ELIGIO VALENCIA ALONSO y Otros.

Expediente 92/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
92/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
03/06/2022

Partes del expediente

  • Lillian Valencia Alonso
  • ELIGIO VALENCIA ALONSO y Otros.
  • Eligio Valencia Alonso

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, tres de junio de dos mil veintidós. Recepción de testimonio. En ese orden, agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por la secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, al que acompaña el testimonio de la resolución pronunciada el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, en el recurso de queja laboral 43/2022; en consecuencia, se ordena acusar recibo de estilo y estese a lo resuelto por el referido tribunal, el cual determinó lo siguiente: "Único. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por José David Benítez Flores, en su carácter de apoderado de Tenedora Elcoli, Sociedad Anónima de Capital Variable, Servicios Publicitarios Valcle, Sociedad Anónima de Capital Variable, Eligio, Corina y Lilian, todos de apellido Valencia Alonso, contra el auto dictado el veintidós de febrero de dos mil veintidós, por la Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, en el amparo indirecto 92/2022." Anotaciones. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Certificación. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso b), del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse desechado la demanda de amparo, por lo que, una vez transcurrido el plazo de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Recepción de oficio. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra el acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintidós; de lo que se toma nota para debido conocimiento. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de marzo de dos mil veintidós. Se interpone recurso de queja. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por José David Benítez Flores, apoderado legal de la moral quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja hecho valer en contra del proveído de veintidós de febrero de dos mil veintidós . Además, con fundamento en el artículo 100, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se le tiene señalando las constancias que en copia certificada deben remitirse al tribunal colegiado al que corresponda resolver el recurso planteado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe correspondiente en el sentido de que es cierto el acto que se reclama, toda vez que en la citada determinación se desechó la demanda de amparo, cuyos fundamentos y consideraciones obran en la propia determinación. Por tanto, remítase el escrito original del recurso, una copia del mismo para el agente del Ministerio Público de la Federación y copia certificada del presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad en turno, a fin de que se encuentre en aptitud de substanciar el aludido medio de impugnación. Innecesaria notificación. Sin que haya lugar a ordenar notificar la presente determinación a las demás partes del juicio constitucional como establece el artículo 101 de la Ley de Amparo, en razón de que la demanda de amparo se desechó y, por ende, no se proveyó respecto al reconocimiento de alguna parte procesal en términos del artículo 5 de la ley de la materia. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda y anexos de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 92/2022-III. Personalidad del promovente. Ahora, previo a pronunciarse sobre la admisión o rechazo de la demanda de amparo que se atiende, debe analizarse la personalidad de quien promueve; por ende, con fundamento en el precepto 10 de la Ley de Amparo, se reconoce a José David Benítez Flores, el carácter de apoderado legal de las morales Tenedora Elcoli, Sociedad Anónima de Capital Variable y de Servicios Publicitarios Valcle, Sociedad Anónima de Capital Variable, así como de Eligio Valencia Alonso, Corina Valencia Alonso y Lillian Valencia Alonso, con base en el acta de audiencia de uno de octubre de dos mil veintiuno, celebrada ante la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad; documental a la que se le otorga pleno valor demostrativo en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y de la que se advierte que el promovente cuenta con dicho carácter en autos del juicio laboral 6156/2020-4A, del índice la aludida junta. Documento que de igual forma fue presentado a través de la vía electrónica y la promovente manifestó bajo protesta de decir verdad, que el mismo es copia íntegra e inalterada del documento impreso consistente en copia certificada; por tanto, se le tiene por presentado en términos del artículo 3, fracción VI del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Desechamiento. Una vez analizada la demanda de amparo, se advierte que debe desecharse de plano la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De dicho precepto se advierte que es obligación de este juzgado de Distrito analizar si en la especie se actualiza alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, y de ser así, ante lo manifiesto e indudable de la improcedencia advertida desecharla. Luego, es ineludible precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que, sea advertido en forma patente y absolutamente claro de la lectura del escrito de demanda. Además se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran aportar las partes. Con base en lo expuesto, se estima que la demanda de amparo promovida por José David Benítez Flores, en su carácter de apoderado legal de las morales Tenedora Elcoli, Sociedad Anónima de Capital Variable y de Servicios Publicitarios Valcle, Sociedad Anónima de Capital Variable, así como de Eligio Valencia Alonso, Corina Valencia Alonso y Lillian Valencia Alonso, es improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]" Del estudio de la demanda en su capítulo de acto reclamado, se obtiene que el promovente reclama la resolución interlocutoria de ocho de octubre de dos mil veintiuno, en la que se declaró improcedente el incidente de nulidad de notificación que promovió en el juicio laboral 6156/2020-4A, del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, Baja California. De ello se deduce que el promovente acude a esta instancia constitucional a reclamar la resolución precisada en el párrafo que antecede, juicio en el que no se ha dictado resolución definitiva y en el que es parte. Asimismo, de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, se advierte que el amparo solicitado ante un Juez de Distrito, cuando se reclamen actos dentro de un juicio seguido ante una autoridad jurisdiccional, solo será procedente cuando esos actos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. La interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite considerar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos del gobernado, que tutela la constitución, como la vida, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, las posesiones, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga un fallo definitivo favorable a sus pretensiones en el juicio; y los actos de ejecución reparable, o intraprocesales, no afectan ese tipo de valores, sino que producen la posibilidad de que esa afectación se pueda reflejar al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses de la parte agraviada. Bajo ese contexto, se considera que los actos de imposible reparación son aquellos que infringen derechos sustantivos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela para los gobernados; en tanto que los que no son de imposible reparación sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Como se estableció, de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución interlocutoria de ocho de octubre de dos mil veintiuno, en la que se declaró improcedente el incidente de nulidad de notificación que promovió en el juicio laboral 6156/2020-4A, del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, Baja California. Esa información, permite concluir que se está en presencia de una resolución que por el momento no tiene sobre las personas o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que la determinación combatida no afecta de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos de los gobernados, tales como la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, que no producen una situación de indefensión puesto que no atacan sus derechos sustantivos en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior. Con base en lo expuesto puede afirmarse que el acto que reclama la quejosa, no constituye un acto que afecte materialmente derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, al tratarse de una violación procesal y aún si la sentencia le es desfavorable, podrá reclamarla en la vía de amparo directo, en términos de lo dispuesto en los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracción I, de la Ley de Amparo, haciendo valer como violación dicha cuestión procesal, artículos que disponen lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. [.]" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: I. No se cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley; [.]" En ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, resulta procedente desechar de plano la demanda de amparo promovida por José David Benítez Flores, en su carácter de apoderado legal de las morales Tenedora Elcoli, Sociedad Anónima de Capital Variable y de Servicios Publicitarios Valcle, Sociedad Anónima de Capital Variable, así como de Eligio Valencia Alonso, Corina Valencia Alonso y Lillian Valencia Alonso, por su propio derecho, atento a los razonamientos expuestos. Cabe destacar que ningún fin práctico tendría admitir la demanda de amparo dado que desde este momento procesal se conoce la naturaleza del acto reclamado y precisamente por tratarse de una violación procesal es reclamable, en su caso, a través del juicio de amparo directo que llegare a promoverse si la sentencia definitiva no le favorece. Incluso, en el caso, es evidente que ninguna prueba que pudiese allegar la parte quejosa durante el procedimiento de amparo, podrá cambiar la naturaleza del acto reclamado para hacer procedente el juicio de amparo en su contra. Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda. Autorizados. Asimismo, se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a Isaías Darío Salgado Pantoja e Itzel López Bautista, dado que de la certificación secretarial que antecede, se advierte que sí cuentan con el registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para oír y recibir notificaciones a Ignacio Michael Ibarra Santiago y Grecia Estephani Roldán Barajas, por así solicitarlo expresamente. Consulta electrónica. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza el acceso al presente asunto en su modalidad de expediente electrónico, para notificaciones, consulta y envío de promociones por tal medio. Por tanto, se comisiona a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita, realice la autorización respectiva en el expediente electrónico del usuario "benitezfdavid". Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no lo integrarán las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; tampoco las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, a prudente árbitro, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones. Notifíquese personalmente.

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