodo. Alegatos. Enseguida, se abre el periodo de alegatos y el Secretario hace constar que el Agente del Ministerio Público adscrito formuló los de su intención, mediante pedimento 89/2021. Parte Escrito Fojas Agente del Ministerio Público adscrito. Pedimento registrado con folio 12865. Fojas 93 a 96 Asimismo, se hace constar que el resto de las partes no formularon alegato alguno. Acuerdo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de referencia, y por precluido ese derecho por lo que respecta a las restantes partes procesales, por tanto se da por concluida la presente etapa. Cierre de audiencia. Al no haber diligencias pendientes por desahogar, se declara cerrada la audiencia incidental, se levanta la presente acta para constancia legal y se procede a dictar la siguiente resolución:Resolución. Vistos para resolver en definitiva los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 587/2021-VI promovido por Elio Cesar Sánchez González, por derecho propio, contra actos del Juez de Control Jorge Alberto Aranda Díaz adscrito al Centro de Justicia Penal Oral, Tijuana, Baja California y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, Elio Cesar Sánchez González, demandó el amparo y protección de la justicia federal, así como la suspensión provisional y en su momento la definitiva de los actos reclamados. SEGUNDO. Trámite. En auto de dieciocho de agosto del año en curso, se admitió la demanda, ordenando formar por duplicado y separado el incidente de suspensión, en el que se solicitó su respectivo informe previo a las autoridades responsables; asimismo, mediante proveído de veintinueve de septiembre del presente año, se tuvo a la parte quejosa ampliando su escrito inicial de demanda en el capítulo de autoridades responsables. Por tanto, una vez agotados los trámites de instancia, corresponde dictar la resolución que en derecho corresponda; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, con fundamento en los artículos 125, 128 y 140 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 31/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, los siguientes: "IV.- ACTO RECLAMADO.- La orden de aprehensión, arresto, detención, presentación o cualquier acto que afecte mi libertad y esfera jurídica, y su cumplimiento" Efectos de la suspensión. El quejoso solicita la suspensión de los actos reclamados para los siguientes efectos: ". y por lo tanto no surta sus efectos la orden de aprehensión que se ha indicado como acto reclamado y que es de imposible reparación, por tanto debe suspenderse la ejecución del mismo, solicitando que no se ejecute dicho acto de autoridad." En esa tesitura, ya establecidos los actos reclamados y los efectos para los cuales la parte quejosa solicitó la suspensión, se procede a analizar la medida y los efectos para los cuales, en su caso, puede concederse; sirve de apoyo a este razonamiento la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 4/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y de contenido siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." TERCERO. Negativa de la suspensión. Las autoridades responsables, en sus denominaciones correctas, rindieron sus informes previos de la manera siguiente: No. Autoridad responsable Sentido del informe Fojas 1 Director General de Policía y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Niega 39 2 Comandante de la Agencia Estatal de Investigación adscrito al Municipio de Tijuana. Niega 40, 41, 87 y 92 3 Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada Contra la Vida y la Integridad, ciudad. Niega 42 y 44 4 Titular del Departamento Jurídico adscrito a la Secretaría Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Niega 48 5 Adán Méndez Castro, Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, ciudad. Niega 50 y 88 6 Consejero Jurídico de la Fiscalía General del Estado de Baja California, Mexicali. Niega 60 7 Leonor garza Chávez, Jueza de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, ciudad. Niega 101 8 Tania Guadalupe Vega Gordillo, Claudia Pamela Tom Jiménez, José Guadalupe Sigala Andrade, Griselda Rabago Lara, Jaime Galindo Hernández, María Elizabeth Castro Rodríguez y Omar Luna Herrera, Jueces de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, ciudad. Niega 108 9 Asesor Jurídico de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación adscrito a la Consejería Jurídica de la Fiscalía General del Estado de Baja California, Mexicali. Niega 115 Por lo tanto, ya que las autoridades responsables negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa haya aportado prueba tendente a desvirtuar dicha negativa; procede negar la suspensión definitiva solicitada al no existir materia sobre la cual decretarla. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.J/19, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que textualmente dice: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto y fundado, se; Resuelve: Único. Se niega a ****, la suspensión definitiva, contra las autoridades responsables y por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. Notifíquese.
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